Discurso del Presidente

LA DROGA HA SIDO Y ES, CAUSA DETERMINANTE DE LAS DIFICULTADES DE COLOMBIA. UNA CAUSA INTERNACIONAL REQUIERE UNA SOLUCIÓN INTERNACIONAL

Cartagena, 3 feb (SNE). El siguiente es el discurso del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, durante la instalación de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional que se adelanta en Cartagena, con la presencia de miembros del los países que integran el G-24 y de otras entidades multilaterales:

“Quiero agradecer inmensamente la presencia de todos ustedes en Colombia. Es un gesto generoso al infinito. Es una muestra, la mejor de todas, la más grande, de su interés para ayudar a los colombianos a superar estas dificultades.

Es un reconocimiento generoso y solidario a la circunstancia de que un nefasto negocio internacional, la droga, ha sido y es, causa determinante de las dificultades de Colombia y que una causa internacional requiere una solución internacional.

No tengo palabras para expresarles el sentimiento de gratitud de todos los colombianos por la circunstancia de su presencia hoy en esta Patria, en esta Heroica ciudad. Les ruego sentirse colombianos, sentirse cartageneros, como tal, quiere el pueblo colombiano, que se sientan.

Y agradezco todo este proceso. La reunión de hoy no es fruto de la improvisación, es un paso más en un largo proceso, donde ustedes han interactuado permanentemente con nuestro Gobierno, con las instituciones públicas, con las organizaciones privadas, muy especialmente con el señor Vicepresidente de la República, la señora Canciller y nuestro Director de Cooperación Internacional.

Déjenme presentar algunas opiniones sobre temas que reconozco son controversiales, pero que es muy importante, en un escenario como éste, que el Presidente de Colombia no los omita.

Nosotros tenemos, entre las muchas realidades, dos: una realidad de violencia y una realidad de crisis social humanitaria, de injusticia.

¿POR QUÉ EN COLOMBIA NO HAY CONFLICTO?

Esa realidad de violencia yo he pedido que no se le denomine conflicto. Es un desafío del terrorismo a la sociedad colombiana y a las instituciones democráticas. Otra cosa, a pesar de alguna interdependencia, es la realidad de la crisis social, de la crisis humanitaria.

Cuando digo que esa realidad de violencia no se le denomine conflicto es porque le desconocemos la legitimidad, como actores, a aquellos que han venido inundando de sangre los campos de Colombia. Simplemente merecen la denominación de terroristas y a eso concluyen muchas circunstancias.

En otros países, movimientos armados ganaron alguna legitimidad, porque su causa era enfrentar dictaduras, el oprobio del cercenamiento a las libertades públicas, el cierre y la clausura del debate. Colombia tiene una democracia que diariamente se profundiza más.

Aquí, durante muchos años, la democracia se ha restringido no por culpa de las instituciones estatales sino por acción de los grupos violentos. Durante muchos años la Farc trató de justificar ante el país y ante el mundo que su acción violenta se daba porque Colombia impedía expresiones de democracia popular, como la elección directa de los alcaldes.

En la década de los 80, después de un siglo de debate, Colombia aprobó la elección popular y directa de alcaldes. Posteriormente vino la Constitución de 1991, rica en ampliación democrática, rica en mecanismos de control político, rica en avances con la concreción de instituciones de democracia participativa. Introdujo la elección popular de gobernadores, el referendo, mecanismos más efectivos de control como revocatoria de mandatos, muchísimos instrumentos de participación popular directa.

¿Qué pasó? Después de que Colombia introdujo la elección popular de alcaldes, quienes los han asesinado, quienes los han coaccionado, quienes les han impedido el ejercicio de sus mandatos, han sido los grupos violentos, que antes de haber dado ese paso se quejaban de que en Colombia no había elección popular de alcaldes.

Cuando este Gobierno empezó, más de 300 alcaldes de 1.098 municipalidades de Colombia no podían ejercer sus funciones en las localidades en las cuales habían sido elegidos por presión de los grupos violentos. Hoy, salvo uno o dos casos, gracias a la Seguridad Democrática, todos están ejerciendo sus funciones en sus localidades, con la protección de la Fuerza Pública, de nuestras instituciones democráticas.

Ese proceso de profundización democrática en Colombia ha sido ininterrumpido.

En octubre de 2003 se convocó un referendo propuesto por el Gobierno, de temas muy difíciles: congelación de salarios oficiales, con la pena perpetua de no poder acceder a cargos públicos ni poder presentarse a contiendas de elección ni de poder contratar con el Estado para los corruptos –único tema que se aprobó-. Con temas muy difíciles, como el tema de una reforma para eliminar los privilegios pensionales.

Quizás nos equivocamos porque fue un referendo de muchos puntos, no tenía un solo atractivo populista. Fue una gran oportunidad para hacer pedagogía democrática en Colombia.

