Gobierno seguirá colaborando
en buscar una salida
CRÍTICA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL TOLIMA E
IBAGUÉ
Ibagué, mar. 15 (SNE). - Hacer grandes esfuerzos de reestructuración
y de ajuste para que tanto el departamento del Tolima como la ciudad
de Ibagué superen la crítica situación que
atraviesan, pidió el Gobierno Nacional a los mandatarios
seccionales.
Durante el consejo comunal de gobierno
de seguimiento, Ana Lucía
Villa Arcila, directora de la Dirección de Apoyo Fiscal
del Ministerio de Hacienda, explicó detalladamente los problemas
que enfrenta esta región del país.
La funcionaria se refirió a la solicitud que le hicieran
el Gobernador y los alcaldes del Tolima al presidente de la República, Álvaro
Uribe Vélez, para la reestructuración de la deuda
con la Central de Inversiones S.A. y otra para que se apruebe la
aplicación de los recursos de las regalías al prepago
de la deuda financiera del departamento.
Recordó que el departamento del Tolima se acogió a
la Ley 550 de Reestructuración Económica de sus pasivos,
y en el caso de Ibagué, la ciudad está en un programa
de saneamiento fiscal con garantías de la Nación
sobre 79 mil millones de deuda publica.
Adicionalmente hay 12 municipios del Tolima
acogidos unos a los beneficios de la Ley 550 y otros a programas
de ajuste con garantía
de la Nación.,
CASO TOLIMA
Para el caso específico de la Gobernación del Tolima,
Villa Arcila dijo que de acuerdo con información del gobernador
anterior, ya se reestructuró la deuda pública con
la Central de Inversiones S.A.
Explicó que la Central de Inversiones es una entidad que
recogió la cartera de los bancos Cafetero, del Estado y
Central Hipotecario en liquidación. Esta Central es la cobradora
de esa cartera antigua.
Aclaró que la labor del Gobierno Nacional es la de actuar
como "amigable componedor" entre las partes, es decir
entre el departamento y los acreedores, que deben acordar plazos,
intereses y programación de pagos.
La funcionaria explicó que si el actual gobernador del
Tolima, Jorge García Orjuela, quiere modificar el acuerdo
de pagos tiene que convocar a los acreedores a una nueva votación
de condiciones de pago, y allí la labor del Ministerio de
Hacienda será de promover la reunión.
Con referencia a la segunda solicitud de
prepagar deuda con los recursos de las regalías, la señora Villa Arcila
invitó a las autoridades departamentales a revisar la propuesta.
"Yo creo que esto no es consecuente con una solicitud de
reestructurar todo el programa de pagos y solicitar que alguna
de las fuentes sirva para prepago, cuando lo que estamos necesitando
aquí, según la solicitud, es liberar unos recursos
para inversión", afirmó.
Llamó la atención de que
uno de los grandes riesgos del Tolima es el problema pensional
por la elevada carga que tiene.
"Si el Tolima no tuviera la carga pensional que tiene sería
un departamento que estaría cumpliendo con los límites
de gasto que establece la ley y tendría un espacio mayor
para cumplir los pagos con sus acreedores", advirtió.
Villa recordó que en la administración anterior
se solicitó la creación de un fondo especial como
patrimonio autónomo que se encargaría de pagar las
pensiones, y se iría fondeando o nutriendo con recursos
de regalías.
Informó que el Plan Nacional de Desarrollo prevé la
posibilidad de orientar parte de las regalías al fortalecimiento
de eso fondo para el pago de pensiones.
La funcionaria indicó que de los 12 alcaldes que se han
atendido en el Ministerio de Hacienda en programas de ajuste, hay
dificultades muy severas con municipios que recibieron el apoyo
de la Nación, garantías a su reestructuración
de deuda, y hoy día no reportan la información y
no se dejan ayudar para que tengan mejores resultados de gestión
fiscal.
