TEXTO DE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
A INFORME SOBRE DDHH
Bogotá, mar. 10 (SNE).- El siguiente es el texto completo
de la respuesta del Estado colombiano al informe presentado hoy
por la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas, sobre
la situación de los Derechos Humanos en el país,
durante el 2003:
CONSIDERACIONES DEL
ESTADO DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA AL INFORME DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE
LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS 2003
El Estado colombiano
reconoce el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos
de las Naciones Unidas en
Colombia, del CICR, de los diferentes organismos internacionales
y de los países amigos que contribuye significativamente
a la tarea de fortalecer el Estado de Derecho y la democracia colombianas
y proteger a la población en medio de la compleja realidad
del país.
Colombia tiene una profunda gratitud por su compromiso, por sus
esfuerzos para comprender y actuar en medio de las dificultades,
por compartirlas con el pueblo colombiano y por las experiencias
que transmiten fruto del acumulado de la humanidad en la lucha
por construir la democracia con plenos derechos y convivencia entre
todos.
La presentación del Informe, hecho a petición de
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
su 59° período de sesiones, brinda al Estado colombiano
la oportunidad de expresar sus opiniones v compartir sus realizaciones
en un diálogo respetuoso y sincero con la comunidad internacional.
El Gobierno de Colombia
registra con complacencia los reconocimientos, contenidos en
el Informe del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, de los avances y logros del Estado colombiano
en la garantía y protección de los derechos humanos
de los colombianos y colombianas.
Estimulante valor
reviste las explícitas
referencias a:
- Las garantías brindadas por el Estado en el anterior
proceso electoral a todos los electores y agrupaciones políticas.
- La fluida interlocución de diferentes instancias del
Estado con la Oficina del Alto Comisionado en Colombia.
- La reducción
reconocida de algunas graves violaciones como homicidios, desplazamiento,
masacres y
- la disminución
de ataques en contra de los defensores de derechos humanos.
- La
disposición del Gobierno nacional al diálogo
con los grupos armados ilegales.
- La importancia de ampliar la
presencia de la Fuerza Pública
en el territorio como garantía de gobernabilidad, disminución
de la violencia, prevención y protección.
- El valioso
papel de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría
General de la Nación.
- El fortalecimiento del Programa
de Protección y la implementación
del Comité Interinstitucional de
- Alertas Tempranas.
- El aumento del gasto público en salud
y educación.
- El esfuerzo en la protección de comunidades
indígenas.
- El Acuerdo Nacional para la equidad de género.
- Las acciones
positivas del Gobierno en lo referente a minas antipersonal.
- Los espacios de interlocución con las organizaciones de
derechos humanos, paz y sindicatos.
El Estado colombiano
resalta el señalamiento del Informe
acerca del nulo compromiso de los grupos armados ilegales con los
derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la victimización
de la sociedad civil por parte de estos y su reprobable financiación
basada en la extorsión, el secuestro y el narcotráfico.
Comparte la afirmación del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Colombia de que "las recomendaciones
no fueron ni acogidas ni respetadas por los grupos armados al margen
de la ley, que continuaron perpetrando graves crímenes contra
la población civil"[1]
De manera cordial
pero enfática,
el Gobierno de Colombia expresa algunas observaciones al Informe:
En primer lugar, el
Informe no reconoce la gravedad de la amenaza que enfrentan las
instituciones y la
sociedad colombianas por parte
de organizaciones armadas ilegales que usan métodos terroristas.
Proteger y explotar más de cien mil hectáreas de
coca con capacidad para producir 700 toneladas de cocaína,
secuestrar más de 1.500 civiles por año, dinamitar
100 puentes en un año, sembrar los campos de minas antipersonales,
utilizar toda clase de artefactos explosivos contra la población
civil, destruir 483 torres de energía y 62 torres de comunicaciones
y asesinar 13 alcaldes y 70 concejales son algunas de las acciones
de estos grupos en el 2002.
La magnitud de esta
amenaza, sus recursos, su desprecio por todas las normas humanitarias,
su declarada
afrenta a la democracia y
a la sociedad, sus métodos terroristas y pérfidos
generan circunstancias que dificultan el desempeño del Estado
para lograr su propósito de garantizar y proteger los derechos
humanos y exigen medidas proporcionales a esta amenaza.
En el Informe no se
percibe cabalmente la naturaleza de la política
de Seguridad Democrática dirigida a garantizar la seguridad
de todas y todos los colombianos, se cuestiona su legitimidad y
propósitos, se oculta su relevancia para garantizar y proteger
los derechos humanos; en ocasiones se puede deducir del informe,
que esta política, antes que crear condiciones y mecanismos
para garantizar la vida y libertades de los colombianos, es una
amenaza para el ejercicio de los derechos, contrariando la realidad
de los resultados y la percepción de quienes habitan el
territorio colombiano.
A criterio del Gobierno,
el Informe subvalora los logros obtenidos en el 2003; reducir
la tasa de homicidios
de 68 a 52 por cada cien
mil habitantes, la más baja de los últimos 16 años,
la muerte de sindicalistas en un 57%, el desplazamiento forzado
en un 52%, las masacres en un 33%, o el secuestro en un 26% para
no hablar de la reconquista del derecho a circular y pensar libremente
en vastas partes el territorio en el corto período de un
año debieran considerarse como elementos de análisis
significativos en la valoración que hace el Informe de la
situación de Colombia. No estamos satisfechos con estos
avances, porque no toleramos que haya un sólo colombiano
a quien se le violen sus derechos. Pero los hechos muestran que
muchas vidas se han salvado y protegido gracias a la acción
decidida de las instituciones legítimas.
