LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
ES SOSTENIBLE
Bogotá, 23 feb. (SNE).- El siguiente
es el discurso del Presidente de la República, Álvaro
Uribe Vélez, al instalar este el foro "Sostenibilidad
de la Política de Seguridad Democrática",
realizado en Bogota:
“Primero que todo quiero agradecer inmensamente
a los organizadores la buena iniciativa, en un momento oportuno
para la Patria, de convocar a este foro. Agradecer inmensamente
el espacio que le han abierto al Gobierno Nacional, a los Comandantes,
a los Ministros, y esta invitación a instalarlo esta mañana.
No podría estar más de acuerdo
con las palabras patrióticas, valerosas, definidas, expresión
de carácter y de compromiso, que acabamos de escuchar del
Presidente de la ‘Fundación Buen Gobierno’,
ex Ministro de Estado y uno de los convocantes de este foro, el
doctor Juan Manuel Santos.
Quiero referirme al tema de la sostenibilidad
desde tres puntos: el fiscal, el militar y el político.
SOSTENIBILIDAD FISCAL
El Gobierno para poder financiar inicialmente
la política de Seguridad Democrática, dadas las circunstancias
fiscales del país, derramó por una sola vez el impuesto
para la Seguridad Democrática, a los sectores más
pudientes de la Nación. Fue un impuesto sobre el patrimonio,
sobre la riqueza. Los sujetos contribuyentes de ese impuesto fueron
los colombianos, personas naturales o jurídicas, con patrimonios
líquidos superiores a 160, 162 millones de pesos.
Es muy importante ver no sólo la temporalidad
del impuesto sino el sujeto contribuyente del impuesto. Recaudamos
alrededor de dos billones 600 mil millones. Eso nos permitió sostener
la política de Seguridad Democrática en el primer
tramo. Se pregunta por la sostenibilidad fiscal hacia adelante.
Lo que empieza a mostrar el país de recuperación
en el crecimiento, de recuperación en el recaudo, nos da
la seguridad que superada la financiación de esa inicial
temporalidad, como van a poderlo ver hoy con la presentación
del Ministro de Hacienda, tenemos las condiciones para la sostenibilidad
permanente adelante en el tiempo.
¿Qué hemos hecho? Hemos aumentado
los ingresos del Estado. En el año 2003 los recaudos crecieron
un 18 por ciento. En el año 2004, si se excluye la comparación
de la Seguridad Democrática que era un recurso temporal
y se compara simplemente el crecimiento del comportamiento del
recaudo de los impuestos permanentes con el 2003, hay otro crecimiento
del 22 por ciento.
¿Cómo hemos logrado ese crecimiento
del recaudo? La Seguridad Democrática tiene con el crecimiento
de la economía una relación de mucha implicación.
Una señal de Seguridad Democrática estimula el crecimiento,
y el crecimiento a su vez garantiza la financiación, la
sostenibilidad financiera de la política de Seguridad Democrática.
Por ejemplo, hay que ver dos temas: ¿qué ha
pasado con la inversión privada? De acuerdo con el Banco
de la República, en el año 2003 ya creció el
23 por ciento y en el año 2004 el 19 por ciento.
¿Qué ha pasado con el crecimiento
de la economía? Se han superado todos los pronósticos
que incluimos en el Plan de Desarrollo.
El Plan de Desarrollo hablaba de un crecimiento
del dos, dos y medio para el 2003. Y rayó el cuatro. Hablaba
un crecimiento del dos y medio, tres, para el 2004, y todavía
no se ha cerrado. Pero tenemos indicadores como éste: en
la industria el crecimiento fue entre el 6 y el 7. En el comercio
fue muy cercano. En la agricultura, a pesar de unas dificultades,
en agricultura lícita debe ser superior al tres y medio.
No vamos a mostrar el crecimiento que hubiéramos
querido, estábamos apuntando al 5 por ciento, fundamentalmente
por el tema de obras públicas, donde ha habido unos problemas
fiscales, unos problemas de trámite que esperamos ir superando.
¿Y qué ha pasado con la base de
contribuyentes? Ese es otro de los puntos básicos de este
Gobierno para aumentar ingresos. Nosotros nos propusimos pasar
de 320 mil contribuyentes del año 2002, a dos millones de
contribuyentes en el año 2006. Terminamos el año
2004 con 730 mil contribuyentes. Pasamos de 320 a 730 y aspiramos
terminar este año con millón y medio de contribuyentes.
Tenemos mucha fe en el programa anti-evasión de la Dian,
el programa Muisca. Creemos que allí hay un avance bien
importante.
¿Qué ha pasado con el gasto militar?
En su relación con el PIB, ha pasado del 3 al 3.3. O sea
que ha sido un crecimiento absoluto muy importante, pero un crecimiento
relativo frente al PIB, prudente. Porque cualquiera se imaginaría
que nos hemos desbordado en el gasto militar al ver las cifras
absolutas. Pero cuando se le aprecia en cifras relativas frente
al PIB, aparece una evolución prudente.
