INTERVENCIÓN DE MINISTRA DE AMBIENTE EN FORO SOBRE GESTIÓN URBANA

Bogotá, 25 may. (SNE). La siguiente es la intervención de la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Sandra Suárez Pérez, en el foro "Región, Gestión del Suelo y Participación en Plusvalías. Los aportes de la Ley 388 de 1997 a la gestión urbana regional".

"El Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 'Hacia un Estado Comunitario', que es la carta de navegación de este Gobierno, incluyó por primera vez en las últimas décadas, un conjunto de objetivos y estrategias dirigidas a las ciudades del país.

Estos objetivos orientan las acciones de este Ministerio al cual se le ha encomendado la misión de velar por el desarrollo sostenible entendido como un proceso que busca la erradicación de la pobreza y el desarrollo humano a través del aumento de la cobertura a los servicios básicos como el agua potable, el saneamiento básico, la vivienda adecuada, el ordenamiento territorial y la protección a la biodiversidad.

Las acciones contenidas en el Plan de Desarrollo pretenden apoyar proyectos urbanos dirigidos a mejorar la calidad de vida, poner a disposición de los municipios un conjunto de instrumentos para promover el desarrollo de proyectos estratégicos con base en los incentivos adoptados, la aplicación de instrumentos de gestión urbana y la generación de una oferta de tierra urbanizable a través de la intervención del Estado.

La gestión eficiente del suelo es determinante para avanzar en programas de vivienda social, transporte, equipamientos y, en general, lograr llevar a cabo lo que han dispuesto los Planes de Ordenamiento Territorial.

La planeación contemporánea enfatiza la relación cada vez más estrecha entre planeación y gestión, de manera que desde el mismo momento en que concibe un programa debe establecerse la manera como se va a ejecutar: los procedimientos técnicos y jurídicos adecuados para su gestión, los recursos para su ejecución y la distribución de derechos y responsabilidades entre propietarios de la tierra, promotores, urbanizadores, y demás actores urbanos públicos y privados.

En el caso de la vivienda de interés social, ésta es una condición fundamental. La disponibilidad de la tierra a precios adecuados, en los lugares y tiempos precisos, es una condición previa al desarrollo de un programa de envergadura como el que busca el Gobierno Nacional, para financiar 400.000 viviendas de interés social en este cuatrienio.

La tierra tiene un peso importante en los proyectos destinados a las familias de ingresos más bajos.

La dificultad de acceso a la tierra en condiciones aceptables, ha implicado para los sectores de bajos ingresos acudir al mercado informal de vivienda. Esta vivienda se ha perpetuado como la "solución" para un sector de la población que ha llegado a representar en períodos recientes hasta un 35% de la producción total de vivienda. El problema es de tal magnitud que, por ejemplo, en 1998 la ocupación de la ciudad en condiciones ilegales correspondía a cerca de 6.000 hectáreas donde vivía el 26% de la población de Bogotá.

Esta ocupación informal ha sido uno de los mayores degradantes del medio natural, pues gran parte se ha realizado sobre suelos protegidos de incalculable valor ambiental.

Adicionalmente, su regularización e incorporación a la estructura urbana tiene altos costos, se calcula que realizar las infraestructuras y dotar un barrio informal tiene sobre - costos de más de 300 millones de pesos por hectárea, comparados con los costos de acueducto, saneamiento básico y vialidad, que tiene un desarrollo similar planificado. Por eso, cada nuevo barrio ilegal que se construye, significa un aumento de la deuda de la ciudad al futuro.

Igualmente, los municipios enfrentan dificultades relacionadas con la adquisición de las tierras necesarias para los proyectos, debido entre otras, al aumento en los precios de los terrenos y problemas en los procedimientos para las adquisiciones y expropiaciones de suelos.

Para enfrentar esta realidad, se debe fortalecer la capacidad de gestión de los municipios en los diferentes aspectos del desarrollo urbano, en particular la gestión del suelo, como requisito indispensable para el desarrollo de los programas de vivienda, transporte y equipamientos urbanos, así como un condicionante de gran importancia para asegurar una mejor calidad del medio ambiente en nuestras ciudades.

De esta forma adquieren gran importancia los programas referidos a los Bancos de Tierras y los Observatorios Inmobiliarios que se están desarrollando, y que pretenden construir una institucionalidad adecuada para mejorar la administración y la adquisición de tierra acorde con las condiciones de cada uno de los municipios del país, basada en información veraz y no en procesos especulativos, que permita una toma de decisiones acertada.

Su función implica también el uso eficiente de instrumentos de gestión como las Unidades de Actuación Urbanística, el reajuste de Tierras y la compensación, así como de instrumentos de financiación como la participación en plusvalías y la transferencia de derechos de construcción y desarrollo. Todos estos tienen un gran potencial demostrado internacionalmente para convertirse en mecanismos eficientes de la acción urbanística municipal.

Por esta razón, el programa de Asistencia Técnica a las entidades territoriales que adelanta el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a través de la Dirección de Desarrollo Territorial, establece como parte de su estrategia la implementación de mecanismos de difusión de los temas antes mencionados que pretende fortalecer la capacidad de gestión de los municipios como requisito indispensable para el desarrollo sostenible.

A partir del reconocimiento de este contexto, estamos seguros de que sólo el trabajo conjunto entre la Nación, los municipios, la academia e instituciones de gran experiencia en estos temas como el Lincoln Institute of Land Policy, permitirá superar las dificultades del desarrollo urbano que enfrentan los municipios.

Tal como lo planteó el Presidente Álvaro Uribe Vélez, la calidad de vida urbana nos enseña a apreciar el vecino, a amar el parque y a tener una vida alegre. Buscamos evitar que la selva de cemento anule la ilusión de residir en nuestras ciudades. Al igual que el Presidente, buscamos y estamos trabajando por ciudades con muy buena calidad urbanística. Con un país democrático en lo político y en lo económico. Un país con oportunidades para todos. Con un país de propietarios.

Muchas gracias".