Glifosato
sí genera efectos ambientales
Qué pasaría si el reciente
informe de la OEA sobre fumigación de los cultivos
ilícitos, hubiera confirmado efectos ambientales.
Aunque el supuesto ni siquiera serviría para reversar
la realidad, sí sirve para evidenciar los intereses
políticos y económicos que implica el asunto.
Tomás León Sicard*
El ambientalismo colombiano enfrenta
actualmente uno de los mayores retos de su historia,
al aceptar debatir en público las alternativas
para enfrentar el problema planteado por el uso ilícito
de los cultivos de coca y amapola. Ya era hora de hacerlo,
porque desde hace muchos años se reconoce en privado
que, junto a la pobreza y la inequitativa distribución
de la tierra, el cultivo de plantas proscritas por la
ley es uno de los mayores problemas ambientales del país.
El reto se asume provocado por una
coyuntura: la reciente publicación de un extenso
informe, realizado por cinco expertos internacionales
liderados por el doctor Keith Solomon de la Universidad
de Guelph, en el que, palabras más palabras menos,
se concluye que el glifosato, herbicida de amplio espectro
utilizado para erradicar por vía aérea
las plantas de coca, no genera impactos ni ambientales
ni sobre la salud humana. Para sustentar esta descabellada
tesis, los autores apelan a muchos malabarismos que son
aceptados en el ejercicio de la investigación
científica: presentan amplia información
bibliográfica, ejecutan ensayos de laboratorio
y realizan trabajos de campo con los cuales pretenden
demostrar su hipótesis.
Pero se apartan de la buena educación
científica, es decir, de aquellos cánones
no escritos que regulan el ejercicio del conocimiento:
buscan pruebas en donde no las hay; realizan experimentos
de laboratorio bien sustentados desde el diseño
experimental, pero extrapolan sus resultados de manera
no pertinente; en ocasiones, incluso, obtienen de sus
mismos experimentos conclusiones sesgadas; en el esfuerzo
que hacen para probar sus tesis se basan en exhaustivas
revisiones de literatura, pero desechan los trabajos
de investigadores que aportan pruebas contrarias. En
el campo, particularmente en el trabajo sobre contaminación
de aguas, olvidan describir variables intervinientes
y los principales parámetros que regulan el movimiento
de partículas en el ambiente.
Los autores parten de afirmar: "El
Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos
es tema de intenso debate por razones políticas,
sociales y de otra índole"; por tanto, "se
excluyen del estudio específicamente todos los
aspectos sociales, políticos y económicos
y el informe final se basa estrictamente en la ciencia
y en argumentos basados en la ciencia" (la cursiva
es del autor).
Esta aseveración por parte de
los autores es muy polémica, por lo menos por
tres razones: a) esta visión excluye a las ciencias
sociales, humanas y económicas del análisis
ambiental; b) coloca el acento solamente en las explicaciones
que provengan de las ciencias naturales o ciencias "duras" en
un fenómeno que, en realidad, toca muchos más
de los aspectos considerados por ellos; y, c) es ineludible
que este estudio, o cualquier otro de la misma índole
realizado bien sea por investigadores del país
o, como en el caso presente, por un grupo expresamente
seleccionado en el ámbito internacional, se utilizará con
fines políticos.
La ciencia no puede declararse neutra
frente a la sociedad alegando que su método es
puro e imparcial, cuando sus motivaciones y resultados
se insertan en el debate social. Más cuando se
trata de temas tan sensibles social, económica,
política y militarmente, como el que trata el
estudio, que se encuentran en el centro de polémicas
con repercusiones mundiales y que se ligan con derechos
humanos fundamentales, como el de la vida, el ambiente
sano y la salud de los colombianos.
A pesar de su buena intención
por delimitar el campo de estudio, que en sí es
una actitud legítima, los autores no pueden olvidar
la complejidad del asunto, especialmente porque ello
tiene efectos tanto en su metodología como en
sus conclusiones.