¿Y qué ha pasado frente al gasto
militar frente al presupuesto? Pasó inicialmente del 11.2
del presupuesto al 12.7. Pero este año baja al 12.2. Entonces
vemos que ha crecido en este Gobierno del 11.2 al 12.2 sobre el
presupuesto. Nosotros nos hemos dado a la tarea de reducir sustancialmente
los gastos de personal y los gastos generales del Estado. Esos
gastos en términos reales se han reducido en un 6 por ciento.
Tenemos este año tres crecimientos: en
seguridad, en pensiones y el presupuesto de inversión en
infraestructura, que estamos buscando recuperarlo, e inversión
en el área social, donde, por ejemplo, después de
haber completado un crecimiento de 4 millones 900 mil colombianos
en el régimen subsidiado de salud, este año estamos
buscando llegarle mínimo a otros dos millones de colombianos.
Porque hay un punto esencial: en los Estados
de opinión, hay que llevar la política de seguridad
de la mano de la política social. No se pueden presentar
como excluyentes. Creo que ese es un punto político bien
importante a considerar en nuestra Patria. El Gobierno es conciente
que la una tiene que ir de la mano de la otra. Tienen un impacto
conjunto en la aceptación popular a la política de
seguridad y también una relación de mucha implicación.
¿Por qué? Porque si la política
de seguridad es efectiva, se posibilita el crecimiento que permite
la financiación de la política social. Y si la política
social es efectiva y empieza a mostrar resultados, entonces eso
le da enorme legitimación a la política de seguridad.
También tienen una mutua implicación.
Para la sostenibilidad financiera es muy importante
ver qué ha pasado en gastos del Estado, en el nivel central
de la Nación y en las empresas de la Nación. Porque
generalmente se mira solamente el nivel central de la Nación.
El déficit del nivel central de la Nación
se ha reducido en un punto del PIB, no obstante que este año
tenemos que pagar cuatro billones al Seguro Social por el agotamiento
de las reservas. A este Gobierno le ha correspondido enfrentar
el agotamiento de las reservas. Durante muchos años se habló en
Colombia de que se agotarían las reservas del Seguro. No
hicimos caso. Era como estar al pie de un edificio y le decían
a las personas que estaban ahí abajo: retírense que
se va a caer. No se retiraron y se cayó.
El año pasado nos tocó girarle
al Seguro Social un billón 800. Este año el Seguro
Social tiene que pagar en pensiones seis billones, recauda dos
y el presupuesto de la Nación le tiene que trasladar cuatro.
Si ustedes me preguntaran: ¿para garantizar
la política de sostenibilidad financiera hacia delante,
qué reforma urgente se requiere? Sin perjuicio de las revisiones
que haya que hacer en materia tributaria, donde todo el mundo tiene
una acepción de lo que es reforma tributaria estructural.
Yo he hecho una comparación entre lo que pensamos los colombianos
de reforma tributaria estructural y el concepto de reforma constitucional
que tenían los soldados que salían de la Guerra de
los Mil Días, de las guerras civiles. Se terminaba una guerra
civil en Colombia y en todos los procesos de paz se hablaba de
una nueva Constitución. ¿Cuál era el problema?
Que cada uno de los soldados que salía de la guerra llevaba
en su morral un concepto diferente de Constitución. Lo mismo
pasa con el tema de reforma estructural tributaria en Colombia.
Yo hablo con muchos de mis compatriotas y el uno da un concepto
de reforma estructural, el otro otro, el otro otro, pero con paciencia
ahí iremos encontrando un mejor punto de acuerdo.
El problema grave son las pensiones. Por eso
me parece fundamental que podamos aprobar en el período
legislativo, que empieza ahora el 16 de marzo y que termina en
junio, la segunda ronda del acto legislativo pensional.
Este Gobierno en matera de pensiones ha hecho
los siguientes esfuerzos: primero, con el ex ministro Juan Luis
Londoño que en paz descanse, el Congreso nos aprobó la
primera reforma pensional, diciembre de 2002. Después hicimos
el gran esfuerzo en el Referendo, fallido. Nos faltaron 40 mil
votos para aprobar lo que habría sido la reforma pensional
más importante de la vida de Colombia. El Consejo Electoral
no quiso descontar cédulas de militares, cédulas
de personas muertas, cedulas de personas que no las habían
recibido. Bueno, pero uno no se puede arredrar. Como dice el doctor
Juan Manuel Santos, hay que hacer de cada dificultad una oportunidad.
Entonces empezamos a tramitar esa reforma fallida del Referendo
por un acto legislativo ordinario legislativo del Congreso.
Se ha hecho un gran esfuerzo en otros frentes
pensiónales. Por ejemplo la eliminación de regímenes
privilegiados de pensiones en muchas entidades del Estado. Sostuvimos
durante más de dos años un conflicto laboral en Ecopetrol.
