INTERVENCIÓN DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, LUIS CARLOS RESTREPO, EN LA PLENARIA DEL SENADO, DURANTE EL DEBATE SOBRE EL PROCESO DE PAZ CON LAS AUTODEFENSAS

Senado de la República

Agosto 3 de 2004

Se me ha invitado el día de hoy para presentar ante esta Corporación un balance detallado del proceso de paz que adelantamos con los grupos de autodefensa.

Celebro esta oportunidad y me complace poder presentar ante ustedes un informe del camino recorrido para que dentro de su competencia constitucional, de ejercer control político sobre las acciones del Ejecutivo, tengan la oportunidad de valorar de manera ponderada los esfuerzos que hemos adelantado en esta materia.

Permítanme decirles en principio, que ha sido esta una tarea titánica. Por algún tipo de demencia nacional, de insensatez colectiva en Colombia se había impuesto entre intelectuales y sectores cercanos a la búsqueda de una salida negociada, la errática opinión de que era posible buscar una salida negociada con los grupos guerrilleros, pero que no era ni deseable, ni justificable hacerlo con los grupos de autodefensas.

Grave equivocación histórica. Tenemos reciente el ejemplo de lo acontecido en el gobierno anterior, mientras se hacían ingentes esfuerzos por sacar adelante una salida negociada con las Farc y el Eln, el gobierno decidió cerrar esa posibilidad a los grupos de autodefensa e incluso se llegó a acordar con los grupos guerrilleros, que la única acción posible en este caso era la imposición de la fuerza por parte del Estado, frente a estos sectores desestabilizadores de la sociedad.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Agazapados en la sombra estos grupos torpedearon de manera sistemática la búsqueda de una salida negociada con la guerrilla. Apenas empezaba el proceso con las Farc, cuando ya la mesa tenía su primera parálisis, precisamente a causa de una horrorosa masacre cometida por estos grupos a comienzos de la administración del Presidente Pastrana. Y que decir del torpedeo sistemático de los grupos de autodefensa al intento de adelantar un proceso con el Eln, para nadie es un secreto que estos grupos se movilizaron activamente para impedir que fuera posible concertar con el Eln la posibilidad de una zona de encuentro o una zona de ubicación para adelantar las conversaciones.

Pues bien, le ha tocado a este Gobierno superar esa insensatez histórica. Cuando al comienzo de la administración planteamos la posibilidad de adelantar conversaciones con los grupos de autodefensas, casi la totalidad de los intelectuales y especialistas en la materia se levantaron diciendo que eso era imposible. Todavía recuerdo hoy un libro escrito por los ex comisionados de paz, titulado “Al oído de Uribe”, que nos fue entregado al comienzo del Gobierno. A la pregunta de si era posible una negociación con los grupos de autodefensa, todos mis antecesores al unísono dijeron que no, y entonces me dije a mi mismo, ‘pues me tocó hacer lo imposible’. Y aquí estamos.

Las ventajas de tener abierto un proceso de negociación con los grupos de autodefensas son enormes. Primero que todo, partiendo de reconocer que la paz en Colombia, es una carambola a tres bandas, o como decía alguna vez el señor Vicepresidente, una silla de tres patas. Consolidaremos la paz si logramos simultáneamente avanzar el proceso con las Farc, con el Eln y con las autodefensas.

No está exento de complejidad este proceso. Primero que todo por la gravísima incomprensión sobre la naturaleza del fenómeno. Irresponsablemente los sectores de la oposición política se llenan la boca diciendo que esta es una negociación de ‘yo con yo’, que el Gobierno lo único que tiene que hacer es pactar en la noche y en la sombra con los que han sido sus amigos históricos; y al decirlo, deslegitiman por completo nuestros esfuerzos y envían un mensaje equívoco a la comunidad internacional, a la comunidad nacional y lo más grave, a las mismas autodefensas.

No reconocen que las autodefensas son en este momento, quizás el más grave problema de gobernabilidad que tiene el Estado colombiano.

No me gusta a mi mucho el término paramilitares, porque evoca una realidad que si bien se pudo constatar hace algunos años en muchos países latinoamericanos, no se ajusta a los que tenemos hoy en la Colombia actual. Paramilitar quiere decir apéndice de los militares, sometido a los militares, dirigido por los militares, y sucede que los grupos de autodefensa en Colombia hace mucho rato tienen una agenda propia, tienen una negociación propia, tienen, así no nos guste, una base social propia, que se levanta compitiendo con la legitimidad del Estado.

No, no son nuestros socios. Los grupos de autodefensa son nuestros más cotidianos y encarnados enemigos, y lo son más porque pretenden vestirse con los ropajes de la justicia y de la democracia, tergiversando la justicia y tergiversando la democracia.

Que bueno que partamos de entender que en una mesa de negociación con las autodefensas estamos disputando, palmo a palmo, la legitimidad institucional con grupos que se posesionan del territorio y se posesionan de las conciencias de los ciudadanos para tratar de imponer su propio orden y su propia versión de justicia.

Que soledad que se siente en la mesa cuando, como en mi caso, me toca defender a la sociedad y a las instituciones con la incomprensión de esa misma sociedad y de esas mismas instituciones. Que tristeza se siente en el alma cuando se tergiversa la labor que diaria, cotidiana y calladamente se realiza para representar la legitimidad del Estado, ante un grupo que no entienden la dinámica de esa legitimidad.

Empecemos entonces por reconocer la dificultad. Empecemos por entender que estos grupos de autodefensa tienen una altísima percepción de si mismos, un discurso autojustificatorio similar al que tiene la guerrilla, y que así como la guerrilla mata y secuestra en nombre de la justicia social, estos grupos asesinan e intimidan en nombre de la justicia y de la democracia. Ellos mismos se creen justicia, se quejan de que no hay justicia institucional, pero su justicia es una caricatura, su justicia es venganza, su justicia divide a la Nación, su justicia atenta profundamente contra la viabilidad de Colombia.

Si, ellos se creen héroes de la democracia. El país anda escandalizado en estos días porque el señor Mancuso, el señor Báez y el señor Isaza dijeron, a todo pecho, que ellos se creían salvadores de esta democracia. Pues es lo que yo vengo oyendo hace 18 meses y de manera callada en la mesa. Que bueno que lo escuchen todos. Que bueno que escuchen esa realidad que no han querido escuchar. Que bueno que se den cuenta de la dimensión del problema. Que bueno que se den cuenta que, a ellos –que muchos, nacional e internacionalmente los ven como los más peores criminales-, en las regiones donde operan, muchísimos ciudadanos los ven como héroes y salvadores.

