Vicepresidente Santos entregó informe anual del gobierno
IMPORTANTES AVANCES DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH EN 2003
. Disminución de todos los índices de violencia, reducción de 52% del desplazamiento forzado y fortalecimiento del sistema de protección de personas en riesgo, entre los logros principales
Bogotá, mar. 04 ( SNE) - El Vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, informó este jueves que gracias a la política de Seguridad Democrática, durante el año 2003 se redujo el homicidio en Colombia en 20%, lo cual equivale a 5800 colombianos que preservaron su vida, el desplazamiento forzado se redujo en 52%, las masacres en 33%, el secuestro en 26%, los ataques a poblaciones en 84% y el asesinato de sindicalistas 57%.
Al entregar el informe anual de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Gobierno, reportó Santos que durante 2003 las voladuras a torres de energía disminuyeron 32%, los ataques a torres de comunicaciones 69%, ataques a acueductos 84% y a puentes 67%.
"Más colombianos que no murieron. Que no fueron secuestrados. Que no fueron víctimas del desplazamiento forzado. Millones de colombianos que recuperaron el derecho a la libre circulación, organización o empresa. Más colombianos que vuelven a sentir el amparo del gobierno y los beneficios de la seguridad gracias a que ahora hay autoridad y fuerza pública en todos los municipios del país y a que el Gobierno recuperó el control de las carreteras. Ese es el principal y mejor logro en promoción y defensa de DDHH y DIH que pueda presentar un Gobierno", dijo Santos.
El Vicepresidente resaltó que toda la información disponible en los organismos del Estado, en la academia y en Ongs ratifican que las Farc, el ELN y las AUC son autores del mayor número de violaciones de DDHH y DIH en Colombia y que en contraste con ello, la Fuerza Pública colombiana profundiza y demuestra su responsabilidad en el respeto y garantía de los derechos humanos.
Informó que mientras las operaciones tácticas de las Fuerzas Militares se multiplicaron en 137% entre 2002 y 2003 -pasaron de 4.523 a 10.730-, los autos de cargos pronunciados por la Procuraduría General de la Nación contra miembros de la Fuerza Pública por presuntas violaciones a los DDHH y al DIH se redujeron 92%. Santos dijo que el informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2002 señala que de nueve mil denuncias por infracciones al DIH con responsable conocido, sólo 261 fueron atribuidas a miembros de la Fuerza Pública y que en el año 2003 esta cifra se redujo a 161 denuncias.
"No hay ninguna duda de que nuestro pueblo está en mejores condiciones de confianza y seguridad que hace 18 meses. Estamos ganando la guerra contra las FARC, AUC y ELN que son los mayores violadores de DDHH y DIH en las Américas y estamos reduciendo día a día sus posibilidades de atentar contra los colombianos".
Según Santos Calderón otros importantes logros en defensa y promoción de DDHH alcanzados por el Estado colombiano durante el año 2003 son:
. La reducción casi total de violaciones masivas de DDHH por el fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), gracias a la labor del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) integrado por el Ministerio del Interior y de Justicia, la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, que analizó durante el año 84 informes de riesgo, de los cuales 32 se volvieron alertas tempranas.
. El fortalecimiento del Programa de Protección de Personas en Situación de Riesgo que dirige el Ministerio de Interior y Justicia que ha recibido durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe más recursos que en los cuatro años anteriores. Ello permitió ampliar su cobertura a 9.208 beneficiarios directos e indirectos lo cual representa un aumento de 89% en la cantidad de personas atendidas
. El impulso del Derecho Internacional Humanitario a través del Plan de Acción contra las minas antipersonal y la protección de la Misión Médica.
. El diseño y la concertación del Plan Nacional de Acción en derechos humanos y DIH.
. La recuperación por parte de las Fuerzas Militares de los territorios controlados por actores armados ilegales, la presencia de la Policía Nacional en las 1098 cabeceras municipales y el compromiso del Estado en su conjunto por impulsar procesos de desarrollo con mayor inversión social, acciones que permitieron que de 379.289 colombianos afectados por el desplazamiento durante 2002, se pasara a 182.076 en el 2003. Además de esa reducción sin antecedentes de 52% en el desplazamiento forzado, la Red de Solidaridad Social fue la única institución del Gobierno a la que se le duplicó el presupuesto para el 2004.
. Los resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales. Las capturas de miembros de grupos de las autodefensas aumentaron en el año 2003, 133% y la de los insurgentes 85%. De igual manera más miembros de estas organizaciones fueron dados de baja: 14% más en lo referente a la guerrilla y 85% en cuanto a las autodefensas.