Se pudo lograr finalmente un ladudo arbitral que desmonta privilegios
pensionales a futuro. Y así sucesivamente en muchas empresas
del Estado.
Y estamos ahora en el cuarto esfuerzo: el esfuerzo
de esta reforma constitucional, que si se aprueba en su segundo
período, honorables congresistas, estoy seguro que le daremos
mucha mayor sostenibilidad a la política de Seguridad Democrática
desde el punto de vista fiscal. Llevada de la mano esa inversión
con la inversión social, sostenibilidad que es el tema de
este foro.
En la reducción de gastos generales, de
gastos de servicios personales, a eso hay que sumarle otro tema:
la reforma del Estado.
Nosotros hemos reformado 145 empresas del Estado.
Telecom ha pasado de dar unas pérdidas de 480 mil millones
a una utilidad de 950 mil millones en el año 2004. ¿Ustedes
se imaginan, compatriotas, que llegara el Presidente de Telecom
a pedirle al Ministro de Hacienda 480 mil millones para pagar las
pensiones de Telecom?
El cierre del IFI, la entrega de los mejores
activos del IFI a Bancoldex, le ahorra a la Nación 300 mil
millones al año. Una reforma tan difícil y tan importante
como la de Inravisión va a ahorrar 60 mil millones al año.
Y así sucesivamente. Emcali, con unos pasivos de dos billones,
en algún momento superiores al activo, gracias a la reforma
a la que la hemos sometido, pasó de 500 mil millones de
pérdida y ya dio el año pasado 120 mil de utilidad.
Y creo que la vamos a sacar adelante. Todas las electrificadoras
en las cuales era socio mayoritario la Nación han pasado
de saldos en rojo a dar utilidades.
Todo eso ayuda muchísimo y no es fácil
verlo. ¿Por qué? Porque generalmente se ven las cifras
que más se publican, que son las cifras de las cuentas nacionales,
todavía en la etapa de no consolidarlas con empresas del
Estado.
Pero tengo confianza que esa reforma va a producir
el impacto más importante y menos esperado para el saneamiento
de las finanzas públicas. Nos falta mucho. Apenas estamos
empezando la reestructuración de los hospitales públicos.
Acabamos de dar un paso formidable con la red hospitalaria de Boyacá,
la de Caldas, la del departamento del Huila. Por ejemplo, Santander,
el hospital Ramón González Valencia: insostenible,
unas pérdidas permanentes, a cada momento una súplica
a la Nación para que le hiciera un giro. Lo acabamos de
liquidar, pagamos a un altísimo costo la liquidación,
lo sustituye una nueva empresa social hospitalaria blindada, que
tendrá que garantizar equilibrio fiscal.
Porque a toda esta reforma también nos
ha ayudado un concepto político: este Gobierno no ha estado
en una carrera de privatización a ultranza sino de sostenibilidad
del Estado. Hombre, por qué no deja morir tal hospital.
No. Lo importante es que lo volvamos totalmente sostenible, que
lo equilibremos fiscalmente. Entonces ha tocado liquidar hospitales
y sustituirlos por hospitales nuevos, pero con estructura de administración
totalmente blindada que garantice su equilibrio.
A mí me decían mucho: “con
el sector privado en el área de telecomunicaciones, ¿para
qué Telecom?”. Una razón política: no
podemos seguir con esa contradicción aguda de neoliberalismo-social-burocracia.
Tenemos que buscar puntos de acuerdo en esta Nación. Entonces
dijimos: el sector privado tiene su espacio, pero nosotros tenemos
que reservar instituciones del Estado para proteger a los colombianos
frente a fallas del mercado, para poder tener quien intervenga
para ayudar a racionalizar tarifas y también para proteger
a Colombia frente a la globalización y para proteger comunidades
rurales, comunidades remotas.
Yo quisiera sembrar en la mente de ustedes un
gran interés para mirar lo que es la reforma del Estado,
porque eso va a ayudar muchísimo, muchísimo, al equilibrio
fiscal de la Nación.
¿En qué etapa estamos en este momento?
Esta difícil coyuntura de tasa de cambio nos ha puesto en
la tarea, por un lado, de buscar unas ayudas a los exportadores,
pero pedagógicas, a cambio de que sean capaces de comprar
cobertura frente a tasa de cambio. Y por otro lado, aprovechar
esta tasa de cambio que infortunadamente se ha bajado, para resolver
problemas de deuda pública.
El endeudamiento cuando empezó este Gobierno
estaba alrededor del 54 por ciento del PIB. Creo que se ha rebajado
unos 8 puntos. Hemos sustituido, aprovechando esta tendencia de
tasa de cambio -que yo no comparto y me preocupa mucho por la productividad,
la competitividad a las exportaciones pero tenemos que asumir la
responsabilidad política de aprovecharla fiscalmente-, hemos
sustituido ya 1.825 millones de deuda en dólares por deuda
en pesos.