No es entendible cuando
se habla de polarización en la
sociedad colombiana mientras encuestas independientes constatan
un respaldo del 78% al mandato del Presidente Álvaro Uribe
y sitúan la imagen favorable de las Fuerzas Militares en
un 80%, y de la Policía Nacional en un 67%. Por el contrario,
el 91% tiene una opinión desfavorable de las AUC y el 99%
de las FARC y el ELN.
Hay un sano debate
político de ideas y alternativas, pero
también un unánime rechazo a la violencia, un repudio
total a sus métodos terroristas y a la financiación
de estos grupos basada en el narcotráfico y la extorsión
generalizada. Debate político sí, rechazo total a
la violencia y al terrorismo también.
Comprende el Estado
colombiano las dificultades para la Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos de elaborar un Informe que satisfaga opiniones tan diversas
en el mundo sobre nuestro país. Pero consideramos nuestra
responsabilidad mostrar nuestra perspectiva, compartida por millones
de compatriotas sobre la situación de Colombia, explicitar
la política del Gobierno y presentar los resultados que
se han venido logrando.
Colombia enfrenta
una amenaza contra las instituciones democráticas
y la población por el creciente uso del terror por parte
de los diferentes grupos armados que han desechado todas las posibilidades
de negociación y de la persuasión deliberante y que
no tienen ninguna consideración por la comunidad internacional
ni por las normas humanitarias.
También sufre el país los embates de quienes alegando
la ausencia del Estado y la crueldad de otros grupos, han pretendido
la defensa armada y a diario convierten en víctima a la
sociedad que dicen defender.
Colombia ha logrado
profundas transformaciones democráticas,
institucionales y sociales, superando a los grupos que en algún
momento reivindicaron esos propósitos con las armas y hoy
son un obstáculo para el desarrollo democrático y
la superación de la pobreza.
Es en ese contexto
que el actual Gobierno ha recibido el mandato popular de aplicar
una política de Seguridad Democrática.
Política que no está cerrada al diálogo y
la negociación, pero que exige buena fe, un cese de hostilidades
contra la población y la presencia de la comunidad internacional
como garante y facilitadora.
Política de seguridad para todos los colombianos y colombianas
sin distingo de condición social, opinión política
o credo religioso. Baste registrar los recientes resultados electorales
en los cuales en la capital del país, el departamento del
Valle y cientos de municipios escogieron autoridades locales salidas
de partidos tradicionalmente de oposición; candidatos que
contaron con todas las garantías y cuyo triunfo ha sido
respetado.
Tal como lo manifestara
el Presidente Uribe en su discurso ante el Parlamento Europeo, "con el fortalecimiento del Estado,
nuestra democracia pluralista ha hecho el tránsito de las
garantías formales y retóricas a las efectivas y
reales. El referendo propuesto por el Gobierno y votado el 25 de
octubre pasado fue discutido y aprobado por el Congreso, modificado
su texto por la oposición, examinado y reducido por la Corte
Constitucional. Abstencionistas y opositores dispusieron de todos
los espacios para la expresión de sus tesis. Nadie pudo
quejarse de cercenamiento de libertades o de hostilidad gubernamental".
"Al día siguiente, el pueblo eligió 30 gobernadores
entre 133 candidatos; 914 alcaldes entre 3.441 candidatos; 398
diputados entre 373 listas integradas por 2.723 candidatos; de
6.105 listas con 56.590 candidatos se eligieron cerca de 11.000
concejales municipales; y, de 3.156 listas con 13.387 candidatos
se eligieron las juntas administradoras locales. El número
de candidatos se duplicó en relación con certámenes
anteriores."
"En varias ciudades y departamentos triunfaron candidatos
de grupos alternativos a los partidos tradicionales, de organizaciones
derivadas de antiguas guerrillas, de agrupaciones llámense
de izquierda o de oposición. En la campaña que ellos
adelantaron, la preocupación fundamental del Gobierno fue
rodearlos de plenitud de garantías. Y ahora que están
elegidos, la decisión del Gobierno es trabajar con ellos,
dentro de la Constitución, sin considerar el origen político
de su elección, con transparencia, y por sobre todo, con
el designio patriótico de unir a Colombia dentro de la diversidad."
Política de seguridad que pretende llevar la autoridad
democrática del Estado de Derecho a todo el territorio para
garantizar el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución
de la República. ¿Qué garantía podían
tener los ciudadanos de 174 municipios donde no había presencia
de la Fuerza Pública o los campesinos de regiones donde
los grupos al margen de la ley imponían sus designios? La
realidad colombiana, y la de cualquier país, demuestra que
la presencia de las instituciones legítimamente constituidas
es la mejor salvaguardia para el pleno ejercicio de las libertades
y garantías constitucionales.
Esta política de seguridad tiene claros sus objetivos,
conceptos y métodos:
- Reforzar y garantizar
el Estado de Derecho en todo el territorio mediante el fortalecimiento
de la autoridad
democrática,
del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio
de la ley y de la participación activa de los ciudadanos
en los asuntos de interés común. (Párrafo
4 de la Política de Seguridad Democrática).
- La seguridad se entiende
como la protección del ciudadano
y de la democracia por parte del Estado, con la cooperación
solidaria y el compromiso de toda la sociedad, sobre la base de
la protección de los derechos de todos los ciudadanos, independientemente
de su sexo, raza, origen, lengua, religión o ideología
política; de la protección de los valores, la pluralidad
del debate político y las instituciones democráticas;
y la solidaridad y la cooperación de toda la ciudadanía
en la defensa de los valores democráticos, expresada no
solo en el ejercicio del voto, sino también en el respeto
y la promoción de los valores cívicos que enmarcan
la pluralidad del debate político, en el desempeño
de un papel activo en los asuntos públicos, y en la defensa
de las libertades de todos. (Párrafo 6 de la Política
de Seguridad Democrática).
