El documento será suscrito
antes de terminar el año
GOBIERNO FIRMARÁ CON ALPINA PRIMER CONTRATO DE ESTABILIDAD
JURÍDICA
- La iniciativa jalonará inversiones de la empresa por
cerca de 25 millones de dólares en los próximos
cinco años
Bogotá, 19 dic. (SNE).- Antes de concluir el presente
año, el Gobierno Nacional suscribirá con la empresa
Alpina el primer contrato de estabilidad jurídica que
se firma en el país, luego de ser aprobada por el Congreso
de la República la ley que regula este tipo de acuerdos,
hace cinco meses.
El acuerdo tendrá una duración de 10 años,
entre el 2006 y el 2015, durante los cuales la Nación
se compromete con la empresa a mantenerle un marco jurídico
estable para ciertas normas solicitadas por la compañía.
Dichas normas tienen que ver con aspectos diversos del impuesto
a la renta y complementarios, identificados por la empresa como
determinantes para inversiones que piensa adelantar en el corto
y mediano plazo.
En ese sentido, el contrato que será firmado con Alpina
le permitirá a la compañía desarrollar entre
los años 2006 y 2010 un Plan de Expansión Industrial
valorado en cerca de 25 millones de dólares (cerca de
60 mil millones de pesos).
La inversión -repartida en infraestructura, nuevos equipos,
ingeniería y montaje- cubre un total de 12 subproyectos
en dos fases: la primera será de modernización
y acondicionamiento, y la segunda de crecimiento de la empresa.
A cambio de la garantía de estabilidad jurídica,
la compañía le pagará a la Nación
una prima equivalente al uno por ciento de la cuantía
total de la inversión.
Para el ministro de Comercio, Industria
y Turismo, Jorge Humberto Botero, con la firma de este contrato
se pone en marcha una herramienta
muy importante para promover la inversión en Colombia
por parte tanto de empresas extranjeras, como de empresas nacionales.
“Lo que perseguimos es mostrarle a inversionistas potenciales
que aquí hay un camino útil, que hay un instrumento
promisorio que puede ser utilizado, y que estamos totalmente
abiertos a recibir -como en efecto ya hemos recibido- nuevas
solicitudes de contratos de estabilidad jurídica”,
indicó el funcionario.
Al respecto Botero manifestó que ya hay una lista de
empresas interesadas en acogerse a la iniciativa, y que en el
curso del primer trimestre del 2006 se estarían firmando
tres o cuatro contratos con igual número de compañías.
El funcionario también declaró que gracias a estos
convenios, el sector productivo cuenta con un nuevo instrumento
para contribuir de manera sustancial al crecimiento económico
del país, a la generación de empleo, al incremento
de la competitividad y al desarrollo de las distintas regiones
del país.
BENEFICIOS DEL CONTRATO CON ALPINA
Entre tanto Julián Jaramillo, presidente de Alpina S.A.,
destacó que el contrato que firmará la compañía
le permitirá concretar las inversiones que venía
planeando desde hace varios años.
“En la medida que desde el año 2002 la economía
empieza a tener una mejor respuesta, pues empezamos a activar
ese plan de inversión, pero con base en esta Ley se da
realmente el marco de referencia para poder tomarlo muy en serio
y hacer las valoraciones de esa proyección”, resaltó el
directivo.
Sobre los puntos más específicos, reveló que
el proyecto de inversiones diseñado por la empresa y que
se hará en el marco del contrato suscrito con el Gobierno,
permitirá generar casi tres mil empleos entre directos
e indirectos.
Además, gracias al plan de expansión, la empresa
proyecta incrementar en forma importante la participación
de las exportaciones dentro de sus ventas totales, en particular
a Venezuela y Ecuador.
Para el último año de vigencia del contrato (2015),
Alpina prevé superar los 200 mil millones de pesos en
compras, multiplicando así la demanda de bienes y servicios
y estimulando la consolidación de encadenamientos productivos.
En materia ambiental, las inversiones
de la compañía
harán posible un mejoramiento de sus procesos productivos,
a través de la reducción de emisiones de dióxido
de carbono, una disposición adecuada de sus desperdicios
y aguas residuales y una mayor eficiencia en el consumo de energía.
La aprobación de este primer contrato de estabilidad
jurídica se realizó desde el pasado 9 de diciembre
por el Comité creado para este propósito, el cual
está integrado por los Ministros de Comercio, Industria
y Turismo; de Hacienda y Crédito Público; y por
el Director del Departamento Nacional de Planeación, quienes
por consenso aprobaron la suscripción del mismo.
LOS CONTRATOS
El 8 de julio de 2005 se publicó en el Diario Oficial
la Ley 963 por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica
para los inversionistas en Colombia. La ley fue reglamentada
mediante decreto 2950 del 29 de agosto de 2005.
El instrumento autoriza al Gobierno Nacional
a hacer pactos con los inversionistas, para garantizarles la
aplicación
de ciertas disposiciones legales y reglamentarias que les den
seguridad a la hora de realizar sus inversiones.
Los contratos de estabilidad jurídica buscan asegurar
a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia
se modifican en forma adversa las normas o interpretaciones estipuladas
en dichos contratos, estas modificaciones no les serán
aplicables durante la duración de los mismos.
Los inversionistas pueden ser personas
naturales, jurídicas
o consorcios nacionales o extranjeros que efectúen nuevas
inversiones o amplíen las existentes en el territorio
nacional en un monto mínimo a un millón de dólares
equivalente a 7.500 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
En tal sentido, se consideran inversiones
nuevas las que se realicen o entren en operación con
posterioridad a la vigencia de esta nueva Ley.
Las actividades en las que se podrán realizar este tipo
de contratos son las turísticas, industriales, agrícolas,
de exportación agroforestales, mineras, de zonas procesadoras
de exportación, zonas libres comerciales y de petróleo,
telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y
férreos, de generación de energía eléctrica,
proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos.
Se excluye el régimen laboral, el de seguridad social,
los impuestos y tributos que tome el Gobierno nacional cuando
se decrete un estado de emergencia, los impuestos indirectos,
la regulación prudencial del sector financiero y el régimen
tarifario de servicios públicos.
Durante el primer semestre de 2006, el
Gobierno adelantará una
ambiciosa estrategia para difundir los contratos de estabilidad
jurídica a nivel nacional e internacional.
Esta campaña será adelantada con el apoyo de Proexport
Colombia, en estrecha coordinación con los Ministerios
de Comercio, Industria y Turismo y Hacienda y Crédito
Público, y con el Departamento Nacional de Planeación. |