Cuántas personas se me han acercado a mí en estos 18 meses pidiéndome: ‘Comisionado, el Gobierno va a cometer una locura, no desmovilicen a las autodefensas; sin las autodefensas quedamos en manos de la guerrilla’. Cuántas personas de buena fe están equivocadas. Que grave que tantas personas en Colombia confíen más en la eficacia de la justicia paramilitar, que en la eficacia de la justicia institucional. A mi se me acercan y me dicen: ‘lo que pasa es que las autodefensas si funcionan, uno les muestra el ladrón y al otro día está resuelto el problema; en cambio, uno denuncia el ladrón ante la policía, lo tienen dos días y al otro día está suelto’.

¿Somos concientes de esa grave falla en nuestra educación democrática? ¿Somos concientes de que son los mismos ciudadanos con su efectismo los que justifican el accionar de las autodefensas? ¿Somos concientes de la enorme transformación cultural que hay que realizar?

Que bueno sería que en vez de sentarse a mirar los toros desde la barrera y a sospechar del Gobierno y a sospechar del Comisionado, porque intenta lo imposible, tantos sectores valiosos de este país nos ayudarán a dar esta última lucha por la democracia y a educar a la ciudadanía para que podamos hacer el tránsito, de estos sistemas primitivos de venganza, a los sistemas institucionales de justicia y de seguridad.

Si, nos merecemos las autodefensas que tenemos, por tener una clase dirigente indolente frente a los problemas de seguridad de la población. Porque durante años aquí estuvo proscrito hablar públicamente de una política de seguridad. Porque, cuando por primera vez Álvaro Uribe se atrevió a hablar de una política de seguridad, salieron los editorialistas de siempre y dijeron: ‘ese es un discurso de derecha, guerrerista, que no tiene futuro en Colombia’. Si, porque durante muchos años se confundió el diálogo con intimar con los violentos.

Aquí los comisionados se iban a tomar wisky con los guerrilleros y los embajadores se entusiasmaban hasta el delirio, por ir a tomarse una foto con un hombre de camuflado y con fusil. Aquí se ha creído que adelantar una negociación es llevar razoncitas, es tratar bien a los delincuentes, así sean delincuentes políticos. Porque en este país ha faltado coraje para defender a los ciudadanos y coraje también para sacar adelante políticas de negociación.

Menos mal históricamente este Gobierno fue capaz de posicionar el tema de la seguridad y se desatanizó. Se pudo empezar a hablar abiertamente de que los ciudadanos deberían cooperar con la Fuerza Pública; y si es que no cooperan con la Fuerza Pública, entonces terminan cooperando con las autodefensas, y es que si no cooperan con la Fuerza Pública, entonces terminan armando una gavilla en sus barrios para aplicar justicia por su propia mano. Y todavía hoy hay ONG’s que satanizan nuestra política.

Pues bien, ha sido precisamente porque este Gobierno ha puesto las cartas sobre la mesa y ha dicho que una política de diálogo debe estar acompañada de la recuperación de la fuerza legítima, y porque estamos convencidos que la paz en Colombia sea producto del ajuste adecuado y preciso entre la presión militar legítima y la persuasión y el diálogo.

Es por eso por lo que ha sido posible abrir este proceso y decirles a los señores de las autodefensas: ‘si históricamente alguna vez ustedes argumentaron que el Estado no defendía sus derechos, esa argumentación ya no es valida. Allá hay un Estado dispuesto a defender sus derechos y tienen la oportunidad histórica de renunciar a ese atavismo social de la legítima defensa’. Ya no hay lugar en Colombia para las legítimas defensas. En el Estado social de derecho nadie puede autodefenderse. No. En el Estado social de derecho se impone el principio de la solidaridad con la Fuerza Pública legítima y solo ellos, y únicamente ellos, los que portan las armas por mandato constitucional, son los que pueden legítimamente ejercer estas funciones de seguridad.

Qué difícil ha sido en estos meses convencer a las autodefensas. Solo como anécdota. Fueron muchos meses que nos tomamos para hacerle entender a las autodefensas que eran un problema. Ellos consideraban que no eran un problema. Ellos creían que era la solución y con una ingenuidad asombrosa algunos me decían: ‘Comisionado, esto se arregla de manera muy sencilla, déjenos la zona que tenemos y nos legalizan, y nosotros se la seguimos cuidando’, porque en su percepción y en su razonamiento no entendían que lo que estaban haciendo era ilegítimo. Pero avanzamos, fue una pedagogía lenta y difícil, pero avanzamos. Y por primera vez estos grupos empezaron a plantearse la posibilidad de la desmovilización. Horizonte que no estaba claro al comienzo.

Y pudimos entonces, hacia mediados del año pasado, dejar claros y definidos los objetivos del proceso, porque a diferencia de lo que dicen tantos editorialistas calenturientos, este proceso sí tiene objetivos claros, simples, conseguibles. El fortalecimiento del Estado de derecho, la consolidación del monopolio de las armas en manos del Estado, la desmovilización total de los grupos de autodefensa, su reincorporación a la vida civil, y por supuesto, la construcción de las condiciones para que sea el Estado y solo el Estado, el que preste la seguridad a las comunidades.

Desde el 15 de julio de 2003 hasta el 13 de mayo de 2004 hemos firmado cinco acuerdos con los grupos de autodefensa. Acuerdos en los que está claramente consignado hacia dónde vamos. Lo que pasa es que ustedes saben, este país es amnésico y ya no solamente olvida el pasado, también olvida el presente. Cuánto esfuerzo del Gobierno para que las autodefensas llegaran a firmar estos acuerdos y con qué rapidez se olvidan. Todos ceden ante el impacto mediático de un jefe de las autodefensas que un día se imagina una propuesta de negociación y otro día otra. Tal vez porque de sesión a sesión ha cambiado de asesor.

Y qué poco se habla de los acuerdos firmados, que son el único derrotero claro y establecido. Una cosa es lo piensen o digan los jefes de las autodefensas y otra cosa, son los documentos donde está plasmada la firma de ellos. Yo no me atengo a hipótesis y no me preocupan las que hagan las autodefensas. Yo me atengo a lo firmado.