- Todas las actuaciones
del Gobierno se darán dentro del
marco de las normas jurídicas. Habrá una observancia
rigurosa de los derechos humanos y un estricto acatamiento al Derecho
Internacional Humanitario, como lo exigen la Constitución
y la ley. Cualquier violación o abuso a los derechos humanos
que cometa un miembro de la Fuerza Pública o de cualquier
otra entidad del Estado será sancionado sin vacilaciones
en la vía disciplinaria y la penal si a ello hubiera lugar.
(Párrafo 24 de la Política de Seguridad Democrática).
Sobre estas directrices,
el Estado con la cooperación ciudadana
ha defendido la sociedad colombiana y las instituciones democráticas
con pleno apego a la Constitución, las leyes y los tratados
internacionales. Se ha hecho con el control de la Corte Constitucional
reconocida como una de las más progresistas del mundo; con órganos
de control independientes y la presencia de los medios de comunicación
y de todos los organismos internacionales que han querido compartir
nuestra suerte. Este comportamiento surge de una profunda convicción
democrática y del compromiso sagrado con los colombianos
y colombianas que anhelan una patria pacífica, próspera,
democrática e incluyente.
La justeza de esta
política no sólo lo demuestra
el respaldo popular y la esperanza que vuelve a renacer sino también
los resultados logrados en 18 meses de esfuerzo conjunto con toda
la sociedad: se ha evitado la muerte de 5.800 colombianos y colombianas,
el secuestro de 786 personas y el desplazamiento de 197.000 más.
Durante el año 2003, las masacres disminuyeron en 33%, el
asesinato de sindicalistas en 57%, los ataques a poblaciones en
84%; millones de colombianos han recuperado el derecho a la libre
circulación, organización o empresa al garantizar
el control de carreteras y de todos los cascos urbanos del país.
Esta disminución significativa de las violaciones a los
derechos humanos que propició la política obedece
además en buena medida al impacto que ha tenido en las organizaciones
armadas al margen de la ley la disposición ofensiva de la
Fuerza Pública. Ésta ha fortalecido su presencia
en el territorio a través de la Policía que llegó a
todos los municipios, la creación de Batallones de Alta
Montaña, el aumento y mayor efectividad del poder aéreo
y el desarrollo de operaciones sostenidas, que han provocado un
debilitamiento de los grupos armados ilegales.
En este marco las
capturas de los miembros de grupos de autodefensa aumentaron
en un 133% y la de los insurgentes
en un 85%. De igual
manera más miembros de estas organizaciones fueron dados
de baja con un incremento del 14% en lo referente a la guerrilla
y del 85% en cuanto a las autodefensas. Es importante resaltar
que esta dinámica permitió el fortalecimiento de
la seguridad de los ciudadanos y la protección de los bienes
públicos: las voladuras a torres de energía disminuyeron
en un 32%, a torres de comunicaciones en un 69%, los ataques a
acueductos en un 84% y a puentes en un 67%.
EL TRABAJO CON LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME 2002 DE LA OFICINA
DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Con gran respeto y
atención se han estudiado las recomendaciones
de la Oficina del Alto Comisionado. Se han asumido con responsabilidad
y sin oportunismo, se ha visto en ellas una valiosa herramienta
para desarrollar la política de derechos humanos sin agotarla
en el cumplimiento de las recomendaciones. Con satisfacción
se ha registrado que muchas de ellas corresponden a las políticas
adoptadas por el país democráticamente y consagradas
en el Plan de Desarrollo.
Prefiere el Estado
un análisis compartido, sincero y abierto,
a una aceptación formal de estas recomendaciones sin compromiso
real en su realización. Relaciones transparentes antes que
promesas demagógicas. Le preocupa al Estado valoraciones
que reducen las recomendaciones al comportamiento en un tema específico
o evaluaciones que desconocen la realidad y el compromiso con acciones
hechas para alcanzar el bienestar del pueblo colombiano.
A esta respuesta se
adjunta un cuadro con las acciones realizadas por todo el Estado
en su conjunto con
la cooperación de
la Oficina y la comunidad internacional en pro de la aplicación
de las recomendaciones, sin embargo, valga la pena señalar
algunos ejemplos.
SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS.
El Gobierno decidió, en común acuerdo con la Defensoría
del Pueblo, la implementación del Comité Interinstitucional
de Alertas Tempranas en noviembre de 2002 para lograr una respuesta
del Estado que hiciera efectivo el Sistema de Alertas Tempranas.
Durante el año 2003, se analizaron 84 Informes de Riesgo,
de las cuales 32 se volvieron Alertas Tempranas; los demás
se tramitaron ante las autoridades respectivas a pesar de no haber
sido considerados como Alertas Tempranas. Se estudiaron adicionalmente
53 Notas de Seguimiento a Informes de Riesgo producidos en el año,
acerca de los cuales se hicieron recomendaciones a las autoridades
civiles y militares de las respectivas regiones y se realizó el
correspondiente seguimiento. De igual forma, se realizó por
parte del Gobierno y la Defensoría, la capacitación
a las autoridades en todo el país para responder a estos
informes y se decidió un mecanismo de seguimiento de las
acciones emprendidas.
