Mayo de 2004

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En los primeros cuatro meses de este año

DISMINUYE EN 25 % ASESINATO DE SINDICALISTAS

Bogotá, 29 may. (SNE).- De acuerdo con las cifras registradas a primero de mayo de este año, el número de sindicalistas asesinados disminuyó 25 por ciento con respecto al mismo período del 2003, al pasar de 22 a 17 activistas muertos. La disminución de acciones violentas contra este grupo de la población colombiana se ve reflejada desde hace dos años y así lo demuestran las cifras.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio de la Protección Social y la Fiscalía General, contenidas en el informe "Avances del Gobierno de Colombia en la garantía de los derechos humanos de los trabajadores" (que llevará nuestro país a la 92 Conferencia Internacional del Trabajo), y que fue distribuido a todas las delegaciones asistentes a la III Cumbre de América Latina y el Caribe- Unión Europea, mientras en 2001 murieron 168 trabajadores sindicalizados, en 2002 el número bajó a 121 y en 2003 a 52, lo que representa una disminución de 57 por ciento.

Dentro de esta disminución un hecho importante es que en departamentos como Arauca, Cesar y Santander la cifra bajó en 100 por ciento.

De acuerdo con el informe, en los dos últimos años disminuyó en 85 por ciento el número de secuestros de sindicalistas, al pasar de 40 en 2001 a 4 en 2003.

En cuanto a desapariciones forzadas la reducción fue de 87,5 por ciento, al pasar de 8 registradas en 2002 a 1 en 2003.

La disminución en los índices de asesinatos de sindicalistas es producto de la efectividad de la política de Seguridad Democrática del actual Gobierno. Seguridad que de acuerdo con el Jefe del Estado, es democrática para proteger a todos: trabajador, empresario, campesino, sindicalista, periodista, maestro, a todos los colombianos.

Por eso, dentro de los planes de protección que brinda el Estado, a través del Ministerio del Interior y de Justicia, en este momento hay 4.576 sindicalistas que son favorecidos.

"Para el año 2003 el 55,45 por ciento del presupuesto de este programa fue destinado a la protección de sindicalistas. Entre enero y marzo de 2004, este programa ha ejecutado un presupuesto de 5.071 millones de pesos", asegura el informe.

Dentro de la política gubernamental para evitar asesinatos de sindicalistas se conformó una Comisión Evaluadora integrada por un representante de cada una de las poblaciones objeto del programa de protección: de la Vicepresidencia de la República, del DAS, de la Policía Nacional, del Viceministro del Interior, de la Procuraduría, y por el Director de Derechos Humanos. También forma parte un delegado de la OIT y de la Organización de las Naciones Unidas.

"Esta comisión tendrá varios objetivos, entre ellos el refuerzo de la seguridad de los beneficiarios de los programas de protección, manejo de escoltas, cursos de seguridad preventiva y diseñar una propuesta para la creación de un Centro de Atención de Emergencias", explica el informe entregado por la Cancillería colombiana.

Así mismo se ha acordado con el Ministerio de Protección Social, la Fiscalía General de la Nación y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la realización de seminarios dirigidos a las fiscalías en las cuales se concentran el 60 por ciento de las investigaciones por homicidio de sindicalistas y dirigentes sindicales, con el fin de sensibilizar a estos funcionarios en el tema de normas internacionales del trabajo, derechos fundamentales y mecanismos de control de la OIT.

CAPITALIZACIÓN SOCIAL

Pero además de la seguridad a la vida de los sindicalistas, el libre ejercicio de esta actividad se refleja en lo que se ha denominado capitalismo social, con el cual grupos de trabajadores han tenido participación directa de las empresas.

En el país hay varios ejemplos. Uno de ellos es la salvación de Paz del Río, gracias a que los trabajadores pasaron de ser dueños del 9 al 43 por ciento de la empresa.

Los resultados no se hicieron esperar y la compañía luego de registrar pérdidas en los últimos años, obtuvo 40 mil millones de pesos en utilidades en el 2003 y ya en los cuatro primeros meses de 2004 igualó esa cifra.

Estos buenos resultados permitieron que el precio de su acción pasara de 1,90 pesos a 18 pesos, y se están invirtiendo en su reconversión 5 millones de dólares.

Otros ejemplos son el hotel El Laurel y el Hospital Chiquinquirá, que se le está ofreciendo a los trabajadores.

Además, hay muestras de la participación de los trabajadores son el hotel El Laurel, de la liquidada Prosocial; en Emcali la participación de los trabajadores ha sido básica para salvar la empresa y el Hospital Chiquinquirá se le está ofreciendo a los trabajadores.

En la parte social el Gobierno está trabajando en diferentes frentes: el microcrédito, la salud, la capacitación, las incubadoras de empresas, los programas de adaptación laboral para funcionarios desvinculados por el Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP) y el servicio público de empleo.

En microcrédito en los dos primeros meses de 2004 la banca comercial ha desembolsado 205.409 millones de pesos y las fundaciones han entregado 67.900 millones para un total de 273.310 millones de pesos.

En formación profesional el SENA capacitará 2,6 millones de jóvenes en el 2004 y la meta en horas de formación para el presente año es de 7,5 millones de horas.

En número de alumnos con contratos de aprendizaje regulados por las empresas hasta el 7 de abril de 2004 se habían concretado 86.732 cuando la meta para todo el año es de 134.945. En el 2003 se lograron 89.936.

A través del sistema nacional de incubación de empresas la meta fue crear 307 unidades productivas en el 2003 y se llegó a 311. Para el 2004 el objetivo son 400.

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