Bogotá, 15 jul. (SNE).- El siguiente es el comunicado de prensa del Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción, relacionado con el caso Foncolpuertos.

CASO FONCOLPUERTOS

En 1991 el Gobierno Nacional liquidó la Empresa Puertos de Colombia y el 3 de enero de 1992, por medio del decreto 0036, creó el Fondo de Pasivo Social para que manejara las reclamaciones de tipo laboral. Este Fondo se conoce como FONCOLPUERTOS, organismo que primero estuvo adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

La liquidación de la Empresa Puertos de Colombia le generó a FONCOLPUERTOS todo tipo de reclamaciones de los ex trabajadores. El manejo de esas reclamaciones fue contaminado con innumerables hechos de corrupción a través de conciliaciones falsas y/o adulteradas, liquidaciones y pagos sin soporte legal, en los cuales participaron funcionarios públicos.

El grave detrimento patrimonial ocasionado por estos actos de corrupción y por las demandas presentadas contra el Estado, llevó al Ministerio de Trabajo a crear un Grupo Interno especializado en la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia. La misión de ese Grupo es coordinar el manejo de reclamaciones y litigios, el pago de responsabilidades derivadas de las sentencias judiciales, conciliaciones y acreencias de carácter laboral y la administración de la nómina de pensionados de la Empresa Puertos de Colombia. Este Grupo está adscrito hoy al Ministerio de la Protección Social.

Hoy Puertos de Colombia tiene 15.500 pensionados y la nómina mensual cuesta cerca de 32 mil millones de pesos al erario público.

Como consecuencia del posible reconocimiento de prestaciones, pensiones y sustituciones pensionales a través de hechos ilícitos, hoy cursan alrededor de 6.000 procesos laborales en 11 Tribunales Superiores y juzgados laborales; 52 procesos administrativos y 392 procesos penales, de los cuales 305 a cargo de la Fiscalía General de la Nación y los otros 87 en manos de 3 jueces de descongestión.

La pérdida de esos procesos, en los que están involucrados ex trabajadores y pensionados de Puertos de Colombia, inspectores de Trabajo y Jueces de la Republica, le costaría al Estado, unos 2,5 billones de pesos.

LOS PROCESOS

- Jurisdicción Laboral. Adelanta 6.000 procesos, ordinarios y ejecutivos, distribuidos en 11 Tribunales Superiores y Juzgados Laborales.

- Jurisdicción Administrativa. Hay 52 procesos administrativos, distribuidos en Acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Simple Nulidad, Reparación Directa, Lesividad, Cumplimiento y Populares en el Consejo de Estado y Tribunales Administrativos. En todos hay representación del Estado.

- Jurisdicción Penal. Es la más extensa y delicada por las garantías constitucionales que protege. Los procesos están distribuidos en la Fiscalía General de la Nación, Juzgados Penales, Tribunales Superiores y en la Corte Suprema de Justicia.

En la Fiscalía General hay, según información suministrada por la misma Fiscalía, 305 procesos entre averiguaciones previas y etapa de instrucción.

Ante jueces penales de primera instancia, cursan 87 procesos. Muchos de ellos con 6 y más vinculados lo cual hace que cualquier diligencia se tome 6 meses o más en perjuicio de la Administración de Justicia.

QUÉ PUEDE PASAR

El Gobierno Nacional tiene gran preocupación por el manejo de estos procesos. Es urgente una decisión en derecho para que la acción penal no prescriba.

El país no puede olvidar que los hechos investigados ocurrieron entre 1993 y 1998. Que han pasado entre 7 y 11 años de la comisión de los supuestos delitos y que muchas de esas acciones están a punto de prescribir, con el agravante de que el Nuevo Código de Procedimiento Penal disminuye el término de prescripción en la mayoría de los delitos.

Conocemos de casos en los cuales la segunda instancia del procedimiento en la Fiscalía ha llegado a tardar un año. En uno de los juzgados de descongestión vemos que no ha sido proferida ni una sola sentencia.

El Gobierno confía en que la Fiscalía haga honor a su compromiso constitucional con la justicia, la Nación y el Pueblo Colombiano y profiera en derecho las resoluciones de acusación a que hubiere lugar, antes de finalizar el presente año, para evitar la inminente prescripción de la Acción Penal en algunos de los procesos a su cargo.

DECISIONES

1. Atendiendo la trascendencia del caso, el multimillonario monto de los recursos estatales comprometidos y la importancia de tener suficiente y pronta administración de justicia, el Gobierno Nacional destinó 1.400 millones de pesos al Consejo Superior de la Judicatura destinados a descongestionar el área laboral y 1.200 millones de pesos a la Fiscalía General.

2. Solicitar al Procurador General de la Nación agilizar los procesos de primera instancia que cursan ante los jueces penales 1º. 2º. y Especializado del Circuito de Descongestión. El Gobierno solicita la ruptura de la unidad procesal.

3. Solicitar al Consejo Superior de la Judicatura, vigilancia judicial especial de los procesos de primera instancia que cursan ante los jueces penales 1º. 2º y Especializado del Circuito de Descongestión.

Solicitar al Consejo Superior de la Judicatura, revisar la actuación de algunos jueces laborales que no han acatado la norma según la cual no proceden procesos ejecutivos en contra de FONCOLPUERTOS hasta que se haya verificado la autenticidad de los títulos.

4. Solicitar al Fiscal General revisar y organizar los procesos que están en previas y en sumario, dejar a un lado los ya prescritos y concentrarse en los que pueden llegar a feliz término. Agilizar los procesos y vigilar los términos de apelación de las decisiones de primera instancia.

5. El Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, solicita al Ministerio de Protección Social reorganizar el Grupo Interno de Trabajo para la vigilancia de esos procesos y coordinar esos asuntos con la Dirección de Defensa Judicial de la Nación a cargo del Ministerio de Interior y de Justicia.

6. El Gobierno Nacional hace un reconocimiento a las actuaciones adelantadas durante estos años que han permitido el reintegro al erario público de cerca de 29 mil millones de pesos y la revocatoria de sentencias condenatorias a cargo de la Nación por 355 mil millones de pesos.