Este sistema de seguimiento
ha estado permanentemente a disposición
de la Oficina del Alto Comisionado y de la Defensoría del
Pueblo; en este momento se avanza en estudios de riesgo regional
para implementar estrategias que afecten el riesgo de manera estructural;
la disminución de las violaciones masivas de derechos humanos
y la presencia de este tipo de incidentes en menos del 1% de los
informes de riesgo atendidos demuestra el compromiso con la respuesta.
Hoy enfrentamos nuevos retos: relacionar esta recomendación
con la protección de comunidades en riesgo y enfrentar las
violaciones sistemáticas de derechos humanos, nueva forma
de agresión a la población ante el control a las
violaciones masivas.
PROGRAMA DE PROTECCIÓN
A PERSONAS VULNERABLES
El Programa de Protección de personas especialmente vulnerables
ha sido fortalecido. En el 2003 recibió 34.000 millones
de pesos, lo que le ha permitido ampliar su cobertura a 9.208 beneficiarios
directos e indirectos.
El compromiso de las
autoridades locales en la protección
de estas personas es creciente. En varias regiones del país
se realizan consejos de seguridad mensuales dedicados al análisis
y adopción de medidas en este sentido.
Muestra de ello, en
el caso particular de los sindicalistas, es el resultado de las
Mesas de Distensión y Diálogo
Social presididas por el Vicepresidente de la República
y el Ministro de Protección Social, con la participación
de los presidentes de las centrales obreras y los gremios, de líderes
y autoridades regionales, en las cuales se adoptan medidas de prevención
con compromisos verificables y mensurables. A la fecha se han realizado
estas mesas en Valledupar, Barranquilla, Arauca, Barrancabermeja,
Bucaramanga, Cali, Pereira y Medellín.
PROTECCIÓN
DE COMUNIDADES EN RIESGO
El Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Red de Solidaridad Social promovieron las reuniones
con
el Sistema de Naciones Unidas
para establecer medidas efectivas; como resultado de este trabajo
se visitaron tres regiones del país y se hicieron las respectivas
valoraciones. La Red de Solidaridad Social propició una
evaluación independiente de los factores de riesgo, amenazas,
vulnerabilidades y estrategias de protección. Las recomendaciones
de dicho estudio están en proceso de implementación.
Junto con la Defensoría del Pueblo y en aplicación
de medidas cautelares se han implementado mecanismos mixtos de
verificación, acompañamiento, sensibilización
y protección a las comunidades de los Embera en el Sinú,
de afrocolombianos en Cacarica, Jiguamiandó y Curbaradó,
de los Kankuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta y de San José de
Apartadó. Estas medidas combinan la presencia, cada dos
meses, de Gobierno, órganos de control y organizaciones
no gubernamentales con la asistencia permanente de defensores comunitarios
en las comunidades. La estrategia busca verificar la situación,
tomar medidas preventivas y disuasivas y dinamizar las relaciones
entre las comunidades y las autoridades locales para lograr una
adecuada protección. A partir del 1 de marzo se implementaron
mecanismos de acompañamiento permanente en el Macizo Colombiano
(departamentos de Cauca y Nariño) y en la Sierra Nevada
de Santa Marta.
INCORPORACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL
El Gobierno ha comprendido
la necesidad de desarrollar acciones orientadas a generar cambios
de actitud
favorables al respeto de
los derechos humanos y a promover una cultura basada en los principios
de la tolerancia, el respeto a la diferencia, a la democracia y
al Estado de Derecho. Para ello, el Ministerio de Educación
Nacional suscribió, en septiembre de 2003, una carta de
compromiso interinstitucional con la Defensoría del Pueblo,
con el propósito de "impulsar la formación,
respeto y práctica de los derechos humanos desde el Sistema
Educativo Colombiano" en donde se conviene:
- Poner en marcha el mandato de la Ley del Plan Nacional
de Desarrollo para la implementación de la educación
en derechos humanos en los establecimientos educativos de Colombia.
- Promover acciones de coordinación
y de apoyo institucional para la formulación del Plan Nacional
para la formación,
respeto y práctica de los derechos humanos, desde el sistema
educativo.
- Diseñar, validar y poner en marcha un plan piloto
de formación de formadores que asuman la responsabilidad
de ejecutar dicho Plan.
También el Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado
lineamientos curriculares en Constitución Política
y democracia, ética y valores humanos y ciencias sociales,
en los que los derechos humanos son referentes orientadores para
el diseño curricular pertinente. Adicionalmente, el Ministerio
de Educación Nacional se encuentra desarrollando el programa
de Competencias Ciudadanas.
EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A LA FUERZA PÚBLICA
La política de Seguridad Democrática, reflejando
la conciencia de que la autoridad de la Fuerza Pública reposa
en la alta legitimidad de que gozan entre la población,
ha señalado como mecanismo indispensable el fortalecimiento
de los programas educativos en materia de derechos humanos y Derecho
Internacional Humanitario. A través de la Directiva Permanente
800-4 de febrero de 2003, se estableció el Plan de Integración
de los derechos humanos y el DIH en la Doctrina Militar y Policial
y, en la actualidad, todos los cursos de formación, ascenso
o especialidad tienen incorporados los DDHH y el DIH en su contenido.
El Ministerio de Defensa
tiene convenios con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
de San José de Costa Rica, el Instituto
Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, Italia y las
Universidades Javeriana y Externado de Colombia. Estas instituciones
han sido soporte de la educación en estas disciplinas en
las líneas de formación de docentes e instructores
y en actividades no formales de capacitación.
La Policía ha implementado un proceso de formación
en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, dirigido a todas las Seccionales de
Formación Policial, buscando la transversalización
en la enseñanza de los derechos humanos y del Derecho Internacional
Humanitario. Así mismo, se ha elaborado el "Manual
pedagógico orientado a la enseñanza del Derecho Internacional
Humanitario".
