GOBIERNO
CONCEDE DOS INDULTOS A GUERRILLEROS Y NIEGA UNO
Bogotá, 19 may. (SNE).- El Gobierno Nacional otorgó en
las últimas horas el indulto a dos guerrilleros
y lo negó a otro más, por no cumplir con
los requisitos legales para ello.
De acuerdo con la resolución 72 del 18 de mayo
de 2004, se otorgó el indulto a Jhon Jairo López
Cañas, quien se desmovilizó de las FARC el
primero de abril de 2002.
Según las averiguaciones del Ministerio del Interior
y Justicia, López Cañas cumple con los requisitos
para ser objeto de indulto, pues se pudo comprobar su vinculación
con la mencionada organización armada al margen
de la ley y además fue condenado por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Barrancabermeja a 5 años
de prisión y cinco meses por el delito de rebelión,
López Cañas expresó su voluntad de
desmovilizarse al momento de presentarse en las instalaciones
de la Defensoría del Pueblo en Bogotá. Según
la constancia suscrita por el Secretario del Juzgado Primero
Penal del Circuito de Barrancabermeja, la sentencia fue
ejecutoriada.
A través de la resolución 74 del 18 de mayo
del Ministerio del Interior y Justicia, el Presidente de
la República otorgó el indulto a Jhon Fredy
Salazar Marín, quien abandonó al grupo guerrillero
ELN el 27 de diciembre de 2001 entregándose a la
Policía de Cocorná, en el departamento de
Antioquia.
Según la resolución, las autoridades comprobaron
que Salazar Marín pertenecía al ELN desde
hacía varios años y que por sus actividades
subversivas fue condenado a 54 meses y tres días
de prisión, pues fue acusado del delito de rebelión.
El Juzgado Penal del Circuito de
Santuario, en el departamento de Antioquia, certificó que la sentencia contra
Marín Salazar quedó ejecutoriada el 3 de
diciembre de 2002.
Por otro lado, el Gobierno negó el indulto a Wilfredo
Garme Pertuz Parra, quien solicitó este beneficio
por el delito de "hurto calificado cuando se encontraba
en las filas de las Farc". La resolución 73
del Ministerio del Interior y Justicia reseña que
Pertuz se desmovilizó de manera voluntaria.
Sin embargo, tras la verificación de las autoridades
con la justicia, se encontró que los delitos, por
los cuales Pertuz fue condenado a 63 meses de prisión
por el Juzgado 43 del Circuito Penal Municipal de Medellín, "se
trata de delitos comunes que no tuvieron relación
ni mención alguna a que se hubieren cometido en
calidad de miembro o en nombre del grupo subversivo del
cual dijo pertenecer y por lo tanto no puede deducirse
conexidad alguna con el delito político de rebelión".
El Gobierno Nacional ha fijado
una serie de estímulos
para que las personas pertenecientes a los grupos armados
al margen de la ley abandonen las armas, según el
decreto 128 de 2003.
Entre estos estímulos se contempla el apoyo de salud
al integrante de cualquier grupo armado ilegal que se desmovilice
y a su familia.
El Ministerio de Defensa o el Ministerio
del Interior -en coordinación con el Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS) y la Policía Nacional- brindan
protección tanto al desmovilizado como a su familia.
El Ministerio del Interior realiza
los trámites
para entregar al desmovilizado la libreta militar, la cédula
de ciudadanía y el certificado de antecedentes judiciales.
Previo estudio, este Ministerio facilita el aporte de recursos
para el desarrollo de proyectos de inserción económica
de las personas reincorporadas.
El Decreto 128 también establece apoyo económico
para la creación de microempresas y la posibilidad
de validar el bachillerato y acceder a capacitación
impartida por el Sena o a carreras técnicas o adelantar
estudios de educación superior.
