PALABRAS DEL PRESIDENTE
EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA RAMA JUDICIAL
Bogotá, 13 dic. (SNE).- El
siguiente es el discurso del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez,
durante la conmemoración del Día de la Rama Judicial,
celebrado en la sede del Consejo Superior de la Judicatura:
“Hace poco tuve oportunidad de acudir al edificio de la
justicia de la Patria, con ocasión de una nueva conmemoración
de la luctuosa fecha del holocausto de la justicia a rendir tributo
a los héroes que fallecieron en aquel holocausto. Servidores
de la justicia que el país nunca olvidará.
Hoy, tengo la oportunidad de regresar a
esta sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, a participar
con ustedes, del
homenaje que se le rinde a los actuales servidores de la justicia
por su abnegada y patriótica labor.
Los condecorados representan las virtudes
del juez colombiano: honradez, dedicación, abnegación, respeto a la ley,
respeto al estado de normas, respeto a una estructura de instituciones
independientes, pero que tienen que colaborar armónicamente.
Como lo recordaba el doctor José Alfredo Escobar Araujo,
Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, la independencia de las ramas del poder es fundamental
para poder constituir el estado de leyes y la colaboración
armónica entre ellas es fundamental para la gobernabilidad
y no solo para ella, sino también para la eficacia y la
eficiencia del Estado en su conjunto, en el cumplimiento de sus
deberes con la comunidad.
Quiero felicitarlos pues, en este día que Colombia tradicionalmente
dedica a honrar a distinguidos servidores de la justicia y a poner
sobre el pecho de ellos, la condecoración José Ignacio
de Márquez que honra la memoria de aquel Presidente, ejemplo
de virtudes democráticas, ejemplo de acatamiento a la justicia,
ejemplo de dedicación a la promoción del civismo
y a la promoción de la permanente reconciliación
entre los colombianos.
Indudablemente el tema de la administración de justicia
es un tema fundamental en un país como Colombia, caracterizado
por los elementos que configuran una democracia moderna, caracterizado
por una lucha por la seguridad con alcance democrático,
caracterizado por una lucha por el respeto eficaz a las libertades
públicas, por la construcción permanente de cohesión
social, por un ejercicio que busca que todos los días haya
más transparencia, especialmente en el ejercicio de las
tareas públicas y caracterizado por el respeto a la independencia
de las instituciones que integran el Estado de Derecho.
Hemos hecho esfuerzos bien importantes
para mejorar condiciones de remuneración de magistrados de tribunales, de fiscales,
de jueces. Procesos dispendiosos, reclamos a los que no era fácil
de responder por la situación fiscal de la Nación
y lo hemos logrado en un proceso dedicado de concertación
con la administración de justicia.
Hemos logrado avanzar para que el país tenga, a partir
del próximo mes de enero 290 jueces administrativos que
ya cuentan con la debida partida presupuestal.
Hemos hecho esfuerzos muy importantes para
buscar cooperación
internacional para que funcione el sistema penal acusatorio, para
financiar con el presupuesto de la Nación los mayores recursos
que exige, sobre todo en ésta primera etapa las de implementación
del Sistema Penal Acusatorio –uno de los logros más
importantes, de las innovaciones más trascendentales, de
la justicia de nuestra Patria-.
Con el Consejo Superior de la Judicatura,
el Ministro del Interior y de Justicia, el doctor Sabas Pretel
de la Vega –quien no
nos acompaña porque esta terminando una visita oficial al
Reino Unido- y la señora viceministra (del Interior), la
doctora Ximena Peñafort, adelantan una tarea bien importante
para poder avanzar en propósitos de descongestión,
en tareas que nos permitan mayor celeridad en la extensión
de dominio, para implementar la oralidad en lo laboral –que
es uno de los grandes anhelos en la reforma de justicia en Colombia-,
para avanzar en temas de revisión de lo civil y lo agrario,
en general del programa de descongestión.
