SUMARIO DE LA RESPUESTA DE COLOMBIA
SOBRE INFORME DE DDHH DE LA ONU
Bogotá, mar. 10 (SNE).- El siguiente es el sumario de la
respuesta presentada por el Estado colombiano al informe de Naciones
Unidas, sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia
durante el 2003:
:
SUMARIO
El Gobierno de Colombia registra con complacencia los reconocimientos
contenidos en el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los derechos humanos sobre los avances y logros del Estado
colombiano en la garantía y protección de los derechos
humanos de los colombianos y colombianas.
Estimulante valor revisten las explícitas referencias a:
- Las garantías brindadas por el Estado en el anterior
proceso electoral a todos los electores y agrupaciones políticas.
- La fluida interlocución de diferentes instancias del
Estado con la Oficina del Alto Comisionado en Colombia.
- La reducción reconocida de algunas graves violaciones
como homicidios, desplazamiento, masacres y
- la disminución de ataques en contra de los defensores
de derechos humanos.
- La disposición del Gobierno nacional al diálogo
con los grupos armados ilegales.
- La importancia de ampliar la presencia de la Fuerza Pública
en el territorio como garantía de gobernabilidad, disminución
de la violencia, prevención y protección.
- El valioso papel de la Defensoría del Pueblo y de la
Procuraduría General de la Nación.
- El fortalecimiento del Programa de Protección y la implementación
del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas.
- El aumento del gasto público en salud y educación.
- El esfuerzo en la protección de comunidades indígenas.
- El Acuerdo Nacional para la equidad de género.
- Las acciones positivas del Gobierno en lo referente a minas
antipersonal.
- Los espacios de interlocución con las organizaciones
de derechos humanos, paz y sindicatos.
El Estado colombiano resalta el señalamiento del Informe
acerca del nulo compromiso de los grupos armados ilegales con los
derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la victimización
de la sociedad civil por parte de éstos y su reprobable
financiación basada en la extorsión, el secuestro
y el narcotráfico. Comparte la afirmación del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Colombia de que "las recomendaciones no fueron ni acogidas
ni respetadas por los grupos armados al margen de la ley, que continuaron
perpetrando graves crímenes contra la población civil"[1]
De manera cordial pero enfática, el Gobierno de Colombia
expresa algunas observaciones al Informe:
En primer lugar, el Informe no reconoce la gravedad de la amenaza
que han venido enfrentando las instituciones y la sociedad colombianas
por parte de organizaciones armadas ilegales que usan métodos
terroristas. Proteger y explotar más de cien mil hectáreas
de coca con capacidad para producir 700 toneladas de cocaína,
secuestrar más de 1.500 civiles por año, dinamitar
100 puentes en un año, sembrar los campos de minas antipersonales,
utilizar toda clase de artefactos explosivos contra la población
civil, destruir 483 torres de energía y 62 torres de comunicaciones
y asesinar 13 alcaldes y 70 concejales son algunas de las acciones
de estos grupos en el año 2002.
La magnitud de esta amenaza, sus recursos, su desprecio por todas
las normas humanitarias, su declarada afrenta a la democracia y
a la sociedad, sus métodos terroristas y pérfidos
generan circunstancias que dificultan el desempeño del Estado
para lograr su propósito de garantizar y proteger los derechos
humanos y exigen medidas proporcionales a esta amenaza.
En el Informe no se percibe cabalmente la naturaleza de la política
de Seguridad Democrática dirigida a garantizar la seguridad
de todas y todos los colombianos y su bienestar de manera integral,
se cuestiona su legitimidad y propósitos, se oculta su relevancia
para garantizar y proteger los derechos humanos; en ocasiones se
puede deducir del informe, que esta política es una amenaza
para el ejercicio de los derechos, contrariando la realidad de
los resultados y la percepción de quienes habitan el territorio
colombiano.
A criterio del Gobierno, el Informe subvalora los logros obtenidos
en el 2003; reducir la tasa de homicidios de 68 a 52 por cada cien
mil habitantes, la más baja de los últimos 16 años,
la muerte de sindicalistas en un 57%, el desplazamiento forzado
en un 52%, las masacres en un 33%, o el secuestro en un 26% para
no hablar de la reconquista del derecho a circular y pensar libremente
en vastas partes el territorio en el corto período de un
año debieran considerarse como elementos de análisis
significativos en la valoración que hace el Informe de la
situación de Colombia. No estamos satisfechos con estos
avances, porque no toleramos que haya un sólo colombiano
a quien se le violen sus derechos. Pero los hechos muestran que
muchas vidas se han salvado y protegido gracias a la acción
decidida de las instituciones legítimas.
