Bogotá, 10 sep. (SNE).- El siguiente es el texto de la propuesta de paz que presentó el Gobierno Nacional al Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, ELN, el pasado 3 de agosto.

“Bogotá, agosto 3 de 2004

Señores

Comando Central ELN

El pasado 30 de mayo durante su visita a México, el presidente Álvaro Uribe Vélez dejó abiertas las puertas para el inicio de un proceso de paz con el ELN. La pronta respuesta de Ustedes al gobierno mexicano, la aceptación de este país como facilitador para los acercamientos, así como las propuestas de su organización hechas públicas el pasado mes de junio, dan a entender que el momento del diálogo ha llegado. Es por eso que a través del embajador Andrés Valencia, en quien el gobierno colombiano ha depositado su confianza para tender con el COCE puentes de entendimiento, damos a conocer esta propuesta de paz al ELN, como base de un acuerdo que nos permita avanzar hacia la reconciliación de todos los colombianos.

El gobierno ofrece a los miembros del ELN la oportunidad de sentarse a dialogar con todas las garantías requeridas para que puedan defender sus ideas sin recurrir a las armas. A fin de crear las condiciones de confianza necesarias para avanzar en un proceso de paz, proponemos al ELN como punto de partida un cese de acciones hostiles contra el Estado y la sociedad civil. En reciprocidad el gobierno suspenderá las acciones militares ofensivas contra su organización, mientras se avanza en un proceso de diálogo serio y con una real voluntad de paz.

El gobierno no está exigiendo de entrada desarme ni desmovilización. Sólo un cese de hostilidades, como primer paso o punto de partida para un proceso de paz. El cese de hostilidades debe entenderse como el cese de acciones de cualquier tipo contra el Estado y los derechos y libertades fundamentales de la población colombiana. El cese de hostilidades es una oportunidad para que el ELN deje atrás el uso de la violencia y valide en la vida democrática sus reivindicaciones sociales y planteamientos políticos, de cara a la sociedad nacional y la comunidad internacional. El cese de hostilidades se torna prioritario para justificar ante el mundo el proceso, teniendo en cuenta que el ELN es considerado organización terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea, motivo por el cual se necesita una muestra inequívoca de su voluntad de no ejecutar más actos violentos y adentrarse de lleno en el camino de la paz.

El cese de hostilidades con reciprocidad gubernamental debe contar con garantía internacional, para que se avance en el proceso con pleno respeto para las vidas y derechos de los miembros del ELN y de los demás miembros de la sociedad colombiana. Con la ayuda de la facilitación mexicana, podemos poner en marcha un mecanismo internacional para la vigilancia de la reciprocidad acordada.

Como parte fundamental de la declaración de un cese de hostilidades es necesario abordar el tema del secuestro. El gobierno nacional le propone al ELN la suspensión del secuestro y la liberación de todos los secuestrados en su poder. Una vez cumplido este compromiso, el gobierno adelantará las acciones pertinentes para que los miembros del ELN procesados por el delito de rebelión, que se encuentren en las cárceles colombianas, puedan recibir un beneficio jurídico que les permita recuperar su libertad.

La excarcelación de estas personas estará fundamentada en el compromiso de no volver a delinquir y en la definición de unos mecanismos efectivos que permitan su integración a la vida productiva y a la civilidad democrática.

El cese de hostilidades con reciprocidad gubernamental se complementará con acciones humanitarias, como programas de desminado en las zonas de presencia del ELN, para lo cual se contará con la participación activa de la comunidad. Tanto para este programa, como para la financiación de las etapas posteriores del proceso, el gobierno se compromete a buscar el apoyo de potenciales donantes en la comunidad internacional.

Reafirmamos el papel que viene cumpliendo el gobierno mexicano en la labor facilitadora, para lo cual cuenta con toda nuestra confianza y plena autonomía. Sin embargo, para las fases ulteriores, el gobierno nacional está dispuesto a explorar de manera conjunta con el ELN y el gobierno mexicano la implementación de un mecanismo de facilitación múltiple, progresiva y especializada, dejando abierta la posibilidad para que la sociedad nacional e internacional entren a jugar un papel a medida que se avance en el proceso. De esta manera podremos recuperar el capital social acumulado en relación con los esfuerzos que desde tiempo atrás han venido desarrollando diversas instancias nacionales, países y organismos internacionales, por sacar adelante un proceso de paz con el ELN.