Sobre el Sistema Penal Acusatorio quiero
decir lo siguiente. En primer lugar, reconocer que es una de
las reformas más atrevidas,
más innovadoras que se han introducido en Colombia. Es una
verdadera reforma estructural en materia de justicia penal.
La implementación no es fácil, ha demandado mucha
capacitación, ha demandado más cooperación
de la Policía, de todas las entidades del Estado y también
ha demandado más recursos.
Hay que hacer ajustes permanentes, como
hemos hablado con el señor
Fiscal General de la Nación (Mario Iguarán Arana)
y entonces, en alguna ciudad se queja la comunidad porque ha habido
aumento en el robo de vehículos debido a instituciones como
la excarcelación, etc. Todo eso es corregible en la medida
que ese proceso de implementación se administre con una
actitud dialéctica, con una actitud receptiva a los cambios
que hay que introducir.
Y se presentan resultados muy buenos en
disminución de
tiempos procesales. Por ejemplo, el tiempo procesal para el hurto –en
las ciudades donde se ha implementado el Sistema Penal Acusatorio-
presenta una disminución del 93 por ciento. El tiempo procesal
para lesiones personales, del 84 por ciento. Para el tema de tráfico
de importación de armas, del 92 por ciento. Del 78 por ciento
para el tráfico y consumo de estupefacientes. Y el 90 por
ciento para homicidios.
Dos mil 343 servidores públicos se preparan ahora para
seguir avanzando en ésta tarea, cuando a partir del próximo
mes de enero, otras ciudades de la Patria empezarán a experimentar
el Sistema Penal Acusatorio.
Indudablemente hay temas allí –todavía- de
escasez presupuestales que el Gobierno Nacional no es indiferente
a esa situación y hemos buscado con el Fiscal General de
la Nación, como atender uno u otro reclamo.
Para hablar de reformas de la justicia,
lo primero que tiene que hacer el Gobierno o su vocero –en este caso mi persona- es
reiterar el principio de respeto total a la autonomía de
la justicia. Cuando hemos hablado de reformas al Consejo Superior
de la Judicatura, ha sido de reformas al ente, en ningún
momento a la institución y autonomía de la justicia.
Creo que a pesar de grandes avances, de
eficiencia en muchos resultados, caben unas reformas importantes
y caben en la estructura del Consejo
Superior de la Judicatura. Muchos de los magistrados son consientes
de esa reforma y pienso que, con buena voluntad, en un proceso
de construcción de consensos, se pueden lograr.
Hay otras reformas, que hay que irlas buscando
todas, a través
de construcción de consensos.
En un país de instituciones independientes, en un país
donde todos los días hay que profundizar el respeto por
la Constitución y por la justicia, reconozco que ninguna
reforma de esta naturaleza se puede pretender implementar sin antecederla
del mayor esfuerzo para lograr el más alto nivel en la construcción
del consenso.
Es muy importante que nos podamos reunir
Gobierno y Altas Cortes para hacer el inventario de las reformas
que se requieren en la
justicia y construir el consenso a ver cómo se introducen
por ese mecanismo, el único posible en un Estado de instituciones
independientes.
Hay discrepancias entre las Cortes sobre
algunas instituciones, el único camino es el entendimiento entre las Cortes. Debemos
buscar cómo, para que la autonomía de las justicia
sea cada vez más real, le entregamos independencia en el
manejo de los recursos, pero diría que eso no es suficiente.
Hay que buscar fuentes de recursos propios para la administración
de justicia.
Nada logramos con consagrar la plena independencia
en el manejo de los recursos, que hoy yo diría, la justicia tiene independencia
para manejar los recursos, el problema con el Gobierno Nacional
y con el Congreso no es sobre el manejo de los recursos sino sobre
los montos asignados. Y esa definición sobre montos no es
una limitación que se impone por capricho del Gobierno o
del Congreso, sino por la escasez de recursos presupuestales.
Yo confiaría que, en la medida que encontremos rentas propias
para la justicia y vamos configurando un fondo de autonomía
en financiación de recursos para la justicia, va siendo
menos difícil la definición de los montos que requiere
la justicia.