No es entendible cuando se habla de polarización en la
sociedad colombiana mientras encuestas independientes constatan
un respaldo del 78% al mandato del Presidente Álvaro Uribe
y sitúan la imagen favorable de las Fuerzas Militares en
un 80%, y de la Policía Nacional en un 67%. Por el contrario,
el 91% tiene una opinión desfavorable de las AUC y el 99%
de las FARC y el ELN.
Hay un sano debate político de ideas y alternativas, pero
también un unánime rechazo a la violencia, un repudio
total a sus métodos terroristas y a la financiación
de estos grupos basada en el narcotráfico y la extorsión
generalizada. Debate político sí, rechazo total a
la violencia y al terrorismo también.
Tal como lo manifestara el Presidente Uribe en su discurso ante
el Parlamento Europeo, "con el fortalecimiento del Estado,
nuestra democracia pluralista ha hecho el tránsito de las
garantías formales y retóricas a las efectivas y
reales. El referendo propuesto por el Gobierno y votado el 25 de
octubre pasado fue discutido y aprobado por el Congreso, modificado
su texto por la oposición, examinado y reducido por la Corte
Constitucional. Abstencionistas y opositores dispusieron de todos
los espacios para la expresión de sus tesis. Nadie pudo
quejarse de cercenamiento de libertades o de hostilidad gubernamental".
"Al día siguiente, el pueblo eligió 30 gobernadores
entre 133 candidatos; 914 alcaldes entre 3.441 candidatos; 398
diputados entre 373 listas integradas por 2.723 candidatos; de
6.105 listas con 56.590 candidatos se eligieron cerca de 11.000
concejales municipales; y, de 3.156 listas con 13.387 candidatos
se eligieron las juntas administradoras locales. El número
de candidatos se duplicó en relación con certámenes
anteriores."
"En varias ciudades y departamentos triunfaron candidatos
de grupos alternativos a los partidos tradicionales, de organizaciones
derivadas de antiguas guerrillas, de agrupaciones llámense
de izquierda o de oposición. En la campaña que ellos
adelantaron, la preocupación fundamental del Gobierno fue
rodearlos de plenitud de garantías. Y ahora que están
elegidos, la decisión del Gobierno es trabajar con ellos,
dentro de la Constitución, sin considerar el origen político
de su elección, con transparencia, y por sobre todo, con
el designio patriótico de unir a Colombia dentro de la diversidad."
En Colombia existe, pues, una democracia pluralista, un Estado
de Derecho con legitimidad y amplio respaldo popular que enfrenta
una amenaza injustificada, sin respaldo ciudadano, sin responsabilidad
política que acude a métodos terroristas para atacar
o supuestamente defender al Estado y que ha tomado a la población
y sus desarrollos democráticos como objetivo sin discriminación
alguna.
Durante el año 2003 se aplicó la política
de Seguridad Democrática para proteger los derechos de todos
sin distingo de condición social, opinión política,
raza, credo religioso o género. Política que pretende
ante todo garantizar y proteger derechos y libertades, que reclama
su legitimidad por su origen democrático, su respaldo popular
y el respeto a los derechos humanos en los medios utilizados para
lograr sus propósitos.
Esta política hace parte de un concepto integral de la
gestión de gobierno, igualmente preocupada por lograr la
transparencia en la administración del Estado derrotando
la corrupción, la demagogia, el clientelismo y la imposición
de acuerdos de las cúpulas en detrimento de los puntos de
vista del resto de la sociedad.
Gestión de gobierno dirigida a favorecer a los más
desvalidos mediante la reactivación económica y social.
Algunos de los avances en esta materia se reflejan en la revolución
educativa que en un año logró reducir en un 25% el
déficit escolar atendiendo 500.000 nuevos estudiantes; en
la disminución del desempleo en 3 puntos creando 1.241.218
empleos; en el servicio estatal de educación técnica
que pasó de 1.070.000 estudiantes atendidos a 2.266.768
en el año, superando la meta de ese período en un
16%; en los 1.061.651 nuevos beneficiarios del sistema de salud;
y en los 2.463.363 niños beneficiarios de los restaurantes
escolares y 322.051 de desayunos infantiles.