Llamó al atención a la Gobernación del Tolima
para que ayude con los municipios de Lérida y el Espinal
por tener una situación bastante crítica, y están
retardados 6 meses en los reportes de información.
CASO IBAGUÉ
Sobre una petición de la administración de Ibagué para
poder comprometer recursos de vigencias futuras y destinarlos al
arreglo de la malla vial, la directora de Apoyo Fiscal recordó que
la Ley 819 de responsabilidad fiscal no le permite a ninguna entidad
territorial comprometer recursos sobre ingresos futuros que pueden
ser inciertos.
La funcionaria advirtió que si van a solicitar créditos
al Findeter para infraestructura vial tendrían que demostrar
cuál es la fuente de pago, pero este año no lo podrán
hacer porque Ibagué no tiene capacidad de endeudamiento
y tendría que recuperar sus indicadores de solvencia para
poder endeudarse.
Acerca de una solicitud presentada al Ministerio
de Hacienda para reformar el acuerdo de pago con los acreedores
por 79 mil millones
de pesos, recordó que la Nación no puede hacerse
cargo del 40 por ciento de la deuda del municipio y que por la
garantía que le dio hasta por el 40 por ciento de esa deuda
total con el fin de que los banqueros bajaran los intereses y mayores
plazos, no es posible.
"Si hoy día el municipio quisiera replantear esos
términos de pago con el sector financiero, la Nación
de acuerdo con el marco legal vigente tendría que retirar
la promesa de la garantía porque se están cambiando
las condiciones en las que la Nación otorgó las garantías
cuando tenía marco legal para hacerlo. Sin embargo en el
Ministerio de Hacienda se está haciendo un análisis
jurídico para mirar si hay cambio de condiciones se mantiene
o no la garantía de la Nación", reveló.
Agregó que bajo ninguna circunstancia la Nación
puede asumir la deuda de ninguna entidad territorial.
Con respecto al tema del Fondo de Pensiones
Públicas (Fonpet)
la señora Villa Arcila dijo que la solicitud del municipio
de Ibagué no es clara sobre qué quiere, pues este
es un fondo que recibe recursos de la Nación, los departamentos
y los municipios.
Si la petición es que el Fonpet se haga cargo del pago
de las pensiones la funcionaria aclaró que la Ley 549 ordena
que las entidades territoriales únicamente pueden hacer
uso de los recursos cuando tengan fondeado hasta el 50 por ciento
del cálculo actuarial.
"Ibagué no ha presentado ni una sola cifra de cuánto
vale su cálculo actuarial, luego no sabemos si puede hacer
uso de parte de los recursos o no lo puede hacer", enfatizó.
Con respecto al uso de los excedentes financieros
para hacer inversión
social, señaló que al cierre del año 2003
Ibagué no tenía excedentes o utilidades.
Aclaró que hay un equipo del Gobierno dedicado a estudiar
la situación de Ibagué, pero le indicó que
la solución no depende del Gobierno Nacional sino que está en
Ibagué.
La propuesta del Ministerio de Hacienda
es que Ibagué haga
un ejercicio de fortalecimiento institucional y conseguir una mayor
capacidad de respuesta al municipio.
"Las modificaciones al programa de ajuste que desarrolle
el municipio de Ibagué, las propone Ibagué a sus
acreedores financieros. No es la Nación la que entra a hacer
modificaciones. Ahora bien, la Nación analizará de
acuerdo con el marco jurídico, si mantiene o no las garantías.
Y en ningún caso la Nación le puede pagar deudas
a ninguna entidad territorial", puntualizó.
No obstante la secretaria privada de la
Presidencia de la República,
Alicia Arango Olmos, manifestó que el compromiso del Jefe
del Estado es tratar de colaborarles, dentro del marco legal, a
todos los departamentos y municipios, y ayudarlos a salir de los
problemas.
La meta del Gobierno es guiarlos y apoyarlos
en las propuestas que hagan, no dejarlos abandonados y apoyarlos
a salir adelante,
puntualizó.
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