Tenemos
carta de navegación, dice director de Planeación
CORTE CONSTITUCIONAL DEJÓ EN
FIRME EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Bogotá, 19 may. (SNE). - La Corte Constitucional
determinó que el Plan Nacional de Desarrollo del
Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez,
está ajustado a la ley.
Con esta sentencia quedó en firme el Plan "Hacia
un Estado Comunitario 2002-2006" adoptado por medio
de la Ley 812 de 2003.
Al comentar esta decisión del máximo tribunal,
el director del Departamento Nacional de Planeación,
Santiago Montenegro, afirmó que el país tiene
una verdadera carta de navegación.
"Al declarar exequible la totalidad de la Ley, el
país tiene una carta de navegación jurídicamente
firme y la Corte acaba de refrendar y reafirmar todo el
contenido del Plan Nacional de Desarrollo, el plan anual
de inversiones y todo su articulado", dijo.
Los objetivos generales del Plan
son hacer un Estado más
participativo y gerencial y garantizar mayor seguridad
y bienestar social a los colombianos. Para esto se diseñaron
cuatro objetivos: brindar seguridad democrática;
impulsar el crecimiento económico de manera sostenible
y generar empleo; construir equidad social e incrementar
la transparencia y la eficiencia del Estado.
El Plan fue discutido con la comunidad
a través
de las reuniones que organizó el Consejo Nacional
de Planeación. Luego en el Congreso se crearon unas
mesas de trabajo para los diferentes temas y después
surtió el proceso normal dentro del Congreso por
las comisiones económicas y las plenarias de Senado
y Cámara.
Adicionalmente hubo audiencias
públicas con todos
los departamentos con el fin de concertar con las comunidades
las inversiones que se harán durante los 4 años,
con una partida de un billón de pesos.
LOS EJES
Montenegro Trujillo agregó que
el principal mensaje para los colombianos y para los
inversionistas extranjeros
es que la esencia del Plan se mantiene y que pueden estar
tranquilos de que los programas del Gobierno marchan en
firme.
Con el Plan, se crearon los fondos
de capitalización
social mecanismo a través del cual la ciudadanía
puede convertirse en accionista de las empresas de servicios
públicos que atraviesan por dificultades.
Se fijó un tope a las tarifas de los servicios
públicos para los estratos más pobres de
la población. No podrán subir más
que el tope de la inflación anual.
Se garantizó que las zonas rurales, las no interconectadas,
las zonas con problemas de desplazamiento o los barrios
subnormales, cuenten con energía a los costos más
bajos.
Se liberaron las exportaciones
de gas natural después
de 25 años. Gracias a esta política empresas
como la Exxon y Petrobras empezaron a explorar 4 millones
de hectáreas en la costa Caribe.
Se flexibilizaron las condiciones
pensionales de los nuevos docentes. Tendrán las
mismas reglas de juego del resto de los colombianos aplicadas
en la Ley 100 de 1993
y pasaron de cotizar para salud de un 5 por ciento a un
12 por ciento.
Montenegro destacó que esta decisión de
la Corte Constitucional representa un éxito para
la estrategia de defensa jurídica diseñada
por el Gobierno: la Secretaría Jurídica de
la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Planeación
Nacional.
