INTERVENCIÓN
DEL VICEPRESIDENTE EN FORO INTERNACIONAL MINAS ANTIPERSONAL
Bogotá, 4 jun. (SNE).- El siguiente es el texto de la Intervención
del vicepresidente de la República, Francisco Santos, en
la instalación del foro internacional ‘Minas Antipersonal
- actores no estatales y acuerdos humanitarios’:
“Señoras y señores:
Cerca de 200 civiles, 460 militares y 3
miembros de grupos al margen de la ley sufrieron accidentes por
minas antipersonales
durante el año 2003, según la información
que tiene el Gobierno Nacional. A la fecha, este año tenemos
información de 76 civiles y 91 militares víctimas
de este horrible delito.
Las minas antipersonal son un arma cobarde
que puede permanecer amenazante durante más de 50 años, con un agravante:
que afectan principalmente a los más pobres, a los campesinos
y a quienes trabajan llevando educación, salud y desarrollo
a las poblaciones más marginadas de nuestra patria.
En dos días arranca la Vuelta a Colombia y con ellos partirá un
equipo de cuatro colombianos, discapacitados ellos, que se llaman “La
Otra Vuelta a Colombia: No Más Minas Antipersonal”.
Llevarán por estos 1.200 kilómetros de la Patria,
este mensaje de solidaridad, de concienciación y de entendimiento
a la problemática que nos afecta, que es el primer paso
en la solución de este problema.
Esta iniciativa, este evento, en hora buena
convocado por el Llamamiento de Ginebra, el Congreso Nacional,
el Concejo Distrital de Bogotá y
la Campaña Colombiana Contra Minas, muestran que la sociedad
colombiana poco a poco se hace responsable de este problema, que
la sociedad colombiana poco a poco lo entiende y entiende que es
un problema creciente que cada vez va generar más víctimas
y que además es solidario con éstas y que rechaza,
cada vez de manera más frontal el uso de este tipo de aparatos
de muerte.
Felicito a los organizadores de este evento
y les deseo el mayor de los éxitos.
En cumplimiento de los compromisos de Ottawa, el Estado colombiano
tiene mucho que mostrar.
· Hemos destruido todas las máquinas de fabricación
de minas antipersonal en INDUMIL.
· Hemos destruido, al día de hoy, 8.038 minas y
para el próximo 25 de octubre habremos destruido 13.660
más para completar la destrucción total de minas
en poder del Estado colombiano, reservando, como lo permite el
Tratado, 986 con fines de instrucción y entrenamiento. Este
compromiso lo cumplirá Colombia, un país en conflicto
con semejantes problemas dándole ejemplo al mundo, un año
antes del plazo otorgado por la Convención.
· El Gobierno ha implementado el Sistema de Información
sobre Minas Antipersonal, que según observadores internacionales
y expertos en el tema califican como de “Altísimo
Nivel”.
· Hemos incluido en el Plan de Desarrollo la elaboración
e implementación del Plan Nacional de Acción contra
Minas Antipersonal, aprobado el 27 de enero del 2003, después
de 20 mesas de concertación y que además está en
permanente revisión con las comunidades y con los gobiernos
locales y regionales.
· Hemos destinado del Presupuesto Nacional alrededor de
un millón de dólares en este año para la ejecución
del Plan.
· Hemos mantenido un permanente proceso de concertación,
capacitación y trabajo conjunto con diversas organizaciones
sociales y con autoridades territoriales.
· Estamos trabajando para desarrollar los componentes de
prevención, atención a víctimas, definición
de estándares de señalización, fortalecimiento
institucional a todos los niveles de Gobierno y además de
generación de sistemas de información complementarios
que nos permitan planear lo que vamos a tener que hacer de aquí a
los próximos 20 años porque este no es un problema
que resolvemos hoy.
· Así mismo, hemos hecho
estudios de impacto y vamos a elaborar Planes Territoriales en
cinco departamentos.
Estas realizaciones, certificadas por el
Centro Internacional de Ginebra de Desminado Humanitario, por
el Comité Internacional
de la Cruz Roja, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y por la Organización de
Estados Americanos, además es certificado por diferentes
Embajadas presentes en Colombia.
Todo esto es posible por el trabajo conjunto
del Estado y las organizaciones sociales que compartimos un propósito común:
No Más Minas antipersonales, no más no indiferencia
con las víctimas.
