Bogotá, 11 feb. (SNE).- El gerente liquidador del Inurbe,
Jorge Serna, reveló que en el país hay 226 proyectos
de vivienda social que no cumplen con las normas de sismo-resistencia,
por lo cual se están tomando las medidas para que los constructores
hagan los arreglos o proceder a la demolición de las casas
que representen peligro para sus moradores.
El funcionario indicó que ésta y otra serie de irregularidades
se han detectado dentro del proceso de liquidación del Inurbe,
cuyo objetivo es darle mayor transparencia a la política
de vivienda social y “ponerle el tatequieto” a los
casos de corrupción o incumplimiento por parte de las firmas
constructoras.
“Dentro de estas irregularidades que hemos encontrado, tenemos
en el país 226 proyectos de vivienda que no cumplen normas
sismo-resistentes. Esto lo hemos venido trabajando con la Comisión
Asesora de Sismo-resistencia de la Ley 400 y habrá que hacer
unas investigaciones de fondo. Porque habrá, en un momento
dado, que tomar las medidas para que los constructores arreglen
las viviendas o será necesario demolerlas”, sostuvo.
Señaló que adicionalmente el Inurbe ha declarado
alrededor de 50 siniestros por valor de 15 mil millones de pesos,
derivados de proyectos de vivienda social que no han sido terminados
en el plazo convenido o que se han entregado sin servicios públicos
o sin cumplir con las normas urbanísticas.
A esta cifra se sumó la reciente declaratoria de dos siniestros,
por valor de 2.234 millones de pesos, relacionados con dos proyectos
de vivienda adelantados en los municipios de Floridablanca (Santander)
y Carepa (Antioquia), por parte de la firma Fundicar, la cual dejó de
construir 99 viviendas y entregó 226 sin servicios públicos.
Esta misma constructora adelanta otros 25 proyectos que son investigados,
porque 11 de ellos están inconclusos y 14 en estado crítico,
lo cual afecta a 1.800 hogares pobres.
El Inurbe ha declarado los siniestros con miras a salvaguardar
los dineros públicos que se invierten en vivienda social
y a proteger los ahorros y los esfuerzos de los hogares que se
postulan y obtienen subsidios del Gobierno, con el sueño
de acceder a casa propia.
Aparte de esto, el Gerente liquidador del Inurbe indicó que
en 2002 se firmaron actas de compromiso por cerca de 15 mil millones
de pesos. Estos compromisos no se cumplieron y se encuentran actualmente
en proceso de jurisdicción coactiva.
“Lo que se está pretendiendo en este proceso de liquidación
del Inurbe es ponerle el tatequieto a todos estos problemas e inconvenientes
que se venían presentando y buscar algunos mecanismos para
por lo menos garantizarles a las familias la terminación
de sus viviendas”, concluyó el Gerente liquidador
del Inurbe.