Abstencionistas y voceros de la oposición tuvieron todos los espacios, incluso en ocasiones, más que los del Gobierno. Eso dice del grado de profundización de la democracia colombiana y el grado de institucionalización.

Yo no estuve de acuerdo con el Consejo Electoral, con mayorías de la oposición. Porque el Consejo Electoral, con el pretexto de no cambiar las reglas de juego, no descontó las cédulas de los militares que no pueden votar, no descontó las cédulas que no tenían los electores -que por ende no pudieron votar- y no descontaron cédulas de muertos. Fue un debate público.

Acudí al Consejo Electoral a expresar mis tesis, lo dije públicamente, con franqueza pero de manera respetuosa –como tiene que ser una relación interinstitucional en las democracias-. Finalmente, prevaleció la opinión del Consejo Electoral. No pudimos pasar sino uno de los puntos, no obstante que obtuvimos un millón de votos más de los que se habían obtenido para la elección presidencial.

Episodios como estos muestran el grado de profundización de la democracia colombiana y de respeto a las diferentes instituciones.

En el mismo octubre de 2003, los colombianos fueron convocados a elegir gobernadores, alcaldes, integrantes de las asambleas departamentales y de los concejos municipales. Creció inmensamente el número de candidatos y la diversidad en el origen. Por primera vez, candidatos de partidos alternativos a los tradicionales, candidatos de partidos provenientes de antiguas guerrillas, candidatos de partidos en oposición total al Gobierno, ganaron posiciones de primerísima importancia. La Seguridad Democrática, que pregona y practica este Gobierno, se puso al servicio de protegerlos eficazmente.

A los analistas de la política, a los analistas de las reglas democráticas, les quiero proponer esta reflexión: esa protección efectiva a los disidentes frente al Gobierno, a la diversidad en una competencia electoral, debe reconocerse como un tránsito colombiano del período de las libertades retóricas, al período de las libertades efectivas.

Nada ganamos con que en teoría haya garantías políticas que en la práctica no se pueden ejercer porque asesinan a los candidatos. Mucho ganamos cuando la protección a los candidatos les garantiza, en la práctica, las libertades que están consagradas en los textos constitucionales y legales.

Otros países que han adelantado políticas de seguridad, las han utilizado para exterminar la oposición, las han utilizado para silenciar la crítica, las han utilizado para maltratar la disidencia. En Colombia hay absoluta libertad crítica.

Yo, por ejemplo, discuto con algunas de las ONG’s, en público y en privado, hasta ahí llega nuestra discrepancia, hasta la discusión, se les respeta profunda, plenamente.

En Colombia hay medios de comunicación para todos los gustos. Colombia tiene plenas libertades públicas.

Estudiando la historia de la humanidad –y no muy remota, sino aún la muy cercana-, Gobiernos con el propósito de reestablecer la seguridad, entre los primeros pasos que tomaban, estaba el de restringir los medios de comunicación. Aquí no se les restringe. A mí no me gusta cuando me cuentan que los terroristas están de ‘estrellas’ en las revistas o en noticieros de televisión. Pero en aras de la democracia, se respeta profundamente lo que hace el medio.

Muchos colombianos me dicen: ‘Presidente es una tristeza que a estos bandoleros les den esos espacios en los medios, porque un día asesinan y al otro día aparecen de figuras importantes en los medios de comunicación’.

A los más críticos, eso no pasa de entristecerlos porque se respeta profundamente la libertad de prensa.

Un país que está recorriendo este camino de profundización democrática, de consolidación institucional, es un país muy distinto a aquellos momentos en los cuales dictaduras, cercenamientos de libertades públicas, le dieron explicación y justificación a movimientos insurgentes.

Por eso he dicho que aquí no se trata de una insurgencia como actora política sino de una acción pura y simple de terrorismo.

Cuando hay una democracia activa y dinámica, debemos referirnos a muchas de las legislaciones europeas que, en contraprestación a esa institucionalidad democrática, califican como terrorismo el uso o la simple amenaza del uso de la fuerza por cualquier razón: ideológica, religiosa, política.

Una segunda razón para expresar que son terroristas: muchos movimientos surgieron alegando la injusticia social.

¿Saben qué ha pasado en estos años de Colombia con estos grupos violentos? Se ha espantado el capital. Cuatro millones de colombianos se han ido al extranjero, dos millones de colombianos se han desplazado internamente, la empresa privada se ha atemorizado, se redujo sustancialmente la inversión –que apenas empieza a recuperarse-, los colombianos que confluyeron a nuestras grandes ciudades no encontraron oportunidades porque la empresa privada no pudo crecer y simplemente se agolparon en los cordones de miseria.