El siguiente es el resumen ejecutivo del Informe Anual de DDHH y DIH del Gobierno:
INFORME ANUAL DE DDHH y DIH 2003
Resumen ejecutivo
El Estado colombiano reconoce la gravedad y magnitud de la amenaza que enfrentan sus instituciones democráticas y la sociedad en general por las acciones de grupos armados ilegales. Su poder económico, su desprecio por todas las normas humanitarias, su declarada confrontación a la democracia y a la sociedad, su creciente uso del terror han generado circunstancias que dificultan el desempeño del Estado para lograr su propósito de garantizar y proteger los derechos humanos y exigen la adopción de medidas legales proporcionales al tamaño de la amenaza.
Este informe contiene la perspectiva del Estado, compartida por millones de compatriotas, acerca de la situación de DDHH y DIH en Colombia, los avances de la política gubernamental en esos trascendentales temas y presenta los resultados conseguidos a través de la Política de Seguridad Democrática.
El actual Gobierno recibió el mandato popular de aplicar una política que lleve el Estado de Derecho a todo el territorio para garantizar a la población colombiana el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución. La presencia de las instituciones legítimamente constituidas es la mejor salvaguardia para el pleno ejercicio de las libertades y garantías constitucionales.
Política de seguridad para todos los colombianos sin distingo de condición social, opinión política o credo religioso. Y política que tiene claros sus objetivos, conceptos y métodos: fortalecer la autoridad democrática, el imperio de la ley y la participación activa de los ciudadanos y proteger los derechos de todos los colombianos, sus valores y el debate político. Todo lo anterior enmarcado en el más estricto respeto a las normas jurídicas.
El acierto y conveniencia de esta política no sólo se verifican en el enorme respaldo popular al gobierno y en la esperanza que vuelve a renacer en la sociedad sino también en los resultados alcanzados en 18 meses de esfuerzo conjunto con toda la sociedad:
. Durante el año 2003 la política de seguridad democrática redujo el homicidio en 20%, lo cual equivale a 5800 colombianos que preservaron su vida
. Redujo el desplazamiento forzado en 52%
. Las masacres en 33%
. El asesinato de sindicalistas 57%
. Redujo el secuestro en 26%
. Los ataques a poblaciones en 84%
Al iniciar el presente Gobierno las amenazas de los grupos armados ilegales tenían a 246 alcaldes despachando fuera de su municipio. A finales de 2003, el regreso de la autoridad policial y militar a 140 municipios que no la tenían les devolvió la gobernabilidad a esos municipios. Hoy faltan 14 alcaldes por regresar a su comunidad.
Esta disminución tan significativa de las violaciones a los derechos humanos se debe también al impacto que ha tenido en las organizaciones armadas al margen de la ley la disposición ofensiva de la Fuerza Pública. Las capturas de miembros de grupos de autodefensa aumentaron en 133% y la de los insurgentes en 85%. De igual manera más miembros de estas organizaciones fueron dados de baja: 14% más en lo referente a la guerrilla y del 85% en cuanto a las autodefensas. Es importante resaltar que esta dinámica permitió el fortalecimiento de la seguridad de los ciudadanos y la protección de los bienes públicos: las voladuras a torres de energía disminuyeron en 32%, torres de comunicaciones en 69%, los ataques a acueductos en 84% y a puentes en 67%.
El Estado colombiano es consciente sin embargo que la aplicación de una política de seguridad como la que requiere la actual situación entraña riesgos en el uso de la fuerza por parte de los servidores del Estado. Por lo anterior, vale la pena destacar que la Fuerza Pública colombiana profundiza y demuestra su responsabilidad en el respeto y garantía de los derechos humanos y el acatamiento al Derecho Internacional Humanitario. Mientras las operaciones tácticas se multiplicaron en 137% entre 2002 y 2003 -pasaron de 4.523 a 10.730-, los autos de cargos pronunciados por la Procuraduría General de la Nación contra miembros de la Fuerza Pública por presuntas violaciones a los DDHH y al DIH se redujeron 92%. Corroborando lo anterior, el informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2002 demuestra que de 9.000 denuncias por infracciones al DIH con responsable conocido, sólo 261 fueron atribuidas a miembros de la Fuerza Pública; y en el 2003 esta cifra se redujo a 161 denuncias.
Este Informe de DHHH y DIH 2003 que presenta el Estado colombiano es fruto de un esfuerzo conjunto y coordinado de todas las entidades. En él aparece la Política de Derechos Humanos y DIH que en un sentido amplio abarca todas las esferas de la actuación estatal y gubernamental: las acciones en marcha para realizar los derechos del niño y la igualdad de las mujeres, la política respecto de los grupos étnicos, la acción por los derechos económicos, sociales y culturales y la que procura los derechos colectivos. En ella caben las labores de los órganos judiciales por satisfacer las demandas de justicia, las garantías políticas, la transparencia en la administración de los bienes públicos y la garantía de seguridad.