Por supuesto, eso no se puede desvincular
de otros temas de gran trascendencia como es el tema de las finanzas
nacionales. Yo quiero
que ustedes piensen también en esas finanzas nacionales,
porque si bien hemos superado algunas de las dificultades, los
problemas de las finanzas nacionales siguen siendo muy agudos.
Este país, en poco tiempo, saltó de
un endeudamiento del 12,16 por ciento del PIB, a un endeudamiento
del 56 por ciento
del PIB.
Recuerdo agosto – septiembre del 2002, prácticamente
teníamos cerrado el acceso a los bancos multilaterales,
los TES –que son unos papelitos que coloca el Gobierno en
el mercado local- estaban en crisis, la gente no quería
invertir en ellos. La tasa de interés se había subido
al 17 por ciento.
Hemos logrado que ese endeudamiento baje al 44 por ciento, pero
no es suficiente, hay que ponerlo por debajo del 40 por ciento.
En muy pocos años, este país saltó de unas
finanzas públicas prácticamente en equilibrio, a
un déficit que en agosto de 2002 se proyectaba en el 4.2
por ciento del PIB y no había manera de financiarlo. ¿Por
qué? Porque cuando crece el déficit y hay espacios
para financiarlo con endeudamiento, los gobiernos generalmente
acuden a ese mecanismo. Pero cuando coincide un altísimo
déficit, un altísimo endeudamiento y se cierran las
fuentes para seguir financiando ese déficit, se presenta
una crisis muy severa que es la que nosotros debimos afrontar en
aquel momento.
Hemos tomado una serie de decisiones, entre
ellas la de reformar 252 empresas del Estado. Ello nos ha obligado
a reformar 111 hospitales
públicos, frenamos el cierre de los hospitales públicos.
Los hemos reestructurado, faltan muchísimos, pero vía
reestructuración hemos salvado 111 hospitales del Estado.
El dilema ha sido: en nombre de mantenerlos,
no reestructurarlos y dejar que se cierren o, enfrentar la gran
responsabilidad política
de reestructurarlos para poder mantenerlos abiertos y garantizar
su sostenibilidad y lograr que no estén al servicio de maquinarias
politiqueras, que no estén al servicio de privilegios, de
trabajadores o de políticos, sino al servicio real de la
comunidad.
El concepto del Estado sostenible al servicio
de la comunidad, en este Gobierno, ha sustituido el concepto
tácito que imperó en
algunos lustros anteriores, de dejar que el Estado y sus expresiones –como
los hospitales públicos- se fueran muriendo.
Toda esa reforma nos ha permitido darle
mayor sostenibilidad a entidades del Estado y empezar a reducir
el déficit. Pero
ese déficit, si bien en lo consolidado es muy diferente
a lo que había en agosto de 2004, en el Gobierno Nacional
central sigue siendo muy elevado.
En lo consolidado ese déficit puede estar este año
alrededor del uno por ciento, muy diferente al 4.2 de agosto de
2004, pero en el Gobierno Nacional central ese déficit sigue
siendo superior al 5 por ciento.
Ahí le quedan al país unas reformas pendientes de
gran importancia porque la mayor responsabilidad la tiene el Gobierno
Nacional central. Los recursos para la administración de
justicia, provienen del Gobierno Nacional central. Los recursos
para la Fuerza Pública, provienen del Gobierno Nacional
central. Las transferencias para las regiones, provienen del Gobierno
Nacional central. El pago de pensiones, la inversión social,
todo eso proviene del Gobierno Nacional central.
¿Qué nos pasó, apreciados magistrados y respetados
compatriotas servidores de la justicia? Muchas cosas, entre ellas:
el agotamiento de las reservas del Seguro Social. Se le decía
al país: ‘pongamos cuidado que se van a agotar las
reservas del Seguro Social’. Yo creo que hicimos caso omiso
y se agotaron. Se amenazaba con la ruina de ese edificio y se le
vino encima ese edificio a este Gobierno.
