Centro
de Coordinación de Acción Integral presenta balance
$20 MIL MILLONES SE INVIERTEN EN TERRITORIOS
RECUPERADOS POR LA FUERZA PÚBLICA
Bogotá, 20 nov (SNE). La Consejería Presidencial
para la Acción Social informó que el Gobierno Nacional
invierte recursos por 20 mil millones de pesos, en programas sociales
puestos en marcha en territorios recuperados por la Fuerza Pública.
La inversión social se realiza a través del Centro
de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia
de la República, organismo que cumple labores de intervención
y acompañamiento en dichos territorios.
Al entregar el balance de este programa,
la Consejería
explicó que “una de las mayores dificultades que enfrentaba
el Estado cuando recuperaba zonas que estaban bajo el control de
los grupos armados ilegales, era la falta de una acción
articulada con otras instituciones, para poder atender las necesidades
de la población desprotegida”.
Para enfrentar este reto, se creó el Centro de Coordinación
de Acción Integral, que ya muestra resultados significativos.
El retorno de todos los jueces y fiscales
al Caquetá, la
realización de jornadas sociales para atender a la población
más desprotegida en cada región intervenida, el acompañamiento
a la salida de Miraflores de más de mil raspachines, la
vinculación de tres mil personas a diferentes cadenas productivas
en San Vicente de Caguán y Cartagena del Chairá,
son algunas de las acciones adelantadas por el mencionado Centro.
De igual manera, gracias a una labor realizada
en equipo, instituciones como el Ministerio de Minas, Ecopetrol,
la Fiscalía, la
Policía y las autoridades locales, buscan fórmulas
para poner fin al expendio desmedido de gasolina en Calamar, donde
hay registradas legalmente 18 estaciones para vender un producto
cuyo mayor volumen va para los laboratorios de coca.
OTRAS ACCIONES
Salud, educación, recreación, seguridad alimentaria
y justicia, entre muchas otras acciones, también son adelantadas
por el Centro de Coordinación de Acción Integral,
en regiones focalizadas como la Sierra Nevada de Santa Marta, el
sur del país, Catatumbo, Arauca, Bajo Atrato, Tierra Alta
y Tumaco.
Estas actividades hacen parte de la estrategia
del Gobierno de implementar actividades de intervención social para fortalecer
la gobernabilidad, credibilidad y legitimidad, en zonas deprimidas
y en donde la presencia del Estado, en su conjunto, ha sido débil.
En un tiempo récord, entre uno y cuatro meses, se adelantaron
acciones relacionadas con la presencia consolidada de la Fuerza
Pública, recuperación de la institucionalidad, diagnóstico
de las zonas afectadas por la violencia y jornadas interinstitucionales
de traslado de equipos médicos y odontológicos, mercados,
asistencia humanitaria de emergencia, asignación de promotores
de salud y médicos, retorno de familias y propuestas de
obras de infraestructura social.
Igualmente se acometen proyectos de mediano
y largo plazo, que tienen un tiempo de ejecución de entre uno y 12 meses y
se relacionan con seguridad alimentaria, conformación de
cadenas productivas, resolución de conflictos y proyectos
culturales, deportivos y recreativos.
El Centro ha logrado, asimismo, avances
importantes que han beneficiado a los campesinos y comunidades
indígenas de la Sierra Nevada
de Santa Marta, Caquetá, Guaviare, Meta y Bajo Atrato. Posteriormente
las acciones se concentrarán en nueve municipios del Catatumbo,
Arauca, Nariño y Córdoba.
En su balance, la Consejería hizo hincapié en que
el propósito del Centro es complementar, con acciones sociales,
la política de Seguridad Democrática puesta en marcha
por el Gobierno.
Igualmente busca garantizar la legitimidad
y presencia del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional recuperadas
por las Fuerzas Militares y de Policía.
El Centro de Coordinación cuenta con integrantes permanentes
como El Plan Colombia, la Red de Solidaridad Social, la Agencia
Colombiana de cooperación Internacional (ACCI), el Ministerio
de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, la Policía
Nacional, los ministerios del Interior y de Justicia, Protección
Social y Educación Nacional, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, la Registraduría Nacional del Estado
Civil, la Fiscalía General de la Nación y Coldeportes.
Así mismo, sus actividades son apoyadas
por otros 15 ministerios y entidades del Estado.
AVANCES POR DEPARTAMENTO
Los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del
Caguán, en el departamento de Caquetá, la CCAI ha
ejecutado 5.542’774.480 pesos y tiene recursos por ejecutar
de 33.478’685.725 pesos.
Algunas de las actividades desarrolladas
en esta zona tienen que ver con la recuperación de la gobernabilidad, priorización
de acciones de emergencia y dos jornadas interinstitucionales,
entre otras.
En Guaviare se avanza en los municipios
de Calamar, El Retorno y Miraflores. Allí se han adelantado jornadas interinstitucionales,
ayuda humanitaria, entrega de alimentos y apoyo a salida voluntaria
de colonos. Los recursos invertidos son de 2.120’977.500
pesos y por ejecutar de 7.621’657.012 pesos.
El municipio de la Macarena, en el departamento
del Meta, también
fue visitado por CCAI. En este lugar se llevaron acciones de corto
plazo como la jornada interinstitucional, el diagnóstico
para proyectos de infraestructura educativa, salud, vial y aeroportuaria
y la presencia consolidada de la Fuerza Pública. Los recursos
ejecutados son de 2.087’000.000 pesos y por ejecutar 1.496’159.184
pesos.
La Sierra Nevada ha sido una de las zonas
más visitadas
por el Centro de Coordinación. Se han llevado a cabo ocho
jornadas interinstitucionales donde han participado comunidades
indígenas como la Kankuama del corregimiento de Atanquez.
También se apoyo el retorno de 350 familias indígenas
y se priorizaron las obras de infraestructura social.
Los recursos invertidos aquí son de 4.321’481.428
y por ejecutar 19.888’779.137 pesos.
Las zonas del Catatumbo, Arauca y Bajo
Atrato ya comenzaron a ser visitadas por las instituciones comprometidas
con el Centro
de Coordinación. Para las próximas semanas se espera
el desarrollo de nuevas acciones donde también participarán
las autoridades municipales y departamentales.
La presencia de las entidades del Estado
y la coordinación
del Centro de Acción Integral, continuarán hasta
agosto del 2006. Las zonas focalizadas permanecerán con
acciones sociales y la coordinación interinstitucional se
fortalecerá cada vez más.
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