Este
año se podrían
recaudar 500 mil millones de pesos
GOBIERNO VENDERÁ BIENES POR 24 BILLONES DE PESOS
Bogotá, 6 may. (SNE). - El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla,
afirmó que el Gobierno identificó bienes de diferentes
empresas estatales y ministerios que serán vendidos por un valor
total de 24,1 billones de pesos.
Al intervenir en el foro "Colombia y las perspectivas económicas",
organizado por Anif y Fedesarrollo, el funcionario reveló que
en el documento 3821 del Consejo Nacional de Política Económica
y Social (Conpes) se consignaron los detalles de ese procedimiento.
"
En su primera fase, que ya está implementada, el programa contempla
un billón de pesos en ventas, y nosotros esperamos con toda prudencia
que más o menos la mitad se realicen en este año",
explicó.
En el documento Conpes se señala que la estrategia de aprovechamiento
y enajenación de activos tiene varios objetivos: primero, busca
reducir la magnitud del pasivo mediante la liquidación o venta
con el fin de corregir el déficit fiscal.
Segundo, propicia el programa de democratización de la propiedad
accionaria, en el marco de la política del Gobierno del País
de Propietarios.
Tercero, pretende fortalecer el mercado de capitales
considerando que actualmente hay recursos disponibles y están
dadas las condiciones para ampliar las alternativas a los inversionistas.
Cuarto, porque es necesario que el sector público se desvincule
de aquellas actividades y entidades donde no se amerita su participación.
¿QUÉ SE VENDERÍA?
Con base en información suministrada por el Fondo de Garantías
de Instituciones Financieras (Fogafin), la Contaduría General
de la Nación, algunos ministerios y Ecopetrol, se encontró que
las inversiones del Estado a través de ministerios y diferentes
empresas suman 24,1 billones de pesos.
En el sector energético hay inversiones por 15,4 billones; en
el financiero, 4,0 billones; en el de Comunicaciones, 2,3 billones; en
centrales de abastos, Adpostal, centros de diagnóstico, 2,2 billones
de pesos; en empresas industriales 39 mil millones, en entidades agropecuarias,
10 mil millones y en otras 6 mil millones de pesos.
Se encontró que en algunas empresas hay participación
directa a través de Ministerios o Departamentos Administrativos,
o de manera indirecta a través de empresas industriales y comerciales
del Estado o sociedades de economía mixta. En algunas hay control
directo, en otras cumplen un objetivo estratégico que justifica
la participación del sector público, pero en la mayoría
no existe justificación válida para continuar comprometiendo
recursos públicos de manera indefinida en tales activos.
Ya están en proceso de venta las acciones del Estado en empresas
como Ecogas, el Bancafé, la Fiduciaria FES, Interbanco y la participación
en entidades financieras en liquidación como el IFI, el BCH, la
Caja Agraria y el Banestado.
Así mismo -dice el documento- el Gobierno Nacional en la presente
vigencia se ha propuesto iniciar los procesos de enajenación que
incluyen, entre otras, las participaciones en las siguientes empresas:
ISA, empresas de distribución eléctrica, Granahorrar, fondos
ganaderos, participaciones de Ecopetrol, activos recibidos del IFI por
el Ministerio de Hacienda; y las participaciones minoritarias en diversos
sectores económicos.
¿POR QUÉ SE VENDE?
Carrasquilla explicó que el Estado tiene unos pasivos por atender,
en especial la deuda social, también la deuda pensional y posee
unos activos que no están rentando o no representan un beneficio
tan grande como el de atender las diferentes obligaciones sociales y
pensionales que existen en estos momentos.
El documento 3281 del 19 de abril recomienda
que atendiendo lo ordenado por el Artículo 60 de la Constitución Nacional, el Estado
promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.
"Cuando el Estado enajene su participación en una empresa,
tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de
las acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones
solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha
propiedad accionaria", señala.
La venta de esas participaciones deberá hacerse en dos etapas,
la primera destinada al grupo de personas antes mencionadas, y la segunda
dirigida al público en general, en mecanismos de puja por el precio
y quedó establecido en la Ley 226 de 1995.
La recomendación aprobada en el Conpes indica que debe haber
una estrategia coordinada entre todos los ministerios, departamentos
administrativos y sus entidades adscritas o vinculadas, para definir
los activos sujetos de aprovechamiento y posteriormente se estructuren
y realicen los programas de enajenación o venta.
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