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Por orden del Gobierno deberán suministrar toda la información

COMISIONES DE REGULACIÓN SE ABREN A LA CIUDADANÍA

Bogotá, 26 ago. (SNE). - El Gobierno Nacional ordenó la apertura total a la ciudadanía y a las empresas prestadoras de servicios, de las tres comisiones de regulación de servicios públicos que existen en la actualidad con el fin de que sus actuaciones y decisiones sean transparentes y conocidas por todos.

Así quedó reglamentado por medio del decreto 2696 del Ministerio de Comunicaciones que lleva las firmas del presidente de la República, Álvaro Uribe, y de los ministros de Comunicaciones, Minas y Energía y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

El decreto señala que las comisiones de Regulación de Energía y Gas (CREG), de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) y la de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), deberán disponer de todos los mecanismos para garantizar que la ciudadanía tenga acceso a toda la información y conozca con antelación las decisiones que se van a tomar y para que participen en audiencias públicas cuando se decidan las tarifas.

Treinta días antes de la expedición de sus resoluciones de carácter general las comisiones deberán publicar en sus páginas web, todos los borradores de los proyectos que van a adoptar, la invitación a que las empresas prestadoras de servicios y los usuarios remitan sus observaciones o sugerencias, los soportes técnicos de esas sugerencias.

AUDIENCIAS PARA TARIFAS

Cuando se refiera a la adopción de nuevas tarifas de prestación de los servicios, que por orden de la Ley 142 o de servicios públicos debe hacer cada 5 años, las comisiones deberán disponer de todo un sistema de información.

Primero, antes de 12 meses para que venzan las tarifas deberán informar a las empresas y a los usuarios, las bases sobre las cuales se efectuará el estudio para determinar las nuevas tarifas.

Allí deben explicar los criterios de eficiencia, los costos y gastos, la calidad del servicio, el patrimonio de los accionistas y los demás criterios contenidos en la ley.

Estos estudios se harán públicos advirtiendo que son elementos de juicio y que no comprometen a la comisión.

Tres meses antes de que entren en vigencias las nuevas tarifas en la página web de la comisión deben hacerse públicos los proyectos de metodologías y de fórmulas, los estudios respectivos y los textos de los borradores.

Adicionalmente los comités de expertos de cada comisión deberán preparar un documento con explicaciones en lenguaje sencillo sobre el alcance de la propuesta de las fórmulas tarifarias.

Este documento se le debe enviar a los gobernadores para que hagan consultas públicas en los municipios y distritos con el fin de que los usuarios participen en la definición de las tarifas.

La asistencias a esas consultas públicas deberán ser convocadas por los directores ejecutivos de las tres comisiones de regulación 10 días antes indicando los temas, el día, la hora, la sede, el plazo y los requisitos de inscripción.

Allí podrán intervenir los representante de las empresas prestadoras de servicios, los vocales de los comités de control social de los servicios públicos, los representantes de las ligas y asociaciones de consumidores, los de las organizaciones gremiales, delegados de las universidades, de los centros de investigación y de los usuarios.

Una vez terminada la consulta se levantará una memoria escrita en la que se inserten los documentos presentados y los principales puntos que fueron el centro del debate.

GESTIÓN POR RESULTADOS

A partir de este año las comisiones de regulación CREG, CRT y CRA, deberán rendir cuentas de su gestión y para ello deberán presentar, a más tardar en marzo, un informe en el que reseñen las actividades realizadas, el cumplimiento, el estado de los procesos judiciales, la ejecución presupuestal, la contratación y todos los temas de interés público.

Así mismo cada tres meses deberán presentar un estudio del impacto del marco regulatorio en su conjunto sobre la sostenibilidad, la viabilidad y la dinámica del sector respectivo.

De otro lado las comisiones deberán informar al público sus metas; qué hacen; el organigrama y los nombres de los expertos; los procedimientos y trámites a que están sujetas las actuaciones de los particulares ante la respectiva comisión; la información estadística sobre cómo se atendieron las solicitudes en el último año.

Para tener acceso a esta información más la dirección, los números telefónicos, la dirección electrónica, los horarios de trabajo y las indicaciones básicas, los usuarios no tienen que ir a la propia sede, pues es obligación de cada comisión establecer el sistema para que la ciudadanía se entere.

Deben montar un Sistema Único de Información (SUI) para poner a disposición de los agentes regulados los formaros que estos deben diligenciar para cumplir con sus obligaciones.

Las comisiones deberán diseñar un plan estratégico de trabajo para 5 años y una agenda regulatoria anual de carácter indicativo. Los proyectos que incluyan en esa agenda se deben hacer públicos a más tardar el 30 de octubre de cada año.

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