MINAS ANTIPERSONAL
Con reconocimiento
de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
Colombia, explícito en el propio Informe[2] y
de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, se viene dando
cumplida aplicación a la política gubernamental y
a los contenidos de la Convención de Ottawa.
Para consolidar los
procesos de planeación, se aprobó en
2003 y está en ejecución, el Plan Nacional de Acción
contra las Minas y se ha avanzado en el proceso de descentralización
para involucrar en su desarrollo a las autoridades departamentales
y municipales. De igual forma se ha fortalecido el Sistema de Gestión
de Información como instrumento para la adopción
de políticas específicas; se ha capacitado a autoridades
civiles, militares, organizaciones no gubernamentales y sociales
en información y educación para la prevención
de accidentes; se han diseñado y puesto en ejecución
programas orientados a la atención de las víctimas
de minas y se viene dando cumplimiento al Plan de Destrucción
de las 23.451 minas en poder de las Fuerzas Militares. A la fecha
se han desarrollado tres eventos de destrucción de minas.
El Gobierno, dadas
las características, gravedad y alcance
de esta problemática ha asignado para la vigencia 2004 recursos
presupuestales por 2.500 millones de pesos, a pesar de las dificultades
de índole fiscal. La señalización de campos
minados, como un componente del tema de prevención en la
ocurrencia de accidentes, será una de las acciones prioritarias
en el presente año.
APLICACIÓN
DEL DIH
La política de Seguridad Democrática plantea que
la seguridad de los colombianos se restablecerá de acuerdo
con el ordenamiento constitucional y el respeto de los derechos
humanos y con la plena aplicación del Derecho Internacional
Humanitario, en contraposición a la arbitrariedad y los
abusos de las organizaciones armadas ilegales. Para ello, se han
establecido las siguientes acciones:
- La permanente formación
en el tema de DIH.
- Con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
se está haciendo permanente capacitación y entrenamiento
para aplicar los principios del DIH en el planeamiento y conducción
de las operaciones.
- Todas las operaciones aéreas
deben ser aprobadas por el Comando de la FAC, como un mecanismo
de control.
Vale la pena destacar
que como resultado de las acciones llevadas a cabo, en el informe
anual del Defensor
del Pueblo en el 2002
se puede observar que de 9.000 denuncias por infracciones al DIH
con responsable conocido, sólo 261 son atribuidas a los
miembros de la Fuerza Pública y en el 2003 se registraron
161 denuncias.
COMITÉ ESPECIAL
DE IMPULSO DE INVESTIGACIONES POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
En materia de lucha
contra la impunidad en violaciones de derechos humanos e infracciones
al Derecho
Internacional Humanitario, el
Comité Especial de Impulso de Casos aprobó un proyecto,
cuya ejecución se inició a partir de la suscripción
de un Convenio de Cooperación Internacional en el mes de
junio de 2003.
Este Comité seleccionó 115 casos emblemáticos,
varios de ellos propuestos por la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, y ha
impulsado la realización de varias comisiones de trabajo
con participación de funcionarios de la Fiscalía
General de la Nación, de la Procuraduría General
de la Nación y de los organismos de seguridad del Estado
que han dado como resultado la captura de comandantes de grupos
de autodefensas ilegales, de oficiales del Ejército y de
la Policía, de sicarios y de autores materiales de los hechos
criminales, decomiso de abundante material de intendencia, armamento,
municiones, equipos de comunicación, vídeos y documentación.
DERECHOS ECONÓMICOS
SOCIALES Y CULTURALES
Desde el Gobierno se ha asumido el compromiso de atender de manera
integral los derechos humanos de todas y todos los colombianos.
Para ello el Gobierno
trabaja un plan denominado 7 Herramientas de Equidad, que son:
la revolución educativa, la protección
social, el impulso a la economía solidaria, el manejo social
del campo, de los servicios públicos, el país de
propietarios y la calidad de vida urbana.
Las acciones adelantadas
en el 2003 en materia de derechos sociales, económicos y culturales, a pesar de las limitaciones fiscales,
buscaron traer beneficios a los sectores más necesitados
y mejorar las condiciones de vida de la población colombiana.
Muestra fehaciente de este compromiso son los 477.958 nuevos cupos
en educación básica y media y 34.858 en educación
superior lo que ha ampliado la cobertura en la educación
básica y media hasta un 86,3%; el servicio estatal de educación
técnica pasó de 1.070.000 estudiantes atendidos a
2.266.768 en el año, superando la meta de ese período
en un 16%; 1.241.218 empleos creados; 1.061.651 nuevos beneficiarios
del sistema de salud; 2.463.363 niños beneficiarios de los
restaurantes escolares y 322.051 de desayunos infantiles; los diferentes
programas de nutrición infantil favorecen a 5.000.000 de
niños; el crédito para pequeñas empresas creció en
el último año en un 57%.
En el último año la tasa de desempleo descendió 3
puntos y se ubicó en 12,3%.
Hoy hay 20.000 "familias guardabosques" para cuidar
las áreas libres de coca y supervisar la recuperación
de la selva. Cada una recibe alrededor de 2.000 dólares
al año. Se aspira llegar a 50.000 familias.
En 2003 la economía creció cerca del 4%, a pesar
de que el cálculo inicial de los expertos fue 2%. La inversión
privada aumentó en un 17%.
PLAN NACIONAL DE ACCIÓN
El Gobierno ha considerado
como una de sus prioridades en materia de derechos humanos la
elaboración concertada del Plan Nacional
de Acción de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
y la ha incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo.
