DISCURSO DEL VICEPRESIDENTE SANTOS EN GINEBRA

Ginebra, Suiza, mar. 16 (SNE).- El siguiente es el texto del discurso del vicepresidente, Francisco Santos Calderón, en el segmento de altas personalidades de la 60° sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU

Esta 60 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU está marcada por graves y recientes hechos producto de una amenaza que hoy afecta a todos los ciudadanos del mundo: el terrorismo.

Quiero evocar y exaltar ante todo, el recuerdo y la memoria de ese extraordinario hombre que fue Sergio Vieira de Melho, ejemplo de ponderación, compromiso e inteligencia, quien murió junto con varios de sus colaboradores en Bagdad, sacrificado por la irracional acción de los terroristas, precisamente cuando realizaba la tarea a la cual dedicó la mayor parte de su vida: trabajar por la dignidad y los derechos humanos de los habitantes del planeta.

Hace cinco días España, y Europa en general, sufrieron el más cruel y cobarde ataque terrorista en la historia reciente de este continente. Sentimos este ataque como propio, no solo porque entre los doscientos muertos hay dos colombianos, John Jairo Ramírez Bedoya y Gloria Inés Bedoya, sino porque sabemos como país el dolor imborrable que deja el terrorismo en una sociedad. El gobierno y el pueblo de Colombia expresamos nuestra indignación, nuestro dolor, nuestra solidaridad y acompañamos al pueblo español y a su gobierno en estos momentos difíciles.

Así mismo, sentimos como propia la muerte de cada uno de los seres humanos que perecieron en los atentados en la isla de Balí, en el Teatro Dubrovka y en el metro de Moscú, en las calles y los buses de Jerusalén, en el consulado británico de Estambul y en tantas otras acciones sanguinarias que ha padecido el mundo durante el último año.

Colombia es el país del mundo que ha sufrido con mayor rigor e intensidad la violencia y el terrorismo y por ello entendemos mejor que nadie el significado y alcance de esos ataques.

Fuimos víctimas de más de 8.300 ataques de destrucción colectiva con explosivos en los últimos seis años.

Para que ustedes tengan una idea exacta del tamaño del sacrificio que imponen los terroristas a nuestro pueblo bastaría citar que en la masacre de Bojayá (Chocó) perpetrada por las FARC el 3 de Mayo de 2002, murieron 120 personas, 46 menores de edad. En la masacre del río Naya (Cauca) ocurrida el 14 de abril del 2001 las AUC asesinaron 130 personas, mientras que el ELN dio muerte a 82 colombianos en la masacre de Machuca (Antioquia) ocurrida por un ataque al oleoducto que incendió este pueblo el 18 de Noviembre de 1998.

Durante el 2003 se registraron en Colombia hechos abominables como el asesinato de un niño que engañado murió al explotar su bicicleta convertida en bomba; un carro bomba que mató a 32 personas, seis de ellos niños, en el club El Nogal de Bogotá; una casa bomba que dejó 15 muertos al estallar en Neiva, Huila; un caballo bomba en Chita (Boyacá) donde murieron 8 personas; dos motocicletas bomba que cobraron la vida de 14 personas; un carro bomba en un centro comercial en Cúcuta que dejó 7 muertos y 60 heridos; decenas de miles de minas anti-personal que hirieron a 495 colombianos y quitaron la vida a 160 más y 2.200 personas secuestradas que son mantenidas en condiciones infrahumanas.

Desde la experiencia colombiana somos enfáticos en señalar que el tamaño y la gravedad creciente del accionar de las organizaciones terroristas envían un mensaje contundente a la humanidad: no pueden persistir dudas ni vacilaciones frente al terrorismo.

Tampoco son admisibles ambigüedades ni caminos intermedios en la respuesta que los gobiernos y los pueblos debemos dar en este momento de enormes dificultades: tolerancia cero con el terrorismo. Estamos comprometidos en una guerra entre los defensores de la libertad contra organizaciones criminales que pretenden imponer sus fines y su voluntad a las mayorías, a sangre y fuego.

La historia nos exige grandeza, fortaleza y determinación para defender y consolidar los principios y valores fundamentales que ha construido la humanidad a lo largo de su historia: la justicia, la democracia plena, la libertad, los derechos humanos y la convivencia pacífica, entre otros.