Esta ciudad, de un momento a otro, pasó de 500 mil habitantes a más de un millón que vinieron de los campos cercanos y más lejanos, desplazados por los grupos violentos. Y llegaron aquí y no encontraron un crecimiento de la economía proporcional a sus demandas y se agolparon en cinturones de miseria, que no los vamos a poder resolver tan rápido como quisiéramos.

Estos grupos violentos son hoy causa determinante de la pobreza y el abatimiento de sectores muy importantes de la sociedad colombiana.

Y sus métodos. El año, pasado bajo la dirección del señor Vicepresidente de la República, Colombia se deshizo de las minas antipersonales que todavía conservaba el Ejército por razones pedagógicas. Y miren lo que ha pasado por el lado de los terroristas. Estos grupos terroristas, con minas antipersonales, en el 2002 asesinaron 130 personas e hirieron 485. En el 2003 asesinaron 156 e hirieron 524. En el 2004 asesinaron 176 e hirieron 605.

Mientras la Fuerza Pública se deshizo de las minas antipersonales que tenía por razones pedagógicas (para no cansarlos a ustedes con muchos años y referirme sólo al período 2004), la Fuerza Pública tuvo en 2004, 134 muertos y 456 heridos a causa de minas antipersonales de estos grupos.

¿Qué más ha pasado con la democracia? Todos esos alcaldes y esos gobernadores, que fueron elegidos provenientes de otros partidos, el Gobierno Nacional –para construir institucionalidad, para construir fraternidad, para construir Patria-, ha hecho un inmenso esfuerzo para tener las mejores relaciones con ellos, para respetar sus derechos, para ubicar oportunamente los recursos de descentralización, para ayudarles a resolver problemas de toda índole.

Diría yo, apreciados representantes de la Comunidad Internacional, a riesgo de que mi afirmación se pruebe con el testimonio de 32 gobernadores y de 1.098 alcaldes, que hemos construido una relación patriótica por iniciativa del Gobierno Nacional, que respeta la diversidad. Y ahí está el testimonio de ellos.

Esta política de Seguridad la denominamos Democrática por muchas razones. Porque la queremos diferenciar de acciones de seguridad nacional que se emprendieron en momentos anteriores, en otros países y que cercenaron las libertades, maltrataron la disidencia.

Esta política la denominamos Democrática porque es para proteger a todos los colombianos. La Fuerza Pública tiene instrucciones mías, en público y en privado, de proteger por igual al más fervoroso adherente de mis ideas y al más duro y riguroso vocero de la oposición.

Esta política es para proteger por igual al dirigente gremial que al dirigente sindical.

Esta política es para proteger por igual al campesino que al empresario del campo.

Nos hemos esmerado muchísimo en mejorar la protección a los líderes sindicales, a los periodistas y a los maestros. Infortunadamente todavía hay asesinatos y quisiera decirle al mundo que ya no hay asesinatos de estos grupos, pero la tendencia de reducción es muy importante y la lucha del Gobierno para que esos asesinatos no queden en la impunidad.

LAS PUERTAS DE LA PAZ ESTÁN ABIERTAS

Me preguntarán ustedes si al denominar yo a estos grupos como terroristas, ¿desconocer que con ellos existe un conflicto, estoy cerrando las puertas de procesos de paz? No las cierro. ¡No las cierro!

Desde un punto de vista consecuente, los procesos de paz se facilitan con quienes comenten acciones terroristas, cuando exista un compromiso de buena fe de suspender esas acciones terroristas.

Por eso hemos propuesto como regla general que para un proceso de paz en Colombia, debe haber cesación de hostilidades, lo que no quiere decir que tengan que entregar las armas o desmovilizarse en la primera etapa.

El tema lo hemos dividido en dos etapas: una primera etapa como requisito para el proceso y una etapa posterior como puerto de llegada del proceso.

El requisito para el proceso es el cese de hostilidades y el puerto de llegada del proceso, el desarme y la desmovilización.

¡Urgencia para el cese de hostilidades. Toda la paciencia para llegar al desarme y a la desmovilización!

El cese de hostilidades tiene un tiempo, el tiempo que se quiera para iniciar un proceso. La desmovilización y el desarme no tienen un tiempo taxado, la disposición del Gobierno es tratar eso con paciencia.

DISPOSICIÓN PARA EL ACUERDO HUMANITARIO

Con las FARC. Engañó a gobiernos anteriores, aplicó la tesis –que bien recogió el marxismo de Maquiavelo-: confundió la generosidad de mis antecesores en la Presidencia como una debilidad de las instituciones que le daba patente y camino para tomarse el poder con armas, terrorismo y drogas ilícitas. Eso ha hecho la Farc.