El primer acuerdo entre las autodefensas unidas de Colombia y el Gobierno Nacional, es el acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la paz de Colombia, firmado en Santa Fe de Ralito (Tierralta, Córdoba) el 15 de julio de 2003.

Me voy a permitir simplemente leer los dos primeros puntos del acuerdo, para que se vea con qué claridad magistral se define hacia dónde vamos. “Acuerdan, Gobierno Nacional y autodefensas, primero: definir como propósito de este proceso, el logro de la paz Nacional a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el reestablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado. “Las AUC reiteran que su mayor aporte a la Nación en este momento histórico, es avanzar hacia su reincorporación a la vida civil y contribuir al fortalecimiento del Estado social de derecho”.

“Segundo: para el cumplimiento de este propósito, las autodefensas unidas de Colombia se comprometen a desmovilizar la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que comenzará con las primeras desmovilizaciones antes de terminar el presente año y que deberá culminar, a más tardar, el 31 de diciembre de 2005. El Gobierno se compromete a adelantar las acciones necesarias para su reincorporación a la vida civil”.

Queda claro entonces el propósito: logro de la paz nacional a través del fortalecimiento de la gobernabilidad y del reestablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado.

Queda claro el compromiso de las autodefensas: avanzar en la reincorporación a la vida civil, contribuir al fortalecimiento del Estado social de derecho, desmovilizar la totalidad de sus miembros antes del 31 de diciembre de 2005. Ratifican, además, su compromiso con el cese de hostilidades y como si fuera poco, comparten el propósito de una Colombia sin narcotráfico y respaldan las acciones del Estado contra ese fenómeno.

Los compromisos del Gobierno, simples pero elocuentes: crear las condiciones para la reincorporación de los miembros de las autodefensas unidas de Colombia a la vida civil y generar las condiciones de seguridad para las comunidades donde ellos operan.

Ese mismo año con el Bloque Central Bolívar que hoy se encuentra sentado en la mesa unificada, firmamos el 8 de noviembre, un acta donde igualmente este grupo se compromete a desmovilizar la totalidad de sus miembros antes de finalizar el Gobierno.

Y el 13 de mayo del presente año, firmamos un nuevo acuerdo. El acuerdo para la zona de ubicación de Tierralta (Córdoba), donde nuevamente se reitera el compromiso con el cese de hostilidades, se establece como propósito de la zona consolidar los acuerdos logrados y avanzar hacia la definición de un cronograma de concentraciones y desmovilizaciones de las autodefensas.

Aquí tengo copia de los originales con las firmas de los señores de las autodefensas, estampadas al final de los documentos, quiero dejar para la Honorable Corporación estos documentos.

A eso nos atenemos nosotros. Que en medio de los juegos políticos y de los intentos de obtener más ventajas en una mesa de negociación, las autodefensas hayan intentado desmeritar la importancia de estos acuerdos para plantearle al país otras cosas, redefiniciones de cese de hostilidades, grandes comisiones de concertación nacional, nos tienen sin preocupación. Vuelvo e insisto, son simples efectos mediáticos.

En la mesa la realidad es otra. En la mesa nos atenemos a lo firmado. Y en la mesa el Gobierno ha sido claro que el único objetivo que se mantiene es el de la desmovilización total de las autodefensas, y que este Gobierno se compromete de manera indeclinable a prestar la seguridad en las zonas donde ellos operan. Esto debe quedar claro, no debe haber temor para avanzar en el proceso, no más ciudadanos haciéndole lobby al Gobierno, diciéndonos que no desmovilicemos las autodefensas. Abrámonos a la posibilidad de una experiencia colectiva de seguridad participativa y democrática, porque si no es Uribe quien pueda liderar un proceso de esas características, no me imagino quién pueda hacerlo.

Es hora de desarticular y desmovilizar las autodefensas. Las autodefensas ilegitiman la democracia. Las autodefensas empañan la imagen del Gobierno y de la Fuerza Pública. Las autodefensas dividen a la Nación con sus acciones de justicia privada, que no son otra cosa que venganza. Tenemos la oportunidad histórica de desmovilizar a estos hombres y por supuesto, de brindarle la posibilidad de que vuelvan al seno de la sociedad. Aquí no hay que tener dudas.

Debo reconocer la soledad en este proceso. Si, es bueno decirlo, aquí sobra comunidad internacional para acompañar un proceso con la guerrilla, pero que ascos y distancias para acompañar un proceso con las autodefensas. Una de las grandes dificultades que tuvo este proceso fue la imposibilidad de montar, desde el comienzo, una verificación del cese de hostilidades. Se lo solicitamos a Naciones Unidas y los funcionarios de Naciones Unidas no comprendieron la grandeza de la tarea, pudo más su percepción esquemática y sus prejuicios. Les dijimos: ‘tienen ustedes la oportunidad histórica de tener bajo control a las fuerzas de autodefensa, convoquen a la población. Pongamos en marcha, desde el primer día, unos tribunales públicos con el apoyo de la comunidad internacional, que actúen como presión moral sobre las autodefensas’. Excusas, excusas y excusas. Y nos enredaron hasta tal punto que teníamos que ir al Consejo de Seguridad y colocar a Colombia en la agenda del Consejo de Seguridad para poder acceder a un mecanismo eficaz. Eso nos desgastó enormemente.

Finalmente nos dimos cuenta que era vano tocar puertas por esa vía. Y a finales del año pasado entramos en contacto con la OEA y que buena la solidaridad latinoamericana de la OEA. Sin la distancia que impone, a veces, la visión que se tiene de Colombia, desde Europa, los países anglosajones, la OEA nos entendió y a comienzos de este año firmamos un convenio que vale la pena ser mirado con atención. Un convenio que faculta a la OEA en tres campos muy importantes para la consolidación de la paz del país: verificación del cese de hostilidades, acompañamiento de procesos de desmovilización y acompañamiento de comunidades para procesos de reinstitucionalización.

Firmado el acuerdo empezó Cristo a padecer. Nuevamente los países que pueden dar aportes no dieron. Primó el asco y tuvimos, entonces, que empezar a raspar la olla en mi oficina para, finalmente, ponerle el presupuesto a la OEA. Esa es la realidad. Hoy la OEA funciona con plata recogida en mi oficina. Que bueno que hubiera más apoyo de la comunidad internacional para esa tarea que debe cumplir ese organismo. Solo fortaleciendo la Misión de la OEA podemos verificar el cese de hostilidades.