En su metodología, porque olvidaron
incluir los efectos económicos, institucionales,
políticos o sociales que tiene la fumigación
con herbicidas en los campos (pérdida y disminución
de rendimientos en cultivos lícitos, afectación
de animales domésticos, desplazamientos de población
o cambios en las relaciones familiares de los agricultores
afectados, o agudización del conflicto armado
en Colombia, por solo citar cinco ejemplos).
En sus conclusiones porque, como puede
observarse en la página 107 del documento de la
OEA, los autores afirman: "Los riesgos adicionales
asociados con el programa de aspersión son pequeños";
cuando el estudio no consideró, o si lo hizo fue
de manera tangencial, los riesgos directos o indirectos
sobre ecosistemas o agroecosistemas vecinos, pérdidas
de biodiversidad, muerte de animales domésticos,
desplazamiento de población o incremento en procesos
erosivos del suelo.
El proyecto tiene una grave deficiencia:
se basó en estudios secundarios para estimar los
efectos del herbicida en la salud humana, acogiendo la
mayor parte de los que juegan a su favor, pero desestimando
aquellos que indican riesgos. Es más, los autores
no consultaron la lista de quejas (en la actualidad reposan
más de 8.000 en la Defensoría del Pueblo)1
que han interpuesto diferentes actores de la sociedad
colombiana sobre los efectos ambientales de las fumigaciones.
Allí seguramente hubieran encontrado una gran
cantidad de datos para verificar.
Un trabajo en esta dirección
fue realizado por Luengas (2005) quien examinó las
bases de datos de la Defensoría del Pueblo y de
la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE),
encontrando que el 87% de las quejas interpuestas corresponde
a daños sobre la vegetación2, el 6,9% a
salud humana y el resto, a animales y cuerpos de agua.
Recapitulemos: los autores del estudio
de la OEA no tomaron muestras ni analizaron mínimamente
los efectos del glifosato sobre los bosques aledaños
a los ilícitos; no evaluaron los daños
a los cultivos lícitos; no midieron la erosión
que se desencadena cuando las plantas mueren y la cobertura
vegetal desaparece de la superficie de los terrenos;
no analizaron la muerte de animales domésticos
ni realizaron estudios directos sobre la salud de los
campesinos, niños, mujeres, indígenas afectados
con las fumigaciones. Entonces, ¿cómo se
atreven a concluir que los daños ambientales son
leves y que este herbicida no tiene efectos sobre la
salud o que sus riesgos son mínimos?
El informe de la OEA tiene muchas más
deficiencias que no se transcriben en este artículo
por razones de espacio, y que fueron consignadas en el
documento que varios profesores del Instituto de Estudios
Ambientales de la Universidad Nacional les hicieron llegar
a ellos y a la opinión pública.
Queda en el ambiente, sin embargo,
que con este estudio como justificación, el actual
gobierno fumigará los Parques Nacionales de Colombia
y persistirá en su empeño de la erradicación
forzosa de cultivos de uso ilícito. Esto es una
solución simplista y poco inteligente a un problema
complejo que exige esfuerzos de la imaginación
por solucionarlos. Esfuerzos que no hicieron los colegas
de la OEA, que con su visión unilateral del mundo
y su pretendida objetividad científica, comprometen
seriamente ecosistemas y culturas de Colombia que es,
en el fondo, la cuestión ambiental. Idea que ellos
no entienden.
1 Comunicación
personal de funcionarios de la Defensoría
del Pueblo, abril de 2005. 2Este resultado es de
esperarse debido a que el glifosato es un herbicida,
y su primera acción ocurre sobre el componente
vegetal.
* Agrólogo. Profesor
Asociado. Instituto de Estudios Ambientales (Idea)
de la Universidad Nacional de Colombia.
Tomado de UN Periódico
http://unperiodico.unal.edu.co/ediciones/75/08.htm
