1.400 funcionarios judiciales quieren bonificación adicional a la que ya tienen

ESTADO COMIENZA BATALLA JURÍDICA PARA EVITAR PAGO DE 380 MIL MILLONES DE PESOS

Bogotá, 5 may. (SNE). - Una batalla jurídica que incluye una acción popular, un recurso de súplica, tutelas e investigaciones penales, iniciaron el Estado, la Fiscalía y la Procuraduría, entre otros, contra 1.400 funcionarios de la Rama Judicial que quieren que se les pague una bonificación adicional al sobresueldo del 60 por ciento que se les reconoce desde 1999.

Para esto se unieron los Ministerios de Hacienda y del Interior y la Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que si tocara pagar esas bonificaciones, el Estado tendría que desembolsar 380 mil millones de pesos por retroactivos desde 1999, más 90 mil millones por cada año de aquí en adelante.

Carrasquilla aclaró que tras de estas bonificaciones no están los magistrados de las altas cortes ni del Consejo de Estado o Superior de la Judicatura, sino empleados de la Fiscalía, la Procuraduría, jueces y otros funcionarios de los diferentes tribunales que dicen tener derecho.

A las 3:00 de la tarde de este miércoles se colocó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular que tiende a preservar el patrimonio público que se deterioraría al tener que pagar los 380 mil millones de pesos.

"Esta es una acción conjunta de Estado más que de Gobierno", indicó el Ministro, al destacar la calidad de las instituciones que se unieron para colocar la acción popular.

Carrasquilla afirmó que no tiene precedentes en Colombia que diferentes Ministerios y la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura se hayan unido para defender al Estado.

LOS HECHOS

En 1998 el Gobierno, a través de los decretos 610 y 1239, reconoció a los empleados judiciales una bonificación sobre el sueldo del 60 por ciento aplicable a partir del 1° de enero de 1999, y dejó abierta la posibilidad de que subiera al 70 por ciento en el 2000 y al 80 por ciento en el 2001.

Pero en 1999 expidió el decreto 664 en el que se ordenó que la bonificación anual únicamente sería del 60 por ciento del salario y pagadero a partir del 1° de septiembre de ese mismo año.

Como cada año hay aumento salarial cada año sale un decreto señalando que esa bonificación es del 60 por ciento y no puede subir de ahí.

Los 1.400 trabajadores de la justicia alegan que ellos tienen derecho al reajuste en la bonificación del 60 al 70 por ciento entre 1999 y el 2000, y al incremento del 70 al 80 por ciento del 2000 al 2001, y adicionalmente a que se les siga reconociendo de ahí en adelante.

Cómo el Gobierno no les reconoció esos reajustes, pues considera que los decretos 610 y 1239 de 1998 no tienen validez y así lo han corroborado varias sentencias del Consejo de Estado; los funcionarios de la Rama Judicial colocaron más de 400 demandas en todos el país y la mayoría de ellas les falló a favor ordenando el pago.

"Las demandas lo que pretenden es atar a un determinado porcentaje del salario de los magistrados, el salario de unos 1.400 funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría y de magistrados ante tribunales. De ninguna manera esto involucra a los magistrados de las altas cortes", precisó el Ministro de Hacienda.

Y adicionalmente que a medida que vayan subiendo los salarios de los magistrados de las altas cortes, también se incrementen los sueldos en los mismos niveles de los 1.400 funcionarios.

MÁS ACCIONES

La segunda acción ante el Consejo de Estado es imponer un recurso de súplica contra esas 400 demandas con el fin de detener los pagos que ordenan las demandas colocadas contra la Nación.

Adicionalmente ante los diferentes jueces de la República se colocarán acciones de tutela pues se considera que se vulneró el derecho de defensa y el debido proceso. Contra cada juez que falló una demanda y por cada sentencia que emitió se impondrá una tutela, informó el Ministerio de Hacienda.

"Las entidades van a proceder con unas acciones de tutela para aquellos casos en los cuales las sentencias se extralimiten las implicaciones de la tutela", dijo.

Así mismo, la Procuraduría General de la Nación iniciará investigaciones penales contra los funcionaros públicos que hayan fallado en tal sentido.

En el caso de la acción popular se espera que en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sea repartida a alguno de los magistrados y en un término no mayor a seis meses se produzca un fallo.

Abogados del Ministerio de Hacienda explicaron que la acción popular tiene prelación procesal frente a otras acciones que se estén cursando en el Tribunal.