La experiencia colombiana, que además hoy sufre el mundo con gran intensidad, demuestra que en todas partes el terrorismo comparte sus crueles características. Cualquiera que sea su pretexto u objetivo las acciones de los grupos terroristas siempre se distinguen porque:

• Sus ataques afectan por igual a niños y adultos, a hombres y mujeres, a pobres y ricos.
• Ningún principio ético ni humanitario les es importante.
• No responden políticamente ante nadie.
• Se proponen crear un clima de zozobra y paralizar a la sociedad.
• Quieren suspender y eliminar la deliberación democrática.
• La dignidad humana y la limitación de los medios de combate son conceptos extraños a su práctica.
• Pretenden limitar y retroceder las conquistas democráticas.
• Siempre están articulados a las formas de criminalidad más ruines como el narcotráfico, la corrupción, el tráfico de armas y sustancias explosivas.
• Envilecen cualquier causa esgrimida como pretexto.
  

Nuestro país ha acumulado valiosas lecciones y ha obtenido importantes logros en su esfuerzo por evitar que el terror imponga sus designios en su territorio y a la vez para mejorar la vigencia de los derechos humanos en el país.

La nuestra es la democracia más antigua y una de las más estables de América Latina. Desde inicios del siglo pasado ha experimentado cambios pacíficos de gobierno cada cuatro años, con excepción de la dictadura militar entre 1953 y 1958. Nuestros líderes han sido elegidos siempre por el pueblo a través de elecciones libres, justas y competitivas. Hay plenas garantías a la oposición política de izquierda que el año pasado en octubre derrotó al Gobierno en un referendo y eligió al Alcalde de la capital y al Gobernador del Valle del Cauca, uno de los departamentos más importantes del país. En nuestro país hay plena libertad de prensa. Y aún en estas épocas de grandes dificultades económicas, el Gobierno destina decenas de millones de dólares al año para proteger actividades vulnerables -sindicalistas, autoridades locales, defensores de derechos humanos, miembros de partidos de oposición, periodistas y minorías étnicas entre otros- y a dar asistencia humanitaria a las víctimas del terrorismo.

Esa democracia está seriamente amenazada por las minorías que integran las FARC, el ELN y las AUC, que realizan constantemente todo tipo de violaciones de los Derechos Humanos y del DIH.

La respuesta del Gobierno a esta amenaza es la política de seguridad democrática cuyo objetivo fundamental es rescatar el imperio de la ley y extender una presencia activa y constante de las instituciones en todo el territorio para dar seguridad, justicia, fortalecer la institucionalidad local, propiciar oportunidades para el desarrollo con dignidad y promover la transformación de las regiones marginadas e inseguras.

Un Estado no puede permitir que sus ciudadanos y ciudadanas sean víctimas del terror y pierdan la posibilidad de ejercer sus derechos y libertades. Por eso, mandato del Presidente Álvaro Uribe es fortalecer en todos los rincones del territorio nacional la capacidad del Estado para proteger a toda la ciudadanía sin distingo de raza, credo u orientación política.

Estamos defendiendo legítimamente a nuestro pueblo, con persistencia y sin vacilaciones, contra los violentos.

Y aunque todavía nos falta un largo camino por recorrer me complace informarles que lo estamos defendiendo con buenos resultados. Gracias a la política de seguridad democrática, durante el año 2003 se redujo el homicidio en Colombia en 20%, lo cual equivale a decir que 5800 colombianos preservaron su vida. Logramos reducir el desplazamiento forzado en 52%, las masacres en 33%, el secuestro en 26%, los ataques a poblaciones en 84% y el asesinato de sindicalistas 57%.

Más colombianos que no murieron. Que no fueron secuestrados. Que no fueron víctimas del desplazamiento forzado. Millones de colombianos que recuperaron el derecho a la libre circulación, organización o empresa. Más colombianos que vuelven a sentir el amparo del gobierno y los beneficios de la seguridad gracias a que ahora hay autoridad y fuerza pública en todos los municipios del país y a que el Gobierno recuperó el control de las carreteras. Ese es el principal y mejor logro en promoción y defensa de DDHH y DIH que pueda presentar un Gobierno.