Se los desagrego: el Ministerio de Hacienda compró el
año pasado 500 millones de dólares en el mercado,
los giró afuera. El Banco de la República nos vendió 500
millones de dólares, los giramos afuera. Ahí van
1.000. Y hemos hecho tres operaciones por 825 millones de esta
naturaleza: colocamos unos bonos en pesos en el mercado internacional.
Eso es muy importante. Pocos países hoy del nivel nuestro,
creo que ninguno, ha podido colocar en el mercado internacional
bonos en su propia moneda.
Hemos colocado 825 millones en nuestra propia
moneda. Recaudamos dólares, evitamos que esos dólares
lleguen al país, pre-fondiamos deuda. Es muy difícil
el prepago, porque los bonos colombinos están bastante valorizados.
La única posibilidad que vemos cercana de prepago es de
un crédito de emergencia del Banco Interamericano de Desarrollo,
que para eso estamos, está señor Ministro de Hacienda
concertando con el Banco de la República otra operación.
Entonces en esos 825 millones de dólares
recibimos esos dólares, entregamos unos títulos denominados
en pesos, hemos logrado una rebaja en la tasa de interés,
no captamos pesos aquí, entonces no presionamos la tasa
de interés en el mercado local.
Esa reestructuración de la deuda en este
momento, a lo cual estamos esperando sumarle 1.300 millones de
dólares adicionales este año, es un punto fundamental
para la sostenibilidad fiscal de la política de Seguridad
Democrática.
He querido traer estos temas porque algunos de
los más distinguidos analistas todavía no se han
referido en sus análisis económicos a temas como
la reforma administrativa, la reestructuración de la deuda,
la preconversión que se está dando en 145 empresas
del Estado, donde todavía falta mucho.
SOSTENIBILIDAD MILITAR
Hemos crecido la Fuerza Pública aproximadamente
en 96 mil hombres. Tenemos Policía hoy en 168 cabeceras
municipales que no contaban con Policía. Sí, allí no
había problemas, pero vivían a merced de guerrilla
o paramilitares. Y estamos ahora atendiendo una gran cantidad de
corregimientos, que son cascos urbanos de gran tamaño que
no aparecen como cabeceras principales de municipios y que tienen
la misma necesidad de Policía.
Tenemos hoy Soldados de mi Pueblo en 598 municipios
y aspiramos terminar este año con 754 municipios con Soldados
de mi Pueblo, a pesar de la dificultad que tuvimos, por ejemplo,
en Iscuandé. Esa acción ha dado un gran resultado
porque compromete mucho al joven para brindarle seguridad a su
comunidad y compromete mucho a la comunidad con sus soldados.
Dentro de un punto cardinal de nuestra política
de Seguridad Democrática, cual es la integración
de la ciudadanía y la Fuerza Pública, el tema de
Soldados de mi Pueblo es fundamental. Eso ha forzado esa integración
entre ciudadanía y Fuerza Pública.
Nosotros hemos buscado dos conjuntos estratégicos.
Primer conjunto: aislar a los violentos, desabastecerlos, crear
confianza ciudadana y lograr total transparencia. Segundo conjunto:
enfrentarles los corredores de movilidad, enfrentarles las áreas
campamentarias y enfrentarles la retaguardia.
Hay que trabajar en todas partes. Recuerdo las
milicias ‘Antonio Nariño’ en Bogotá,
cuando era candidato a la Presidencia, y lo que vivimos el 7 de
agosto de 2002, lo que vivimos posteriormente, se hace un gran
esfuerzo para desmontarlas en Bogotá, pero nada nos ganamos
si no les afectamos los corredores de movilidad con el Huila, con
el Caquetá o con otros sectores que son sus áreas
de retaguardia. Por eso hay que trabajar integralmente esos tres
puntos que conforman este segundo conjunto.
Y en el primer conjunto rogaría conectar
las acciones concretas que hemos desarrollado con los enunciados
de ese conjunto, por ejemplo, con el aislamiento y con el desabastecimiento.
Hemos querido trabajar con la Fuerza Pública
a partir de demostrarle a la Fuerza Pública que hay toda
la voluntad política y con muchas consignas, de las cuales
quiero destacar dos: agresividad y transparencia.
La voluntad política es fundamental. Cuando
era estudiante universitario –no voy a decir cuándo
para que no haya Gobierno que se pueda sentir aludido, advierto-,
a mí me tocó estudiar en la universidad pública,
debatir todos los días con los marxistas, con los mahoistas –para
poder combatirlos me tocó estudiar el marxismo en sus diferentes
vertientes más que el promedio de ellos-, y recuerdo que
un día les propuse esta reflexión: Colombia no ha
tenido ejércitos golpistas, pero sí ejércitos
que saben hacer operación tortuga cuando los gobiernos no
los motivan y los abandonan.