Así mismo ha sido valiosísima la colaboración
y asistencia técnica de organismos internacionales y gobiernos
como los ya mencionadas, UNICEF, OIM, PNUD, AID, la Unión
Europea y los gobiernos suizo, canadiense, norteamericano, LA OEA,
el Reino Unido, entre otros.
Debo destacar la valiosa y comprometida
colaboración de
los miembros de las Fuerzas Militares y las Fuerzas Armadas de
Colombia, las cuales constituyen el 60 por ciento de las víctimas
de las minas antipersonal en nuestro país.
Sus miembros en el año 2003 destruyeron 705 campos minados,
decomisaron 70 toneladas de explosivos y evitaron la explosión
de 6.900 artefactos explosivos improvisados. Su compromiso en el
combate a este flagelo es un ejemplo para el país y para
el mundo.
El Gobierno ha brindado las garantías al Llamamiento de
Ginebra para la interlocución con los grupos armados ilegales;
esperamos que tengan éxito como lo han tenido con 25 grupos
en Filipinas, Birmania, Irak, Somalia, Sudán, Burundi e
India.
Los colombianos y colombianas esperamos
que la sensatez se imponga y se comprenda que la degradación y el atentado contra los
más pobres y las generaciones futuras, son el camino para
el aislamiento y el rechazo, para el empobrecimiento y el envilecimiento.
El Estado colombiano hace esfuerzos crecientes
para proteger a todos y todas sin distinción en nuestro territorio, para
restablecer sus derechos y para garantizar su libre ejercicio.
Esta es la esencia de la Política de Seguridad Democrática.
Lo que es incomprensible para el Estado es que se pretenda imponer
compromisos a las comunidades para respetarles sus derechos o que
los habitantes del territorio puedan negociar en pie de igualdad
con grupos armados, esa no es una negociación sino la antesala
de una imposición. El respeto a la dignidad humana sin condiciones
es un prerrequisito para dialogar.
No se puede pretender imponer acuerdos
basados en el chantaje para perpetuar las violaciones a los derechos
y libertades de los
colombianos y las colombianas. Acuerdos para disminuir el dolor,
para recuperar la libertad, para devolvernos a quienes están
en condiciones indignas de cautiverio, para acabar con la extorsión,
para recuperar la libertad al libre tránsito son posibles,
pero no al precio de incrementar esos dolores para toda la sociedad.
Por eso, el Presidente Uribe ha insistido
en que los acuerdos deben servir para atenuar el sufrimiento
de la sociedad colombiana
y no para acrecentarlo. Para acercar la paz definitiva y no para
fortalecer la capacidad de ejercer la violencia. Para crear confianza
y no para aumentar el desengaño.
El Gobierno está desarrollando una política de seguridad
con amplio respaldo popular ante las amenazas y ataques contra
la sociedad y las instituciones emanadas de la decisión
popular. Amenaza que afecta por igual a niños y niñas,
a humildes campesinos y a empresarios, a políticos y a ciudadanos;
amenaza que no se ha detenido ante los derechos de las personas
y acude al expediente del terrorismo sin miramientos.
Pero esta política también ha rodeado de garantías
a los partidos de oposición, a los contradictores del Gobierno,
a las organizaciones de la sociedad. Quedan inmensas tareas por
vencer la intolerancia en nuestra sociedad y mejorar nuestras costumbres
políticas. Sin embargo, y las elecciones de octubre del
año pasado así lo demuestran, es claro que la democracia
colombiana es cada vez más fuerte, es claro que la democracia
colombiana es cada vez más pluralista, es más legítima,
es más garantista. Así mismo es claro, también,
que la violencia hoy es el principal obstáculo para el desarrollo
democrático en Colombia.
¡Hoy, no tiene ninguna justificación
ni respaldo el uso de la violencia en Colombia!
Los colombianos y colombianas no entendemos
como una organización
tan importante como Amnistía Internacional pretende justificar
como oposición armada a grupos que desconocen todo límite
y temen la confrontación política de ideas. ¿Cómo
es posible que una organización de derechos humanos legitime
la combinación de las formas de lucha que tantos muertos
ha dejado en Colombia?
