180 MUNICIPIOS TIENEN FUERZA PÚBLICA Y TODOS LOS ALCALDES DESPACHAN DESDE SU ESCRITORIO

Bogotá, 17 jul. (SNE).- El ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega destacó este sábado el regreso de la Fuerza Pública a 180 municipios a lo largo de los dos años de administración del presidente Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con el Ministro, este es uno de los logros de la política de Seguridad Democrática, uno de los pilares del Gobierno del presidente Uribe, en el que se han reconstruido estaciones de Policía y se han llevado soldados de mi pueblo para garantizar la tranquilidad de la población.

Pretelt de la Vega, durante el II Consejo de Ministros Público, también destacó el regreso a sus municipios de cerca de 200 alcaldes que se encontraban amenazados al comenzar el Gobierno y que ya están despachando desde sus oficinas en las cabeceras municipales.

"Esto ha generado tranquilidad a la ciudadanía, se ha mejorado la inversión privada que estaba en 7 por ciento del PIB y hoy está en 13 por ciento, eso es más empleo e inversión en lo social", destacó el Ministro del Interior y Justicia.

De acuerdo con el funcionario, estas cifras forman parte de un paquete integral de resultados de la gestión del Ministerio y del Gobierno, que ha significado, por ejemplo, que en las elecciones territoriales de hace tres años se presentaran alrededor de 34 mil candidatos, mientras que en los comicios de octubre pasado lo hicieron 74 mil, a la vez que no se presentaron mayores incidentes durante la campaña electoral.

Según el Ministro, esto demuestra que "se ha afianzado la democracia en nuestro país".

LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, SIN TREGUA

Otro de los aspectos en los que el Ministerio ha jugado un papel fundamental en los casi 24 meses de gestión, tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido el Ministro del Interior y Justicia destacó que la aspersión de los cultivos ilícitos es una de las principales herramientas para enfrentar este flagelo.

Pretelt de la Vega manifestó que en 2003 las autoridades fumigaron 130 mil hectáreas de cultivos ilícitos, e indicó que en 2004 se espera haber fumigado un número similar.

El Ministro señaló que al comienzo del Gobierno el país tenía más de 164 mil hectáreas de coca y en la actualidad hay cerca de 80 mil.

Esta labor va de la mano con las acciones jurídicas para reducir el espacio a los narcotraficantes. El Ministro señaló los avances que se han dado en los procesos de extinción de dominio, liderados por unidades Falcone, que coordinan las acciones de las entidades del Estado para arrebatarle a los traficantes de droga los bienes mal habidos.

Así mismo, el Ministro del Interior y Justicia sostuvo que el Gobierno seguirá adelante con los procesos de extradición de las personas que estén involucradas a nivel internacional con el tráfico de estupefacientes.

En ese sentido, Pretelt destacó la colaboración de la comunidad internacional para ayudarle a Colombia a luchar contra este delito.

"Colombia tiene que acabar con el problema del narcotráfico en nuestro país. Eso lo estamos con el apoyo de la comunidad internacional y de los ciudadanos colombianos", dijo el Ministro.

Sobre las incautaciones a los bienes de los narcotraficantes, el funcionario indicó que una vez rematados buena parte de esas propiedades, los dineros sirven para la financiación de la construcción de nuevos centros carcelarios en el país.

Destacó, además, que 25 lotes han sido entregados a comunidades campesinas de bajos recursos para que sean explotados, labor que se ha llevado a cabo de la mano con el Ministerio de Agricultura.

Así mismo, buena parte de los vehículos que son incautados por las autoridades se asignan a los alcaldes del país para contribuir a la seguridad de los mandatarios seccionales.

DERECHOS HUMANOS

El Ministro del Interior y Justicia destacó que, en materia de protección de derechos humanos, 450 municipios del país ya tienen redes descentralizadas de protección de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Así mismo, Pretelt señaló que se traba en el programa de protección para la seguridad de los sindicalistas, defensores de derechos humanos y periodistas. En este programa, dijo el Ministro, hay 11 mil personas.