Consejería
Presidencial para la Acción Social presenta informe especial
DESPLAZAMIENTO SE REDUJO 37% EN 2004
Bogotá, 31 ene. (SNE). La Consejería
Presidencial para la Acción Social informó que a
pesar de que el fenómeno del desplazamiento en términos
absolutos sigue siendo difícil, el acumulado desde 1995
hasta el 31 de diciembre de 2004 llega a 1 millón 565.765
colombianos registrados. En tanto que en 2003 y con respecto a
2002 se registró una
disminución del 48 por ciento, índice que fue del
37 por ciento menos en 2004 con respecto a 2003.
Según la Consejería, “la política de
seguridad democrática como estrategia que aborda no sólo
la recuperación y control militar del territorio, sino que
se enmarca en el restablecimiento del imperio de la ley, la consolidación
del Estado Social de Derecho, el libre ejercicio de los principios
democráticos y la defensa de los derechos humanos de la
población colombiana, ha propiciado las condiciones para
que el registro de población desplazada por la violencia
continúe con tendencia a la baja”.
De acuerdo con un informe sobre el tema
publicado por la Consejería,
a dos años y medio de implementada, “la política
de seguridad democrática generó un repliegue de los
actores armados ilegales hacia zonas apartadas y posibilitó la
movilidad de los campesinos, el regreso de la institucionalidad
y de los funcionarios, y la presencia de la Policía Nacional
en las 1098 cabeceras municipales”.
Según las cifras del Gobierno Nacional, durante 2002 se
registraron 422.977 colombianos desplazados, 219.469 en 2003 y
en el 2004 los desterrados por la violencia que ingresaron en el
Sistema Único de Registro fueron 137.315.
Los esfuerzos del Gobierno enmarcados en
la política de
seguridad democrática generaron que de 86.290 desplazados
registrados en el segundo semestre de 2003, se pasara a 49.976
en el mismo período de 2004, lo cual significa una disminución
del 42 por ciento.
“Si bien el hecho de registrarse un desplazado más
es preocupante, el Gobierno no ahorrará esfuerzos para atender
a los colombianos desplazados y continuará generando las
condiciones para que el flagelo se termine”, dice el informe.
Sin desconocer que el problema es aún difícil Antioquia,
Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Putumayo y Valle, entre otros,
son los departamentos en que el registro de población desplazada
muestra una importante disminución. En Antioquia, por ejemplo,
el registro pasó de 26.641 nuevos registrados en 2003 a
14.369 en 2004.
El 80,55 por ciento de la población registrada se encuentra
en 15 de los 32 departamentos. El 20,42 está hoy en las
5 principales ciudades capitales de departamento: Bogotá,
Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.
El desplazamiento forzado utilizado como
estrategia para controlar territorios ha generado que el 50,46
por ciento de la población
desterrada corresponda a mujeres, mientras que el 49,54 por ciento
se refiere a población masculina.
El 29,89 por ciento de los hogares registrados
tienen jefatura femenina. Es decir que son hogares en los que
la jefe del hogar
es mujer y no posee compañero inscrito dentro del hogar.
Los cinco departamentos que presentan mayor porcentaje de hogares
con jefatura femenina son en su orden Arauca, Magdalena, Valle
del Cauca, Nariño y Antioquia.
Como resultado del análisis del Sistema Único de
Registro, se observa que el 49,07 por ciento de la población
desplazada corresponde a personas entre 0 y 17 años, de
los que el 49.95 son mujeres y el 51.05 son hombres.
El 47,82 por ciento de la población registrada corresponde
al rango de edad entre 18 a 65 años, de la que un 53,18
por ciento son mujeres mientras que un 46.82 por ciento corresponde
a población masculina.
Y por último, el rango de edad comprendido entre 66 a 98
años corresponde a un 3,11 por ciento de la población
registrada, del cual el 48,17 son mujeres y el 51,83 son hombres.
“Así –agrega el informe– la política
de seguridad democrática continúa fortaleciendo la
justicia en zonas deprimidas y afectadas por la violencia, permitiendo
acciones de impacto social que promueven el ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales de la sociedad civil”.
Por sólo colocar un ejemplo, hoy en todos los municipios
del departamento sureño de Caquetá han regresado
los jueces y fiscales para que los colombianos puedan ejercer el
derecho a la justicia, y contrario a lo que se pudiera pensar,
con el avance del Plan Patriotas en la recuperación del
territorio, el comportamiento del registro de población
desplazada indica que en el departamento del Caquetá se
pasó de 7.230 colombianos registrados en 2003 a 5.240 en
2004.