El Ejército de la Patria necesita una
voluntad política permanente en sus comandantes civiles,
una gran decisión de motivarlo. Lo indica la historia de
la Patria. Nada se gana uno con crecer en Ejército si no
lo motiva. Nada se gana uno con darle toda la posibilidad logística,
si la Fuerza Pública no siente la voluntad política
en los comandantes civiles. Por eso el tema de la voluntad política
es fundamental en esto.
Y han venido trabajándose dos consignas:
agresividad y transparencia. Hay que estar permanentemente a la
ofensiva con toda la agresividad y proceder siempre con toda la
transparencia.
Ayer me decía la Ministra de Relaciones
Exteriores (Carolina Barco): ‘Presidente, a su tesis de que
aquí no hay un conflicto sino un desafío terrorista,
entre las objeciones que le surgen, le surge la objeción
de que ahora hay más combates’. Por supuesto. Es que
tenemos una Fuerza Pública toda a la ofensiva, con toda
la agresividad. Y todo el mundo en la Fuerza Pública se
acosa a ver quién va más a la ofensiva y esa dinámica
hay que mantenerla.
SOSTENIBILIDAD POLÍTICA
La voluntad política es muy importante
mantenerla en todos los momentos. Por ejemplo, la he relacionado
con el acuerdo humanitario. Por eso he dicho que hay tres puntos
inamovibles para un acuerdo humanitario, relacionados con la voluntad
política que tiene que hacerse sentir en el alma de los
soldados y policías de la Patria.
Un punto: no zonas de despeje. Pero hemos ofrecido
alternativas, hemos estado dispuestos a una embajada, a la sede
del Cardenal en Bogotá, a una iglesia.
Segundo punto: no entrar a liberar de la cárcel
personas condenadas por delitos atroces. Habrá que buscar
beneficios jurídicos en el momento de un proceso de paz.
Tercer punto: que aquellos guerrilleros que lleguen
a salir de la cárcel no vuelvan a delinquir. Ustedes se
imaginan, ¿qué pasa con la voluntad política
que debe transmitirle el Gobierno a los soldados cuando hoy tenemos
en la selva, en situaciones muy difíciles, 17 mil soldados
de la Patria y entonces soltamos unos guerrilleros para que vuelvan
a delinquir?
Por ejemplo, el doctor Santos hablaba de las
dificultades militares que hemos tendido en los últimos
días. El año pasado tuvimos muchas, siempre las hemos
tenido. El año pasado, hombres de la Fuerza Pública,
entre asesinados y mutilados o simplemente heridos por minas antipersona,
fueron más de 600. ¿Sufriendo los hombres de la Fuerza
Pública este rigor y entonces vamos a soltar unos guerrilleros
de la cárcel para que vuelvan a delinquir?
Inicialmente, con la ministra Martha Lucía
(Ramírez, de Defensa) le dijimos al gobierno de Francia,
a Naciones Unidas: ‘bueno, si salen de la cárcel se
tienen que ir al extranjero y un gobierno extranjero tiene que
asumir las funciones de tutor y garantizarnos que no vuelven a
delinquir’. Después, a raíz de nuestras conversaciones
con la Iglesia, con otros facilitadores y a raíz del buen
suceso de la estrategia de reinserción (en este Gobierno
llevamos 11.600 reinsertados: 6.000 de los paramilitares, 5.600
de la guerrilla), aceptamos al salir de la cárcel, como
compromiso para no volver a delinquir, tienen dos opciones: o se
van al extranjero bajo la tutoría de un gobierno o se quedan
en el país en el programa de reinserción. Pero es
muy importante ahí mantener un punto de voluntad política
que le transmita una señal permanente a la Fuerza Pública.
No liberar gente de la cárcel para que vuelva a delinquir.
Y es muy importante el tema de la transparencia
de la mano del tema de la agresividad.
La transparencia y la agresividad están
llamadas a producir dos puntos fundamentales de la estrategia de
sostenibilidad política: en la medida que la ciudadanía
sienta que hay una Fuerza Pública con toda la abnegación,
con todo el espíritu de combate, con toda la garra, con
toda la agresividad, la ciudadanía se llena de confianza. ¡Y
en este momento sí que se necesita! Porque ahora estamos
en el reto de mostrarle a Colombia que tenemos que derrotar a los
terroristas sin utilizar otros terroristas. Colombia no puede proteger
a su ciudadanía con paramilitares. La protección
tiene que radicarse exclusivamente en las Fuerzas institucionales
del Estado.
Entonces surgen dudas de muchas regiones que
preguntan: ‘¿y quién nos va a proteger eficazmente
si aquí los únicos que nos protegían eran
los paramilitares?’ Y eso ya no lo preguntan en voz baja,
lo escriben en periódicos, lo dicen en emisoras, llegan
a expresarlo en la televisión.
¡Sí que es importante demostrar
ahora, con la agresividad de nuestra Fuerza Pública, que
Colombia es capaz de derrotar un terrorismo sin apelar al otro.
