PALABRAS
DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ EN TIERRALTA, CÓRDOBA
Tierralta, Córdoba. 1 Jul (SNE).- La siguiente es la intervención
del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, durante
el acto de instalación de la mesa de negociación
unificada entre el Gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia.
"Nos congrega hoy un doble propósito. Instalar de
manera oficial la Zona de Ubicación de Tierralta, Córdoba,
y dar inicio público a la Mesa de Negociación Unificada
entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia.
Se trata a la vez de un punto de llegada
y un punto de partida. Punto de llegada, porque hemos trasegado
ya 18 meses de conversaciones
que han dado como fruto algunos acuerdos que fijan con claridad
el derrotero que debemos seguir. Punto de partida, porque iniciamos
la que debe ser recta final que nos conduzca de manera definitiva
a la desmovilización de los grupos de autodefensa en Colombia
y la plena recuperación de la ley y el orden institucional
en las zonas donde estos grupos han operado.
Previa labor de facilitación de la Iglesia Católica
Colombiana, que venía adelantando su labor apostólica
desde el gobierno anterior, el proceso se inició a finales
del año 2002, con la declaratoria, por parte de las Autodefensas,
de un cese unilateral de hostilidades, cumpliendo así el
requisito del Gobierno nacional para el inicio de conversaciones.
En carta pública enviada al Señor Presidente de la
República el día 29 de noviembre de 2002, las AUC
declararon a partir del 1 de diciembre un cese total de hostilidades
con alcance nacional. Igual pronunciamiento hizo días después
el Bloque Central Bolívar, declarando un "cese unilateral,
incondicional e indefinido de hostilidades a partir de las cero
horas del cinco de diciembre de 2002".
Como respuesta a este gesto, el 23 de diciembre
de ese mismo año
el Gobierno Nacional designó una Comisión Exploratoria,
con la misión de realizar contactos con los grupos de Autodefensa
que habían declarado públicamente un cese de hostilidades
y voluntad de iniciar acercamientos con el Gobierno en busca de
opciones para la paz y la reconciliación nacional.
Después de seis meses de reuniones exploratorias con los
grupos de Autodefensa, el 25 de junio de 2003 la Comisión
Exploratoria entregó al señor Presidente de la República
un documento de diez puntos, recomendándole continuar con
el proceso de paz -previo cumplimiento total y verificable del
cese de hostilidades-, con el objetivo central de desmovilizar
y reincorporar a la vida civil a los integrantes de las autodefensas.
Se recomendó igualmente insistir en la necesidad de congregar
en una sola mesa nacional de paz a los diferentes grupos de autodefensa
que estaban conversando con el gobierno.
Para mantener, perfeccionar y verificar
el cese total de hostilidades, como condición del Gobierno Nacional para continuar con
el proceso, la Comisión recomendó la concentración
de las fuerzas irregulares y el abandono total de actividades ilícitas,
tales como narcotráfico, robo de combustible, extorsión
y secuestro. Asimismo sugirió aplicar y priorizar el desarrollo
de una Política de Seguridad Integral en las zonas de influencia
de las autodefensas, enmarcada dentro de la política de
Seguridad Democrática contenida en el Plan de Desarrollo
2002-2006 "Hacia un Estado Comunitario".
Hace un año, en esta misma población del departamento
de Córdoba, firmamos el día 15 de Julio de 2003 el
ACUERDO DE SANTA FE DE RALITO PARA CONTRIBUIR A LA PAZ DE COLOMBIA.
En dicho acuerdo, el Gobierno Nacional y las AUC acordaron "dar
inicio a una etapa de negociación", definiendo "como
propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a
través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática
y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado".
En tal ocasión, las AUC dejaron claro "que su mayor
aporte a la nación en este momento histórico" era "avanzar
hacia su reincorporación a la vida civil y contribuir al
fortalecimiento del Estado Social de Derecho". Para el cumplimiento
de este propósito, las Autodefensas Unidas de Colombia se
comprometieron a "desmovilizar a la totalidad de sus miembros",
en un proceso gradual que comenzó con la primera desmovilización
a finales del año 2003, proceso que deberá culminar,
según lo pactado, a más tardar el 31 de diciembre
de 2005.
En dicho acuerdo las Autodefensas Unidas
de Colombia ratificaron su "compromiso con el cumplimiento del cese de hostilidades,
como expresión de buena voluntad" y se comprometieron
a redoblar esfuerzos para lograr que fuera totalmente efectivo.
Igualmente las AUC declararon compartir "el propósito
del Gobierno de una Colombia sin narcotráfico", respaldando "las
acciones del Estado colombiano contra este fenómeno que
destruye la democracia, la convivencia, la economía y el
medio ambiente".
