TEXTO DE LA INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO DE COLOMBIA EN RESPUESTA AL INFORME DEL ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Ginebra, 13 abr. (SNE).- El siguiente es el texto de la intervención del Gobierno de Colombia en respuesta al Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante el 60º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Las palabras fueron pronunciadas por el director del programa de derechos humanos, Carlos Franco.

Señor Presidente:

El Gobierno de la República de Colombia agradece el Informe del Alto Comisionado y reitera su decisión de seguir trabajando por la plena vigencia de los derechos humanos como el mejor homenaje al inolvidable Sergio Vieira de Melho y a los demás mártires de la intolerancia y la insensatez.

Esta ocasión es propicia para reconocer el trabajo de la oficina del Alto Comisionado y de los países amigos en Colombia. Ellos hacen grandes esfuerzos para comprender cada día mas profundamente la realidad colombiana, se han ganado la confianza de amplios sectores de la sociedad, apoyan y acompañan a las victimas, y cooperan con el Estado y la sociedad en la construcción cotidiana de la democracia. Con todos ellos mantenemos un diálogo permanente y basado en la sinceridad que caracteriza las verdaderas amistades.

Así mismo agradecemos las visitas de Relatores especiales hechas con motivo de la invitación abierta extendida por el Vicepresidente de la República en el 59° período de sesiones de la Comisión.

Tal como se expresó en la respuesta oficial, que invitamos a leer a los honorables miembros de la Comisión, son gratificantes para el gobierno, las instituciones estatales y la sociedad los múltiples reconocimientos del Informe del Alto Comisionado.

El Informe da testimonio de las garantías para el pluralismo político en Colombia, del fortalecimiento de la democracia en las dos elecciones realizadas en el 2003, del propósito de proteger los derechos humanos de la política gubernamental, de la disminución significativa de algunas violaciones, de la interlocución del gobierno con la comunidad internacional y las ONG's, del respaldo popular y la legitimidad del Gobierno entre otras cosas.

Vale la pena recordar que durante el año 2003 en Colombia el desplazamiento forzado se redujo en un 50%, los asesinatos en un 20%, los secuestros en un 26%, las masacres en un 33% y el homicidio de sindicalistas en un 57%. La conclusión es obvia y clara: en Colombia hay un régimen democrático y legitimo que desarrolla una política, con amplio respaldo ciudadano, la cual ha logrado mejorar la grave situación de derechos humanos afrontada por la población colombiana.

Estos hechos demuestran de manera contundente las reiteradas observaciones del Gobierno respecto a la política de Seguridad Democrática:

· Que esta política no es una expresión de las superadas tesis de la seguridad nacional, por el contrario constituye su superación.

· Que la política de seguridad democrática tiene como objetivos primordiales: la protección de todos los colombianos y colombianas sin discriminación alguna; garantizar el ejercicio de todos los derechos y libertades y lograr la plena vigencia de la autoridad democrática en todo el territorio.

· Que con la política de seguridad democrática se ha pasado de las garantías formales a las garantías reales para la confrontación pacifica de las ideas políticas.

· Que en las condiciones concretas de Colombia se han enfrentado las amenazas contra la población y las instituciones legítimas sin sacrificar los valores y principios democráticos.

· Que la transparencia en el accionar del Estado es indispensable para lograr la solidaridad ciudadana y por lo tanto el éxito de esta política.

También reconoció el Gobierno en su respuesta que falta camino por recorrer, que los resultados eran buenos pero insuficientes. En esta respuesta se expresó la preocupación y el compromiso por lograr una mayor eficacia de la justicia; la urgencia de controlar la acción contra la población de todos los grupos armados ilegales y el compromiso de que las acusaciones justas contra servidores del Estado serán investigadas y sancionadas cuando haya mérito para ello.

El Gobierno de Colombia desea destacar la coincidencia entre muchas de las Recomendaciones y la política formulada desde el año 2002 y plasmada en el Plan de Desarrollo. De manera oportuna ha compartido con la Oficina y la comunidad internacional sus logros y dificultades. Por eso en relación con las recomendaciones del presente Informe se propone evaluarlas de manera conjunta con las otras instituciones estatales y la Oficina del Alto Comisionado; hará, cuando lo crea pertinente, las observaciones a que haya lugar y definirá metas y responsabilidades verificables para su implementación.

Considera el gobierno relevante referirse de manera transparente a dos asuntos especialmente polémicos de la realidad colombiana:

En primer lugar a la discusión acerca de cuáles medidas son necesarias para afrontar la situación colombiana y la concordancia de estas medidas con los Convenios internacionales. Sobre este tópico invocamos su comprensión respecto a las circunstancias excepcionales de Colombia y las medidas adecuadas que se requieren para enfrentar esta realidad; adicionalmente el procedimiento público y democrático para adoptarlas ha permitido que las medidas tengan rigurosos y abundantes controles.

El otro tema polémico ha sido la negociación con los grupos de autodefensas y el Proyecto de Ley para facilitar su desmovilización. Sobre este particular queremos insistir en que la oferta de negociación está abierta para todos los grupos armados ilegales y que en este caso al gobierno lo asisten fundamentalmente los objetivos de desmovilizar estos grupos, superar definitivamente este fenómeno y recuperar el monopolio de la fuerza para las instituciones legítimas del Estado.

Vale la pena resaltar que en la búsqueda de una herramienta jurídica que haga posible la desmovilización de cualquier grupo que lo desee, el debate ha sido abierto, en las audiencias públicas han participado actores nacionales y extranjeros y se ha desarrollado sin precipitar decisiones como lo demuestra que la primera votación para este Proyecto se hace 8 meses después de presentado a consideración del Congreso. Hoy, el Proyecto se ha enriquecido con los valiosos aportes recogidos en ese debate público.

Por todo esto invocamos vuestra comprensión en estos dos temas, es preciso entender que para hacer posibles los anhelos de seguridad, paz y desmovilización del pueblo colombiano, el gobierno requiere instrumentos especiales los cuales está adoptando con transparencia y ceñido a los valores, procedimientos e instituciones democráticos.

Colombia viene realizando crecientes esfuerzos para afianzar la democracia y la vigencia de los derechos humanos; en poco más de una década se aprobó una de las constituciones más progresistas del mundo, se han adoptado tratados y convenios internacionales, se ha adecuado la legislación interna, se han intentado varios procesos de negociación de paz, se han abierto todas las puertas al escrutinio internacional, se ha mejorado el respeto del Estado por los derechos humanos y se ha fortalecido su capacidad para proteger y garantizar estos derechos y libertades, se ha combatido por igual a todos los grupos ilegales, se han desarrollado políticas a favor de sectores vulnerables, se ha mejorado la situación social de colombianos y colombianas, se ha ampliado el respaldo ciudadano y la legitimidad, el mundo ha sido testigo de estos esfuerzos.

Por estas circunstancias considera el Gobierno de Colombia de elemental justicia solicitar el respaldo de quienes comparten los valores de la dignidad humana y la democracia para proteger a la población de los ataques de todos los grupos armados ilegales, para defender las instituciones democráticas y la voluntad popular expresada en ellas, para fortalecer la capacidad del Estado para proteger y garantizar los derechos en el territorio y para que la cultura de los derechos humanos se afiance en toda nuestra sociedad.

El mundo puede estar seguro que ni el pueblo ni el Estado colombiano serán inferiores al compromiso que ese respaldo implica y que de nuestra parte seguiremos trabajando con todo el empeño para lograr el sueño de que en todo el territorio estén vigentes todos los derechos para todos y todas en Colombia.