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“Juvenal Ovidio Ricardo Palmera-Pineda es el sujeto de dos resoluciones de acusación distintas que fueron dictadas en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, a saber:

Delitos federales de narcóticos. Es el sujeto de la tercera resolución de acusación sustitutiva No.02-112 (TFH), dictada el 2 de marzo de 2004, mediante la cual se le acusa de:

--Cargo Uno. Concierto - - y ayuda y facilitamiento de dicho delito - - para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, lo cual es en contra del Título 21, Secciones 952 (a), 960 (a) (1), y 960 (b) (1) (B) del Código de los Estados Unidos, y para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína fuera de los Estados Unidos con la intención y el conocimiento de que dicha cocaína sería ilegalmente importada a los Estados Unidos, lo cual es en contra del Título 21, Secciones 959 (a), 960 (a) (3), y 960 (b) (1) (B) del Código de los Estados Unidos, todo en violación del Titulo 21, Sección 963 del Código de los Estados Unidos, y del Título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos.

(...)

Un auto de detención contra el señor Palmera-Pineda por estos Cargos fue dictado el 2 de marzo de 2004 por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable.

(...)

Aun cuando la resolución de acusación alega que el concierto para delinquir sobre tráfico de narcóticos en el cual Juvenal Ovidio Ricardo Palmera-Pineda participó, comenzó en una fecha no conocida, existen pruebas de las actividades que realizó con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, las cuales independientemente sustentan los cargos contenidos en el caso 02-112 (TFH)

Toma de rehenes y apoyo material a terroristas. Es el sujeto de la resolución de acusación No.04-232 (TFH), dictada el 13 de mayo de 2004, mediante la cual se le acusa de:

-- Cargo Uno. Concierto para cometer el delito de toma de rehenes (secuestro), en violación del Título 18, Sección 1203 (a) del Código de los Estados Unidos;

-- Cargo Dos, Tres y Cuatro. Toma de rehenes (secuestro), y ayuda y facilitamiento de dicho delito, en violación del Título 18, Secciones 1203 (a) y 2 del Código de los Estados Unidos; y

-- Cargo Cinco. Suministro de apoyo material a terroristas, en violación del Título 18, Sección 2339A del Código de los Estados Unidos.

(...)

Un auto de detención contra el señor Palmera-Pineda por estos cargos fue dictado el 13 de mayo de 2004 por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable.

(...)

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.

“... que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad con las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal colombiano.”

“7. Reunidos en su totalidad los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, CONCEPTUA FAVORABLEMENTE al pedido de extradición del ciudadano colombiano JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA, cuyas notas civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, conforme con la nota verbal n.° 1269 del 31 de mayo de 2004, suscrita por la Embajada de los Estados Unidos de América, por los cargos imputados en las resoluciones de acusación n.° 01-112 (TFH) y 04-232 (TFH), dictadas el 2 de marzo y 13 de mayo, respectivamente, ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

7.1. En todo caso, habida cuenta que de acuerdo con las normas punitivas de los Estados Unidos aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición allí podrían imponer como sanción hasta cadena perpetua, la cual está prohibida en Colombia (artículo 34 de la Constitución Política), le corresponde al Gobierno Nacional, en caso de que conceda la entrega requerida, condicionar la extradición a la conmutación de la misma, así como imponer las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, y a fin de que PALMERA PINEDA no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que motiva la extradición (artículo 512 del Código de Procedimiento Penal), ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

7.2. Como se expuso en el cuerpo de este concepto, de acceder a la entrega el Gobierno Nacional también la debe condicionar a que el juzgamiento de PALMERA PINEDA en virtud de la resolución n.° 02-112 del 2 de marzo de 2004. así como la eventual pena que se le imponga, no comprenda la simple pertenencia de aquél a las FARC, destacada en ese pliego de cargos, en cuanto que estimada de modo aislado puede ser tenida como delito político, respecto del cual no procede la extradición según el artículo 35, inciso 3°, de la Constitución…”.

