| Gobierno responde a documento anual sobre Derechos
Humanos y DIH
INFORME DE ONU SUBVALORA RESULTADOS EN SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Bogotá, 10 Mar. (SNE).- El Gobierno Nacional declaró este
miércoles que el informe sobre la situación de derechos
humanos divulgado por la ONU, subvalora los logros en materia de
Seguridad Democrática y respeto por los derechos humanos
en 2003, al tiempo que no reconoce la "gravedad de la amenaza" que
representan las acciones de los grupos armados ilegales.
En su respuesta al documento sobre la situación de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el Gobierno señaló que
el informe tampoco reconoce los métodos terroristas de las
organizaciones ilegales relacionadas con la explotación
de más de 100 mil hectáreas de coca para la producción
de más de 700 toneladas de coca, el secuestro de más
de 1500 civiles por año, la destrucción de 100 puentes,
los campos sembrados de minas antipersonales y el uso indiscriminado
de explosivos contra la población civil; así como
la destrucción de 483 torres de energía, 62 de comunicaciones
y el asesinato de 13 alcaldes y 70 concejales durante 2002.
"La magnitud de esta amenaza, sus recursos, su desprecio
por todas las normas humanitarias, su declarada afrenta a la democracia
y a la sociedad, sus métodos terroristas y pérfidos
generan circunstancias que dificultan el desempeño del Estado
para lograr su propósito de garantizar y proteger los derechos
humanos y exigen medidas proporcionales a esta amenaza", dice
el documento del Gobierno.
Así mismo, la respuesta al informe de la Oficina en Colombia
del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU controvierte
la percepción sobre la naturaleza de la política
de Seguridad Democrática y recuerda que esta estrategia
ha permitido garantizar "la seguridad de todas y todos los
colombianos y su bienestar de manera integral", lo cual va
de la mano con "la realidad de los resultados y la percepción
de quienes habitan el territorio colombiano".
Según la respuesta, preparada por la Dirección del
Programa Presidencial de Derechos Humanos, el documento de la ONU
subvalora logros de 2003 como la reducción en los homicidios
de 68 a 52 por cada 100 mil habitantes (la más baja en los últimos
16 años); la reducción en un 47 por ciento en el
asesinato de sindicalistas; en 52 por ciento del desplazamiento
forzado; en 33 por ciento las masacres y el secuestro en un 26
por ciento.
Otros indicadores que la ONU no tuvo en
cuenta fueron "la
reconquista del derecho a circular y pensar libremente en vastas
partes del territorio en el corto período de un año",
las cuales, a juicio del Gobierno "debieran considerarse como
elementos de análisis significativos en la valoración
que hace el Informe de la situación en Colombia".
Si bien el Gobierno reconoce que las cifras
en Seguridad Democrática
no son del todo satisfactorias, sí representan un avance
en el respeto de los derechos humanos y protección de vidas
amenazadas por los grupos armados ilegales.
Frente a la polarización registrada en el Informe de la
ONU, el Gobierno señala que no entiende ese calificativo
cuando encuestas independientes muestran un respaldo del 78 por
ciento al presidente Álvaro Uribe Vélez, así como
una imagen favorable de las Fuerzas Militares (80 por ciento) y
la Policía Nacional (67 por ciento) en contraste con la
opinión desfavorable de las AUC (99 por ciento) y de las
FARC y el ELN (99 por ciento)
"Hay un sano debate político de ideas y alternativas,
pero también un unánime rechazo a la violencia, un
repudio total a sus métodos terroristas y a la financiación
de estos grupos basada en el narcotráfico y la extorsión
generalizada. Debate político sí, rechazo total a
la violencia y al terrorismo también", dice el documento
gubernamental.
Así mismo, el informe del gobierno muestra como Colombia
cuenta con una democracia pluralista, reflejada en las garantías
reales que recibieron todos los sectores que participaron en la
campaña del referendo de octubre de 2003, así como
la masiva presencia de los colombianos en las urnas el 26 de octubre
para elegir a sus mandatarios locales y regionales, jornada electoral
que contó con el doble de candidatos frente a elecciones
anteriores.
Pero no sólo eso, como resultado de esa participación
democrática, en varias ciudades triunfaron candidatos de
grupos alternativos a los partidos tradicionales "y ahora
que están elegidos, la decisión del Gobierno es trabajar
con ellos, dentro de la Constitución, sin considerar el
origen político de su elección, con transparencia,
y por sobre todo, con el designio patriótico de unir a Colombia
dentro de la diversidad.", señala el documento.
Así las cosas, el documento agrega que "en Colombia
existe, pues, una democracia pluralista, un Estado de Derecho con
legitimidad y amplio respaldo popular que enfrenta una amenaza
injustificada, sin respaldo ciudadano, sin responsabilidad política
que acude a métodos terroristas para atacar o supuestamente
defender al Estado y que ha tomado a la población y sus
desarrollos democráticos como objetivo sin discriminación
alguna".
A pesar de los reparos mencionados, el
Gobierno declaró positivos
los reconocimientos hechos en el informe de la ONU, referentes
a la fluida interlocución de las entidades estatales con
la Oficina del Alto Comisionado en Colombia; la reducción
de homicidios, desplazamiento, masacres y ataques contra los defensores
de derechos humanos y la disposición del Gobierno Nacional
al diálogo con los grupos armados ilegales.
Frente a este tema "el Estado colombiano resalta el señalamiento
del Informe acerca del nulo compromiso de los grupos armados ilegales
con los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario,
la victimización de la sociedad civil por parte de éstos
y su reprobable financiación basada en la extorsión,
el secuestro y el narcotráfico. Comparte la afirmación
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en Colombia de que "las recomendaciones no fueron ni acogidas
ni respetadas por los grupos armados al margen de la ley, que continuaron
perpetrando graves crímenes contra la población civil"
El documento de la ONU también registra la importancia
de aumentar la presencia de la Fuerza Pública en el territorio "como
garantía de gobernabilidad, disminución de la violencia,
prevención y protección"; así como el
fortalecimiento del Programa de Protección, la implementación
del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas; el papel
de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General
de la Nación, así como el aumento de la inversión
en salud y educación, entre otros.
Con este panorama, la respuesta del Gobierno
señala que "el
fortalecimiento de la autoridad democrática en todo el territorio
es la mejor garantía para la plena vigencia de los derechos
humanos" y expresa que el Estado, en estrecha colaboración
con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y
los países amigos, está comprometido en la aplicación
de las recomendaciones del anterior informe
"Los resultados en el terreno de los derechos humanos, de
la seguridad y de beneficios sociales son claros y contundentes.
Hay un inmenso camino por recorrer, obstáculos por superar
y logros por alcanzar; no se ha logrado la superación definitiva
de los problemas pero se está avanzando en el camino correcto",
concluye el documento.
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