Este año, las pensiones del Seguro
Social nos valen 6 billones, los recaudos del Seguro Social ascienden
a 2 billones, los 4 billones
de la diferencia los tiene que pagar el Gobierno Nacional central.
Y hemos cumplido. El agotamiento de reservas no ha servido de excusa
para incumplirle a los pensionados de la Patria. A pesar del agotamiento
de reservas, hemos cumplido rigurosamente el pago de pensiones.
¿Saben ustedes cuánto valen las pensiones que paga
el estado colombiano? Este año valen 16 billones y hemos
logrado cumplir con esos pagos.
Allí hay un tema bien importante es el de mirar cómo
han crecido los grandes rubros de gasto del Estado.
Sí, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en seguridad,
170 municipios que no tenían presencia de policía,
hoy la tienen. La falta de la institución constitucional
la habían suplido terroristas de origen guerrillero o paramilitar,
financiados por el narcotráfico.
Lo propio hemos hecho en centenares de
corregimientos y veredas, reconociendo –como reconozco- que falta mucho en este vasto
y difícil territorio y por eso comprendo el clamor del doctor
Escobar Araújo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura,
para que avancemos hacia la votación de juzgados en aquellos
municipios que aún no cuentan con ellos. Ese es un paso
fundamental para poder tener allí plena presencia institucional.
Tenemos Soldados de Mi Pueblo en casi 700 municipios de la Patria.
Los esfuerzos no han sido poquitos, Colombia
llegó a tener
32 mil homicidios en un año, uno quisiera hablar de cero
homicidios, cuantificar el derecho a la vida casi es un absurdo,
es tan grave un homicidio como 32 mil, pero con la ayuda de Dios,
este año ya no serán 32 mil ni veintitantos mil,
estaremos por debajo de 17 mil. Sin embargo, sigue siendo una tasa
muy alta y el país tiene que hacer un gran esfuerzo para
derrotar ese flagelo.
Es posible que este año la tasa
de homicidios no supere el 38 por ciento, el 38 por cada 100
mil habitantes. Venimos del
66, apreciados Magistrados.
Hemos hecho un esfuerzo muy grande en secuestros,
Colombia llegó a
tener 3.650 secuestros por año, este año los secuestros
extorsivos están por debajo de 400, pero esa es una cifra
todavía enorme.
Hemos hecho un gran esfuerzo para que nos
validaran los hechos, nuestra prédica de que la seguridad nuestra no es una de
seguridad fascista ni dictatorial ni hace parte de los capítulos
de la Seguridad Nacional en nombre de los cuales se suprimieron
las libertades públicas y se persiguió a la oposición
en otros países.
Hemos hecho grandes esfuerzos para que
los hechos legitimen nuestra prédica de Seguridad Democrática.
Cuando este Gobierno empezó, había 400 alcaldes
que no podían ejercer en sus municipios por la presión
de los grupos terroristas. Hoy todos pueden ejercer. En nombre
de la Seguridad Democrática nos hemos propuesto brindar
seguridad a todos los alcaldes, independientemente del origen político
de su elección.
Nuestra seguridad es democrática porque es para todos los
colombianos. El Ejército, la Policía no son el Ejército
o la Policía del gobernante de turno ni los partidos políticos
que lo apoyan, sino de todos los ciudadanos como lo manda la Constitución.
En esta Patria nuestra, se asesinaba a
165 dirigentes sindicales en un año, quisiéramos decirle al mundo que ese flagelo
está totalmente superado, se ha disminuido mucho el número,
pero no está totalmente superado. Todavía este año
nos han asesinado 13 afiliados a organizaciones sindicales.
En esta Patria nuestra la libertad de prensa
no se ha afectado en virtud de acciones de los gobiernos, pero
sí por omisión
de políticas de seguridad para enfrentar a los terroristas.
