PAZ,
PERDON, REHABILITACIÓN
Bogotá, 14 feb (SNE).- Palabras del
señor Vicepresidente
de la República, doctor Francisco Santos Calderón,
en el lanzamiento del Programa de Desarrollo y paz.
“La semana pasada el Arzobispo Sudafricano Desmond Tutu
nos decía en Cali que independientemente de las complejidades
y de las aparentes imposibilidades de nuestra situación,
la paz en Colombia es posible.
“Si la paz fue posible en Sudáfrica, puede pasar
en Colombia. Puede pasar en todas partes” decía. “Pero
si quieren terminar con la guerra y la violencia tienen que dialogar.
Uno no negocia con amigos, sino con enemigos; negocia con aquellos
que incluso le desagradan porque los conflictos se dan es por
los desacuerdos”.
El Presidente Álvaro Uribe reitera en sus intervenciones
que la que sueña para Colombia es una sociedad sin exclusiones
y sin odios.
Yo he dicho que además hay que perdonar. Si de verdad
queremos la paz tenemos que lograr una reconciliación
y perdonar para que sanen las heridas y para que surja la posibilidad
de reemprender juntos nuestro proyecto común, que es Colombia.
La violencia y el terrorismo siguen siendo
los principales obstáculos
para el desarrollo porque espantan el capital y las inversiones,
profundizan la crisis social y empobrecen más a nuestra
población.
Este gobierno ha recuperado la creación de empleo en
condiciones dignas y un mejor ritmo de crecimiento. En el año
2003 la inversión privada creció 19% y en el año
2004 volvió a crecer el mismo porcentaje.
Pero todavía estamos muy lejos de lo que necesitamos
para corregir el que es sin duda el principal fracaso colectivo
de nuestra sociedad: que 51% de la población colombiana
esté hoy en la pobreza y 16% de ellos en la indigencia.
Por eso la paz y la reconciliación
son objetivos concretos y primordiales en la Colombia de hoy.
El contenido profundo de un proceso de
paz en nuestro país
es hacer posible el progreso de los negocios y la multiplicación
de las oportunidades, lo cual desde la economía sólo
será posible consolidando sectores productivos líderes,
que aseguren los ritmos de crecimiento que necesitamos para superar
la pobreza. Pero en la vida de todos los días se concreta
en derrotar la inercia perniciosa y nociva de violencia y egoísmo
que atrofia el progreso y detiene el crecimiento.
En cualquier país de mundo y mucho más en uno
con las singularidades del nuestro habrá siempre motivos
para las diferencias y los conflictos. Lo que tenemos que transformar
son las formas de abocarlos y de resolverlos. Tenemos que recuperar
la capacidad de trabajar juntos.
El Presidente Uribe ha señalado el camino de la paz con
los grupos armados ilegales: todo proceso debe empezar con cese
de hostilidades lo cual no equivale a empezar con desarme ni
la desmovilización. El desarme y la desmovilización
son puntos de llegada, pero el cese de hostilidades es de partida.
Ni el ELN ni las FARC se han querido acoger a ese ofrecimiento
generoso de la sociedad.
El proceso con las AUC es el único en marcha en la actualidad.
La decisión inequívoca del Presidente al respecto
es crear las condiciones que permitan y garanticen la desmovilización
total de las autodefensas ilegales, con el propósito concreto
de reducir la violencia en Colombia y muy especialmente los atentados
y atropellos contra la población civil.
El gobierno suscribió en mayo del año pasado el
acuerdo con las AUC para la zona de ubicación en Tierralta,
Córdoba, que permitió la ubicación de los
negociadores y el desarrollo de los diálogos. En junio
dimos inicio formal al proceso de negociación y en agosto
comenzó la desmovilización.
Dadas la complejidad y trascendencia
de las decisiones, ha sido un proceso difícil, sujeto a críticas
y cuestionamientos no siempre justos ni bien intencionados.
Somos concientes de que no es fácil administrar la paz
ni prever las dificultades. La prioridad en el momento presente
está en el funcionamiento de los mecanismos de verificación
del cese al fuego y a las hostilidades y de los canales de diálogo
para resolver dificultades y corregir errores. El proceso como
ustedes saben cuanta con la verificación de la OEA y el
acompañamiento de la iglesia católica.
Y desde luego también en concertar el marco jurídico
que debe sustentar el proceso. Es un tema de la mayor importancia
porque el que adoptemos será el camino a seguir en el
proceso con las autodefensas y en los procesos que eventualmente
se lleven a cabo con los demás grupos armados ilegales.
Quisiera llamar a la calma a quienes
desatan conjeturas y especulaciones al respecto. Por su importancia
capital para el presente y el
futuro de los colombianos la ley de justicia y paz se tramita
democráticamente, con debate previo al consenso el que
enriquece su contenido y define sus perfiles definitivos. Tendremos
una ley acorde con los intereses de los colombianos y con lo
que le conviene al país. No les quepa duda.
La realidad misma nos ha enseñado que el modelo penal
represivo no ha sido eficaz para resolver nuestros conflictos,
especialmente porque excluye la participación de las víctimas
y de la sociedad en los aspectos fundamentales de la causa.
El postulado fundamental de la justicia
restaurativa es que el delito perjudica a las personas y las
relaciones y que la
justicia necesita la mayor subsanación del daño
posible. Incluye por ello a las víctimas y considera las
expectativas y necesidades de las personas que se vieron afectadas
por el delito, con la mira puesta en establecer y desarrollar
sentimientos y relaciones positivos. E integra también
a la comunidad a la construcción de la respuesta al delito
y la pacificación de las relaciones sociales.