Se ha avanzado en
la formulación y adopción de la
propuesta metodológica y de contenidos para su elaboración
y el documento respectivo fue enviado a la Oficina en Colombia
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
desde el mes de septiembre de 2003; la Oficina manifestó su
disposición a apoyar el trabajo basado en dicha propuesta
e hizo algunas observaciones que una vez evaluadas se adoptarán
de considerarlas pertinentes. De acuerdo con el cronograma establecido
el Plan deberá estar formulado, de manera concertada, a
finales del primer semestre de 2004.
Como insumos para
el proceso se identificaron y sistematizaron las recomendaciones
internacionales pertinentes
a cada uno de los
temas objeto de las rutas de concertación y se ha avanzado
en la identificación de la oferta institucional correspondiente
y de los interlocutores. Hoy está conformado el equipo de
trabajo que ha asumido esta responsabilidad.
La condición de la concertación para la elaboración
del Plan permitirá, además, consolidar el proceso
de interlocución con las organizaciones sociales y no gubernamentales
en el que viene empeñado el Gobierno y el compromiso de
toda la sociedad para lograr la plena vigencia de los derechos
humanos en el país.
INTERLOCUCIÓN
CON ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
En efecto, tal como
lo dice el Informe[3], desde la Vicepresidencia de la República se ha impulsado un proceso de interlocución
con organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos
en una doble perspectiva: por una parte para escuchar y atender
sus reclamos y por otra, desarrollada aun de manera incipiente,
para fortalecer un espacio de debate democrático sobre políticas,
medidas y acciones en materia de derechos humanos.
Además, como ya se señaló, la interlocución
ha tenido lugar regional y sectorialmente. Regionalmente, a través
de reuniones con voceros y delegados de las organizaciones sociales
y no gubernamentales defensoras de derechos humanos, autoridades
territoriales civiles y militares para analizar la situación
de derechos humanos, y sectorialmente para discutir temas específicos
como el de los derechos humanos de los sindicalistas o de quienes
conforman la Misión Médica.
Durante el año 2003 se han presentado candentes debates
entre las ONG's y el Gobierno Nacional pero manteniendo el esfuerzo
por garantizar su trabajo y la protección a sus miembros.
El Gobierno ha expresado con claridad sus puntos de vista y desaprobado
las tergiversaciones de algunas ONG's o rechazado los análisis
inspirados más en posiciones políticas que en la
objetividad. Tal como lo ha expresado el Señor Presidente "Reconozco
el espacio de las ONG's de Derechos Humanos, valoro la tarea de
muchas, sin perjuicio de expresar mis desacuerdos en relación
a informes que no correspondan a los hechos".
REVISIÓN DE
ARCHIVOS DE INTELIGENCIA
En relación con la revisión de los archivos de inteligencia,
el Vicepresidente de la República encabezó sendas
reuniones con las organizaciones no gubernamentales sobre este
tema. A la Fuerza Pública se le han reiterado las instrucciones
respecto a que la pertenencia a organizaciones sociales o no gubernamentales
no es un motivo para generar acciones de inteligencia por parte
del Estado.
Con todas las dificultades
que implica hacer pública la
información de inteligencia en medio de amenazas como las
que enfrenta el Estado y la sociedad colombianos, el Ministerio
de Defensa estuvo dispuesto a proporcionar la información
al Procurador General de la Nación en relación con
listados que él suministrara. Sin embargo, no fue posible
implementar esta medida por el concepto del Procurador de que este
procedimiento viola normas internas y conceptos de la Corte Constitucional.
El Estado colombiano
mantendrá las instrucciones sobre
los criterios para construir archivos e inteligencia y revisará internamente
la doctrina y organización de esta actividad de la defensa
y seguridad nacional.
RECOMENDACIONES A
LA FISCALÍA
El Fiscal General
de la Nación y el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmaron el 7 de
noviembre de 2003 una carta de entendimiento que establece el compromiso
de ese organismo para prestar asesoría a la Fiscalía,
con el fin de contribuir a su fortalecimiento mediante la ejecución
de un proyecto de cooperación técnica. Dicho proyecto
de cooperación contempla, entre otros puntos, la adopción
e implementación de las recomendaciones formuladas por la
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en los ámbitos de prevención
y protección, incluida la recomendación sobre Programa
de Protección.
En relación con el Programa de Protección de Testigos
se realizó una consultoría cuyo informe fue puesto
a consideración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, el 24 de febrero último, con
el fin de reforzar algunas recomendaciones y reformular otras,
además de mencionar aspectos como la importancia de ofrecer
protección a los funcionarios de la entidad y el impacto
del sistema acusatorio.
Acerca de la necesidad
de fortalecer la independencia de la Unidad de Derechos Humanos
de la Fiscalía, el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas apoyará la elaboración de
un diagnóstico de la Unidad Nacional de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario y la creación de un
grupo especializado en investigación de presuntos vínculos
entre servidores públicos y grupos armados ilegales.
Respecto de la recomendación de presentar ante el Congreso
un proyecto de ley para reglamentar la carrera de los empleados
y funcionarios de la Fiscalía, es importante señalar
la presentación ante el Congreso de la República
del proyecto de ley estatutaria cuyo objeto es el logro de la eficiencia
y excelencia en la prestación del servicio, y la igualdad
de condiciones para el ingreso, permanencia y el retiro de los
servidores con base en sus méritos. Este proyecto contiene
los principios rectores: la clasificación de empleos; proceso
de selección; concurso; provisión de cargos; calificación
de desempeño; y retiro de carrera.
