Un total de 3.362 personas han entregado armas en el Gobierno Uribe
62 PERSONAS SE DESMOVILIZARON LA ÚLTIMA SEMANA
Bogotá, 19 ene. (SNE).- Un total de 62 miembros de los grupos armados ilegales dejaron sus armas durante la semana pasada, informó el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD).
De esa cifra 35 personas pertenecían a las Farc, 16 a las autodefensas ilegales, 8 al ELN y tres a las disidencias. Son 51 adultos y 11 menores de edad, que dejaron las armas con el fin de reincorporarse a la vida civil.
El departamento donde se registró mayor número de desmovilizados fue en Cundinamarca con 30 personas, manteniendo la tendencia de los últimos meses de ser el departamento de donde más integrantes de grupos armados ilegales deciden abandonar las organizaciones. Esto se debe en gran parte a la ofensiva de la Fuerza Pública sostenida contra el frente 22 de las Farc, que opera en Cundinamarca y ha recibido duros golpes como la recaptura del presunto jefe de ese frente, Wilmar Antonio Marín, alias Hugo, el pasado 15 de diciembre .
Durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se han desmovilizado 3.362 personas, de las cuales 1.947 pertenecían a las Farc, 724 a las autodefensas, 562 al ELN y 130 a las disidencias.
Todas las personas que han decidido abandonar las filas de los grupos armados al margen de la ley tienen derecho a los beneficios que ofrece el Decreto 128 de 2003, referente a la desmovilización.
Entre estos se contempla el apoyo de salud al integrante de cualquier grupo armado ilegal que se desmovilice y a su familia.
El Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior -en coordinación con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Policía Nacional- brindan protección tanto al desmovilizado como a su familia.
El Ministerio del Interior realiza los trámites para entregar al desmovilizado la libreta militar, la cédula de ciudadanía y el certificado de antecedentes judiciales. Previo estudio, este Ministerio facilita el aporte de recursos para el desarrollo de proyectos de inserción económica de las personas reincorporadas.
El Decreto 128 también establece apoyo económico para la creación de microempresas y la posibilidad de validar el bachillerato y acceder a capacitación impartida por el Sena o a carreras técnicas o adelantar estudios de educación superior.
