Enfatiza el Presidente de la República

“EL GOBIERNO NO ESTÁ MANEJANDO INDULTOS NI POR ENCIMA NI POR DEBAJO DE LA MESA CON LOS PARAMILITARES”: URIBE

• “Los delitos atroces no son indultables ni amnistiables”.
• “No se puede hablar frente al tema de los procesos con los paramilitares con un lenguaje de guerrilla, ni frente al tema de la guerrilla con un lenguaje paramilitar”.

Miami, 30 sep. (SNE).- “El Gobierno no está manejando indultos ni por encima ni por debajo de la mesa con los paramilitares”, reiteró, de manera tajante, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, este jueves desde Miami.

Además, explicó, la legislación colombiana es clara en ese sentido y la Constitución y los tratados internacionales –a los cuales el país está suscrito-, indican que el delito meramente político, como la rebelión, es indultable y amnistiable. En cambio, el delito atroz no es indultable ni amnistiable, razón por la cual el Gobierno no maneja ese tema en el diálogo con los paramilitares.

“Allá en el pasado se indultaron atrocidades de la guerrilla. El M-19 quemó el Palacio de Justicia, en asociación con el narcotráfico, y están indultos. Colombia no puede repetir esos errores ni a favor de los paramilitares, ni a favor de guerrilleros”.

E insistió: “el delito atroz es delito atroz, cométalo el paramilitar o el guerrillero”.

Al hablar, en un conversatorio ante más de 500 colombianos residentes en Miami, Uribe Vélez recordó que su posición frente a los delitos que cometen los grupos terroristas ha sido clara desde un principio: no discriminarlos como buenos o malos o como de rebelión o como un simple delito común, “que ha sido la tendencia en nuestro país”.

“En cuanto al delito de rebelión: antes se decía que el delito de la guerrilla era un delito político y que el de los paramilitares era simplemente un crimen común. Esa diferencia tampoco es aceptable. Tan alzado está el uno, como alzado en armas, el otro.

Independientemente de sus motivaciones, ambos están por fuera del ordenamiento jurídico, que es lo que finalmente hay que tener en cuenta”.

El Presidente también enfatizó en la idea de que para recuperar la institucionalidad en Colombia, es necesario “un país sin guerrilla y sin paramilitares,” y para ello se debe unificar el lenguaje frente al uno y el otro.

“No se puede hablar frente al tema de los proceso con los paramilitares con un lenguaje de guerrilla, ni frente al tema de la guerrilla con un lenguaje paramilitar”, expresó.

LA EXTRADICIÓN

Durante el encuentro, uno de los asistentes pidió al Presidente explicar su política frente al tema de la extradición y en especial en la negociación con los paramilitares. A lo que Uribe Vélez contestó:

“En un comunicado del 27 de abril (ver anexo al final, puntos 6 y 7) el Gobierno dijo: la extradición no es negociable, nosotros no podemos volver a Colombia un país paria ante la comunidad internacional.

Se dijo: quien quiera evitar la extradición, tiene que demostrarle al mundo y a Colombia su propósito de enmienda, su contrición, su buena fe, en modificar su conducta.

Quiere decir que este va a ser un tema en el cual son los involucrados los que tienen que actuar demostrando ese propósito de enmienda, demostrando ese acto de contrición, demostrando esa modificación de conducta.

Y por supuesto, esto es una cosa de tiempo, y hay que examinarla con los gobiernos y con los países interesados, requirentes. Porque nosotros no solamente hemos autorizado extradiciones a los Estados Unidos sino a varios otros países. Eso es una institución que todos los días se universaliza más”.

A su vez, el Presidente explicó que la extradición se ha universalizado y desmitificado en el derecho público en gran parte de los países, ya que se entiende, que si una comunidad se siente ofendida “por el delito que comete un ciudadano que vive en otra parte, esa comunidad, a través de su Estado, tiene el derecho de que se solicite la extradición”

Esta posición, concluyó, ha sido entendida en Colombia, al punto que el actual Gobierno ha autorizado la extradición a Estados Unidos, Francia, España y otros países, a más de 210 personas.

Anexo: COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Bogotá, 27 abr. (SNE).- La Presidencia de la República se permite informar:

1. A las conocidas y reiteradas amenazas contra el Presidente de la República por parte del ELN y las FARC, se han sumado en las últimas semanas amenazas de sectores de Autodefensas y narcotraficantes.
2. El Gobierno ofreció un proceso de paz a todos los grupos armados irregulares bajo la condición de un cese de hostilidades.
3. El proceso de paz con las Autodefensas ilegales no puede avanzar en medio de violaciones al cese de hostilidades, vendetas, negocios de narcotráfico, ni enfrentamientos entre grupos criminales.
4. Si las Autodefensas quieren avanzar en un proceso serio, deben demostrar su voluntad de paz aceptando una zona de concentración, con reglas claras y bajo verificación de la OEA. Deben avanzar hacia la desmovilización. De lo contrario el Gobierno los seguirá combatiendo hasta acabarlos.
5. El Gobierno impulsa en el Congreso un proyecto de Ley de Justicia y Reparación, generoso en los beneficios y riguroso en el respeto a la Constitución y el Derecho Internacional, que impiden el indulto y la amnistía para los responsables de delitos atroces.
6. La extradición no puede entenderse como una norma de derecho interno generadora de actitudes nacionalistas en su contra. Es una norma de derecho internacional que le permite a otro país castigar a quienes comentan ofensas contra sus nacionales. Si se prohíbe la extradición Colombia sufrirá los rigores del descrédito internacional.
7. La extradición no es tema de negociación. Quienes quieran evitarla, deben demostrar a la comunidad internacional su buena fe y propósito de enmienda.
8. El Gobierno comprende el dolor de los secuestrados por las FARC y sus familias. El Gobierno persistirá en su política de seguridad democrática, uno de cuyos principales resultados es la reducción en un 25% del secuestro el año pasado y en un 65% en lo corrido de este año.
9. El Gobierno no permitirá que las FARC, a través de amenazas, impongan un Acuerdo Humanitario con condiciones que debiliten la política de seguridad democrática.