Que aquí para derrotar a la guerrilla, para proteger a los
ciudadanos, no necesitamos renunciar a la protección institucional
y entregarle ese espacio a grupos paramilitares!
En esta coyuntura es de gran importancia la agresividad
y por supuesto la transparencia.
La transparencia nos va colocando con lo que
es el concepto básico de Seguridad Democrática.
¿Nosotros por qué hemos hablado
de Seguridad Democrática, por qué hemos calificado
la política de seguridad con ese vocablo? Por razones históricas
y por razones de legitimidad.
¿Cuáles razones históricas?
En muchos momentos, América Latina vivió políticas
de seguridad, pero esas políticas de seguridad se dieron,
no para proteger el universo poblacional, sino para perseguir disidentes.
Recordemos el recorrido que en el Continente hizo la doctrina de
la Seguridad Nacional. Para distinguir nuestra política
de Seguridad de ese referente histórico, nosotros la hemos
catalogado como Seguridad Democrática.
Y segundo, por su significado. Esta política
de Seguridad Democrática es para proteger a todos los colombianos.
Le digo a Fuerza Pública, en privado y en público:
para dar ejemplo de que esta política es para proteger a
todos los ciudadanos, hay que proteger por igual al más
fervoroso de mis seguidores políticos, que es el representante
Juan Hurtado, o al más duro de mis antagonistas políticos,
que es el representante Wilson Borja. Y hay que protegerlos eficazmente
y con el mismo entusiasmo a todos.
Eso nos va dando una característica muy
importante de sostenibilidad política de esta acción:
que es una institución armada por encima de las ideas de
los gobiernos de coyuntura.
Eso nos va conduciendo a un punto fundamental
de la sostenibilidad política: aquí no hay un Ejército,
aquí no hay una policía de Uribe, aquí hay
unas instituciones armadas de la Patria al servicio de la democracia,
al servicio de la convivencia. Ese es un punto fundamental que
habrá de darle sostenibilidad política a esta acción.
Entonces, viene ahí el tema de los derechos
humanos. La Fuerza Pública de la Patria es consciente que
tiene que derrotar este terrorismo dando un gran ejemplo en materia
de cumplimiento con los derechos humanos. Nosotros hemos negado
la vía que utilizaron otros países, que en nombre
de la seguridad suspendían las libertades democráticas
y se daban licencias para violar derechos humanos.
Si algo va a enaltecer a las instituciones armadas
de la Patria, es poderle decir al mundo: Colombia superó el
terrorismo y la acción armada se llevó con una dualidad
entre agresividad y respeto a los derechos humanos y a las garantías
democráticas.
Este tema de las garantías democráticas
nos lleva a dos cosas: a decir por qué la acción
de estos grupos es una acción terrorismo y no una acción
de conflicto político. Y a decir una segunda cosa: por qué la
Fuerza Pública colombiana, cuando el Gobierno le desconoce
a los grupos violentos el estatus de delincuentes políticos
y los califica como terroristas, por qué eso no da licencia
a la Fuerza Pública para combatirlos violando los derechos
humanos.
Alguien me decía ayer: ‘es que si
no se les reconoce como delincuentes políticos, si no se
reconoce el conflicto y si el Gobierno del Presidente persiste
en denominarlos terroristas, entonces aquí no va a haber
posibilidades de acuerdo sobre derecho humanitario’. ¡Por
Dios! El derecho humanitario es una categoría de un conjunto
mucho más amplio, que es el conjunto de derechos humanos.
Cuando la Fuerza Pública respeta los derechos
humanos, como existe toda la voluntad en Colombia, está respetando
todos los subconjuntos, sus obligaciones del derecho humanitario,
por ejemplo. Independientemente de la manera como proceden estos
terroristas, el compromiso de nuestras Fuerzas institucionales
con los derechos humanos es total.
En materia de cifras, para demostrar la eficacia,
falta mucho pero quiero compartir con ustedes algunas cifras o
algunas bastantes conocidas: ¿qué ha pasado en homicidios?
En el año 2003 el homicidio cayó en 19 por ciento,
en el 2004 cayó en 15 por ciento, en lo acumulado de 2005
va cayendo en un 28 por ciento a pesar de las dificultades.
¿Qué ha pasado en secuestros? En
el año 2003 cayó en un 27 por ciento. El año
pasado el secuestro extorsivo cayó en más del 42
por ciento, el secuestro consolidado en 35 por ciento. Este año
el secuestro extorsivo va cayendo en 78 por ciento. Un homicidio
es grave, un secuestro es grave, pero nosotros no podemos desconocer
las tendencias.
Y vemos, por ejemplo, un indicador bien importante
de la protección democrática: el país venía
asistiendo a que le asesinaban –los diferentes grupos- 184,
121 sindicalistas por año. Yo quisiera decirle al mundo:
ya no se asesina un solo sindicalista en Colombia. Infortunadamente
los siguen asesinando, pero creo que la tendencia muestra resultados
importantes. De 184 se bajó a 55, el año pasado ya
fueron 40. En enero del año pasado fueron seis, en enero
de este año fue uno. ¡Ojalá pudiéramos
decir ninguno! Pero la tendencia es importante.