Durante mi candidatura y en las primeras semanas de Gobierno, siempre expresé que un acuerdo humanitario para liberar a los colombianos secuestrados por la Farc, debía acompañarse de un proceso de paz que necesitaba como presupuesto un cese de hostilidades.

Después hablé con el Presidente Chirac, con el Canciller de Francia, con el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, y con muchos familiares de los secuestrados y acepté separar un eventual acuerdo humanitario de la iniciación de un proceso de paz con cese de hostilidades.

Hemos autorizado facilitadotes, hemos liberado unilateralmente guerrilleros, hemos hecho esfuerzos, pero quiero de manera franca decir ante ustedes, que el Gobierno Nacional tiene tres puntos inamovibles en esa materia: primero, no puede haber despeje.

Un país que requiere recuperar el control institucional, un país cuya ciudadanía reclama que la Fuerza Pública ocupe los espacios de guerrilla y de paramilitares, no puede volver por el camino del despeje.

Y he preguntado: ¿por qué cuando se trata de liberar a secuestrados económicos no necesitan despeje para liberarlos y por qué para liberar a estos compatriotas secuestrados sí reclaman un despeje?

Segundo punto inamovible del Gobierno: nosotros no podemos permitir que aquellos guerrilleros terroristas que lleguen a salir de las cárceles, en virtud de un acuerdo humanitario, vuelvan a delinquir.

La historia de los pueblos hay que conocerla. Hoy, mientras nosotros estamos reunidos en este escenario, testigos de la generosidad de ustedes con Colombia, miles de soldados de esta Patria están en la selva, expuestos a las más severas enfermedades tropicales como la lesmaniasis, simplemente cumpliendo la misión de derrotar la droga y el terrorismo.

Hace apenas 36 horas, 15 infantes de Marina fueron asesinados por la Farc, en una zona donde la Farc ha montado un imperio de droga. A medida que hemos fumigado en la Sierra nariñense y en el sur nariñense de Tumaco, la Farc ha desplazado ese imperio de droga hacia Guape, Iscuandé y los alrededores.

Hace dos semanas murieron 20 soldados nuestros en una operación antidroga, de noche, cuando iban en un helicóptero. Y ese grupo –al que todavía no hemos podido contrarrestar, que cuida allá el negocio de droga de la Farc-, ese grupo, cobarde y miserablemente, asesinó a 15 infantes de Marina hace algo más de 30 horas.

Con este esfuerzo de nuestros soldados, de nuestros policías ¿creen ustedes que el Gobierno puede liberar guerrilleros terroristas para que vuelvan a delinquir? ¿Se imaginan ustedes la desmotivación de nuestra Fuerza Pública?

¡Si algo requiere esta Nación es una Fuerza Pública motivada para recuperar el control institucional! Este país tiene dos opciones: o seguirse llamado Colombia figurativamente y permitir que unas regiones tengan una presencia títere del Estado y un control efectivo de paramilitares y otras regiones tengan una presencia títere del Estado y un control efectivo de guerrilleros o recuperar la presencia institucional.

Para recuperar la presencia institucional se necesita voluntad política en todos, empezando por el Presidente de la República y llegando al más modesto y joven de los policías y soldados. Por eso no los podemos desmotivar.

Inicialmente dije, como garantía de que no regresen a delinquir, debería irse a alguna nación, se habló como ejemplo, de Francia.

Después, por insinuación de la Iglesia Católica, abrimos oportunidades y expresé: ‘bueno, que entonces quienes salgan de la cárcel tengan dos opciones: o se van al extranjero o se quedan aquí, pero en el proceso de paz, en el proceso de desmovilización’.

Los guerrilleros que liberamos unilateralmente han entrado al proceso de desmovilización. Este proceso de desmovilización tiene hoy cerca de 11 mil colombianos, cifra sin antecedentes y a pesar de que hay dificultades por la magnitud de ese proceso, es un proceso generoso. Esa ha sido la segunda condición.

La tercera. Nosotros tenemos que proceder de acuerdo con el ordenamiento jurídico, nosotros no podemos entrar, discrecionalmente, a liberar a aquellos responsables de delitos atroces que están en las cárceles. Tenemos simplemente espacio jurídico para liberar a responsables de delitos como rebelión, sedición.

Esos son los tres inamovibles. Respetados esos puntos, el Gobierno Nacional ha tenido y continúa con disposición de tener flexibilidad para el acuerdo humanitario.

Yo particularmente, como padre de familia e integrante de ese 50 por ciento de las familias colombianas que han sido víctimas de esta violencia siento un dilema, que me toca las fibras íntimas, cuando converso con los familiares de los secuestrados, les veo la expresión de angustia y de dolor. Me solidarizo con ellos y al mismo tiempo me veo en la obligación de equilibrar esas emociones con mis responsabilidades de recuperar el control institucional en Colombia.