El 8 de noviembre del 2003 se firmó un Acta entre el Gobierno
Nacional y las Autodefensas del Bloque Central Bolívar y
Vencedores de Arauca, en la que dichos grupos tomaron la decisión
de avanzar en el proceso de negociación para lograr la desmovilización
de sus miembros y su reinserción a la vida civil. De manera
expresa, se establece el compromiso de alcanzar dicha desmovilización
antes de que finalice el actual Gobierno.
El 4 de diciembre del 2003 las Autodefensas
Campesinas del Magdalena Medio hicieron una declaración pública, recibida
de manera formal por el Gobierno Nacional, en la que manifiestan
su voluntad de desmovilizar, de manera gradual, la totalidad de
sus fuerzas, teniendo como propósito central la legitimación
del Estado Social de Derecho en las zonas donde operan. Tal como
lo afirmaron en su declaración el Bloque Central Bolívar
y Vencedores de Arauca, las Autodefensas Campesinas del Magdalena
Medio expresaron también su decisión de avanzar hacia
una Mesa Única Nacional, tal como lo había solicitado
el Gobierno y recomendado la Comisión Exploratoria. Hoy
esa mesa unificada es un hecho, motivo por el cual procedemos a
su instalación formal y pública.
Al finalizar el año 2003, quedaron establecidos con claridad
los propósitos buscados con el proceso de negociación.
Por un lado, el fortalecimiento del Estado de Derecho, consolidando
el monopolio de la fuerza en manos de las autoridades legítimamente
constituidas. Y por el otro, la desmovilización de los miembros
de las autodefensas y su reincorporación a la vida civil.
Dichos propósitos se mantienen ahora que se ha constituido
la Mesa Única Nacional. Tal como lo ha expresado con claridad
el Gobierno, el propósito de la mesa unificada no es otro
que avanzar en el cumplimiento de estas metas, asegurándonos
que los diferentes grupos de Autodefensa respeten los compromisos
adquiridos, pues los documentos previamente firmados o los recibidos
oficialmente por el Gobierno entran a hacer parte constitutiva
de esta mesa.
Gracias a dichos compromisos podemos decir
con claridad que existe un norte compartido para la negociación, que debe concretarse
en un rechazo a la violencia como mecanismo para dirimir las diferencias
entre colombianos. Para alcanzar este propósito, la negociación
debe regirse por los siguientes principios rectores: el logro de
la paz nacional a través del fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza
en manos del Estado; perspectiva del desarme y la desmovilización
total de los miembros de las autodefensas; compromiso con el cumplimiento
del cese de hostilidades; compromiso para el abandono de actividades
ilícitas; balance adecuado entre los intereses de la paz
y los intereses de la justicia; y acompañamiento nacional
e internacional para darle solidez al proceso.
Cabe resaltar que durante el año pasado no solo avanzamos
en la definición de los propósitos centrales de la
negociación. Avanzamos también en la parte operativa,
definiendo con las Autodefensas Unidas de Colombia un cronograma
de concentraciones y desmovilizaciones que alcanzaba a 4600 hombres,
cuya primera fase tuvo lugar en noviembre del 2003, con la desmovilización
de 874 miembros del Bloque Cacique Nutibara que operaba en la ciudad
de Medellín. La puesta en marcha de las siguientes concentraciones
y desmovilizaciones es asunto que todavía se sigue discutiendo
en la mesa.
El pasado 13 de mayo, Gobierno Nacional
y Autodefensas llegamos a un acuerdo para el establecimiento
de una Zona de Ubicación
en este municipio. Esta zona de ubicación se establece con
los propósitos de facilitar la consolidación del
proceso de paz y los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las
Autodefensas Unidas de Colombia; contribuir al perfeccionamiento
y verificación del cese de hostilidades; avanzar hacia la
definición de un cronograma de concentración y desmovilización
de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia; permitir
la interlocución de la mesa de diálogo con todos
los sectores nacionales e internacionales; y facilitar la participación
ciudadana y contribución de los colombianos al proceso.
La zona se establece de acuerdo con la
Ley 782 de 2002, permitiendo la ubicación dentro de ella de los integrantes de las Autodefensas
que adelantan un proceso de paz con el Gobierno. En esta zona queda
suspendida la ejecución de las órdenes de captura
contra ellos, hasta que el Gobierno así lo determine, o
declare que ha culminado el proceso. El levantamiento geográfico
de las ordenes de captura es una medida amparada por la ley, que
facilita la continuidad del proceso y el avance en la discusión
de los temas sustanciales que tienen como objetivo la reincorporación
de los integrantes de las organizaciones de autodefensa a la vida
democrática. La puesta en marcha pública y formal
el día de hoy de la Zona de Ubicación, con la concentración
en ella del Estado Mayor Negociador de las AUC, es un hecho de
paz, un paso adelante que nos permite avanzar en la dirección
correcta.