Complementariamente se ha venido desplegando
un conjunto de estrategias y acciones que pretenden el fortalecimiento
de la administración
civil en las localidades afectadas por la violencia y la protección
directa a comunidades en alto riesgo de desplazamiento, todo ello
con miras a garantizar el goce efectivo de la libertad de residencia
y movilización, promoviendo el acercamiento entre el Estado
y las comunidades directamente afectadas.
Una nueva dinámica de circulación se presenta en
regiones como el medio y bajo Atrato chocoano y la Sierra Nevada
de Santa Marta. En esta última región, después
de cuatro o cinco años se logró el regreso y la visita
de los funcionarios públicos, posibilitando que los programas
estatales lleguen en beneficio de población pobre, vulnerable
o desplazada.
De igual forma, se lograron ubicar y desmantelar
retenes ilegales que restringían el paso de alimentos a los campesinos: alimentos
de organismos gubernamentales dirigidos a la población infantil
(Caso retenes en la vía Fundación, Santa Clara, El
Cincuenta en el departamento de Magdalena).
Así mismo, en la región de Marocazo, municipio de
San Juan del Cesar, Guajira, en donde actores armados ilegales
venían ejerciendo control territorial y de alimentos afectando
especialmente a la población indígena Wiwa, la política
de seguridad democrática ha generado una dinámica
diferente en donde la circulación de víveres y vehículos
hacia la zona rural es normal: el alcalde ha visitado a la comunidad
en más de tres ocasiones, igual ha hecho el Secretario de
Gobierno del departamento, el centro de salud fue dotado y la tienda
comunitaria esta funcionando.
En aquellos casos en donde por diversas
fuentes se ha informado sobre la posible o real restricción a la circulación
de civiles o de aprovisionamiento, el Gobierno Nacional ha adoptado
medidas, por un lado, de orden militar, para tomar el control de
territorios y vías de acceso, y por otro, de orden humanitario,
promoviendo y organizando misiones humanitarias.
Esto con el concurso de organismos internacionales
humanitarios, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, entre otros, lo cual
ha permitido verificar las situaciones, actuar de manera inmediata
y generar un espacio de acompañamiento permanente.
“El Estado colombiano, ratificando la defensa de los derechos
humanos de la población colombiana, ha señalado el
enfoque de derechos como uno de los principios rectores del Plan
Nacional de Atención a la Población Desplazada y
el enfoque humanitario como el principio que busca asistir a la
población desplazada y en riesgo de desplazamiento de manera
solidaria en atención a sus necesidades, brindando soporte
humanitario, trato respetuoso e imparcial y asegurando condiciones
de dignidad e integridad física, psicológica y moral
de la familia”, agrega el documento de la Consejería
Presidencial para la Acción Social.
Producto de lo anterior, el Gobierno Nacional
cuenta con un esquema integral de asistencia humanitaria en la
fase de emergencia, que
le permitió asistir a 50.026 hogares durante el año
2004 en todo el territorio nacional, con el apoyo de las autoridades
competentes que facilitaron la libre circulación de las
personas y de la ayuda humanitaria, acogiéndose a los principios
rectores del desplazamiento número 25, numeral 3:
“Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán
el paso libre de la asistencia humanitaria y permitirán
a las personas que prestan esa asistencia un acceso rápido
y sin obstáculos a los desplazados internos”.
Y 26: “Las personas que prestan asistencia humanitaria,
sus medios de transporte y sus suministros gozarán de respeto
y protección. No serán objeto de ataques ni de otros
actos de violencia”.
De igual forma, en el marco de la estabilización de la
población desplazada y bajo el cumplimiento irrestricto
de los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, el Gobierno
de Colombia ha liderado, organizado y acompañado el retorno
a sus lugares de origen de más de 70.000 colombianos, aplicando
el principio rector número 30:
“Todas las autoridades competentes concederán y facilitarán
a las organizaciones humanitarias internacionales y a otros órganos
competentes, en el ejercicio de sus respectivos mandatos, un acceso
rápido y sin obstáculos a los desplazados internos
para que se les preste asistencia en su regreso o reasentamiento
y reintegración”.
La política de seguridad democrática ha propiciado
que las víctimas de la violencia reciban los beneficios
de programas comprometidos en su lucha contra quienes amenazan
y afectan su existencia.
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