Ustedes saben bien que la declaratoria del cese de hostilidades es un punto fundamental dentro de la política de paz de este Gobierno. Exigimos a los grupos armados ilegales esa expresión de voluntad política, inequívoca, de no disparar más sobre los ciudadanos ni atentar más contra la democracia. Y solo cuando expresen esa voluntad, estamos dispuestos a adelantar conversaciones.

Pero un cese de hostilidades no es un proceso milagroso. Un país como Colombia donde las estructuras armadas están federadas –tanto las Farc, el Eln, como las autodefensas, parecen más confederaciones que otra cosa-, donde los mandos centralizados no son efectivos, donde hay vínculos de estos grupos armados ilegales con la delincuencia común y con todo tipo de mafias, adelantar un cese de hostilidades no es fácil.

Yo comparo el cese de hostilidades con tratar de parar una tractomula que viene bajando por la línea sin frenos a 80 kilómetros por hora. Tiene usted la posibilidad de tratar de pararlo en seco, pero indudablemente, producirá una hecatombe. No hay otra alternativa sino irla parando con cambios y pasar de cuarta a tercera, de tercera a segunda y de segunda a primera, e irle disminuyendo la velocidad y después arrimarla por ahí, al lado del camino, hasta que usted logre parar esa tractomula feroz de la violencia.

Lo que irritó a los ciudadanos con el proceso del Caguán era que la tractomula seguía bajando, atropellando a quien se encontraba, mientras el Comisionado de Paz y los guerrilleros dialogaban encima de la carpa, como si nada sucediera, sobre lo divino y lo humano. No. Nosotros nos bajamos de la carpa, nos metemos al timón y es nuestro propósito parar esa tractomula perversa. Por eso, a nosotros si nos interesan las estadísticas. Ahora los críticos del Gobierno han dicho que las estadísticas no son importantes, que disminuir los homicidios no es importante, que tener menos muertos no es importante. ¡Que indolencia! Nosotros creemos que si es importante que menos gente muera y por eso creemos que, a pesar, de todas sus dificultades, el cese de hostilidades se ha cumplido.

En el primer año del cese de hostilidades, es decir en el 2003, los homicidios atribuidos a las autodefensas se redujeron en un 44 por ciento. En el segundo año, es decir, en lo que va corrido del 2004, sobre esa reducción acumulada del 44 por ciento hubo una nueva reducción del 42 por ciento. Y óigase bien: desde que está funcionando la Zona de Ubicación, el 15 de junio del presente año, la reducción de los homicidios ha sido del 76 por ciento. Es decir, la tractomula se va parando y el mecanismo de la Zona de Ubicación puesto en marcha, precisamente para el perfeccionamiento del cese de hostilidades, funciona efectivamente. A tal punto, que en los 45 días que ha estado funcionando la Zona, hemos logrado una reducción histórica del 76 por ciento de homicidios sobre los ya acumulados del 42 por ciento en 2004 y del 44 por ciento en 2003.

Igual, en 2003 logramos una reducción de las masacres atribuidas a los grupos de autodefensa del 61 por ciento. Sobre ese acumulado obtuvimos una reducción en lo que va corrido de 2004, del 57 por ciento. Y desde que se instaló la Zona tenemos cero masacres, mostrándose también que el mecanismo es eficaz, y eso que todavía no empieza a funcionar adecuadamente el cese de hostilidades verificado por la OEA. Apenas hoy, a esta misma hora en Santa Fe de Ralito, se reúne por primera vez, formalmente, la OEA con las autodefensas y el Gobierno para definir un procedimiento de verificación del cese de hostilidades.

Aquí, entonces, el cese de hostilidades hay que evaluarlo como un mecanismo progresivo y no pretender que el Comisionado sea un funcionario histérico que cada vez que hay un muerto en un país, desbocado, salga a amenazar públicamente que el proceso se acaba. No señores Senadores. En los procesos de paz no se puede cañar, porque los cañazos resultan costosos. En los procesos de paz, si uno hace una apuesta de fuerza tiene que ganarla y por supuesto que la hemos hecho.

El país conoció públicamente la decisión del presidente Uribe cuando un ilustre ex senador fue secuestrado por un grupo de autodefensas en la Costa Norte colombiana y ganamos el pulso. Y el día de ayer se ha iniciado otro pulso. He dicho que el cese de hostilidades ha funcionado, pero también hay que decir la verdad: este proceso tiene sus vergüenzas y sus escándalos. La mayor vergüenza y el mayor escándalo de este proceso es el enfrentamiento entre dos grupos de autodefensa en Meta y Casanare, que tiene aterrorizada a la población, que se ha convertido en el más grave problema de orden público del Casanare y que deja, hasta el presente, incontables muertos tanto dentro de las filas de las autodefensas como de la población civil.

Con prudencia, paciencia, tolerancia, persistencia y cuidado, hemos hecho hasta lo imposible por persuadir a estos dos grupos, ambos en diálogo con el Gobierno, para que cesen sus hostilidades. Todo esfuerzo ha sido inútil. Parece que una obsesión endemoniada por la guerra los poseyera y de tanto en tanto, se vienen esas oleadas de terror de las que ha dado cuenta la prensa nacional e internacional. Por eso el señor Presidente tomó ayer una decisión clara y tajante: el señor Martín Llanos y su grupo de autodefensas campesinas del Casanare y el señor Miguel Arroyave y su grupo de autodefensas del grupo Centauros, que operan entre Casanare, Meta y otras regiones del Llano, deben desmovilizarse de manera inmediata. Si no lo hacen en los próximos días, el Gobierno dará por terminado el diálogo con ellos. Y no digo más porque no me corresponde, pero a buen entendedor pocas palabras bastan.

Se acabó la espera, queremos recuperar plenamente la institucionalidad en el Casanare y en el Meta. Y no es solo eso. Hemos pedido, además, en el día de hoy, en la reunión realizada esta mañana en Santa Fe de Ralito, que dos grupos más de autodefensa se desmovilicen de manera inmediata: el grupo de las autodefensas de Meta y Vichada, bajo el mando del señor Guillermo Torres, que opera entre Puerto Gaitán y el Vichada; y el grupo de las autodefensas Vencedores de Arauca, que entre otras cosas, ha cometido horrorosos homicidios en los últimos meses y que opera en el departamento de Arauca y parte del Casanare.

