5.596 colombianos abandonaron los grupos terroristas
en 2004
A 9.906 LLEGA NÚMERO DE DESMOVILIZADOS EN GOBIERNO URIBE
Bogotá, 3 ene. (SNE).- Un total de 9.906 miembros de
los grupos armados al margen de la ley, han decidido abandonar
las filas de la subversión durante el Gobierno del presidente Álvaro
Uribe.
En el 2004 se entregaron 5.596 miembros de dichas agrupaciones,
los cuales hoy hacen parte del Programa de Desmovilización
y Reincorporación a la vida civil que dirige el Gobierno
Central.
Según el informe presentado por el Programa de Atención
Humanitaria al Desmovilizado (Pahd), en el 2004 dejaron las armas
individual y voluntariamente 2.972 miembros de los grupos armados.
En esos doce meses las FARC fueron el grupo que mayor número
de combatientes perdió en deserciones individuales, al
registrarse 1.300 casos, le siguen las AUC con 1.269, el ELN
con 333 y los grupos disidentes con 70. Dentro de este grupo
se reportan 513 menores de edad y 397 mujeres.
Estas personas decidieron entregarse ante las siguientes autoridades:
2.605 ante unidades de las Fuerzas Militares y de Policía
en todo el país, 103 al DAS, 86 a la Defensoría
del Pueblo, 71 ante el Icbf, 67 a la Fiscalía, 27 a la
Personería y trece a la Iglesia.
El departamento en el que mayor número de deserciones
se registraron fue el Casanare con 447 casos. Esta cifra da cuenta
de la arremetida ordenada por el Presidente de la República
a la Fuerza Pública, a fin de desvertebrar a las Autodefensas
Campesinas del Casanare (ACC) bajo el mando de Martín
Llanos (grupo ilegal que no se encuentra en negociaciones con
el Gobierno).
Antioquia registró 411 desmovilizaciones, Cundinamarca
166, Meta 187, Boyacá 181, Caquetá 148, Santander
142, Tolima 127, Magdalena 109 y Guaviare 101. Las demás
desmovilizaciones se reportaron en cifras menores en el resto
de departamentos del país.
En lo corrido del presente Gobierno se han entregado individualmente
6.240 miembros de los grupos armados al margen de la de ley.
DESMOVILIZACIONES COLECTIVAS
Las negociaciones que sostiene el Gobierno con los grupos de
Autodefensas en Santa Fe de Ralito dejaron en el 2004 un total
de 2.624 miembros de esta organización desmovilizados.
En este período cinco bloques de las Autodefensas se desarticularon
en su totalidad, entregando 3.988 armas. Fueron ellos los bloques:
Bananero, Cundinamarca, Catatumbo, Calima y del Sur del Magdalena
e Isla de San Fernando.
A estas desmovilizaciones se suma la del Bloque Cacique Nutibara
de Medellín realizada en el 2003 y que dejó a 1.042
miembros de la agrupación armada ilegal fuera del conflicto
armado.
PAGOS DE RECOMPENSAS
En el último reporte del Ministerio de Defensa sobre
pago de recompensas a desmovilizados, se da cuenta de la cancelación
de más de 3.500 millones de pesos a las personas que al
momento de abandonar las filas de los grupos violentos entregaron
armamento y suministraron información con la cual se han
realizado importantes operaciones contra los grupos terroristas.
Con la información que estas personas han suministrado,
la Fuerza Pública ha rescatado sanos y salvos a siete
secuestrados. Además las autoridades han decomisado 840
fusiles, 475 mil cartuchos de diferentes calibres, 50 morteros,
1.200 granadas, 8,5 toneladas de explosivos y 1.100 minas antipersonal.
NUEVAS RECOMPENSAS
Con el propósito de incentivar cada día más
la deserción en esos grupos irregulares, el presidente
de la República, Álvaro Uribe Vélez, ofreció una
recompensa de cinco mil millones de pesos para las personas que
se deserten y entreguen información con la cual se pueda
capturar a los máximos cabecillas de las FARC.
Asimismo, ofreció un monto igual a los miembros de las
FARC que entreguen información que permita traer de nuevo
a sus hogares a 63 secuestrados (59 colombianos, un alemán
y tres norteamericanos).
BENEFICIOS
El Gobierno Nacional a través del decreto 128 de 2002
estableció apoyo en materia de salud para los desmovilizados
y sus familias, al igual que protección y solución
jurídica a través del Ministerio del Interior.
Este decreto también contempla apoyo económico
para la creación de microempresas y la posibilidad de
validar el bachillerato y acceder a capacitación impartida
por el Sena.
Además de estos beneficios, el Gobierno anunció a
través del decreto 2767 de 2004, que quienes se acojan
a dicho proceso y colaboren, de manera voluntaria, con la justicia
o la Fuerza Pública entregando información que
permita evitar o esclarecer delitos, podrán recibir una
bonificación económica, acorde con el resultado
de dicha colaboración.
Los desmovilizados que entreguen material de guerra, intendencia,
comunicaciones, sustancias o drogas estupefacientes, insumos
y maquinaria para la producción de drogas ilícitas, “o
cualquier otro elemento que facilite a los grupos armados al
margen de la ley el desarrollo de actividades ilícitas”,
también recibirán una bonificación económica.
También se entregará una bonificación económica
a quienes, de manera voluntaria, deseen “desarrollar actividades
de cooperación para la Fuerza Pública”.
El decreto aclara que los beneficios los podrán recibir
todos aquellos nacionales que “individualmente y por decisión
voluntaria”, abandonen los grupos armados al margen de
la ley. Estos deberán demostrar además, –a
criterio del Gobernó Nacional- su voluntad de reincorporarse
a la vida civil. Los menores de edad, quedan excluidos “de
cualquier forma de colaboración con la Fuerza Pública”.