EL ELN NO HA QUERIDO DIALOGAR

Con el Eln, mi predecesor estaba en un período de pre-diálogo con el ELN a través del Gobierno de Cuba, acepté continuarlo.

El Comisionado ha viajado cuatro veces a Cuba, yo he hablado varias veces con el presidente Fidel Castro. Hemos encontrado buena fe y espíritu de colaboración en Cuba pero total negativa del Eln.

El grupo de países del Eln me visitó hace un año, en enero, pidieron autorización para seguir trabajando en procura de un acuerdo con el Eln y les dije: ‘háganlo’. No hemos frustrado una sola iniciativa para un acuerdo con el Eln.

En un viaje a México, el año pasado, públicamente se me preguntó que cuál era mi exigencia para iniciar un proceso con el Eln, dije: ‘un cese de hostilidades. No se tienen que desarmar, no se tienen que rendir, no se tienen que desmovilizar. Un cese de hostilidades. Posteriormente, con paciencia, se puede llegar a las etapas finales, que incluyen la desmovilización y el desarme’.

Enseguida se me preguntó: ‘¿El Eln tendría garantías de no ser atacados durante ese cese de hostilidades?’ Dije: ‘claro que sí. Nosotros no los vamos a asesinar cobardemente, ni a la mansalva. Nosotros respetaremos ese cese de hostilidades. Este es un Gobierno firme pero transparente’. Se lo había dicho yo a un integrante del Eln que salió de la cárcel, con quien me reuní en privado. Me preguntó lo mismo por las garantías y le dije: ‘las tienen todas’.

Tercera pregunta: ‘¿el Gobierno de Colombia acepta un garante?’ Dije: ‘lo acepto, el que quieran poner’ Me dijeron: ‘aceptaría el Gobierno de México? ‘Está aceptado’.

Hubo unas comunicaciones positivas del Eln. El Gobierno de México ha venido trabajando con toda generosidad, nosotros hemos procurado no obstruir el trabajo de México, pero el Eln no ha querido.

Engolosinan a la opinión pública a través de un titular de prensa, creando la sensación de que se está en la víspera de un proceso de paz y al otro día se echan para atrás.

Allí hay un profundo temor a la Farc, una cuasi-vinculación a la droga no confesa y todo eso está escondido detrás de la vanidad de dirigentes del Eln, profundamente soberbios, mesiánicos, fundamentalistas y esquemáticos en el discurso; cobardes a la hora de la verdad, porque no se desprenden de la droga, que niegan, ni se desprenden de la Farc, a la que le temen.

Déjenme hablar con toda franqueza porque las cosas hay que llamarlas con su nombre, más en esta reunión. Lo que acaba de decir no obsta para reiterar nuestra disposición de buscar un acuerdo con el Eln, de facilitarle al Gobierno de México –todo lo que en su leal saber y entender- deba hacer para avanzar con el Eln.

No quiero referirme a las decisiones que el Gobierno de Colombia ha tomado para facilitar esa acción mexicana, el Gobierno de México las conoce, pero el Gobierno de Colombia está obligado a mantenerlas, en esta etapa, bajo reserva.

Y así como hasta hoy hemos ayudado entregándole herramientas que reclama el Gobierno de México, lo seguiremos haciendo.

UN PROYECTO CREÍBLE, EQUILIBRADO Y UNIVERSAL

Mi antecesor tenía un proceso semejante al de Eln con las autodefensas, pero a través de la Iglesia Católica.

Iniciado el Gobierno fui preguntado por la Iglesia Católica si tendría interés en continuar ese proceso, les dije que sí, pero si aceptan el cese de hostilidades.

Algunos meses después, una mayoría de esos grupos –porque es que estos grupos en Colombia todos, por la droga, por el ánimo de enriquecimiento-, han perdido hasta su noción jerárquica. Por ejemplo, la Farc y el Eln ya no reconocen autoridades morales que reconocían en el extranjero, se burlan de ellas, porque como se sienten tan ricos y tan poderosos, entonces no necesitan tutorías internacionales.

Esa droga ha llevado también, a dificultar estos procesos, ha dispersado la autoridad. El apego a la droga ha matado los ideales políticos de todos estos grupos y dificulta la voluntad de estos grupos para entrar en procesos de paz.

Si en Colombia no hubiera droga, ¡ah rato! que hubiéramos acabado con estos grupos terroristas.

El cese de hostilidades ha tenido, por muchos de los paramilitares –mal llamados paramilitares, de las autodefensas ilegales-, buenas intenciones en las declaraciones, pero apenas un proceso paulatino de mejoramiento en la eficacia.

La eficacia de ese cese de hostilidades, en las etapas iniciales no fue la esperada. Ahora las cifras que tiene el Comisionado indican que hay un mejoramiento sustancial en la eficacia de ese cese hostilidades.

