Santa Marta, 29 abr (SNE). El
Programa Presidencial contra los Cultivos Ilícitos (PCI) rindió cuentas
este viernes al presidente Álvaro Uribe Vélez
y al país: hasta la fecha van 36.446 familias
guardabosques con contratos colectivos y 31.706 con contratos
individuales, es decir recibiendo un incentivo económico
bimestral de 600 mil pesos a cambio de prevenir la droga
y conservar el medio ambiente.
Según el balance del PCI, la labor de las familias
guardabosques ha permitido mantener libres de cultivos
ilícitos un total de 356 mil hectáreas
de bosques, de las cuales 140 mil hectáreas están
siendo protegidas y recuperadas por los campesinos e
indígenas inscritos.
Tras dos años de implementado, el Gobierno ha
invertido en pagos un total de 124.715 millones de pesos,
con beneficio directo para las familias que en el pasado
se dedicaban a los cultivos ilícitos, como también
para comunidades que residen en zonas que corren el riesgo
de caer en este tipo de ilegalidad. En 2005 la inversión
superará los 180 mil millones de pesos.
Los guardabosques operan en 679 veredas de los siguientes
municipios:
ANTIOQUIA: El Bagre, Necoclí,
Turbo y Zaragoza.
ARAUCA: Arauquita.
BOLÍVAR: Cantagallo y
San Pablo.
BOYACÁ: Otanche.
CAQUETÁ: Valparaíso.
CAUCA: La Vega.
CÓRDOBA: Tierralta y Valencia.
GUAVIARE: El
Retorno y San José del
Guaviare.
HUILA: Íquira, Nátaga, Oporapa, Saladoblanco,
San Agustín, Santa María y Teruel.
MAGDALENA: Sierra Nevada de Santa Marta.
NARIÑO: Albán, Buesaco y El Tablón.
NORTE DE SANTANDER: Sardinata y Teorama.
PUTUMAYO: Colón,
Orito, San Francisco, Santiago y Sibundoy.
TOLIMA: Chaparral y Rioblanco.
ADOPTE UN GUARDABOSQUE
Hasta el momento 11 empresas
colombianas se han vinculado a la campaña “Apoye una familia guardabosque”:
Avantel, Aviatur, Petrotesting, Shell, Petrobras, Repsol,
Omimex, Rancho Hermoso, Mineros, Sociedades Bolívar
y Banco Davivienda.
La inversión de estas empresas,
que se vinculan por un período de tres años,
asciende a 142 millones de pesos, representados en
4 millones 600
mil pesos que entregan anualmente a cada una de las
familias.
La campaña busca establecer
una alianza entre la empresa privada y el Gobierno
Nacional, para apoyar
a las familias interesadas en vincularse al programa
y darles la bienvenida a un entorno legal y productivo
que les permita abandonar para siempre la siembra
de coca y amapola, iniciar un plan de vida digno y
contribuir
con su labor de guardabosques al desarrollo local
y al bienestar de sus compatriotas.
APOYO INTERNACIONAL
En enero de 2005, la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
donó 400 mil dólares
para apoyar las actividades de conservación y
manejo sostenible de ecosistemas estratégicos
que adelantan las familias localizadas en la vertiente
norte de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Con este proyecto, al que el
Gobierno Nacional aportó otros
400 mil dólares, las familias beneficiadas, que
ascienden a 1.721 en esta zona, trabajan en proyectos
productivos de cacao y café orgánico. De
igual forma buscan fomentar el ecoturismo y ofrecer servicios
ambientales.
Otro de los avances significativos
en la región
es la constitución de un fondo comunitario que
llega a los 700 millones de pesos, recursos con los cuales
se busca financiar nuevos proyectos productivos, adquirir
predios, establecer cultivos lícitos para el autoconsumo
y construir una vía de cinco kilómetros
que mejore la comercialización de los productos.
El acto de rendición de
cuentas se lleva a cabo en el marco del Gran Encuentro
Nacional de Familias Guardabosques,
en el que participan representantes de los 31 mil hogares
beneficiados con pagos y que se celebra en el Centro
de Convenciones del Hotel Santamar de la capital del
Magdalena.
Aparte del presidente Uribe y
los delegados de las familias, participan el alto consejero
presidencial para la Acción
Social, Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, la directora
del programa presidencial contra los Cultivos Ilícitos,
Victoria Eugenia Restrepo Uribe, autoridades locales
y regionales, parte del Gabinete Ministerial y representantes
de Naciones Unidas, agencias de cooperación y
empresarios del país.
