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COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, 27 abr. (SNE).- La Presidencia de la República se permite informar:

1. A las conocidas y reiteradas amenazas contra el Presidente de la República por parte del ELN y las FARC, se han sumado en las últimas semanas amenazas de sectores de Autodefensas y narcotraficantes.

2. El Gobierno ofreció un proceso de paz a todos los grupos armados irregulares bajo la condición de un cese de hostilidades.

3. El proceso de paz con las Autodefensas ilegales no puede avanzar en medio de violaciones al cese de hostilidades, vendettas, negocios de narcotráfico, ni enfrentamientos entre grupos criminales.

4. Si las Autodefensas quieren avanzar en un proceso serio, deben demostrar su voluntad de paz aceptando una zona de concentración, con reglas claras y bajo verificación de la OEA. Deben avanzar hacia la desmovilización. De lo contrario el Gobierno los seguirá combatiendo hasta acabarlos.

5. El Gobierno impulsa en el Congreso un proyecto de Ley de Justicia y Reparación, generoso en los beneficios y riguroso en el respeto a la Constitución y el Derecho Internacional, que impiden el indulto y la amnistía para los responsables de delitos atroces.

6. La extradición no puede entenderse como una norma de derecho interno generadora de actitudes nacionalistas en su contra. Es una norma de derecho internacional que le permite a otro país castigar a quienes comentan ofensas contra sus nacionales. Si se prohíbe la extradición Colombia sufrirá los rigores del descrédito internacional.


7. La extradición no es tema de negociación. Quienes quieran evitarla, deben demostrar a la comunidad internacional su buena fe y propósito de enmienda.

8. El Gobierno comprende el dolor de los secuestrados por las FARC y sus familias. El Gobierno persistirá en su política de seguridad democrática, uno de cuyos principales resultados es la reducción en un 25% del secuestro el año pasado y en un 65% en lo corrido de este año.

9. El Gobierno no permitirá que las FARC, a través de amenazas, impongan un Acuerdo Humanitario con condiciones que debiliten la política de seguridad democrática.

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