¿Qué pedimos? Hechos de paz. Pasar de las palabras a los hechos. Y por eso el Comisionado ha venido fijando con ellos un cronograma de desmovilización, hasta el momento van desmovilizados más de seis mil paramilitares.

Entramos en el tema del marco jurídico. La semana entrante el Congreso de Colombia ha sido convocado a sesiones extras, uno de los proyectos que se estudiará es el del marco jurídico. Aspiramos, que cuando termine el nuevo período de sesiones del Congreso, el 20 de junio, Colombia tenga ese marco jurídico. Le pondremos toda la voluntad para que se cuente con él.

Ha sido un tema muy difícil, de mucha discusión, porque este marco jurídico contrasta con la generosidad con que Colombia trató a estos grupos violentos en anteriores procesos de paz. Este es un marco jurídico exigente en verdad, en justicia, en reparación. Por supuesto, discutido, como tiene que ser en una democracia.

He pensado que ese marco tiene que ser creíble, equilibrado y universal.

Para ser creíble es muy importante el momento de su aprobación y pensé en dos momentos: un momento sin desmovilizaciones y un momento con desmovilizaciones. E hice esta reflexión: un marco jurídico sin hechos de paz como la desmovilización, es un marco jurídico que suscita toda suerte de dudas. Sus efectos se constituyen en un albur.

Un marco jurídico precedido de desmovilización da credibilidad. Con las desmovilizaciones presentadas, el Gobierno piensa que es el momento oportuno para aprobar el marco jurídico porque ya hay manera, hechos que permiten la credibilidad en ese proceso.

Segundo, tiene que ser equilibrado. Recogiendo las palabras del Secretario General de Naciones Unidas, frente a un caso africano, decía él que estos acuerdos tienen que ser un buen balance entre justicia y paz. El Gobierno de Colombia acepta esa ecuación.

He dicho, que en nombre del equilibrio, al hacer ese balance entre justicia y paz, se requiere lo siguiente: en nombre de la justicia no se puede llegar al sometimiento, y en nombre de la paz, no se puede llegar a la impunidad. Se necesita justicia, pero hay que establecer la diferencia entre un proceso de paz y un sometimiento.

El Gobierno tiene claridad que la amnistía y el indulto no pueden cobijar a los delitos atroces.

El Gobierno tiene claridad que tienen que ir a la cárcel los sujetos responsables de atrocidades. Y que el marco jurídico debe definir unos mínimos y unos máximos de cárcel y permitir que en ese rango se aplique el criterio de los jueces de la República que deban conocer estos casos.

El Gobierno tiene claridad sobre la necesidad de la reparación a la sociedad.

Y el Gobierno también tiene claridad sobre el principal anhelo de la sociedad, que es poder superar la existencia de estos grupos.

Tercera condición. Ese marco tiene que ser universal: para guerrilleros terroristas y para paramilitares terroristas. No podemos pensar con sesgos. No podemos tener la apreciación política de que a unos hay que llevarlos al paraíso y a los otros hay que pasarlos por la guillotina.

Es igualmente atroz el delito de tal naturaleza cometido por el guerrillero o por el paramilitar. No es posible atenuar la gravedad de un delito atroz porque lo haya cometido un guerrillero o porque lo haya cometido un paramilitar.

Tenemos que pensar muy bien, que lo de hoy no es sólo para paramilitares sino también para guerrilleros y que lo que aprobemos hoy, tiene que servir para cuando se den procesos de paz con la guerrilla.

¿Por qué digo que lo de hoy, en el presente momento, no es sólo para paramilitares sino para guerrilleros? Porque en este Gobierno se han desmovilizado más de cinco mil guerrilleros. Casi cuatro mil de la Farc, el resto del Eln. Y estamos seguros que la claridad que se dé en el marco jurídico va a ayudar a estimular esas desmovilizaciones.

En Colombia algunos han propuesto, históricamente, el debate de diferenciar a guerrilleros de paramilitares. Hoy me opongo a que se establezca esa diferencia. Han hecho sufrir por igual a la sociedad colombiana, se han involucrado en el narcotráfico, sus atrocidades no son diferenciables.

Se dijo que el guerrillero era un delincuente político porque su objetivo era derrotar al Estado, instaurar un nuevo Estado, derrotar el orden económico vigente e instaurar uno nuevo y que se le debía tratar como actor político.

Y se llegó a decir que el paramilitar era un criminal ordinario porque simplemente estaba defendiendo el statu quo de sus propios intereses o evitando que los guerrilleros derrumbaran las instituciones. Esa discusión no da pie hoy para establecer esas diferencias. Iguales son las atrocidades de los unos y de los otros. Finalmente, al estar por fuera del ordenamiento jurídico, ambos están contra el ordenamiento jurídico.