La promoción, garantía y protección de los derechos compromete a todas las agencias del Estado en todos los niveles. Esta política es complementaria de la Política de Seguridad Democrática y está condensada en el Plan de Desarrollo 2002-2006.
En materia de prevención se han desarrollado estrategias en cuanto a la protección de personas en situación de riesgo, en particular los sindicalistas y los grupos étnicos minoritarios. Al funcionamiento del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, a la descentralización de la Política de Derechos Humanos y DIH a nivel departamental y local. Se ha diseñado una política contra el secuestro y desplegado una estrategia de seguridad de la red vial, para citar sino algunas acciones.
Aún en medio de las dificultades económicas que enfrenta el gobierno, el Programa de Protección de Personas en Situación de Riesgo ha sido fortalecido y ha recibido en el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe más recursos que en los cuatro años anteriores. Ello permitió ampliar su cobertura a 9.208 beneficiarios directos e indirectos que representan 89% de aumento de personas atendidas.
En cuanto a prevención de violaciones masivas de derechos humanos, se puso en funcionamiento a finales del año 2002, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) para lograr una respuesta del Estado efectiva en este marco. Durante el año 2003, se analizaron 84 informes de riesgo, de los cuales 32 se volvieron alertas tempranas. Como resultado de ello se logró la disminución casi total de las violaciones masivas de derechos humanos.
En materia de desplazamiento forzado, está en marcha una política integral que busca enfrentar el fenómeno desde dos ejes, la prevención y la atención, para lograr la estabilización socioeconómica de esta población, y su retorno cuando estén dadas las condiciones de seguridad.
Se realiza un esfuerzo importante para implementar medidas particulares de impulso del Derecho Internacional Humanitario en lo que atañe a la formulación de un Plan de Acción contra las minas antipersonal y la protección de la Misión Médica.
En el primer caso, la ejecución del Plan de Acción contempla seis componentes: la gestión de la información relativa a eventos; la educación para prevenir el riesgo; la destrucción de minas almacenadas; la descentralización del Plan de Acción; la promoción y monitoreo de la población afectada como del desminado de emergencia.
Por otro lado, se formuló un Plan de Acción en el marco de la protección a la Misión Médica que desarrolla el Programa Nacional de Salud y se orienta hacia la educación y capacitación del personal de salud; la atención al personal que ha sido víctima de acciones violentas y la masificación de la señalización de los bienes protegidos por el DIH y la carnetización del personal médico y sanitario.
Adicionalmente, la política de derechos humanos impulsa la administración de justicia en esta materia, razón por la cual el Gobierno ha definido como línea prioritaria de acción la lucha contra la impunidad. En este marco el Comité de Impulso a Investigaciones por Violaciones a los Derechos Humanos acometió durante el 2003 un proyecto que sienta las bases para elaborar en el mediano plazo una política pública en la materia. Dentro de este proyecto, el Comité ha seleccionado 100 casos cuyas investigaciones serán impulsadas conjuntamente por las autoridades judiciales y de control.
Con el propósito de solucionar las deficiencias en la planeación sectorial, el Gobierno ha venido trabajando en el diseño y la concertación del Plan Nacional de Acción en derechos humanos y DIH. Los lineamientos básicos del Plan son la noción de integralidad y de dependencia recíproca entre las llamadas generaciones de derechos humanos, además del carácter estatal y la dinámica de concertación que debe acompañar su desarrollo. Durante el año 2003, se inició la fase previa para abordar el proceso de elaboración concertada del Plan.
Concordante con el Plan de Acción en DDHH y con la política de reactivación social que permita alcanzar una mayor equidad social, el Gobierno ha priorizado políticas y programas dirigidos a la protección de la niñez, de atención a la población con discapacidad y para la mujer. Dentro de la misma está impulsando el pleno disfrute de derechos económicos y sociales tales como el derecho a la educación, a la salud, al empleo, a la alimentación y a la vivienda.
Finalmente, el Gobierno se ha esforzado por realizar un seguimiento sistemático de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y estudiar su cumplimiento, aún si la mayoría de ellas están contenidas en las acciones que el Gobierno desarrolla dentro del marco de su Política de Derechos Humanos.
Los resultados en el terreno de los derechos humanos, de la seguridad y de los beneficios sociales son claros y contundentes. Hay un inmenso camino por recorrer, formidables obstáculos por superar y logros por alcanzar, pero a la luz de los resultados y acciones contenidos en este informe es indiscutible que avanzamos en la dirección y el camino correctos.