En maestros: infortunadamente nos fue mal en
el 2004. Cuando había rebajado de 79 a 41, nos volvió a
crecer a 63 maestros asesinados. Pero en enero del año pasado
fueron siete, en enero de este año uno.
Periodistas: el año pasado tres –me
he comprometido con la Sociedad Interamericana de Prensa a hacer
todos los esfuerzos-, uno quisiera poder decir: ninguno. Hay una
tendencia positiva. Pero es que en eso, uno no puede mostrar la
tendencia sino la protección total, absoluta. Y en enero
de este año asesinaron uno.
En indígenas: el 2003 nos creció frente
a 2002, en 2004 bajó de 211 a 85. En enero del año
pasado fueron 17, este año fueron nueve. Estamos haciendo
un gran esfuerzo para proteger todos estos grupos de compatriotas.
Alcaldes que no estaban despachando en sus municipios:
más de 300. Hoy: uno o dos.
Nosotros nos hemos dado a la tarea de garantizar
las libertades democráticas efectivas. No basta con tener
libertades democráticas retóricas. Hay que pasar
de las libertades democráticas retóricas a las garantías
eficaces. Creo que las elecciones del 2003 pusieron a prueba esa
consigna de nuestra política de Seguridad Democrática.
Yo preguntaría: ¿qué habría
pasado con candidatos a alcaldías y a gobernaciones provenientes
de partidos de antiguas guerrillas, de partidos alternativos a
los tradicionales, de movimientos contestatarios, si no hubieran
tenido toda la protección de la política de Seguridad
Democrática?
Esta protección marca un contraste con
lo que pasó aquí, anteriormente, con movimientos
políticos. Y esta protección da una razón
para reclamar el calificativo de terroristas a estos grupos violentos
y para reclamar la legitimidad de la política y el apoyo
popular a la sostenibilidad de la política.
Creo que el referendo del 2003, las libertades
disfrutadas por opositores, por abstencionistas, fueron plenas,
los espacios fueron plenos, ese fue un gran paso para demostrar
cómo la política de Seguridad es Democrática.
Y tiene que ser un elemento a considerar para la legitimación
de esta política.
¿Por qué llamo a estos grupos,
grupos terroristas? Por varias razones. Una histórica: movimientos
insurgentes, por ejemplo en América Latina, se propusieron
luchar contra oprobiosas dictaduras. Aquí hay una democracia
en profundización. Aquí los que han afectado esta
democracia son estos terroristas.
Recuerdo que en las universidades colombianas,
en los directorios políticos de la Patria, se recibían
panfletos de los grupos violentos que decían: ‘mientras
no haya elección popular de alcaldes en Colombia, persistiremos
en nuestra acción violenta. Se incorporó la elección
popular de alcaldes en la administración del Presidente
Betancur. Vino la con Constitución del 91, amplió a
la elección popular de gobernadores y creó un gran
capítulo de democracia, de participación directa.
Todos los instrumentos de democracia participativa que incorporó la
Constitución del 91.
¿Quiénes han atentado contra esto?
Estos grupos. ¿Quiénes han asesinado a los alcaldes,
amenazado los gobernadores, constreñido la libertad política?
Estos grupos.
Entonces estos grupos no están oponiéndose
a una dictadura en Colombia que les diera alguna legitimidad a
la luz de la historia. Al contrario, son unos grupos que están
perturbando el proceso de profundización de la democracia
colombiana.
Segundo, siempre invocaron la realidad social.
Ellos la han agravado, espantaron la inversión, dispararon
el desempleo, produjeron el éxodo de tres o cuatro millones
de colombianos hacia el exterior y ocasionó el desplazamiento
de más de dos millones de colombianos en el interior. Ellos
son, hoy, causa y no resultado de la problemática social.
Sus acciones son plenamente configurativas de
actos terroristas.
Y es muy importante mirar esto en cotejo con
lo que ha pasado en legislaciones europeas. Muchas legislaciones
europeas califican como terrorismo la apelación al uso de
las armas o la simple amenaza de uso de armas por razones políticas,
ideológicas, religiosas o de diversa índole. ¿Por
qué? Eso se ha visto en las legislaciones europeas como
una contraprestación a la democracia pluralista.
Eso es válido trasladarlo acá,
porque si aquí hay una democracia en profundización,
pluralista, la contraprestación es que a esa democracia
no se le ataque ni se le amenace atacarla con armas. Ese ataque
o esa amenaza, en las legislaciones europeas, se condena como terrorismo.
Yo le he dicho a la comunidad internacional:
sí, nadie niega la problemática social de la Patria,
tenemos una problemática social enorme que tenemos que superar,
una tragedia social, una crisis humanitaria; pero eso es distinto
de llamar lo que existe con estos grupos violentos “conflicto”.
