TEXTO DEL PRONUNCIAMIENTO DE MININTERIOR A PROYECTO DE REELECCIÓN

Bogotá, 14 abr. (SNE).- El siguiente es el texto del pronunciamiento del ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, ante la sesión plenaria de la Cámara, durante el debate sobre el proyecto de reelección, citado por los representantes Luis Fernando Velasco y José Joaquín Vives:

"CONSIDERACIONES DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR, SABAS PRETELT DE LA VEGA, SOBRE EL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO QUE AUTORIZA LA NUEVA ELECCIÓN DE QUIENES HAYAN OCUPADO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Bogotá D. C. , 14 de abril de 2004

Por intermedio de los ilustres Representantes a la Cámara, Luis Fernando Velasco y José Joaquín Vives, la Corporación ha pedido al Gobierno Nacional un pronunciamiento sobre el Proyecto que permite la elección para un período subsiguiente del Presidente en ejercicio y ordena la promulgación de una ley estatutaria que reglamente la materia.

El Gobierno Nacional considera que Colombia, con sentido histórico, es decir, sin consideración a personas o a coyunturas circunstanciales, ganaría mucho con la aprobación de ese proyecto.

Somos un Estado legítimo y una democracia plena. Pocos países de América Latina, Asia y África pueden mostrar un récord electoral como el nuestro, casi ininterrumpido desde 1832 hasta hoy.

Pero una democracia plena y sin restricciones, debe exigir a los gobernantes que sometan sus ejecutorias a la evaluación periódica del pueblo. Que sea el soberano quien determine si sus líderes merecen o no continuar en sus cargos. Que el pueblo examine sus acciones y pueda darle o negarle su voto.

Es esa una conquista universal. En todos los países cuyos regímenes políticos hemos adoptado como ejemplos de democracia avanzada, la opción de la nueva elección, tanto de miembros del parlamento como del Gobierno, es la manera de entronizar el modelo de gobierno responsable ante el pueblo.

La nueva elección del Presidente en ejercicio será un valioso instrumento de consolidación democrática, porque la democracia perfecta ofrece todas las opciones posibles al ciudadano y una de ellas es escoger entre continuidad y cambio. Por lo contrario, no poder hacerlo, reduce a la mitad el espacio de las preferencias y traduce un temor a la libertad plena de elegir.

Al Gobierno le parece que es conveniente que sea el veredicto popular, y no una prohibición constitucional, el que decida si se renueva un mandato de gobierno o si se da paso a la alternación. Tal como lo dijo el editorial del periódico El Tiempo del 16.III.04, refiriéndose al reciente caso español, "El supremo ganador ha sido el pueblo español, que demostró para qué sirve el sistema representativo: para sacar de un 'urnazo' al que no cumple y dar una oportunidad al que ofrece un gobierno mejor. Todos los países del mundo deberían mirar a esta joven democracia que, con menos de 30 años, ha exhibido enorme madurez y un poder decisorio que desborda incluso al de los partidos".

Como bien lo dicen los proponentes, "superadas las dictaduras tropicales que se atornillaban en el poder sin importarles la voluntad del pueblo, Latinoamérica ha empezado a sacudirse el subdesarrollo democrático. Hoy admiten la elección inmediata del Presidente en ejercicio: Argentina, Brasil, Perú, República Dominicana y Venezuela. Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Panamá y Uruguay la aceptan para un período mediato. Comienza a ser claro que la elección para varios períodos brinda estabilidad y continuidad a una buena gestión pública; que la expectativa de un nuevo mandato es el mejor estímulo, reto y acicate para la transparencia y la eficacia en encontrar solución a las demandas sociales".

El debate del Proyecto es un nuevo avance en cultura democrática. De hecho, la posibilidad de elección para varios períodos ha sido la regla en nuestra normatividad y sólo en 1991, con argumentos que no tienen asiento en el constitucionalismo, en la historia, en la ciencia administrativa ni en la teoría del liderazgo, se determinó prohibir la continuidad administrativa para, según los ponentes, "impedir las tendencias personalistas y las aspiraciones mesiánicas de ciertos gobernantes que se ven a sí mismos como los únicos salvadores del país".

Nadie en las democracias modernas habla de salvadores sino de conductores; y la decisión sobre la continuidad de una gestión administrativa y política, o su relevo, debe ser llevada a una sola instancia legítima: el pueblo, quien para tomar esa decisión lo que menos toma en cuenta es la irrelevantes y poco trascendente apetencia personal de figuración o deseo de reconocimiento del candidato, sino el interés general y el bien de la patria. Porque cada elección, sea la primera o la segunda, responde a unas condiciones históricas determinadas y científicamente evaluables, y a unas capacidades concretas de liderazgo y conducción política.

El Gobierno considera acertado el interés y esmero de los autores del proyecto para que se prevenga el riesgo de la utilización de los recursos del poder para perpetuarse en él, hecho que es común en las democracias de escaso desarrollo educativo, predominantemente rurales y sometidas al control ideológico o policivo despótico.

Como lo reconocen todos los actores de la política colombiana, nuestro electorado es cada día más dinámico y lo integran sectores ciudadanos difícilmente manipulables, cuyo voto ha determinado el resultado electoral en los recientes comicios y que se ha fundado en los candidatos y sus propuestas, y no las recomendaciones del alcalde, gobernador o presidente de turno.

El proyecto, en opinión del Gobierno, profundiza la democracia, no la restringe. Abre el sistema a todas las opciones, impone controles independientes y blinda la neutralidad de la organización electoral.

El Gobierno deja constancia de que este es un momento oportuno para la discusión del proyecto, puesto que existe paz política y porque los debates sobre el perfeccionamiento de nuestra ingeniería constitucional siempre deben estar en la lista de prioridades.

Tal como se desprende de una lectura cuidadosa del Proyecto, su contenido no se refiere al nombre del actual Presidente, o a si la opinión sobre él está en alta, o está en baja. No es la respuesta a un clima de simpatía o antipatía por el actual mandatario: es un Proyecto fundado en razones históricas, políticas, filosóficas e institucionales que el Gobierno comparte y solicita al Congreso y a los ciudadanos, debatan libre y fraternalmente.