6.234 DESMOVILIZADOS EN EL GOBIERNO URIBE

Bogotá, 6 sep. (SNE).- En lo corrido del actual Gobierno se han desmovilizado voluntariamente 6.234 miembros de los grupos armados al margen de la ley, entre los que se encuentran 1.039 menores de edad y 775 mujeres.

Según las cifras del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Pahd), de este grupo 1.042 corresponden a la desmovilización masiva del ‘Bloque Cacique Nutibara’ de las Autodefensas Armadas Ilegales en Medellín.

Las demás entregas se han presentado individualmente de la siguiente forma: 2.867 son de las Farc, 1.355 de las AUC, 789 del ELN y 181 corresponden a grupos de disidencias.

El departamento en el que mayor número de desmovilizaciones individuales se han registrado durante el presente gobierno es Antioquia con 812 casos, le siguen Cundinamarca con 703, Norte de Santander con 328, Santander con 325, Valle del Cauca con 239 y Casanare con 237. Las demás entregas se han registrado en el resto de departamentos del país en cifras menores.

De este número de personas que han decidido abandonar las armas, 4.296 lo han hecho ante unidades de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, 294 ante el Icbf, 196 a la Defensoría del Pueblo, 165 a la Fiscalía, 118 al DAS, 52 a la Defensoría del Pueblo, 36 directamente el programa de reinserción y 35 a la Iglesia.

NUEVOS BENEFICOS A DESMOVILIZADOS

El Gobierno Nacional a través del decreto 128 de 2002 estableció apoyo en materia de salud para los desmovilizados y sus familias, al igual que protección y solución jurídica a través del Ministerio del Interior. Este decreto también contempla apoyo económico para la creación de microempresas y la posibilidad de validar el bachillerato y acceder a capacitación impartida por el Sena.

Además de estos beneficios, el Gobierno anunció la semana anterior a través del decreto 2767 de 2004, que quienes se acojan a dicho proceso y colaboren, de manera voluntaria, con la justicia o la Fuerza Pública entregando información que permita evitar o esclarecer delitos, podrán recibir una bonificación económica, acorde con el resultado de dicha colaboración.

Los desmovilizados que entreguen material de guerra, intendencia, comunicaciones, sustancias o drogas estupefacientes, insumos y maquinaria para la producción de drogas ilícitas, “o cualquier otro elemento que facilite a los grupos armados al margen de la ley el desarrollo de actividades ilícitas”, también recibirán una bonificación económica.

También se entregará una bonificación económica a quienes, de manera voluntaria, deseen “desarrollar actividades de cooperación para la Fuerza Pública”.

El decreto aclara que los beneficios los podrán recibir todos aquellos nacionales que “individualmente y por decisión voluntaria”, abandonen los grupos armados al margen de la ley. Estos deberán demostrar además, –a criterio del Gobernó Nacional- su voluntad de reincorporarse a la vida civil. Los menores de edad, quedan excluidos “de cualquier forma de colaboración con la Fuerza Pública”.