“Entrega diferida. Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda la extradición, podrá diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por cesación de procedimiento, preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso.

En el caso previsto en este artículo, el funcionario judicial de conocimiento o el director del establecimiento donde estuviere recluido el acusado, pondrá a órdenes del gobierno al solicitado en extradición, tan pronto como cese el motivo para la detención en Colombia”

“1.3. De otra parte, sobre la observación del procesado atinente a la situación de PALMERA PINEDA frente a los procesos que se le adelantan en Colombia, en particular por el ejercicio del derecho a la defensa, la Corte señala que esa situación debe ser sopesada por el Gobierno Nacional en caso de que acceda a la solicitud, a fin de decidir si difiere o no la entrega, de conformidad con el artículo 522 del Código de Procedimiento Penal.

1.4. Una vez se hallaba el expediente a despacho para la preparación del concepto, el defensor de PALMERA PINEDA allegó un memorial que lleva anexa la respuesta que le dio el Director Nacional de Fiscalías a un derecho de petición que le elevara, en el sentido de que respecto del derribamiento de la avioneta en la que se transportaban los ciudadanos estadounidenses mencionados en este asunto, se adelantó el proceso 131 D-3, dentro del cual surgieron pruebas contra el secretariado de las FARC, lo que dio lugar a la vinculación de sus miembros como “responsables de los delitos de Rebelión, Homicidio múltiple en persona protegida, tentativa múltiple de homicidio en persona protegida y toma de rehenes”, sin que se mencione a PALMERA PINEDA como objeto de la resolución acusatoria dictada el 11 de diciembre de 2003.

Por esta última razón, habida cuenta que la señalada constancia no contiene ningún elemento relevante para el concepto, se le devolverá, junto con el escrito que la allegó, a su signatario.”

“1.1.3. De otra parte, obsérvese que el objeto de la conspiración imputada era el de importar a Estados Unidos desde Colombia cinco kilogramos o más de cocaína, así como el de elaborar y distribuir la misma sustancia en similar cantidad con la intención y el conocimiento de que iba a ser importada a tal comprensión territorial.

De esa forma, aunque la citada conspiración tuvo lugar al interior de las fronteras nacionales, proyectó sus efectos a un ámbito transnacional, porque buscaba la introducción del alcaloide al territorio de Estados Unidos, por manera que se activa el principio de extraterritorialidad de acuerdo con el cual la conducta punible se considera realizada en el lugar en donde se produjo o debió producirse el resultado.

Nada de insólita tiene la anterior conclusión, ya que:

“Por su solidez e importancia, se puede considerar al principio de territorialidad como la regla general a aplicar, y a los demás principios como sus excepciones, puesto que legitiman el ejercicio extraterritorial de la jurisdicción. Estos últimos operan en un doble sentido: por una parte, permiten que un Estado determinado imponga sus leyes a personas, situaciones o cosas que no se encuentran dentro de su territorio, y por otra, obligan al mismo Estado a aceptar que, en ciertos casos, se apliquen las leyes extraterritoriales de naciones extranjeras a personas, situaciones o cosas que se encuentran u ocurren dentro de su territorio”. (Corte Constitucional, Sentencia C-1189 de 2000. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz)

“Como puede observarse, en esta acusación se precisa que los hechos que se le imputan a PALMERA PINEDA tuvieron ocurrencia a partir de una fecha posterior al 17 de diciembre de 1997 y, al menos parcialmente, en el exterior; además, no contiene referencia que permita pensar que al reclamado se le atribuye delito político alguno, por manera que respecto de la solicitud de extradición formulada con los cargos que allí se le endilgaron no aparece motivo constitucional que la impida”.

“También aparece claro que la exigencia de la ejecución del delito en el exterior se cumple respecto del cargo que le imputa la Resolución de Acusación número 04 -232 (TFH), por medio de la cual se concreta al concierto para cometer el delito de toma de rehenes (secuestro), al delito de toma de rehenes y al delito de suministro de apoyo material de terroristas, “…dentro de la República de Colombia, la República de Ecuador y en la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos…”.