Lo que queremos es poner en marcha el primer gran megaproyecto de recuperación institucional. Cero autodefensas. Desde Arauca hasta Guaviare y Vichada. No queremos autodefensas en Casanare ni en el Meta. Creemos que llegó la hora de la desmovilización. No más justificaciones. No más cuento de que ellos nos están defendiendo de la guerrilla, no más excusas. No hay otro camino que la desmovilización inmediata y el Estado está en condiciones, desde ya, de asumir plenamente la seguridad de esas zonas.

Hoy he hecho a los señores de las autodefensas un llamado patriótico. Les he dicho: ‘esta decisión del Presidente no está sujeta a negociación. La paciencia que hemos tenido durante un año con este conflicto, nos da el derecho moral para exigir ahora la desmovilización inmediata. No podemos dejar fichas sueltas. Si desmovilizamos estos dos grupos tenemos que desmovilizar también los dos vecinos. Las autodefensas de don Guillermo y las autodefensas del señor Pablo Mejía, y tienen ustedes, señores de las autodefensas, la oportunidad histórica de colaborarnos en este proceso y mostrarle a Colombia y el mundo que si tienen voluntad de paz.

El Gobierno ofrece todas las condiciones para la reincorporación a la vida civil para los miembros de estos grupos. Los apoyaremos con proyectos productivos. Los apoyaremos con asistencia sicosocial. Aquí nadie va a quedar solo, aquí nadie va a quedar expósito. Y para los líderes de estos grupos o los miembros de estos grupos que tengan graves problemas judiciales y cuya situación no podamos resolver por la vía del indulto y la amnistía, les ofrecemos mantenerlos en zonas establecidas por el Gobierno donde ellos tendrán toda la protección para sus vidas, donde tendrán todo el apoyo estatal mientras buscamos un marco legal que permita su desmovilización y su reincorporación a la vida civil.

Entiéndase bien. Esto no es una nueva zona de ubicación como titularon hoy los periódicos. No. Aquí no va a haber más Santa Fe de Ralitos, con el que tenemos es suficiente. Sus objetivos son claros: allá están los jefes de las autodefensas, mientras permanezcan en la zona son responsables militarmente de sus hombres. Mientras permanezcan en la zona, están bajo el control del Estado. Mientras estén en la zona, están en el marco de la legalidad. En contraprestación, nosotros les suspendemos las órdenes de captura y les brindamos condiciones dignas para que ellos puedan permanecer allí y para que tengan una interlocución con la sociedad nacional e internacional y puedan cumplir con su anhelo reivindicatorio de explicar por qué hicieron lo que hicieron. Pero no vamos a llenar el país de zonas de ubicación porque si.

Debo confesar que las autodefensas no han sido serias en la mesa con sus propuestas de nuevas zonas de ubicación. Las propuestas que nos han hecho dejan mucho que desear y no sabe uno si reír o llorar.

Nos hacen propuestas para entregar cuatro mil o cinco mil kilómetros cuadrados, dizque para que 300 miembros de las autodefensas permanezcan allí con tranquilidad mientras avanza el proceso. Se los hemos dicho: ‘no señores de las autodefensas, no se trata de entregar territorios del Estado, se trata de recuperar territorios para el Estado que es distinto’.

Nuestro propósito es avanzar en la recuperación territorial e institucional, por eso el modelo que proponemos en marcha entre Arauca y Guaviare, entre Meta y Vichada, se trata es de más zonas para los ciudadanos y no simplemente de enajenar zonas para los armados. Eso no quiere decir que en los procesos de desmovilización no haya, de pronto, lugares para concentrar a los hombres durante tiempos cortos mientras se los capacita y se los prepara para la vida civil, pero esas zonas de ubicación tendrán un propósito definido. Serán un medio, tendrán una limitación en el tiempo y funcionarán única y exclusivamente para facilitar la inmediata, cercana y pronta desmovilización.

Este modelo que hoy proponemos para la zona del Llano debemos aplicarlo en el resto del país. Y yo les hago un llamado Honorables Senadores: no se olviden del acuerdo de Santa Fe de Ralito del 15 de junio del 2003. No me dejen solo. Ayúdenme a exigirle a las autodefensas a cumplir el acuerdo de desmovilizarse totalmente antes del 2005. Que se levante un clamor nacional, que les digamos basta ya, no son necesarios, los acogemos pero desarticulen su maquinaria de guerra. No se enreden en cantos de sirena, no les ayudemos a que se equivoquen más, no les ayudemos a que se confundan más. Transmitámosle de parte de la institucionalidad una imagen firme y coherente. Digámosle con firmeza: ‘se acabó señores’, pero digámosle con cariño y grandeza: ‘los acogemos como ciudadanos’.

También la paz tiene su fórmula de ‘Mano firme y Corazón grande’. Y es importante trasmitirle en este momento ese mensaje a los grupos de autodefensa.

El honorable Congreso de la República se ha mostrado siempre interesado en acompañar los procesos de paz. He sido notificado que de manera reciente se conformó una comisión de acompañamiento del Congreso para los procesos con las autodefensas y el Eln. Nos merece el mayor respeto la decisión del Congreso de acompañar los esfuerzos de paz, pero permítanme hacer una aclaración. Resulta indeseable y equivoco que miembros del Congreso, a título personal, se hagan presentes en las mesas renegociación. No le ayuda a la institucionalidad que miembros del Congreso, en actitud improvisada, con pretensiones mediáticas y quizá electorales, traten de buena fe, pero equivocadamente, de hacer de esto un espectáculo.

A mi me ha tocado la bochornosa situación de encontrar congresistas sentados en la mesa de negociación sin saber muy bien qué hacen allí, quién los invitó, si ya acordaron algo con las autodefensas, si es que le quieren hacer una tenaza al Gobierno o le quieren ayudar de buena fe. Eso no está bien, señores congresistas, ni por ustedes ni por el país. Yo les pido entonces, en nombre del señor Presidente, señor Presidente del Senado y señor Presidente de la Comisión de Paz del Senado, que si el Congreso desea acompañar este proceso lo hagamos institucionalmente. Que no se olvide que la conducción de los procesos de paz está en cabeza del Ejecutivo, que no se olviden que es un tema estrechamente relacionado con la seguridad nacional, que no se olvide que solo con la autorización del Ejecutivo pueden otros sectores ciudadanos hacerse presentes en estas mesas y entrar en contacto con grupos armados ilegales.

