Anuncia Mininterior

REFORMA A LA JUSTICIA SERÁ PRESENTADA AL CONGRESO EN LA ACTUAL LEGISLATURA

• Medidas de choque para descongestionar despachos judiciales en un plazo de 12 meses.

Bogotá, 16 abr. (SNE). El ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, anunció que el proyecto de reforma constitucional a la justicia será presentado a consideración del Congreso durante la actual legislatura, que va hasta el próximo 20 de junio.

Este proyecto viene siendo concertado en la Comisión del Acuerdo Político, que integran Gobierno, partidos políticos, academia y altas cortes, entre otros.

El Ministro del Interior hizo el anuncio durante la firma del protocolo a través del cual el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura se comprometen a superar el atraso de la rama judicial.

Al indicar que el trabajo alrededor de la reforma "avanza con gran celeridad", Sabas Pretelt de la Vega indicó que el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio trabajan conjuntamente en temas como la descongestión de los despachos judiciales.

El funcionario destacó la "buena voluntad y el trabajo encomiable" que el Consejo Superior de la Judicatura ha hecho en este tema, con miras a que los colombianos tengan en el futuro cercano una mejor y más pronta administración de justicia.

Puntualizó que el Gobierno desea que en el término de 12 meses se hayan descongestionado los juzgados y los tribunales. Al tiempo que se buscarán medidas para la descongestión en las Altas Cortes, lo cual es "absolutamente indispensable".

Reveló que actualmente existen en los juzgados dos millones 700 mil expedientes en trámite, de los cuales 700 mil no están activos. En la Fiscalía hay 900 mil expedientes.

"De tal manera que el trabajo se vuelca muchísimo sobre los expedientes o sobre los procesos que están acumulados. Concretamente dos millones de expedientes activos en la justicia ordinaria y cerca de 900 mil en la Fiscalía", expresó.

Al respecto, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Lucía Arbeláez, se mostró complacida por la firma del protocolo, a lo cual consideró como un ejemplo de la "colaboración armónica que debe reinar entre los poderes públicos del Estado".

La funcionaria explicó que en materia de descongestión de los despachos judiciales, se ha programado una serie de medidas de choque, tendientes a mejorar la administración de justicia en el país.

Adujo que "el punto álgido de la congestión está dado en la jurisdicción ordinaria, concretamente en los juzgados civiles municipales, siguiendo en su orden los civiles del circuito, el área penal y las jurisdicciones disciplinaria y de lo contencioso-administrativo".

MEDIDAS DE CHOQUE

El presidente de la Sala Administrativa del Consejo, Julio César Gutiérrez, informó que básicamente se trata de redistribuir buena parte de los expedientes que están para fallo, en ciudades como Villavicencio, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

La idea es también llevar a cabo una redistribución de los despachos judiciales del país y establecer cargas superiores de rendimiento, para atacar a fondo la congestión y el atraso de la rama judicial. Para esto el Consejo Superior de la Judicatura pidió la colaboración de los jueces y de los distintos administradores de justicia.

Explicó que se trata de "trasladar pequeños juzgados de provincia, donde la carga de trabajo es mínimo, a ciudades congestionadas y grandes, donde además hay que comprar edificios, arrendar inmuebles, adecuar oficinas y entregarles los recursos que necesitan".

El funcionario anunció que esta misma semana empezará en Villavicencio una redistribución de cerca de mil expedientes y una reubicación de 12 juzgados para efectos de fortalecer la capacidad de fallo de ese distrito judicial.

Agregó que ya se crearon 30 juzgados civiles y municipales, los cuales en unos 15 días comenzarán a "poner en práctica las medidas cautelares de embargo, secuestro y demás, que presentan en este momento una grave congestión".

Recordó que existe un gran cúmulo de expedientes sobre infracciones que correspondían a las antiguas estaciones de policía, los cuales terminaron siendo de conocimiento de los jueces penales municipales y ahora de las fiscalías.

"Un cúmulo gigantesco donde no hay sindicados, donde no hay a quien acusar. Tenemos que adelantar una modificaciones legislativas para efectos de depurar y liquidar esos inventarios viejos, que en muchos casos son anteriores a la Constitución", recomendó el presidente de la Sala Administrativa del Consejo.

"Creemos que las medidas se van a adoptar en estos 12 meses y los resultados tienen que empezar a ser inmediatos", concluyó.