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El documento será suscrito antes de terminar el año

GOBIERNO FIRMARÁ CON ALPINA PRIMER CONTRATO DE ESTABILIDAD JURÍDICA

  • La iniciativa jalonará inversiones de la empresa por cerca de 25 millones de dólares en los próximos cinco años

Bogotá, 19 dic. (SNE).- Antes de concluir el presente año, el Gobierno Nacional suscribirá con la empresa Alpina el primer contrato de estabilidad jurídica que se firma en el país, luego de ser aprobada por el Congreso de la República la ley que regula este tipo de acuerdos, hace cinco meses.

El acuerdo tendrá una duración de 10 años, entre el 2006 y el 2015, durante los cuales la Nación se compromete con la empresa a mantenerle un marco jurídico estable para ciertas normas solicitadas por la compañía.

Dichas normas tienen que ver con aspectos diversos del impuesto a la renta y complementarios, identificados por la empresa como determinantes para inversiones que piensa adelantar en el corto y mediano plazo.

En ese sentido, el contrato que será firmado con Alpina le permitirá a la compañía desarrollar entre los años 2006 y 2010 un Plan de Expansión Industrial valorado en cerca de 25 millones de dólares (cerca de 60 mil millones de pesos).

La inversión -repartida en infraestructura, nuevos equipos, ingeniería y montaje- cubre un total de 12 subproyectos en dos fases: la primera será de modernización y acondicionamiento, y la segunda de crecimiento de la empresa.

A cambio de la garantía de estabilidad jurídica, la compañía le pagará a la Nación una prima equivalente al uno por ciento de la cuantía total de la inversión.

Para el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge Humberto Botero, con la firma de este contrato se pone en marcha una herramienta muy importante para promover la inversión en Colombia por parte tanto de empresas extranjeras, como de empresas nacionales.

“Lo que perseguimos es mostrarle a inversionistas potenciales que aquí hay un camino útil, que hay un instrumento promisorio que puede ser utilizado, y que estamos totalmente abiertos a recibir -como en efecto ya hemos recibido- nuevas solicitudes de contratos de estabilidad jurídica”, indicó el funcionario.

Al respecto Botero manifestó que ya hay una lista de empresas interesadas en acogerse a la iniciativa, y que en el curso del primer trimestre del 2006 se estarían firmando tres o cuatro contratos con igual número de compañías.

El funcionario también declaró que gracias a estos convenios, el sector productivo cuenta con un nuevo instrumento para contribuir de manera sustancial al crecimiento económico del país, a la generación de empleo, al incremento de la competitividad y al desarrollo de las distintas regiones del país.

BENEFICIOS DEL CONTRATO CON ALPINA

Entre tanto Julián Jaramillo, presidente de Alpina S.A., destacó que el contrato que firmará la compañía le permitirá concretar las inversiones que venía planeando desde hace varios años.

“En la medida que desde el año 2002 la economía empieza a tener una mejor respuesta, pues empezamos a activar ese plan de inversión, pero con base en esta Ley se da realmente el marco de referencia para poder tomarlo muy en serio y hacer las valoraciones de esa proyección”, resaltó el directivo.

Sobre los puntos más específicos, reveló que el proyecto de inversiones diseñado por la empresa y que se hará en el marco del contrato suscrito con el Gobierno, permitirá generar casi tres mil empleos entre directos e indirectos.

Además, gracias al plan de expansión, la empresa proyecta incrementar en forma importante la participación de las exportaciones dentro de sus ventas totales, en particular a Venezuela y Ecuador.

Para el último año de vigencia del contrato (2015), Alpina prevé superar los 200 mil millones de pesos en compras, multiplicando así la demanda de bienes y servicios y estimulando la consolidación de encadenamientos productivos.

En materia ambiental, las inversiones de la compañía harán posible un mejoramiento de sus procesos productivos, a través de la reducción de emisiones de dióxido de carbono, una disposición adecuada de sus desperdicios y aguas residuales y una mayor eficiencia en el consumo de energía.

La aprobación de este primer contrato de estabilidad jurídica se realizó desde el pasado 9 de diciembre por el Comité creado para este propósito, el cual está integrado por los Ministros de Comercio, Industria y Turismo; de Hacienda y Crédito Público; y por el Director del Departamento Nacional de Planeación, quienes por consenso aprobaron la suscripción del mismo.

LOS CONTRATOS

El 8 de julio de 2005 se publicó en el Diario Oficial la Ley 963 por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia. La ley fue reglamentada mediante decreto 2950 del 29 de agosto de 2005.

El instrumento autoriza al Gobierno Nacional a hacer pactos con los inversionistas, para garantizarles la aplicación de ciertas disposiciones legales y reglamentarias que les den seguridad a la hora de realizar sus inversiones.

Los contratos de estabilidad jurídica buscan asegurar a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se modifican en forma adversa las normas o interpretaciones estipuladas en dichos contratos, estas modificaciones no les serán aplicables durante la duración de los mismos.

Los inversionistas pueden ser personas naturales, jurídicas o consorcios nacionales o extranjeros que efectúen nuevas inversiones o amplíen las existentes en el territorio nacional en un monto mínimo a un millón de dólares equivalente a 7.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En tal sentido, se consideran inversiones nuevas las que se realicen o entren en operación con posterioridad a la vigencia de esta nueva Ley.

Las actividades en las que se podrán realizar este tipo de contratos son las turísticas, industriales, agrícolas, de exportación agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación, zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y férreos, de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos.

Se excluye el régimen laboral, el de seguridad social, los impuestos y tributos que tome el Gobierno nacional cuando se decrete un estado de emergencia, los impuestos indirectos, la regulación prudencial del sector financiero y el régimen tarifario de servicios públicos.

Durante el primer semestre de 2006, el Gobierno adelantará una ambiciosa estrategia para difundir los contratos de estabilidad jurídica a nivel nacional e internacional.

Esta campaña será adelantada con el apoyo de Proexport Colombia, en estrecha coordinación con los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo y Hacienda y Crédito Público, y con el Departamento Nacional de Planeación.

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