Debe quedar claro que dentro del territorio
delimitado por la resolución 092 de 2004, habrá pleno control por parte
del Estado y se aplicará el ordenamiento legal vigente.
En caso de presentarse alguna infracción o violación
de la ley, las autoridades actuarán de igual forma como
se procede en todo el territorio nacional. Existe el compromiso
de las autodefensas de abstenerse de realizar actividades ilícitas,
de reclutar personas, de ejercer presión o amenazas sobre
los pobladores o visitantes, de desarrollar entrenamiento armado
y de ordenar y coordinar acciones ilegales desde la zona. Así mismo
se darán plenas garantías para el ingreso, la salida
y la movilización dentro de la zona a los habitantes y aquellas
personas que desarrollan actividades en este territorio.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA)
verificará el cumplimiento de los acuerdos y de los compromisos
adquiridos. La Misión de Apoyo de la OEA tiene la responsabilidad
de recibir un inventario de las armas, material de guerra y municiones
en poder de los miembros de las autodefensas. Igualmente, de recibir
un informe sobre los medios y equipos de comunicación en
poder de civiles o autodefensas, que funcionan en la zona. Así mismo,
la Misión de Apoyo de la OEA tiene el encargo de desarrollar
un proceso de información y sensibilización sobre
el proceso con las comunidades que habitan la zona.
Tal como lo establecen los diversos documentos
firmados hasta el presente, el cumplimiento del cese de hostilidades
se mantiene
como un tema fundamental y precondición para continuar con
las conversaciones, ya que la aceptación a negociar con
violencia estaría indicando que la vida humana y la libertad
son negociables. El compromiso del cese de hostilidades debe ser
reafirmado y renovado cada día, entendiéndose como
un absoluto respeto por la vida y libertad de todos los ciudadanos
y el abandono total de las actividades de narcotráfico o
relacionadas con el negocio de la droga.
Cabe resaltar que uno de los propósitos centrales de la
Zona de Ubicación es el perfeccionamiento del cese de hostilidades
y el fortalecimiento de los mecanismos para su verificación.
Los miembros del Estado Mayor Negociador de las Autodefensas Unidas
de Colombia que estarán ubicados en la zona, asumen responsabilidad
directa ante el país y la comunidad internacional por el
adecuado cumplimiento del cese de hostilidades. En la medida que
las Autodefensas cumplan con este compromiso se abre la posibilidad
para una interlocución seria. La reciprocidad en la comprensión
y apoyo a este proceso por parte de la comunidad nacional e internacional
depende en gran medida de la determinación de cesar en las
hostilidades y abandonar todas las actividades ilícitas.
El cese de hostilidades por parte de las
Autodefensas Unidas de Colombia abarca el cese total de acciones
ofensivas o acciones
que afecten a la población colombiana y al pleno disfrute
de sus derechos y libertades. En otras palabras, las Autodefensas
deben abstenerse de homicidios, amenazas, desplazamientos, secuestros,
extorsiones, desapariciones forzadas, presiones e intromisiones
en las actividades de las instituciones legítimamente constituidas,
de las organizaciones políticas o sociales, así como
de expandirse territorialmente o reclutar nuevos miembros. También
deben abstenerse del uso de la violencia en disputas internas,
y de bloquear la libre circulación de personas, alimentos
o medicinas.
El derecho a la vida y el derecho a la
libertad de los ciudadanos no permite excepciones. Nadie, por
fuera de la ley, puede tomarse
atribuciones de juzgar a los ciudadanos y decidir sobre sus vidas.
No es permisible que se divida a los colombianos entre buenos y
malos y se justifiquen acciones de justicia privada por parte de
los grupos de autodefensa. Un proceso de paz se mostraría
inútil si solo sirve para salvar apariencias u obtener beneficios
coyunturales. Un proceso de paz serio y creible exige un firme
propósito de enmienda, un acto sincero de contrición
y una recuperación plena de los valores propios de la democracia
y la convivencia.
El cabal cumplimiento del cese de hostilidades
es prioritario para dar continuidad al proceso y su perfeccionamiento
uno de los
propósitos de la creación de la zona de ubicación.
El cese de hostilidades ha sido un compromiso ratificado en todos
los acuerdos y documentos firmados por las autodefensas, y eje
central para generar confianza ciudadana en el proceso. El cumplimiento
efectivo y real del cese de hostilidades, así como el abandono
de las actividades relacionadas con el narcotráfico, constituye
un imperativo para la legitimidad y credibilidad del proceso en
marcha.