Para un gobierno comprometido en la recuperación de la confianza ciudadana que estimule el debate fraterno y democrático, es claro que la política de seguridad democrática deja abiertas las puertas al diálogo sin arrogancia ni dogmatismos estériles. La política de seguridad democrática no se opone a la salida negociada; antes bien, la incluye dentro de su horizonte.

La salida negociada y la política de seguridad democrática adelantada por el Estado se complementan, pues buscan el mismo propósito: generar confianza entre los ciudadanos, legitimar la democracia y fortalecer el ejercicio del pluralismo político.

La oferta generosa para un diálogo y negociación de paz, dentro del ejercicio del Estado Social de Derecho y el fortalecimiento de las expresiones democráticas, es la mejor manera de complementar la política de seguridad democrática, para que los ciudadanos amplíen sus posibilidades de participar en los asuntos de su comunidad, en la toma de decisiones políticas, en la fiscalización de los gobernantes, y en el acceso al poder mediante elecciones libres e imparciales.

Solo se puede dialogar con generosidad y tolerancia una vez haya absoluta claridad sobre el tema principal que se debe abordar: el fortalecimiento de la democracia y la puesta en marcha de mecanismos que permitan un adecuado respeto al debate amplio y al pluralismo político.

Consolidados los primeros logros de la política de seguridad democrática, es hora de concentrar esfuerzos en la búsqueda de soluciones creativas y novedosas en el campo de la paz que le permitan al país garantizar de manera plena el respeto a los derechos fundamentales de todos los colombianos e incrementar el pluralismo y la oposición política desde la legalidad, fortaleciendo todas las acciones que reivindican el carácter democrático de un Estado que debe abrirse cada vez más a una vocación comunitaria.

Recuperar el orden y la seguridad –requisito cardinal para la vigencia de las libertades y los derechos humanos– es preocupación central de una política de seguridad democrática que ofrece seguridad para todos, pues todos son bienvenidos en la democracia.

La oposición, los que disientan de las ideas del gobierno o de su partido, serán protegidos con el mismo cuidado que los amigos o partidarios del gobierno.

El gobierno nacional es consciente que sin seguridad no hay paz, sin seguridad no hay progreso, sin seguridad no hay confianza que incentive el desarrollo económico y el bienestar social. De ahí, que la política de seguridad democrática tenga por propósito asegurar la viabilidad de la democracia tanto en lo político como en lo económico, fomentando el respeto a los derechos humanos, la democratización de la propiedad y el pluralismo político, única manera de avanzar en la legitimación del Estado Social de Derecho.

La seguridad democrática permite el ejercicio político desarmado y la concertación nacional. La paz se construye en los escenarios democráticos con el fortalecimiento de las garantías ciudadanas, con la promoción de la participación en los asuntos públicos y con el control sobre la acción estatal. La paz se construye consolidando los espacios de oposición y el debate abierto, transparente y sin armas sobre el conjunto de los temas que componen la agenda social, política, económica y cultural de la nación.

En el marco de esta política de paz, el gobierno invita a todos los colombianos y al ELN a construir una nación con ciento por ciento de tolerancia a la diferencia, pero cero tolerancia al crimen; con pluralismo pero sin violencia; con disenso pero sin fundamentalismo; con firmeza en las convicciones pero sin dogmatismos extremos. Queremos una Colombia capaz de superar las desigualdades, avanzando en la construcción de una sociedad vertebrada alrededor de una clase media austera, honrada, trabajadora, solidaria y pluralista.

El gobierno invita a todos los colombianos a superar nuestros altos índices de violencia, diferencias, individualismos y a luchar por la solidaridad, base de la reconstrucción de la confianza entre unos y otros, que es la esencia del capital social y fundamento en la consecución de la paz nacional. El gobierno invita a poner en marcha una política de paz cimentada en unos diálogos eficaces y conducentes a la búsqueda de la reconciliación nacional.

El paso de la seguridad democrática hacía la paz debe ir acompañado de espacios amplios de participación política, entre los cuales estamos dispuestos a considerar la propuesta planteada por el ELN de una “Convención Nacional”, cuyos procedimientos podríamos discutir en una segunda fase del proceso, de tal manera que su realización contribuya a la apertura de un espacio de amplia interlocución política, de diálogo e intercambio de ideas que le permitan a todos los colombianos participar y debatir en los escenarios democráticos nacionales, regionales y locales, impulsando transformaciones sociales y políticas que fortalezcan esas dinámicas y acuerdos ciudadanos, sin los cuales resulta imposible avanzar hacia una paz nacional definitiva.

Atentamente,

Luis Carlos Restrepo Ramírez”

(FIN)