Hablemos, conversemos, miremos, analicemos y llegamos entonces al mecanismo que sea el más eficaz, el más prudente, el que comprometa menos al Congreso, el que sirva más a sus funciones de control político y el que sirva más a la democracia. Yo quiero hacer una aclaración apenas necesaria sobre la venida de los señores Mancuso, Báez e Isaza al Congreso de la República. Leía yo en una revista de circulación nacional, esta semana, que un eminente Senador, aquí presente, por quien tengo el mayor respeto intelectual, decía que la venida de los señores de las autodefensas estaba pactada de tiempo atrás, y que, para justificar el espectáculo nos habíamos apresurado a traer al señor Francisco Galán, para de manera premeditada –concluyo yo, porque hasta allí las palabras del Honorable Senador-, abrirle el espacio a las autodefensas.

No doctor Carlos Gaviria, no es así. Usted con su lucidez, con su grandeza moral no puede actuar con prejuicios. Usted y yo nos hemos encontrado en los debates de la democracia y usted sabe que ese no es mi estilo Senador. Me preocupa e impresiona que se digan esas cosas sin tener la mínima fundamentación, usted que perteneció a la Comisión Facilitadora Civil, usted que fue a las montañas a hablar con el Eln, debía tomarse el trabajo y llamar al señor Francisco Galán y preguntarle en qué condiciones vino él al Congreso.

Para que quede constancia, el 30 de mayo el Presidente Uribe nuevamente le ofreció al Eln, en México, la posibilidad de iniciar unas conversaciones previo cese de hostilidades, sin desarme, ni desmovilización. Apenas 24 horas después, el Presidente Mexicano dijo que estaba dispuesto a facilitar el proceso. 36 horas después el Eln lanza un comunicado diciendo que acepta el facilitador mexicano y 48 horas después, el día 2 de junio en horas de la noche, recibí una llamada del señor Francisco Galán solicitándome en nombre del Eln, autorización para venir a Bogotá a un foro organizado por una ONG internacional y el Senador Rojas Birry, para hacer una propuesta que considera de trascendencia Nacional. Y el señor Galán me dice cuál es la propuesta, y en esa propuesta se da un cambio significativo en el Eln en lo que va de este Gobierno. Por primera vez el Eln se muestra dispuesto a hablar de paz con el Gobierno de Uribe. Y en segundo lugar, se muestran dispuestos a abordar el tema militar.

Si bien ellos entonces hablan de un cese de fuego bilateral, nosotros vemos que hay una aproximación hacia nuestro planteamiento del cese de hostilidades con reciprocidad y como hay un proceso en marcha, que se está produciendo con rapidez, evaluamos con el señor Presidente y el señor Presidente dice: ‘yo no puedo negarle al Eln esa solicitud. Doctor Luis Carlos concédale al Eln ese permiso y coordine para que él venga a Bogotá’.

En principio lo que sabíamos era que el Eln venía a un foro de minas antipersonal. Cayendo la noche nos dimos cuenta que el foro era en el Congreso, tuve incluso una conversación telefónica con el senador Germán Vargas Lleras, que tampoco sabía que el señor Galán iba a venir el recinto. En gesto patriótico el senador Vargas Lleras abrió las posibilidades para que el foro se realizara y casi de carambola, y por el contragolpe, el señor Francisco Galán habló en este recinto. Ahí no hubo ninguna jugada sucia, ni ninguna treta. Fue un gesto generoso del Gobierno para abrir las posibilidades de una interlocución con el Eln.

Y lo de las autodefensas tuvo su propia dinámica. El senador Moreno de Caro, aquí presente, tiene tal vez con más detalles la pequeña historia de cómo surgió esa propuesta para que las autodefensas vinieran al Congreso. Y las representantes Elenora Pineda y Rocío Arias, también presentes en la mesa cuando se tomó esa decisión y quienes presentaron ante la Cámara de Representantes la solicitud para que se aprobara en la Plenaria, pueden comentarles a ustedes con más detalle.

El Gobierno consideró entonces que también, y dadas las condiciones de una Zona de Ubicación ya establecida donde estos señores estaban bajo control del Estado, no podíamos negarnos a abrir ese espacio; y lo abrimos. Respetamos al Congreso, abrimos el espacio y será la historia la que juzgue si fue bueno o no lo fue que ellos vinieran a este recinto.

Finalmente permítanme tratar un último punto. Todos sabemos que la reincorporación a la civilidad de los miembros de grupos armados ilegales que han cometido delitos atroces, encuentra en Colombia una especial dificultad. Los delitos atroces no son indultables, ni amnistiables, pero sucede que delitos atroces han cometido aquí todos los jefes de las autodefensas, todos los jefes del Eln y todos los jefes de las Farc. Y estamos entonces ante una enorme paradoja: ¿qué hacemos con ellos?, ¿firmamos la paz y los metemos a la cárcel? o, como creen todavía algunos, ¿firmamos la paz y los indultamos?

En el Gobierno creemos que ya el indulto no es posible. Las épocas en que se indultaban barbaridades, como cuando se firmó la paz con el M-19, ya son de la prehistotoria, el mundo cambio. Ahora priman los principios de la verdad, la justicia y la reparación. Nos tocó realizar un proceso de paz en las más difíciles condiciones; pero no debe asustarnos. Si es por el bien de la democracia, si es por el bien de la reconciliación, emprendemos el reto.

Desde el año pasado el Gobierno presentó un proyecto de ley para abrir la discusión. Ustedes saben la historia. La Comisión Primera del Senado realizó foros hacia finales de la anterior legislatura. Encontramos una versión inicial aprobada por el Gobierno y aceptada por la comunidad internacional, que plantea que para miembros de grupos armados que contribuyan eficazmente a la paz Nacional, pero que hayan cometidos delitos atroces, puede existir una figura especial, serán sometidos a un tribunal especial de verdad, justicia y reparación que dictará sentencia y después de que ellos cumplan una pena privativa de la libertad básica, entre cinco y diez años, podrán acceder a beneficios.

(Pausa para dar paso a las intervenciones de los miembros del Senado de la República y continúa el Comisionado)

Estaba hablando del marco jurídico y de la necesidad de tramitar una legislación especial que permita a los responsables de delitos atroces, miembros de grupos armados ilegales que contribuyan de manera eficaz a la paz nacional, someterse a un régimen especial que asegure la plena justicia, la plena verdad y la plena reparación. Pero entendiendo que en este caso es posible y necesario que se les conceda algunos beneficios una vez cumplida una pena privativa de la libertad básica. El proyecto fue presentado en la legislatura pasada, finalmente tuvo ponencia, pero por razones de trámite se hundió.