SOLUCIÓN NEGOCIADA
Se recomendaba en
el Informe anterior hacer esfuerzos para buscar una salida dialogada
a la situación de violencia. El mundo
es testigo que, desde el momento de su posesión, el Presidente Álvaro
Uribe Vélez solicitó los buenos oficios del Secretario
General de las Naciones Unidas para este propósito. Mientras
el Representante Especial del Secretario General ha permanecido
desde ese entonces con la mayor voluntad, las FARC han rehusado
toda posibilidad de diálogo y exigen al Estado que reconozca
como legítima la violación de las normas humanitarias
de tomar rehenes civiles y que acceda a un acuerdo inconveniente
para la reconciliación y la aplicación de esas normas.
Las puertas del diálogo siguen abiertas, un diálogo
serio y sincero para lo cual el Gobierno, y a partir de experiencias
anteriores, solicita el cese de acciones contra los civiles y la
presencia de las Naciones Unidas como facilitador y garante de
esas eventuales negociaciones.
Con el ELN se han
agotado muchos recursos, esfuerzos que han sido igualmente infructuosos
a pesar de la
voluntad del Gobierno: diálogo
directo en la Habana, Comisión Facilitadora de la sociedad
civil, Grupo de países amigos hasta diálogo del Presidente
de la República con Felipe Torres.
Las gestiones adelantadas
por la Iglesia Católica colombiana
con los grupos de autodefensas condujeron a la declaratoria del
Cese de Hostilidades por estos grupos en diciembre de 2002, decisión
que fue respondida por el Gobierno con la designación de
una Comisión Exploratoria y la apertura de un diálogo
bajo la dirección del Alto Comisionado para la Paz. Estos
grupos han expresado su voluntad de dejar las armas y han desmovilizado
cerca de 1.000 miembros de sus filas.
La violación de este cese de hostilidades la puso en evidencia
el Alto Comisionado para la Paz en su informe público del
mes de febrero[4]. Confía el Gobierno en que la participación
de la Organización de Estados Americanos decidida recientemente
logre una verificación real y efectiva del cese de hostilidades
contra los civiles, condición imprescindible para mantener
el diálogo con estos grupos.
El Gobierno es consciente
del desafío que entraña
conciliar las condiciones para la desmovilización de este
grupo con las demandas de justicia, verdad y reparación
para las víctimas. Para disponer de mayores elementos de
juicio sobre el tema, el Presidente abrió un debate público
al cual invitó a participar a ONG's y a la comunidad internacional,
al tiempo que el Congreso ha realizado audiencias públicas
sobre el mismo. En estos momentos se tramita en el Congreso de
la República un proyecto de Ley de iniciativa gubernamental.
La participación ciudadana y el debate democrático
señalarán los marcos jurídicos para enfrentar
este eventual proceso de desmovilización.
LEGISLACIÓN
INTERNA Y DERECHOS HUMANOS
Conviene hacer referencia
a la recomendación que solicitaba
abstenerse, de manera especial, de dotar de funciones de policía
judicial a los miembros de las Fuerzas Militares. Desde el momento
de su formulación, el Gobierno hizo observaciones a esta
recomendación porque consideraba que imponía límites
no contraídos en tratados internacionales y porque la pertinencia
o no de esa medida dependía de la valoración de la
situación interna del país hecha por el Congreso
de la República con el control de la Corte Constitucional.
La magnitud de la
amenaza que se cierne sobre Colombia y la debilidad del aparato
de justicia ausente
en el 60% del territorio aconsejaban
adoptar esta medida. Haciendo honor a la vocación democrática
colombiana, el Acto Legislativo que consagró esta medida
estableció severos controles y límites, ceñida
a los principios del derecho internacional e interno. Así mismo
determinó que no son funciones para toda la Fuerza Pública
sino para unidades especializadas que actúan bajo la dirección
de la Fiscalía y que no se pueden aplicar sino en casos
de terrorismo y en las partes del territorio donde no hagan presencia
investigadores judiciales. Los procedimientos tienen control inmediato
de jueces, procurador y de forma periódica por parte del
Congreso. Son facultades con límite en el tiempo y los miembros
de estos cuerpos especializados están obligados a entrenamiento
previo y al responder por sus actuaciones no pueden alegar el fuero
militar. Durante este semestre será sometida al Congreso
la Ley Estatutaria que desarrolla este Acto Legislativo. Es claro
que son facultades para procurar la protección de la sociedad
y no su atropello.
LOS RETOS
Como se puede observar
a lo largo del presente documento, el Estado colombiano ha actuado
positivamente en relación
con aquellas recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado
que ha considerado
pertinentes. En aquellos casos en los cuales ha considerado que
no son atendibles en su totalidad las ha discutido con franqueza.
Probablemente se hubiera
podido avanzar más o de manera
más rápida; será nuestro reto seguir trabajando
para mejorar la situación de derechos humanos y en la aplicación
de una política que garantice plenamente los derechos y
libertades en Colombia. Lo que no comparte el Estado colombiano
es que la aplicación de la política es contraria
a las obligaciones del Estado y al ideal de los derechos humanos
compartidos por la humanidad. La política que se está implementando
es precisamente para garantizar derechos a todos y todas en Colombia
y en todo el territorio nacional.
Aunque los resultados
demuestran que se está caminado en
la senda correcta, el Estado colombiano reconoce que muchos problemas
persisten, al tiempo que demanda la comprensión de la comunidad
internacional. Dado que tantas y tan complejas dificultades no
se resuelven en el corto plazo, algunos merecen especial preocupación.