Así mismo, es un irrespeto con todos aquellos que han combatido
desde la oposición legal, desde la oposición democrática
y garantizada a este Gobierno y a otros y hoy ocupan importantes
cargos ¿Acaso, Lucho y Angelino Garzón, Sergio Fajardo,
Antonio Navarro, Gustavo Petro, Wilson Borja y otros muchos que
hoy ocupan cargos públicos no son oposición? ¿Acaso
ellos no se han jugado sin armas y han triunfado apostándole
a la voluntad popular?
Tampoco tiene ninguna justificación el ejercicio de la
violencia suplantando al Estado en su función de dar seguridad
en otras partes del territorio; este tipo de acciones sólo
logran deslegitimar la acción estatal y generar un nuevo
yugo a los ciudadanos y ciudadanas.
Por eso expresamos un moderado y prudente
optimismo por las declaraciones del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) respecto al posible papel del Gobierno mejicano
en un acercamiento con este
grupo.
Quiero aprovechar esta ocasión para aclarar los alcances
de la propuesta del Presidente Uribe el fin de semana pasado en
Guadalajara, México.
Es importante la presencia de un país amigo que facilite
los acercamientos, que dé confianza y dé fe pública
del empeño del Gobierno en brindar plenas garantías
de seguridad a quienes se atrevan a transitar el camino de la paz.
El Gobierno se la juega toda para garantizar la vida y los derechos
de quienes cesen sus hostilidades y emprendan en serio la búsqueda
de la paz.
El cese de hostilidades es un medio para
brindar confianza, es un medio para brindar credibilidad a la
sociedad colombiana y a
la comunidad internacional. No se está solicitando el desarme,
no se está solicitando la rendición, se está solicitando
apenas la creación de condiciones apropiadas para adelantar
un diálogo serio y con posibilidades reales.
No se trata de pedir la desmovilización para dialogar,
esos serán puntos de llegada y tendremos tanta paciencia
para ella como urgencia para sentarnos a hablar de cómo
arreglamos este conflicto negociando.
No se trata de pedir esta desmovilización para dialogar,
simplemente de pedir la suspensión de acciones violentas
que afectan a la sociedad y la infraestructura nacional. A una
declaración de cese de hostilidades el Gobierno sabrá corresponder
con generosidad.
Queremos un proceso de paz que genere más resultados que
expectativas. Queremos un proceso que se preocupe más por
las salidas inteligentes que por las cámaras y las grabadoras.
Queremos un proceso que busque el protagonismo de los resultados
y no el de las posiciones públicas descalificadoras. Queremos
un proceso que busque más la gratitud de las generaciones
futuras que los aplausos pasajeros del presente.
Las puertas del diálogo siempre han estado y estarán
abiertas; el Gobierno Nacional ha insistido en un diálogo
precedido del Cese de Hostilidades. Las recientes experiencias
del país demuestran que se necesitan estos espacios para
crear confianza y credibilidad. El Gobierno no pretende de ninguna
manera rendición pero sí espera sinceridad y compromiso
con un eventual diálogo.
Ninguna salida puede abrirse paso sobre
la base de dobles juegos, engaños e imposiciones. El Presidente Álvaro Uribe
desde su campaña expresó que empeñaría
todos sus esfuerzos para dar garantías a quienes quisieran
dejar el camino de la violencia.
Si llegare a abrirse camino esta nueva
oportunidad esperamos que no sea dilapidada pues cada fracaso
hace más difícil
despertar el respaldo de la sociedad a un posible diálogo.
Sinceridad, cese de hostilidades y compromiso, son los requisitos
básicos.
Las puertas del diálogo han estado abiertas para todos.
Es tan firme esta convicción como es firme la política
de seguridad contra todos los grupos armados ilegales. Por eso
confiamos que los grupos de autodefensa fortalezcan su compromiso
con el Cese de Hostilidades y aborden este diálogo con sinceridad.
Recuerdo hace siete años cuando encabecé la marcha
del ‘No Más’. Hoy toda la sociedad tiene que
decirle No Más a las minas antipersonal. Hoy la sociedad
tiene que decirle No Más a la violencia. Hoy nuestra democracia
y nuestro Estado son más fuertes. Hoy estamos trabajando
para legar a las futuras generaciones un país sin minas,
un país PAIS con oportunidades, un país sin corrupción,
un país con seguridad, un país tolerante, un país
sin narcotráfico, un país pluralista, multiétnico,
descentralizado y desarrollado. En ese empeño está comprometida
toda la sociedad y en este empeño hay espacio para todos.
Muchas gracias”.
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