Un grupo de parlamentarios de la Comisión Primera de la Cámara nos ha pedido ampliar la concertación sobre el proyecto antes de volverlo a presentar y el Gobierno ha accedido a esta solicitud porque creemos que un proyecto de esas características no puede salir simplemente por mayorías gubernamentales, que un proyecto de estas características tiene que ser producto de un gran consenso nacional, debe tener una gran legitimidad para que pueda ser aplicado.

Ese es el motivo por el cual en este momento el Gobierno está dispuesto nuevamente a abrir la concertación social sobre el proyecto. De tal manera, que sobre lo ya alcanzado avancemos, lo perfeccionemos y, entonces, de común acuerdo lo presentemos al Congreso.

Para nosotros ha quedado claro una cosa: todos los miembros de grupos armados ilegales, responsables de delitos atroces, tendrán que pagar una pena básica privativa de la libertad. Y aquí están jefes de las Autodefensas, jefes del Eln y jefes de las Farc. Así lo hemos entendido como una demanda básica de la sociedad y de la comunidad internacional.

Que bueno que empecemos a hacer esa pedagogía, que bueno que no solamente le digamos a las Autodefensas que tienen que pagar esa pena básica privativa de la libertad, que bueno también que las facilitadoras con el Eln empiecen a decirle a los miembros del Comando Central que en este proceso de negociación -que Dios quiera que se abra-, ellos también tendrán que pagar esa pena privativa de la libertad. Y que bueno que se lo digan a los jefes de las Farc, porque esta va a ser una pedagogía difícil.

Lo que no resulta admisible es escuchar, como he escuchado yo, a algunos parlamentarios que justifican el delito político de los guerrilleros porque creen que esa es una violencia noble, y condenan el delito de las autodefensas porque consideran que esa es una violencia sucia. No. Aquí lo que se juzga es el delito no la pertenencia al grupo y creemos que esta discusión debe continuar para que se defina con claridad un marco jurídico, similar para miembros de grupos guerrilleros y para miembros de grupos de autodefensas, que contribuyendo a la paz nacional puedan recibir ese beneficio.

Nos gusta haber abierto este debate, porque este debate tampoco se había abierto en este país. Hasta la administración pasada este tema era vedado, en la agenda con las Farc se tuvieron 101 puntos y nunca se consideró lo de la situación jurídica, tal vez porque todos pensaron que eso iba a terminar con indulto y amnistía, o tal vez porque allá nunca hubo seriedad y nadie nunca pensó en desmovilizarse. Cualquiera de las dos cosas es muy grave.

Cuando nosotros planteamos este debate nos dijeron que era prematuro. No es prematuro, la sociedad tiene que definir los instrumentos jurídicos. Como Comisionado de Paz yo necesito saber a qué me atengo en la mesa.

El Gobierno ha dicho que los beneficios jurídicos en este caso no se negocian con los grupos armados ilegales, que es la sociedad democrática la que debe definir qué ofrece. Y lo único que yo necesito saber es qué puedo ofrecer y el resto corresponderá a mi trabajo como funcionario.

Para responder a las preguntas de si se va a presentar el proyecto, sí, cuando haya consenso, no dentro de la bancada que apoya el Gobierno, no. Consenso amplio entre todos los sectores representados en el Congreso. No vemos otra forma de sacar adelante una ley de estas características.

¿Qué vamos a hacer frente a la extradición? La posición del Gobierno es clara: el tema de la extradición no se toca, se mantiene como una facultad del Presidente de la República y será él quien decida en su momento si la aplica o no la aplica. Hasta ahora el Presidente ha dicho: ‘si los miembros de los grupos armados ilegales muestran buena fe y propósito de enmienda, tal vez haya generosidad en la comunidad internacional para tomar alguna decisión al respecto. Pero ese tema no va a ser tratado’.

Que no se hagan ilusiones las autodefensas y que no se hagan ilusiones los grupos armados ilegales. No vamos a firmar con ellos un pacto de no extradición, como me lo han pedido en la mesa. No vamos a firmar con ellos pactos de no cárcel. Ese tema no está en la mesa y no va estar.

Pero somos generosos y estamos dispuestos, dentro del marco de la ley 782 y tal como lo estamos haciendo en este momento en Santa Fe de Ralito y como se ha hecho otras veces en este país, a ir avanzando con cautela, con paciencia hasta llegar al momento de tomar una decisión sobre el tema.

Sobre la sustitución de cultivos ilícitos. Les hemos dicho muchísimas veces a los miembros de las autodefensas que se desmovilicen y los vinculamos de manera inmediata en tareas de sustitución de cultivos y en tareas de proyectos alternativos. Lo que no pueden pretender las autodefensas ahora, como por momentos se colige que quieren, es que los temas de narcotráfico y la droga se traten en la mesa y, entonces, ellos cambien paquetes supuestamente de hectáreas de coca por beneficios judiciales quizá en Estados Unidos.

Ellos firmaron con nosotros un compromiso el 15 de julio del 2003. En el acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado por el Estado Mayor de las autodefensas unidas de Colombia dice lo siguiente: las autodefensas unidas de Colombia comparten el propósito del Gobierno de una Colombia sin narcotráfico y respaldan las acciones del Estado colombiano contra este fenómeno que destruye la democracia, la convivencia, la economía y el medio ambiente.

Eso está claro. Las autodefensas aceptan plenamente la política antidrogas del Gobierno, y el Gobierno la aplicará sin llevarla la mesa para concertación en toda su dimensión incluida, por supuesto, la legislación que nos permite la extinción del dominio sobre los bienes ilícitos.

Otra cosa es que si ellos si desmovilizan y se reincorporan a la civilidad, inmediatamente estamos dispuestos, con ellos, a construir allá en esa zona y con esas comunidades afectadas por el problema de la droga, alternativas de vida digna. Y si hay posibilidades de que ellos ingresen a programas de sustitución de cultivos o de erradicación manual de plantas de coca o de Familias Guardabosques o de cualquiera de estos programas, bienvenido sea.

Y finalmente, pregunta el senador Rivera por el umbral ético y humanitario. El primero de todos los umbrales, Senador, para poder hablar, es que públicamente los grupos armados ilegales expresen su voluntad de abandonar la violencia. Hemos dicho y lo decimos en voz alta: aquí lo que hay son grupos terroristas, porque son terroristas quienes atentan contra una democracia y una sociedad pluralista como ésta. Aquí no hay constricciones constitucionales ni políticas para que se argumente que alguien tiene que tomar las armas contra el Estado.