Uno de los principales objetivos de la
política de Seguridad
Democrática es la recuperación del monopolio de la
fuerza en todo el territorio nacional. Uno de los caminos para
lograr este control del territorio es a través de la negociación
con aquellas organizaciones armadas que de manera previa adopten
un cese en sus hostilidades. Quienes se reintegren a la sociedad
y a la vida democrática por esta vía tendrán
todas las garantías para ejercer la política dentro
de la democracia. Este camino está abierto a los miembros
de las autodefensas, siempre y cuando respetemos las exigencias
de una adecuada aplicación de la justicia, que se conjugue
de manera armónica con los intereses de la paz.
Desde el año pasado, el Gobierno Nacional tomó la
iniciativa y motivó un debate nacional sobre qué debe
suceder con miembros de grupos armados al margen de la ley responsables
de delitos no indultables, que contribuyan de manera eficaz a la
consecución de la paz nacional. Es claro que en el mundo
actual el beneficio del perdón judicial solo es aplicable,
según la legislación colombiana y las normas internacionales,
a delitos como la rebelión, sedición o al concierto
para delinquir con el propósito de conformar grupos de autodefensa.
En este campo el gobierno ha sido generoso, abriendo las puertas
de la reinserción a cientos de antiguos guerrilleros y miembros
de las autodefensas, que hoy gozan de los beneficios otorgados
a quienes deciden abandonar las armas y reincorporarse a la vida
civil. Estos beneficios se seguirán ofreciendo a todos aquellos
que participen en procesos de paz, con lo cual cobijamos a la gran
mayoría de quienes hoy interfieren, con las armas en la
mano, el normal funcionamiento del orden constitucional y legal.
Caso especial es el de aquellos que resulten
responsables de delitos que no pueden ser indultados ni amnistiados.
Después de
escuchar a diferentes sectores nacionales e internacionales, de
atender las recomendaciones de las Comisiones de paz de Senado
y Cámara como producto de las audiencias públicas
convocadas a comienzos de este año para tratar el tema de
las autodefensas, y de escuchar a los ponentes de la Comisión
Primera del Senado que estudiaban el proyecto de alternatividad
penal, el señor Presidente de la República puso a
consideración del Congreso y de la opinión nacional
el nuevo proyecto de Justicia y Reparación, que establece
un balance adecuado entre los intereses de la justicia y los intereses
de la paz. Por solicitud de un grupo de congresistas de la Comisión
Primera de la Cámara, la discusión de dicho proyecto
quedó aplazada para la próxima legislatura que se
inicia el 20 de Julio. Esperamos que la aprobación de este
proyecto nos abra mecanismos eficaces para avanzar en los procesos
de paz tanto con los grupos guerrilleros como con los grupos de
autodefensa.
El gobierno está preparado para avanzar con rapidez en
un modelo combinado de concentraciones y desmovilizaciones, concentraciones
donde sea necesario, desmovilizaciones donde sea posible. Para
cumplir tal propósito lanzaremos en los próximos
días el programa "Empresarios exitosos por la paz",
que busca generar 20000 empleos productivos en el campo y la ciudad,
para los desmovilizados y sus familias. Llegó la hora de
la verdad. Llegó la hora de la institucionalidad. La sociedad
entera nos mira con esperanza. No podemos defraudarla.
Solo cabe, en este momento, encomendarnos
al Señor de la
Paz e invocar su iluminación para que encontremos el camino
correcto. A Él, dirijo entonces mis últimas palabras:
Ayúdanos Señor
a conducir el arca de la paz a buen destino,
a sortear con pericia los fuertes vientos,
a salir airosos de destructivas tempestades.
Ayúdanos a construir desde ya, en
medio de la intolerancia,
relaciones respetuosas de la libertad y la diferencia,
a convencer con nuestro ejemplo a quienes
están enceguecidos
por el odio y la violencia.
Enséñanos Señor
a establecer sincera solidaridad con los que sufren,
con los que padecen a causa de la violencia, la injusticia y el
terror.
No nos dejes olvidar que millares de personas
son diariamente despojadas de su vida,
de su dignidad,
de su libertad,
de su comida,
de su ropa,
de su techo, salud y habitación.
Concédenos Señor
la fuerza para enfrentar a quienes nos oprimen,
pero no permitas que en nuestra lucha por la libertad y la justicia,
olvidemos el supremo mandamiento de no matar, no aplastar, no
ofender.
Ayúdanos a no caer en la tentación
de la violencia,
pues tu derramaste tu preciosa sangre
para que nunca más sangre humana
fuese derramada por nosotros.
Señor,
Tu que te levantaste victorioso sobre la muerte,
sanando con ternura las heridas que te
había causado la
insensatez humana,
ayúdanos a encontrar en esta larga
noche de la violencia
el camino que nos conduzca
a la reconciliación y a la paz.
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