Esta caracterización de la realidad colombiana conduce
a una conclusión clara: el fortalecimiento de la autoridad
democrática en todo el territorio es la mejor garantía
para la plena vigencia de los derechos humanos. En Colombia no
se estaba ante un Estado fuerte que fuera una amenaza para los
derechos humanos, sino ante un Estado democrático que no
tenía capacidad para garantizar el disfrute de sus derechos
a los ciudadanos y ciudadanas. No se puede temer al fortalecimiento
de la capacidad de proteger del Estado en un país con la
tradición democrática, las instituciones, la Constitución
y las leyes y la calidad del pueblo con que cuenta Colombia.
- El Estado colombiano ha estado igualmente comprometido, en
estrecha coordinación con la Oficina del Alto Comisionado
y los países amigos, en la aplicación de las recomendaciones
del anterior informe:
- Prevenir mediante la respuesta oportuna al SAT o la protección
de personas especialmente vulnerables;
- Proteger a comunidades en riesgo;
- Fortalecer la capacidad del Estado localmente para promover,
garantizar y proteger derechos;
- Responder oportunamente a organismos internacionales;
- Liderar procesos de distensión local;
- Apoyar las investigaciones y dinamizar el Comité de
Impulso de investigación de casos de graves violaciones;
- Educar en derechos humanos;
- Controlar el comportamiento de la Fuerza Pública;
- Combatir a todos los grupos ilegales con la misma intensidad
y de la misma manera;
- Responder a las demandas vitales básicas de la sociedad;
- Trabajar porque la cultura de los derechos humanos se arraigue
en la sociedad o
- Legislar con responsabilidad, entre otros, hicieron parte del
quehacer cotidiano del Estado durante el 2003.
Se actuó con responsabilidad, interés y compromiso.
La política de derechos humanos ocupó lugar destacado
en las preocupaciones y labores del Gobierno y articuló los
esfuerzos de múltiples instancias del Estado bajo la coordinación
del Vicepresidente de la República. La política de
derechos humanos va más allá de las recomendaciones
y está concebida de manera integral. Tal como lo ha señalado
el Presidente Álvaro Uribe Vélez: "Nuestro país
está abierto a la vigilancia de la comunidad internacional.
Contamos con la presencia, reclamada por nosotros, de la Oficina
del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sus
recomendaciones se reciben con respeto. Cuando no son atendibles
a juicio del Gobierno, se discute con franqueza".
Todos estos esfuerzos se realizaron con una gran apertura a la
comunidad internacional y acudiendo sólo de manera excepcional
a los Estados de Excepción consagrados en el ordenamiento
constitucional.
El respaldo político a la democracia colombiana recibido
en Londres fue un importante aliciente para enfrentar la situación
tan compleja que se vive; el Estado colombiano reitera su voluntad
de desarrollar relaciones constructivas con la comunidad internacional
con los objetivos de fortalecer la democracia, la garantía
de los derechos humanos en el país y lograr el desarrollo
con oportunidades para todos.
En esas relaciones fundadas en los valores humanitarios compartidos,
en las convicciones democráticas, en el deseo común
de superar la pobreza y en el rechazo a la violencia, el terrorismo
y el narcotráfico, el pueblo de Colombia espera seguir contando
con la solidaridad del mundo y haciendo esfuerzos que expresen
la corresponsabilidad en la defensa de esos valores y en la superación
de esos problemas.
A la par con el trabajo conjunto por las recomendaciones y el
desarrollo de la política estatal para promover, garantizar
y proteger los derechos humanos, el Estado colombiano desarrollará sus
mejores esfuerzos para controlar la nefasta acción de todos
los grupos ilegales contra los derechos de los colombianos, lograr
una mayor eficacia de la justicia e investigar ágilmente
los señalamientos contra miembros de la Fuerza Pública
que desacaten sus obligaciones legales y las instrucciones de sus
superiores.
El mundo debe tener la certeza de que el enemigo de la humanidad
y de los valores compartidos de la dignidad humana no es el Estado
colombiano; el enemigo es quien utiliza la violencia contra la
población civil alimentada por el narcotráfico mediante
la práctica del secuestro, el uso indiscriminado de minas
antipersonal u otras armas prohibidas por las normas del Derecho
Internacional Humanitario, y no vacila en utilizar el terrorismo
contra la voluntad democrática y el pueblo de Colombia.
Los resultados en el terreno de los derechos humanos, de la seguridad
y de beneficios sociales son claros y contundentes. Hay un inmenso
camino por recorrer, obstáculos por superar y logros por
alcanzar; no se ha logrado la superación definitiva de los
problemas pero se está avanzando en el camino correcto.(Fin)
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[1] Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos
en Colombia. E/CN.4/2004/013, página 38.
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