Yo también tengo con el Senador Gaviria una discrepancia intelectual importante. Cuando él cree que este Gobierno es autoritario, yo creo que no; que el autoritarismo se define básicamente por imposibilitar el pluralismo; el autoritarismo es hegemónico y que este Gobierno si algo tiene es el horizonte pluralista, pues ha sido dentro de este Gobierno que por primera vez, históricamente, la izquierda ha logrado grandes triunfos como los que todos conocemos.

Aquí no hay, vuelvo e insisto, restricciones que justifiquen el uso de las armas, eso está en desuso. La justificación del delito político, eso es un anacronismo. Justificar matar por una idea, es una vergüenza. Nadie debe matar bajo ninguna justificación. Y aquel mata para imponer sus ideas, es terrorista y es doblemente culpable de ejercer la violencia; porque la ejerce con premeditación, con apoyo y justificación intelectual.

Pero con esa vehemencia con que calificamos a estos grupos como terroristas, igualmente les decimos: no somos fundamentalistas en esa definición, simplemente descalificamos sus métodos. Y si ustedes, señores, abandonan sus métodos y muestran la voluntad política de abandonarlos, les abrimos las puertas del diálogo y construimos con ustedes la posibilidad de mejorar esta democracia.

Eso es, entonces, senador Rodrigo Rivera, el primer umbral ético y humanitario. Aquí vamos a dialogar pero sólo con aquellos que expresen abierta y públicamente la decisión de cesar las hostilidades y que, por lo tanto, puedan desde ese momento quedar bajo la vigilancia pública y bajo el control de la sociedad, que les dirá permanentemente: cumplan sus compromisos.

Lo que no tiene sentido, Senador, es que entonces nosotros digamos que sólo dialogamos con los que estén acusados del delito de rebelión o de concierto para delinquir; porque entonces todos los jefes de las organizaciones armadas se nos quedarían por fuera. Hay que ser pragmáticos, si uno quiere dialogar con los hombres que están al margen de la ley tiene que aceptar la realidad de que son esos grupos los que designan a sus jefes y no nosotros.

Con la nueva Ley 782, tramitada en el Congreso, quedó claro que íbamos a conversar con los grupos armados ilegales que tuvieran un mando responsable y una influencia sostenida en zonas del territorio nacional. Es decir, pasamos de la descripción subjetiva y atávica de calificar a los grupos alzados en armas de grupos políticos, a la descripción objetiva del Derecho Internacional Humanitario que reconoce que en el mundo contemporáneo las guerras se dan por el control territorial y que hay unos grupos armados ilegales que pretenden mantenerse en un territorio por la vía del terror.

Nosotros conversamos con esos grupos. Los grupos que también en términos de ese mismo Derecho Internacional Humanitario hacen parte de lo que se llama el conflicto armado interno. Los únicos grupos que puedan recibir esa calificación son los grupos de autodefensas y los grupos de guerrilleros. No se preocupen que no vamos a hablar con los jaladores de carros y, por supuesto, los grupos de narcotráfico están excluidos.

Viene, entonces, la paradoja: y si los narcotraficantes se disfrazan de autodefensas, ¿qué pasa? Creo que hay criterios para establecer si existe disfraz o no.

El primero y el más objetivo: que pertenezcan a la organización. Por supuesto que si alguien que ha estado en el mundo del narcotráfico o en el mundo delictivo pertenece a la organización y está dentro de su estructura, hay que hablar con él. Los héroes de las revoluciones no son exactamente santos. Uno de los más famosos héroes de la revolución mejicana, antes de ser héroe, era un bandido que atracaba en los caminos. Eso suele suceder en estas dinámicas de los conflictos armados, en naciones como la nuestra.

Pero existe otro criterio objetivo. Por supuesto que un grupo de autodefensas se caracteriza por tener una ideología anti-subversiva o anti-guerrillera, por pretender imponer un orden, por competir con el Estado con ese orden, por tratar de interferir con la aplicación de ese orden configurándose, entonces, el delito contra el orden constitucional y legal, tal como podemos interpretar hoy, el concierto para delinquir para conformar grupos de autodefensa.

Queda claro en el Proyecto de Ley de Justicia y Reparación que sólo podrán recibir beneficio las personas que pertenezcan a estos grupos armados ilegales y por los delitos cometidos con ocasión a la pertenencia al grupo, nunca por delitos cometidos anteriormente.

Hace unos días, se armó un gran alboroto nacional dizque porque dos famosos narcotraficantes estaban en Santa Fe de Ralito. Cuando a mí me llamó el periodista de El Tiempo a darme la chiva, le dije: ‘descubrió el agua tibia, con esos señores yo estoy desde el comienzo, aquí no hay ningún gallo tapado, señor. Desde el comienzo el señor Pablo Mejía y desde el comienzo el señor Galindo han estado sentados en la mesa; por supuesto, que han estado sentados’.

Lo que no vamos a permitir es que de la noche a la mañana nos aparezcan nuevos comandantes de autodefensas. No. Los que han estado sentados desde el comienzo y están en las estructuras organizativas, por supuesto están allí y estamos hablando con ellos. ¿Qué pasará con ellos? La situación no es clara. Yo les he dicho. ‘el berenjenal jurídico es enorme, este debate apenas empieza. Será la sociedad y será este Congreso de la República el que finalmente determinará qué hacer con estas personas acusadas de delitos graves y que contribuyan de manera eficaz a la paz nacional’.

No quiero, entonces, pronunciarme de manera definitiva sobre un debate que apenas comienza.

Hemos pedido a los señores de las autodefensas en la mesa, que hagan público ante el país los nombres de las personas que están en Santa Fe de Ralito, no porque el Gobierno no los conozca, nosotros sabemos quiénes son, pero creemos que es responsabilidad de ellos decirle a la Nación quiénes son ellos, porque ellos están recibiendo un beneficio jurídico en esa zona.

Insisto, entonces, desde este recinto en esa petición a las autodefensas. Sería bueno para ellos y para el país que no tengamos nosotros que decírselo a los ciudadanos, que sean ellos mismos los que digan quiénes están allá sentados con nosotros para que el país los conozca y, por supuesto, se pueda ejercer de manera más adecuada la vigilancia ciudadana que exige toda democracia.

Muy amables, muchas gracias”.