Es pertinente recordar que en un caso similar fueron los siguientes términos el sentido del pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia: “…no puede perderse de vista que tratándose de hechos ocurridos totalmente fuera del territorio del país solicitante, forzoso es tener en cuenta en este asunto que en tales condiciones se hace necesario acudir a principios de derecho internacional, generalmente aceptados y que constituyen excepciones al tradicional de la territorialidad para entender por qué, todos los cargos objeto de la acusación proferida en el exterior, tienen que ver de manera exclusiva con los delitos cometidos contra los ciudadanos norteamericanos, pues es evidente que los Estados Unidos están amparados en este caso para pedir la extradición de (…), en el principio de la nacionalidad pasiva, según el cual un Estado puede asumir jurisdicción sobre personas, actos o cosas que lesionen intereses de sus nacionales, como así se deduce, también, precisamente del numeral tercero de la introducción del primer cargo de la citada acusación, en el que se puntualiza que ‘…Todos los actos mencionados en esta acusación fueron perpetrados en la República de Colombia o en la República de Ecuador, es decir, fuera de la jurisdicción de algún Estado o distrito particular de los Estados Unidos, pero dentro de la jurisdicción extraterritorial de los Estados Unidos y, por lo tanto, de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 3238, dentro de la competencia del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia’ (f. 67 carpeta anexo), lo que significa que la imputación se justifica únicamente porque dentro de las finalidades de la organización delictiva, estaba la de secuestrar ciudadanos norteamericanos.” (Concepto extradición No. 18701 del 23 de julio de 2002, Magistrado Ponente Carlos Augusto Gálvez Argote).

Independientemente de que las conductas se hubieran ejecutado parcialmente en el exterior (República de Ecuador), se debe tener en cuenta la afectación de intereses del Estado requirente, como ocurre en este concreto particular, porque las víctimas de los delitos por la toma de rehenes, fueron tres ciudadanos de nacionalidad estadounidense y el suministro de apoyo material a terroristas se ejecutó “… a sabiendas y con la intención de que la ayuda sustancial y los recursos se utilizaran en preparación para la contravención del Código de los Estados Unidos…”. (la negrita es original)

“… El señalamiento que se hace del requerido como perteneciente a las FARC –organización que, se dice en el Indictment, está en guerra con el gobierno colombiano- y miembro de su Estado Mayor, podría encuadrar, como ya se dijo, en la figura del delito de rebelión descrito y sancionado en el artículo 467 del Código Penal.

En esa medida, -sin que lo que sigue pueda estimarse evaluación o crítica del cargo atribuido a PALMERA PINEDA-, como en el acápite correspondiente a la introducción de la acusación formal No. 02 – 112 (TFH), cuyos puntos 1 a 12 fueron incorporados y alegados nuevamente para la formulación concreta del cargo, es decir, el tópico del reconocimiento de las FARC como grupo de guerrilla armado que para financiar la guerra contra el gobierno de Colombia realiza actividades de narcotráfico, así como el señalamiento de JUVENAL OVIDIO RICARDO PALMERA PINEDA como miembro del Estado Mayor de esa agrupación, surge evidente la necesidad de advertir al Gobierno Nacional que en caso de que conceda la entrega solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos, la condicione en el sentido de que el juzgamiento que allí se le haga y la eventual pena que se le imponga, no comprenda esa ilegal militancia por cuanto, individualmente considerada, constituiría un delito político por el cual no procede la extradición”.

“Tercero: Declarar EXEQUIBLE el primer inciso del artículo 550 del Código de Procedimiento Penal, así como el segundo inciso de la norma citada, pero éste último bajo el entendido de que la entrega de una persona en extradición al Estado requirente, cuando en este exista la pena de muerte para el delito que la motiva, sólo se hará bajo la condición de la conmutación de la pena, como allí se dispone, e igualmente, también a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política”

Dada en Bogotá, D.C. a 31 de diciembre de 2004