Quince, 20 periodistas asesinados en un año, todavía
nos asesinan, todavía este año tenemos 2 periodistas
asesinados. Pero en la medida que continuemos esta tarea, los indicadores
tienen que ir mejorando.
¿Saben ustedes cuánto ha
representado el crecimiento presupuestal en valores reales en
materia de seguridad? 22 por
ciento.
¿Saben ustedes cuánto ha
crecido el pago de pensiones en Colombia en el mismo periodo?
78 por ciento.
¿Y saben ustedes cuánto ha crecido la inversión
social, diferente a pensiones, en el mismo periodo? 36 por ciento.
Esta mañana en una emisora de Bogotá convocaba a
las familias desplazadas que viven en la ciudad para que se registren
en el programa Familias en Acción.
Hemos estado muy atentos para poder cumplir
los mandatos de la Honorable Corte Constitucional en materia
de atención de
desplazados, haciendo todos los esfuerzos posibles en materia presupuestal.
Este año, el país termina con 500 mil Familias en
Acción, familias pobres que reciben un subsidio para garantizar
la educación y la nutrición de sus hijos. De ellas,
100 mil desplazadas.
Hemos encontrado muchas dificultades, no
sólo las presupuestales
sino también las de ubicación. En la convocatoria
en las grandes ciudades para que los desplazados se registren en
el programa Familias en Acción, en promedio sólo
se ha registrado el 40 por ciento de los que aparecían censados
como desplazados. Ese tema también lo vamos a tener que
revisar para ver qué es lo que ha pasado con esos censos.
Estamos haciendo todos los esfuerzos presupuestales
posibles. En pesos reales: en este Gobierno, el promedio anual
de atención
a desplazados es de 448 mil millones, cuando venimos de 78 mil.
El año entrante, para atender desplazados, Familias Guardabosques
y reinsertados, el presupuesto de la Nación es de 1.5 billones.
Se ha aprobado un Conpes que obliga a la Nación colombiana,
en los años que vienen, a invertir en atención de
desplazados, en promedio, un billón de pesos al año.
Entonces tenemos unas grandes exigencias en todos los temas.
El Magistrado Escobar Araujo reclama más atención
a la Justicia y tiene razón, más presupuesto para
juzgados y tiene razón. Voy a Buenaventura el jueves de
la semana pasada y los mismos que dicen: ‘Uribe se gasta
la plata en la guerra’, ese día me pedían allá más
policía para poder enfrentar el terrorismo de Buenaventura.
Y he encontrado una cosa saludable para
el país: ya no
hay exclusión entre la mayor demanda por inversión
social y la mayor demanda por seguridad. Si algo bueno, resultado
de la pedagogía de la Seguridad Democrática, empezamos
a encontrar en Colombia, es que todos los ciudadanos, los alcaldes,
los gobernadores demandan que se lleve de la mano la política
de seguridad con la política de inversión social.
Pero, los afanes y las angustias de los colombianos exceden en
sus reclamos las posibilidades presupuestales.
Por eso, hay que hacer crecer esta economía, manejar los
recursos con transparencia, hacer al mismo tiempo un gran esfuerzo
por mejorar la asistencia presupuestal a la justicia –ojalá con
rentas propias-, hacer un gran esfuerzo para continuar expandiendo
la Seguridad Democrática, hacer un gran esfuerzo en materia
de inversión social y de inversión física.
Porque, los reclamos son muchísimos.
Voy a La Mojana a enfrentar las inundaciones –en la tierra
del Presidente de la Corte Suprema de Justicia- y los ciudadanos
reclaman atención inmediata y reclaman bancos de materiales
para reparar las casitas y reclaman unas obras de contención
de los ríos Cauca y San Jorge –que valen más
de 100 mil millones- y reclaman unos pavimentos –que valen
más de 63 mil millones- ya contratados y reclaman presencia
de la autoridad y reclaman más inversión social.
Es un país que se nos ha atrasado mucho en todos los frentes
de inversión, pero que todos, trabajando de buena fe, con
amor por Colombia, lo vamos a sacar adelante.
