Gobierno pide fortalecer la defensa judicial

CONTINGENCIAS JUDICIALES, GRAN PROBLEMA EN CAUCA

Popayán, 27 mar (SNE). Las contingencias judiciales que les surgieron al departamento del Cauca y a la ciudad de Popayán luego de llegar a acuerdos con la Ley 550 de reestructuración económica, es el gran problema en la actualidad.

Tanto el Cauca como Popayán obtuvieron resultados favorables en el año 2003 pero ante las sentencias que han surgido, no quedan recursos para inversión.

Ana Lucía Villa Arcila, directora de la División de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda, dijo que el Cauca arrojó en el año 2003 unos excedentes que se podrán distribuir, por cerca de 4.000 millones de pesos.

El gran riesgo del acuerdo de pagos bajo la Ley 550 son los procesos judiciales posteriores al convenio, que implicarían entrar a negociar nuevamente el acuerdo con los acreedores.

Reveló que esto implica riesgos, pero anotó que es posible modificar las condiciones actuales buscando liberar recursos de inversión y cubrir las posibles contingencias.

La directora de la DAF recomendó fortalecer la defensa judicial del departamento ante los juzgados y los tribunales, pues generalmente se pierden las demandas por falta de cargo.

La señora Villa Arcila manifestó que durante la vigencia del acuerdo, el Cauca ha incrementado sus ingresos corrientes y ha respetado los límites de gasto de la Ley 617.

El problema del departamento han sido las contingencias judiciales posteriores a la suscripción del acuerdo, y si no hubiera esas contingencias los recursos alcanzarían para invertir, reiteró.

Por su parte el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, dijo que el Gobierno ha podido ayudar a algunos departamentos y ciudades a liberar algunos recursos para inversión, porque han logrado reducir enormemente el gasto ordinario y aumentar los ingresos en forma sustancial.

Agregó que con la junta de acreedores se ha acordado que la diferencia entre ingresos y gastos se libere, siempre y cuando haya buenos resultados económicos.

PROBLEMA DEL CAUCA

El gobernador del Cauca, Juan José Chaux, indicó que hay sentencias ejecutoriadas contra el departamento por 35 mil millones y se esperan otras 28 mil millones de pesos.

Subrayó que las sentencias por despidos no efectuados conforme a la ley pueden valer 70 mil millones de pesos, es decir más que el acuerdo inicial de reestructuración suscrito bajo la Ley 550 de reestructuración.

Alertó que por ser pleitos laborales darían incluso para revisar el acuerdo y eventualmente hacer demandas contra ese acuerdo.

Chaux Mosquera señaló que tratará de conciliar esas sentencias pero aclaró que no tiene recursos para hacerlo.

En ese acuerdo de reestructuración la mesada pensional de los maestros valen 218 millones de pesos mensuales. Esto significaría liberar 2.500 millones de pesos en el año.

En regalías habría 2.400 millones de pesos y en total 8.585 millones de pesos, siempre y cuando se manejen en forma correcta las sentencias ejecutoriadas contra el departamento, porque se caería el acuerdo.

PROBLEMA DE POPAYÁN

Por su parte, el alcalde de Popayán, Víctor Libardo Ramírez, insistió en su petición de utilizar los recursos en deudas laborales, y evitar que sigan subiendo los intereses por las demandas que perdió el municipio luego de la reestructuración.

Con respecto a la tasa sísmica con el alivio correspondiente, afirmó que ya estaba certificada por el extinto Banco Central Hipotecario, con lo cual se rebajaría en forma apreciable el pasivo.

Hasta la fecha se está cumpliendo con el acuerdo y propuso al Concejo Municipal del Cauca que los bienes que no son utilizados y cuya venta fue autorizada, el 50 por ciento y no el 20 por ciento, se destinará al pago de la deuda.

Aclaró que los recursos de la sobretasa a la gasolina se requieren para la malla vial o el transporte masivo y las vías en Popayán están acabadas.

Con respecto a las peticiones del alcalde de Popayán, la directora del DAF aseguró que para modificar la tasas de cartera sísmica cuyas condiciones legales fueron posteriores a la firma del acuerdo, la Dirección de Crédito Público espera una solicitud formal del alcalde para modificar esas tasas y las condiciones en las que pagaría la llamada cartera sísmica.

Sobre el crédito de saneamiento que el alcalde pide ser usado, la señora Villa señaló que ese crédito tiene garantía ciento por ciento de la Nación y tiene restricción legal en su aplicación.

"El recurso está allí porque fue la garantía para un proceso de levantamiento de fuero a trabajadores oficiales que debían ser desvinculados, y se dejaron 1.218 millones de pesos para atender la indemnización de esos trabajadores cuando fueran desvinculados, pero el municipio no ha acabado el trámite de levantar esos fueros", indicó.

Recomendó no aplicar esos recursos en un gasto distinto al de tener la garantía para la desvinculación de los trabajadores.

Con respecto a la aplicación de los 3,5 puntos de la sobretasa a la gasolina, afirmó que ya la fiducia autorizó el desembolso de una parte, pero aclaró que pese a no estar pignorada se aprobó como sustitución de fuente de pago en el acuerdo.

Esta es una solicitud que el Comité de Vigilancia discutirá en la medida en que Popayán dé una fuente alternativa de pago para las acreencias, manifestó.