En primer lugar, la
incidencia de los grupos de autodefensa ilegal en las violaciones
a los derechos humanos
en medio de un proceso
de diálogo para lograr su desmovilización. Como lo
reconoce el Informe de la Oficina del Alto Comisionado ha habido
una disminución de la actividad criminal de estos grupos,
pero persiste su actitud de vulnerar los derechos de muchas personas
en Colombia. El Gobierno ha colocado como condición para
iniciar el diálogo la declaratoria de un cese de hostilidades
por parte de ellos, válida para cualquier grupo armado.
El Alto Comisionado
para la Paz hizo público recientemente
un balance al respecto. En este sentido, el Gobierno Nacional está contemplando
la concentración de los miembros de estos grupos en áreas
claramente delimitadas con el fin de tomar las medidas necesarias
para lograr el cumplimiento total del cese de hostilidades. Se
registra con gran esperanza la decisión de la Organización
de Estados Americanos de acompañar este diálogo y
facilitar la verificación de los acuerdos logrados a partir
de la firma de un Acuerdo con el Gobierno nacional, celebrado en
el mes de febrero de 2004.
En tanto esa concentración no tenga lugar, el Gobierno
persistirá en combatir con firmeza a los grupos de autodefensa
que violen el cese de hostilidades. Los resultados durante el año
2003 así lo demuestran.
En segundo lugar,
la otra gran expresión de la debilidad
del Estado es la eficacia del sistema judicial con relación
a todos los tipos de delito en Colombia.
Próximamente se presentará al Congreso un paquete
de reformas al sistema judicial, reformas que, aunadas a la cooperación
internacional y a la adopción de una política pública
contra la impunidad, se espera transformen esta situación.
El Estado colombiano
es consciente que la aplicación de
una política de seguridad como la que requiere la actual
situación entraña riesgos en el uso de la fuerza
por parte de los servidores del Estado. Vale la pena destacar que
la Fuerza Pública colombiana ha venido asumiendo su responsabilidad
en el respeto y garantía de los derechos humanos. Mientras
las operaciones tácticas se han multiplicado en 137%, los
autos de cargos pronunciados por la Procuraduría General
de la Nación contra miembros de la Fuerza Pública
se han reducido en 92%.
Ante los casos presentados
en el Informe del Alto Comisionado de vulneración de derechos humanos y del Derecho Internacional
Humanitario por parte de miembros de la Fuerza Pública,
contraviniendo obligaciones legales, instrucciones y órdenes
superiores, el Gobierno fortalecerá los mecanismos de control
interno y pedirá a los órganos de control y justicia
actuar con la mayor diligencia. "La acusación justa
será sancionada sin vacilación" expresó el
Presidente Álvaro Uribe en su discurso de reconocimiento
de tropas al asumir el gobierno.
El Estado colombiano
ve positivamente los ajustes a las recomendaciones del presente
informe. La mayoría de las dirigidas al Estado
hacen parte ya de la política que se está implementando.
Otras comportan dificultades como la revisión e información
pública de archivos de inteligencia después del concepto
del Procurador General de la Nación o son susceptibles de
interpretación como las limitaciones que a la legislación
interna le hacen los tratados internacionales; en este último
caso el Gobierno se atiene a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Por esas razones,
el Estado examinará con la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
el alcance y los mecanismos para implementar y evaluar las recomendaciones
y señalará sus observaciones cuando lo crea conveniente.
Esta revisión se hará con espíritu constructivo,
amplio, abierto y en la búsqueda del propósito común
de lograr la garantía y protección de todos los derechos
para todas las personas en el territorio nacional.
La comunidad internacional
debe tener la certeza de la voluntad, el compromiso y la decisión de garantizar las libertades
y derechos en Colombia y de la gratitud del pueblo colombiano para
quienes lo acompañan sinceramente en este propósito.
(Fin)
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sobre la situación de los derechos humanos
en Colombia. E/CN.4/2004/013, página 38.
[2] "En seguimiento de la Recomendación del Alto Comisionado
en cuanto al cumplimiento de las obligaciones internacionales en
materia de minas antipersonal, se ha registrado acciones positivas
en la política gubernamental, particularmente en el marco
del Observatorio de Minas Antipersonal y, especialmente, en la
preparación de un detallado Plan Nacional de Acción
Integral contra las Minas Antipersonal; así como en el fortalecimiento
del Sistema de Información de Acción contra Minas
Antipersonal (ISMMA). La Oficina ha tomado nota con interés
que el Estado colombiano empezó el 26 de junio de 2003 la
destrucción de minas almacenadas, conforme a la Convención
de Ottawa". Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos
humanos en Colombia. E/CN.4/2004/013. Página 14.
[3] "Bajo el liderazgo de la Vicepresidencia, el Gobierno
nacional abrió unos espacios de interlocución con
las organizaciones de derechos humanos, de paz y los sindicatos.
Debe destacarse la adopción de la Directiva 09 de la Ministra
de Defensa, de julio de 2003, en la que se ratifica la Directiva
Presidencial 07 del Gobierno anterior, de septiembre de 1999, y
se instruye a los servidores públicos al respeto por los
defensores de derechos humanos y por el trabajo de sus organizaciones".
Informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia.
E/CN.4/2004/013. Página 24.
[4] "Es de subrayar la falta de acatamiento, en la mayoría
de las regiones, del compromiso de un cese de hostilidades, como
presupuesto del proceso de dialogo entre el Gobierno nacional y
el grupo más grande de paramilitares, las Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC)". Informe del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los
derechos humanos en Colombia. E/CN.4/2004/013. Página 18.
|