Diría yo que tenemos grandes retos. Los pueblos necesitan
visiones de largo plazo y trabajo cotidiano, por eso le hemos propuesto
a Colombia discutir democráticamente la Visión del
país 2019.
El 7 de agosto de 2019, nuestra Patria
cumplirá 200 años
de vida independiente, es muy importante tener desde ya, construida
por la vía del debate democrático, una visión
de la Colombia que queremos para ese día. Plantación
Nacional entregó el 7 de agosto, a consideración
de los colombianos, lo que llamo el ‘primer borrador’.
Es un documento de referencia para discutir la visión de
país que queremos al 7 de agosto de 2019, con metas parciales
permanentes. Entre ellas, una muy importante: la evaluación
que deberá hacerse sobre esas metas el 20 de julio de 2010,
cuando cumpliremos 200 años del Grito de Independencia.
Vengo hoy a invitar a ustedes, que regentan
la justicia de mi Patria, a que nos ayuden con la construcción de lo que ser
el anexo de visión de justicia en Colombia para el 7 de
agosto de 2019.
Que la justicia, dentro de su autonomía, dé ese
debate y nos entregue a Plantación Nacional, lo que la justicia
considera ese documento de Visión de país al 7 de
agosto de 2019, con metas parciales, bien importantes como aquellas
del 20 de julio de 2010.
Le pediré al doctor Santiago Montenegro que esté en
permanente coordinación con los presidentes de las Altas
Cortes y al doctor Sabas Pretelt, ministro de Interior y de Justicia,
para que las Altas Cortes, en su sabiduría, miren cómo
coordinan ese debate democrático en la justicia para poder
tener en la Visión Colombia 2019, un gran anexo sobre la
visión de la justicia.
Y eso hay que acompañarlo con el trabajo cotidiano, nada
gana un pueblo que tenga visión de largo plazo, si no hay
un gran esfuerzo de todos los días para convertir esa visión
en realidad, sobretodo una visión exigente, una visión
muy exigente en materia de erradicación de la pobreza, una
visión muy exigente en materia de mejoramiento del ingreso
y de su distribución en Colombia.
Y nada gana un pueblo que haga un gran
esfuerzo cotidiano, si no tiene una visión de largo plazo porque entonces, así como
no cumplir la visión por falta de trabajo, torna la ilusión
en frustración, carecer de la visión no obstante
el esfuerzo de todos los días, crea el vacío de falta
de objetivos que es un vacío que hace dispersar los esfuerzos
de todos los colombianos.
Confío, que superados periodos, donde por la naturaleza
de los fallos que se esperaban, había un natural distanciamiento
del Ejecutivo y las Altas Cortes, podamos sentarnos ahora, en virtud
del mandato la Constitución –que nos obliga a respetar
la independencia de cada quien, pero a trabajar armónicamente-
a construir consensos sobre las reformas que la justicia de la
Patria necesita para que esta justicia sea cada vez más
autónoma, más eficiente, como lo añoran ustedes
y como lo demandan todos los colombianos.
Apreciados presidentes de las Altas Cortes,
condecorados hoy con la medalla José Ignacio de Márquez,
muy distinguidos servidores de la justicia que la han recibido:
a todos ustedes
muchas felicitaciones.
¡Qué gran patriota fue el presidente José Ignacio
de Márquez! ¡Qué gran demócrata! ¡Qué gran
promotor del respeto a la Ley! ¡Qué gran promotor
del respeto a la justicia! ¡Qué gran promotor del
civismo! ¡Y qué gran promotor de la conciliación!
A todos les deseo una Feliz Navidad, un
Feliz Año y que
compenetrados todos en el objetivo de querer a Colombia y servirla
honradamente, esta Patria le depare a las nuevas generaciones,
felicidad, todas las ilusiones posibles para desempeñarse
aquí, en este suelo sagrado de Colombia.
Muchas gracias a todos”. |
