Conciliación
del Minhacienda evitará pagar 500 mil millones
$54 MIL MILLONES ANUALES COSTARÁ CONCILIACIÓN
CON JUECES Y MAGISTRADOS
Bogotá, 2 dic. (SNE). - El Ministerio
de Hacienda logró una conciliación con cerca de
1.370 empleados de la Rama Judicial, de la Fiscalía, la
Procuraduría y la Justicia Penal Militar, que le representará al
Estado un costo superior a los 54 mil millones de pesos anuales.
Alberto Carrasquilla Barrera, ministro de Hacienda,
explicó que al haberse logrado esa conciliación
el Estado se salvó de haber tenido que pagar cerca de
500 mil millones de pesos por sentencias de la justicia que se
iban a producir.
Los empleados de la rama judicial exigían
el pago de una Bonificación de Gestión Judicial
con la cual se les dobla el salario y con ella su salario subiría
hasta equipararlo con el 80 por ciento del sueldo de los magistrados
de las Altas Cortes.
ANTECEDENTES
Este problema comenzó en 1998 cuando
el gobierno por medio de los decretos 610 y 1238 de ese año,
creó una Bonificación de Gestión Judicial
del 60 por ciento del salario pagadero en 1999, del 70 por ciento
en 2000 y del 80 por ciento en 2001.
Con esa Bonificación se doblaba el salario
de esos 1.370 empleados judiciales (885 magistrados auxiliares,
168 fiscales, 302 procuradores y 15 magistrados penales militares)
y se llevaba hasta equipararlo al 80 por ciento del sueldo de
los magistrados.
Ante semejantes costos el 31 de diciembre de
1998 se expidió el decreto 2668 derogando los dos decretos
que habían concedido la Bonificación.
Esta decisión generó todo tipo
de reclamaciones y demandas judiciales de los beneficiarios.
El 25 de septiembre de 2001 la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado declaró nulo el decreto
2668 a través del cual se había derogado esa Bonificación.
A raíz de este fallo los 1.370 empleados
de la Justicia solicitaron que se les reconociera la Bonificación
y que se debería llegar hasta equipar sus salarios con
el 80 por ciento de los sueldos de los magistrados de las Altas
Cortes.
Ante la avalancha de demandas presentadas por
los interesados en diferentes tribunales administrativos y estrados
judiciales, el Gobierno inició diversas acciones.
El Ministerio de Hacienda interpuso recursos
extraordinarios de súplica contra la sentencia del Consejo
de Estado, que no prosperaron.
Por su parte la Procuraduría General
de la Nación, el Ministerio del Interior y Justicia, el
Departamento de la Función Pública y el Ministerio
de Hacienda, instauraron Acción Popular contra los conjueces
de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado por
considerar que se violó el derecho colectivo del patrimonio
público.
Teniendo en cuenta que como resultado de la
avalancha de demandas se han producido más de 200 fallos
en primera instancia y el Ministerio de Hacienda ya ha sido condenado
en 100 casos, se decidió iniciar conciliaciones con los
beneficiarios y apropiar recursos en la adición presupuestal
que aprobó el Congreso.
LA CONCILIACIÓN
El Ministro de Hacienda explicó que
la conciliación lograda es de carácter optativo,
es decir que no es obligatoria, siempre y cuando los funcionarios
cumplan las siguientes condiciones:
- Antes del 31 de diciembre de 2004 deben desistir
de las acciones judiciales instauradas ante diferentes tribunales
administrativos.
- Si no han presentado demandas tienen que
suscribir “contratos de transacción” con los
respectivos nominadores (es decir las entidades en las que trabajan).
- Se comprometen a no instaurar futuras acciones
judiciales.
- Deben entregar copia del auto ejecutoriado
en el que se confirma que desistió de las demandas judiciales.
Cada uno de los 1.370 empleados de la Rama
Judicial que se acojan a esta conciliación recibirán
un cheque que oscila entre 138 y 146 millones de pesos, con el
cual se paga lo que debían de haber recibido entre 1999
y el año 2003.
Y de aquí en adelante tendrán
una Bonificación de Gestión Judicial, con la cual
el salario de estos funcionarios sube del 54 al 70 por ciento
del sueldo de un magistrado de las Altas Cortes.
De ahora en adelante esta Bonificación
de Compensación o Gestión Judicial tendrá un
costo de 54 mil millones de pesos anuales para el Estado.
Carrasquilla Barrera señaló que
si a la conciliación se acogieran los 1.370 funcionarios
judiciales (885 magistrados auxiliares, 168 fiscales, 302 procuradores
y 15 magistrados penales militares), tendría un costo
de 200 mil millones de pesos para el fisco nacional.
En la adición presupuestal aprobada
en el Congreso y que el presidente Uribe sancionará en
los próximos días, ya fueron apropiados 130 mil
millones, y el resto se cubrirá con traslados presupuestales.
El Ministro advirtió que en caso de
que la avalancha de demandas judiciales fallen en contra de la
Nación o del Estado, se tendrían que pagar 500
mil millones de pesos.
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