El ordenamiento jurídico no distingue entre los que lo violan a quienes lo atacan o lo defienden. Defender el ordenamiento jurídico vigente, violándolo, es tan grave como atacar el ordenamiento jurídico vigente a través de violarlo.

Les ruego mirar estas razones que he sintetizado para decir por qué ese marco tiene que ser universal, por qué Colombia no puede permitir que a unos los lleven al cielo y a otros los condenen al infierno, por qué necesitamos el mismo tratamiento.

Y hay que tener en cuenta la historia del país. Este país ha tenido muchísimos procesos de paz. En todos los anteriores ha prevalecido el interés de la paz sobre el interés de la justicia, han sido inmensamente generosos. Yo, como senador, acompañé procesos anteriores.

¡Por primera vez la sociedad colombiana empieza a ser muy exigente en el sentido de que es importante la paz pero sin impunidad!

Y hay que mirar entonces este recorrido histórico. Es importante esperar también consecuencias de parte de quienes se favorecieron de procesos generosos, que ojalá no se conviertan en obstáculos a procesos equilibrados.

Al convocarlos a ustedes y al recibir su generosa presencia para ayudar a Colombia, me veo en la obligación de darles una rendición de cuentas de los esfuerzos que ha hecho Colombia.

RESULTADOS

En materia de seguridad, en el 2003 el asesinato se redujo en un 20 por ciento. En el 2004 se volvió a reducir en un 15 por ciento. Y en enero de 2005, al compararlo con enero de 2004, se redujo en otro 48 por ciento.

Todavía tenemos una cantidad monstruosa de asesinatos. Quisiéramos mostrar cifras mejores. Yo acepto que las cifras que tenemos son muy elevadas, angustiantes, pero les ruego comprender que vamos por una tendencia positiva. Aunque en materia de asesinatos, una vida es tan preciosa como 20 mil.

En materia de secuestros extorsivos, en el año 2003 hubo una reducción del 27 por ciento. En el año 2004 una reducción del 42 por ciento. Y en enero de 2005 una reducción del 48 por ciento.

Todos los días hay más compromiso de la Fuerza Pública con los derechos humanos.

La Fuerza Pública colombiana es consciente, y lo repetimos en todas las ocasiones en privado y en público, que al terrorismo hay que derrotarlo con la acción enérgica, con la iniciativa aguerrida, pero con el procedimiento transparente del Estado.

Le he dicho a la Fuerza Pública: se necesita, frente al terrorismo, voluntad política para derrotarlo, que la tiene el Gobierno y el Presidente de la República; agresividad que debe tener la Fuerza Pública en cada momento y transparencia.

Nuestra voluntad política es tan firme para derrotar el terrorismo, como comprometida para cumplir los derechos humanos.

Allí donde hay errores no tenemos inconveniente en discutirlos y en sancionarlos. Hemos hecho un ejercicio histórico, acentuado en este Gobierno, inmensamente grande, de capacitación y de sensibilización de la Fuerza Pública en derechos humanos.

Me refería a dos problemas iniciales: el terrorismo por un lado y la tragedia social por el otro.

Quisiera decirles que la tragedia social en Colombia no es por culpa de la empresa privada, sino por falta de empresa privada. Cuando ustedes ven un trabajador de la empresa privada colombiana observan lo siguiente: tiene seguridad social pagada –fundamentalmente por el empleador-, condiciones de vida dignas.

Cuando lo comparan con un trabajador de la informalidad, callejero, que se tuvo que lanzar a la informalidad porque la violencia no permitió que creciera la empresa privada, encuentran que ese trabajador formal de salario mínimo, devenga un ingreso dos veces y medio, al trabajador informal más beneficiado. Que el informal no tiene seguridad social, el formal sí la tiene.

Colombia tiene un sistema de economía basado en empresa privada, solidaria y fraterna. Aquí las contribuciones a la seguridad social, por ejemplo en salud, de 12 puntos el empleador paga 8. En pensiones, de 13.5 puntos, el empleador paga 10. En riesgos profesionales el empleador paga la totalidad.

Y hay un gran avance del cooperativismo y de participación de trabajadores en empresas. La siderúrgica Paz del Río la salvamos y hoy los trabajadores son dueños del 48 por ciento. Hace poco entregamos a la comunidad indígena de La Guajira las empresas de sal.

Hemos hecho reformas en 142 empresas del Estado con el criterio de hacer el Estado sostenible. No nos anima una ola privatizadora, sino Estado eficaz, transparente, sostenible.

Hemos hecho grandes acuerdos con los sindicatos del sector eléctrico. Por supuesto, en otros hay mucha contradicción con la política del Gobierno. Pero hay casos muy importantes que demuestran la solidaridad de esta política.