Seguridad sin desarrollo no es sostenible. De ahí que al mismo tiempo logramos reducir el desempleo del 15 al 12%, ampliamos en 500.000 los cupos educativos, vinculamos a un millón nuevas personas a los servicios de salud, duplicamos en un año el número de estudiantes beneficiarios de formación técnica, acudimos con complementos nutricionales a más de 320 mil niños.

Estas cifras demuestran de manera contundente que la aplicación de la Política de Seguridad Democrática tiene una importante incidencia sobre la garantía y protección de los derechos y libertades de colombianos y colombianas. Y explican claramente el respaldo popular, más del 80 por ciento según sondeos independientes, a la gestión gubernamental.

Nuestro gobierno ejerce autoridad, no autoritarismo. La política de seguridad democrática se aplica con estricta observancia de las normas internas y de los tratados internacionales de derechos humanos y DIH.

Es una política firme para combatir a los violentos pero a la vez generosa con quienes dejan las armas. 2.600 personas fueron acogidas en los programas del Estado para su reincorporación a la vida democrática, durante el año pasado.

Nuestro Gobierno no exige condiciones indignas pero tampoco acepta imposiciones surgidas del terror. Hemos permanecido abiertos al diálogo pero todos los intentos acometidos con las FARC y el ELN, con la ayuda de países amigos y de la ONU, han sucumbido ante la intransigencia de quienes orientan esas organizaciones armadas ilegales.

Nos preocupa la persistencia de algunos problemas como lograr el funcionamiento eficiente de la justicia. Ningún sistema judicial puede funcionar bien en medio de las presiones y la debilidad de las instituciones en el territorio; hemos dado el primer paso al ampliar el control territorial por parte de las autoridades legítimas pero problemas estructurales, técnicos, de cultura y de recursos impiden un pleno ejercicio de la justicia. Respetando la independencia de este poder, el Gobierno respaldará las acciones que se adelanten para superar esta grave deficiencia y prestará la protección necesaria para su adecuado y cabal funcionamiento.

Redoblar esfuerzos para limitar los crímenes de los grupos armados ilegales contra la población es otra de nuestras preocupaciones centrales. Quienes se involucren en un proceso de diálogo tendrán que respetar el cese de hostilidades al que se comprometan y quienes persistan en la violencia serán combatidos con rigor. Al respecto, el Gobierno tiene grandes expectativas en la Misión de Acompañamiento a los Procesos de Paz decidida por la Organización de Estados Americanos y espera avanzar hacia la concentración de los miembros de las autodefensas para lograr su desmovilización.

La Fuerza Pública de Colombia goza de un gran respeto por parte de la población y su accionar siempre se acoge a las normas vigentes y a los derechos humanos. Lo certifican los hechos: mientras las operaciones tácticas de las FFMM se multiplicaron en un 137% entre 2002 y 2003 -pasaron de 4.500 a 10.700-, los cargos formulados por la Procuraduría General de la Nación contra miembros de la Fuerza Pública por presuntas violaciones a los DDHH y al DIH se redujeron un 92%. El informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2002 señala que de 9.000 denuncias por infracciones al DIH con responsable conocido, sólo 261 fueron atribuidas a miembros de la Fuerza Pública. En el año 2003 esta cifra se redujo a 161 denuncias.

Somos conscientes sin embargo de que contraviniendo la política estatal y las órdenes superiores, integrantes de las Fuerzas Armadas incurren ocasionalmente en violaciones a los derechos humanos. Trabajamos y continuaremos haciéndolo para fortalecer los mecanismos de prevención y control así como para sancionar estos comportamientos inaceptables para el gobierno, el Estado y la sociedad.

Colombia considera conveniente y acepta el escrutinio internacional. Acorde con esa tradición formulé en el pasado período de sesiones, una invitación abierta a los organismos de la Comisión. Hoy, debo agradecer la visita de la Relatora para la Educación, del Relator contra el Racismo, del Relator para la libertad de Opinión y de Expresión y del Relator para los Pueblos Indígenas.

