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Bogotá, 27 sep. (SNE).- El siguiente es el comunicado expedido este lunes por la Casa de Nariño.

COMUNICADO

1. El Presidente de la República confirma su confianza en el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, quien es un patriota incorruptible.
2. El objetivo del Gobierno es una Colombia sin guerrilla, sin autodefensas y sin la droga que las sustenta.
3. El Gobierno no acepta presiones de las autodefensas ni de quienes, por favorecer a la guerrilla, se oponen a la negociación con las autodefensas.
4. Se ratifica la decisión de exigir la desmovilización total de las autodefensas antes de diciembre de 2005, según lo establecido en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito del 15 de julio de 2003. Se debe definir públicamente un cronograma para hacer efectiva esta desmovilización.
5. Los delitos atroces son igual de graves, sean cometidos por autodefensas, por guerrillas o por cualquier otro grupo o persona. La legislación nacional e internacional impide otorgar amnistías o indultos para estos delitos. Así lo debe saber la opinión pública y todos sus orientadores. No puede darse un tratamiento a las autodefensas y otro, diferente, a las guerrillas.
6. Los incursos en delitos atroces tienen que ir a sitios de ubicación definidos por el Gobierno, en espera de que el Congreso defina los instrumentos jurídicos aplicables en estos casos en el marco de la Ley de Justicia y Reparación. Asimismo se deberá establecer una pena mínima privativa de la libertad en un centro de reclusión.
7. El Gobierno ratifica la exigencia a las autodefensas de los Llanos de hacer efectiva su desmovilización inmediata. Se definirá un sitio de ubicación para los cabecillas desmovilizados.
8. Las Fuerzas Armadas continuarán en la lucha heroica para devolverle la paz a la Nación. Son inaceptables las alianzas con unos sectores de la delincuencia en contra de otros sectores de la delincuencia.
9. La política del Gobierno frente a la extradición quedó definida en el comunicado emitido por la Presidencia de la República el 27 de abril de 2004:
   “La extradición no puede entenderse como una norma de derecho interno generadora de actitudes nacionalistas en su contra. Es una norma de derecho internacional que le permite a otro país castigar a quienes cometan ofensas contra sus nacionales. Si se prohíbe la extradición, Colombia sufrirá los rigores del descrédito internacional. La extradición no es tema de negociación. Quienes quieran evitarla, deben demostrar a la comunidad internacional su buen fe y propósito de enmienda”.

Bogotá, septiembre 27 de 2004.