En este Gobierno, la carga tributaria en Colombia se ha aumentado en 2 puntos del PIB, ya está en el 19 por ciento, comparable con muchos países desarrollados.

Aumentamos el impuesto de renta en nombre de la solidaridad, gravamos en una ocasión los altos patrimonios para la política de seguridad y hemos creado un gravamen para los patrimonios en la legislación tributaria ordinaria. Es importante decirlo para que ustedes conozcan los esfuerzos de la sociedad colombiana.

LA POLÍTICA DE SEGURIDAD NO EXCLUYE LO SOCIAL

Y hemos adelantado una política social bien importante. He dicho que la política de seguridad y la política social no son excluyentes. Que tienen que ir de la mano la una con la otra.

Tenemos lo que se llama Siete Herramientas de Equidad. Creemos que la expresión fundamental de la igualdad en nuestros días es la igualdad de oportunidades. Por eso hemos encabezado la política social con la Revolución Educativa.

A la fecha hemos creado 750 mil cupos escolares para los ciudadanos más pobres y en este año nos proponemos crear otros 400 mil.

Hemos alfabetizado 600 mil colombianos adultos, hemos creado 109 mil cupos universitarios y este año nos proponemos crear 140 mil con un sistema ampliamente generoso para los sectores populares.

El instituto nacional de capacitación técnica (Sena), ha pasado de capacitar millón 100 mil colombianos en el año 2002, a capacitar 2 millones 900 mil colombianos en el año 2004 y se prepara para capacitar 4 millones de colombianos en el 2006.

El año pasado, en los campos colombianos afectados por la violencia, capacitamos 98 mil muchachos campesinos, bachilleres, expuestos a ser reclutados por guerrilleros o por paramilitares. Este año vamos a avanzar más en las cifras.

Hemos creído en la necesidad de avanzar en un País de Propietarios.

Cuando este Gobierno empezó, la cartera para el microcrédito estaba en 707 mil millones, hoy está en un billón 800 mil millones. Millón 600 mil colombianos han sido destinatarios de microcrédito en este Gobierno.

Hemos avanzado en microcrédito productivo y en microcrédito de vivienda. Nos proponemos ahora avanzar en microcrédito de educación.

En el sistema de salud, cuando este Gobierno empezó, 10 millones de colombianos tenían acceso al régimen subsidiado de salud, hoy lo tienen 15 millones de colombianos.

Este año aspiramos ingresar millón 100 mil colombianos pobres al sistema y aprobar una ley en el Congreso, para que durante los años 2007 y 2008 Colombia pueda decir que ha alcanzado plena cobertura en salud para los sectores más pobres.

¡Hemos avanzado y el avance hace creíble el objetivo!

Hemos capacitado un millón de campesinos, con la ayuda de ustedes, en seguridad alimentaria.

Teníamos un presupuesto para desplazados de 25 mil millones al año. Este año es de 180 mil millones.

Tenemos, con la ayuda también de la comunidad internacional, 30 mil familias campesinas en el programa de Familias Guardabosques. Familias que estaban en la droga, se han retirado de la droga, se han comprometido a preservar las áreas libres de droga y a recuperar el bosque.

Treinta mil familias campesinas recibiendo más o menos 2 mil dólares familia/año y una gran asistencia técnica y educativa de parte del Gobierno.

340 mil familias pobres están recibiendo un subsidio cada dos meses, que nos cuesta 37 mil millones cada dos meses, para garantizar la asistencia escolar de sus hijos.

Estamos atendiendo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar siete millones de niños. El año pasado aumentamos la cobertura en 503 mil con desayunos para niños menores de cinco años y este año llegaremos a otros 500 mil.

Tenemos hoy subsidio a 170 mil ancianos pobres, un subsidio monetario. Y estamos empezando un programa, para poder decirle al país el 20 de julio, que hay otros 400 mil ancianos recibiendo una comida al día.

Falta mucho, la pobreza no es sino verla, en Cartagena, el contraste en la ciudad.

Aquí el sector privado hizo un gran aporte, atendiendo una convocatoria del Gobierno y esperamos que dentro de un año ustedes puedan ver mejoras importantes en materia de calidad de vivienda en ciudades como Cartagena.

El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para cumplir una meta de 400 mil soluciones de vivienda.

A todos, nuestra inmensa gratitud. Este es un Gobierno leal con sus compromisos, pero abierto al debate. Es un Gobierno firme en sus convicciones, pero abierto a escuchar sugerencias. Es un Gobierno que no conoce la reversa, pero abierto a introducir correctivos.

Mil gracias por su apoyo. Bienvenida su crítica, bienvenidas sus sugerencias, que siempre serán bien respondidas, bien asimiladas y en lo posible, bien atendidas.

Fundamentalmente muchas gracias por su generosidad con Colombia”.