Todos ellos visitaron nuestro país, se entrevistaron con diferentes actores de la sociedad colombiana, visitaron regiones y fueron atendidos por funcionarios del Gobierno al más alto nivel. Fueron testigos de los esfuerzos de nuestro Estado para hacer realidad los mandatos contenidos en la Constitución de Colombia, constataron nuestros esfuerzos y palparon las dificultades, obstáculos y limitaciones.

Nuestro Estado estudia sus recomendaciones e informes y formularemos próximamente nuestras observaciones acerca de los mismos. En un caso encontramos que se llegó a Colombia con ideas preconcebidas y que sus visitas a funcionarios del gobierno fueron una pura formalidad. Su informe así lo refleja y con esa actitud le hacen daño al sistema de relatores de Naciones Unidas. Pero esto no hará cambiar nuestra política; las puertas siguen abiertas y de manera respetuosa expresaremos nuestras opiniones cuando sea necesario.

El Estado ha hecho un análisis juicioso del informe que presentará el Alto Comisionado en el presente período de sesiones. Destacamos los reconocimientos a la labor desarrollada durante el período objeto de estudio y el contundente señalamiento a los grupos armados ilegales por su responsabilidad en graves violaciones de derechos humanos y desacato a los mínimos éticos acordados por la humanidad.

En la respuesta que está a su disposición expresamos nuestras observaciones respecto a la defensa del carácter democrático del régimen político colombiano, el propósito de la política de seguridad democrática de garantizar derechos, los evidentes logros alcanzados durante el año 2003 y el compromiso del Estado colombiano con las recomendaciones hechas en el informe del año pasado.

Durante el 2004 seguiremos trabajando con la Oficina del Alto Comisionado en Colombia, mantendremos la interlocución permanente y buscaremos hacer mejor uso de su capacidad asesora. La Oficina en Colombia es una instancia importante para el Estado, la sociedad colombiana y para los interesados de la comunidad internacional en nuestra realidad.

Nada nos hará desistir del empeño y del compromiso de proteger a los colombianos y devolver la seguridad a nuestro país. Para ello necesitamos y convocamos una vez más la ayuda del mundo para enfrentar el terrorismo que surge de la letal alianza de grupos armados ilegales y narcotráfico.

Para que la humanidad no vuelva a padecer hechos como los del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y el 11 de marzo de 2004 en Madrid y para que nuestro país no siga siendo el más afectado del mundo por el terrorismo, es preciso eliminar todo vínculo, tolerancia o relación de individuos, gobiernos y organizaciones de distinta índole con dichos grupos terroristas, tal y como lo ordena la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es inaceptable que los terroristas puedan transitar libremente por diferentes países, que les sea posible adquirir armas, municiones y explosivos, movilizar y hacer cada día más rentable el dinero producto de la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas ilícitas. Hay que decirlo con toda claridad: luchar en serio contra el terrorismo exige quitarle a los terroristas toda fuente de financiamiento y toda posibilidad de moverse de un lugar a otro.

Esta ocasión es propicia para agradecer la inmensa solidaridad internacional con el pueblo de Colombia expresada en la Declaración de Londres con la cual estamos comprometidos. Y a la vez para reiterar nuestro compromiso por hacer cada día más vigentes los derechos constitutivos de la dignidad humana, de la democracia y la convivencia pacífica. El pueblo de Colombia espera seguir contando con ese respaldo político a nuestra democracia y con una creciente presión internacional que cierre todo espacio político a los grupos armados ilegales.

Nos duele cada colombiano y cada habitante del mundo víctimas del terrorismo. Tenemos como país el derecho a la seguridad. Tenemos asimismo, como obligación, derrotar al terrorismo con todas las herramientas que permite una legitimidad democrática que por ningún motivo vamos a quebrantar. El dolor de un país víctima del terrorismo nos ha enseñado que el principal valor del sacrificio de inocentes colombianos y la mejor acción posible para garantizar los derechos de las presentes y futuras generaciones, consiste en que los hombres y mujeres de este planeta que creemos en la democracia, fortalezcamos nuestra conciencia acerca del tamaño y la naturaleza del terrorismo que es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad. Y que no podemos ahorrar esfuerzo alguno para poner fin a este flagelo.