La justicia restaurativa responde a la esencia del sentimiento
humano: condenar las conductas y salvar las personas; castigar
para convivir; reparar para ser perdonado.
Pero justicia restaurativa no equivale
a impunidad y en esos se equivocan quienes se han apresurado
a criticar la propuesta.
No se trata en ningún caso de dejar libres a los acusados
y con sus pecados absueltos; se trata de condenar y perdonar,
tiene que haber una confesión, una labor de desmantelamiento
de las organizaciones, de sometimiento de sus bienes ilegales
y una reparación de las víctimas.
Es largo y complejo el camino hacia la
paz ya lo sabemos. Como también sabemos que implica costos y obligaciones para
la sociedad. Para comenzar costos económicos porque la
mayoría de sus compromisos cuestan y costarán sumas
muy considerables de dinero.
Un gran reto presente es la desmovilización. En este
Gobierno se han reintegrado a la sociedad cerca de seis mil integrantes
de las autodefensas y unos cinco mil guerrilleros, cifra que
supera la de todos los combatientes que se desmovilizaron en
los procesos de paz anteriores, juntos. Para que su reinserción
llegue a buen puerto es clave reforzar la presencia del Estado
y de las institucionales en las zonas de desmovilización
y trabajar con esmero y eficiencia la reinserción, para
que reanuden su vida en la legalidad sobre bases sólidas.
Para que encuentren actividad o empleo y ponerlos a salvo de
la tentación de caer en la delincuencia.
Y otro reto formidable tiene que ver
con el desplazamiento. A pesar de que el fenómeno sigue siendo grave, su muy
significativa disminución es uno de los más importantes
resultados de la política de seguridad democrática:
52% en año 2003 comparado con el 2002. Y 37% en el 2004.
Es un resultado atribuible a la recuperación por parte
de las Fuerzas Militares de los territorios controlados por los
grupos armados ilegales. A que el Gobierno llevó la Policía
Nacional a todos los municipios. A la ayuda de los organismos
internacionales, del Sistema Naciones Unidas y de países
amigos. Y es atribuible también al compromiso del Estado
por impulsar procesos de desarrollo con mayor inversión
social.
En este Gobierno se multiplicó por ocho el presupuesto
para atender a los desplazados. Pero sabemos que la solución
de fondo a esta problemática implica ir más allá de
la asistencia humanitaria. El Plan Nacional de Desarrollo “Hacia
un Estado Comunitario”, definió procesos regionales
de desarrollo territorial participativo e integral, para prevenir
el desplazamiento, y promover el restablecimiento sostenible
de las personas desplazadas por la violencia así como
para consolidar la autoridad democrática en las regiones
afectadas por este problema.
La importancia de este Proyecto que hoy
estamos lanzando consiste ante todo en que articula la Política de Atención
y Prevención del Desplazamiento Forzado con la Estrategia
de Apoyo a los Programas de Desarrollo y Paz y Laboratorios de
Paz.
Busca generar en las regiones que abarcan
sus actividades, condiciones sociales y económicas que reduzcan la vulnerabilidad y
pobreza de la población, fortalezcan la gobernabilidad
democrática y la institucionalidad, bajo una estrategia
de alianzas público-privadas con los Programas de Desarrollo
y Paz.
Su acción se expresa a través de proyectos concertados,
que integran y hacen responsables no solo a las autoridades,
sino también a los ciudadanos en el desarrollo local y
regional. Aportan un conjunto de beneficios sociales y económicos
tangibles a la comunidad y promueven una mejora sustancial del
clima de convivencia.
Por ello es un proyecto que interpreta
la voluntad del Presidente Uribe de emprender rutas novedosas
para consolidar la paz, basadas
en la participación ciudadana, el respeto por los derechos
humanos, la profundización de la democracia, el respeto
por las libertades públicas, el impulso de la solidaridad
y en el caso de estos nuevos laboratorios la consolidación
de la institucionalidad local y regional.
Quiero agradecer en nombre del Gobierno
y de los colombianos que se beneficiarán con esta iniciativa a los países
donantes, a los organismos internacionales y a la extensa red
de entidades gubernamentales, estatales y Ongs que darán
impulso y sustento a este proyecto.
Y quiero hacer un público reconocimiento a la iniciativa,
dedicación y capacidad de ejecutoria de Luis Alfonso Hoyos
que es uno de los más eficientes y comprometidos funcionarios,
cerebro y ejecutor de la acción social y humanitaria del
Gobierno, de las estrategias de lucha contra el desplazamiento
que arrojan tan buenos resultados y del proyecto que hoy nos
congrega.
Tendremos los ojos puestos sobre esta
experiencia que involucra a los 3.5 millones de habitantes
de los 108 municipios de Montes
de María, Oriente Antioqueño Alto Patía
y Macizo Colombiano Magdalena Medio, Provincias de Ocaña
-Alto Catatumbo-, Pamplona y municipios de frontera y a la población
de 250.000 habitantes, objetivo de la iniciativa.
La experiencia que han acumulado y la
nueva que obtendrán
con base en este proyecto serán referencia fundamental
para muchas de las decisiones que emanen de los procesos de paz.
Y constituye un avance en el profundo cambio de mentalidad que
reclaman la sociedad y el Estado para definir y acoger caminos
y soluciones diferentes de los que hemos seguido hasta ahora
para devolver el progreso y la institucionalidad a las zonas
afectadas por la violencia. Corresponde en definitiva, a lo que
estamos buscando en el Gobierno: sembrar como lo ha dicho el
Presidente Uribe un concepto de inclusión de la sociedad
colombiana, para que la nuestra sea una democracia cada vez más
sólida, más solidaria y que garantice los derechos
humanos de todos los ciudadanos.”