Con estos grupos violentos lo que hay es una amenaza terrorista
a unas instituciones democráticas en profundización.
¿Se opone eso a que haya procesos de paz?
De ninguna manera. Me han preguntado: ‘bueno ¿pero
cómo puede ayudar la Unión Europea, cómo puede
ayudar los Estados Unidos, cómo pueden ayudar otros países
a procesos de paz, si ellos mismos, a instancias del Gobierno colombiano,
han calificado estos grupos como terroristas? Por eso se ha pedido
el cese de hostilidades.
Nuestro plan de paz es simple, no tiene mucha
riqueza teórica, pero es práctica, tiene tres elementos:
obligación del cese de hostilidades como principio para
avanzar en procesos de paz. No hay urgencia para desarme, para
desmovilización. Y garantía de derechos democráticos
a los reinsertados.
Eso es fundamental, la mejor oferta de paz es
decir: aquí tienen hoy protección efectiva y hay
toda la voluntad para que reciban protección todos los luchadores
políticos, independientemente de su acervo ideológico.
Ese es el principal plan de paz, a la luz de los hechos que se
reclamaron y que todavía se siguen reclamando del asesinato
de muchos luchadores políticos.
Negociación con el Eln
¿En qué vamos con eso? Por ejemplo
con el Eln. El Presidente Pastrana había autorizado una
facilitación de paz del gobierno de Cuba, me consultó en
el período de transición, yo dije: ‘continuémosla’.
He hablado varias veces con el Presidente Castro, el Comisionado
ha ido allí cuatro veces.
Hemos ofrecido al Eln todas las posibilidades.
No ha querido. Han entrado facilitadores del grupo de países
amigos del Eln, comunidad internacional, la sociedad civil colombiana
tiene un grupo y ahora México.
Yo me reuní con Felipe Torres, una vez él
salió de la cárcel. Le dije: ‘Felipe, es que
la exigencia es, cese hostilidades de inmediato pero no se tienen
que desmovilizar, no se tienen que desarmar. Hay tanta urgencia
para el cese de hostilidades como paciencia para llegar al desarme
y a la desmovilización’. Y él me contestó: ‘Presidente,
eso está bien planteado, pero nos da dificultad creerla,
porque nos van a matar mientras estemos en cese de hostilidades’.
Le dije: ‘yo soy combatiente pero combato limpiamente, transparentemente,
no los vamos a matar traicioneramente ni a la mansalva, les damos
todas las garantías’.
Llego a México y en presencia del Presidente
Fox preguntan por lo mismo y explico qué sería el
cese de hostilidades y cómo no tendría que producirse
una rendición, un desarme, una desmovilización. Me
preguntan: ‘entonces ¿ellos tendrán garantías
en el cese de hostilidades? Y dije: ‘por supuesto, las tendrán
todas’. ¿Puede haber un garante? Claro, que lo haya.
Que ese garante mire el comportamiento del grupo que ofreció el
cese de hostilidades y el comportamiento del Gobierno que tiene
que ser garantista durante ese cese de hostilidades. ¿Quién
puede ser el garante? Pues que sea México. Lo aceptaron.
El Eln manda una carta a través del Embajador
mexicano, una propuesta. Recuerdo que le dije, hace pocos días,
al doctor Luis Carlos Restrepo (Alto Comisionado para la Paz):
mire con el Ministerio de Defensa, con el Ministro y los Comandantes,
si es operativa. Me dijo el doctor Luis Carlos Restrepo: ‘tiene
algunas dificultades pero las manejamos’. Dije: ‘¿es
propuesta del Eln?’ Dijo el Comisionado: ‘sí’.
Dije: ‘aceptésela’. Y después se echaron
para atrás y se echó para atrás el señor
Antonio García.
Por eso, no infundadamente, sino por eso, he
repetido que es un saboteador de procesos de paz. Me lo han dicho
ex presidentes de la República, personas muy metidas en
el tema. Cada que estamos cerquita de la puerta de un proceso de
paz con el Eln, aparece un saboteador que es Antonio García.
Yo no sé a él, por qué lo enerva tanto que
se le denuncie eso. ¡Entonces que ayude a la paz! De pronto
ellos van a hacer la paz muy fácil.
Porque uno de los problemas que no podemos permitir
que siga haciendo carrera es que aquí hay terroristas bien
aceptados y terroristas repudiados. Infortunadamente el Eln parece
ser un grupo terrorista muy bien aceptado en ciertos círculos.
Creo que hay que repudiar a todos los grupos
terroristas, solamente hay que acogerlos en el momento en que produzcan
expresiones de voluntad que conduzcan a la paz.
Proceso con Autodefensas Ilegales
Sobre los paramilitares. El gobierno del Presidente
Pastrana también había autorizado una facilitación
de la Iglesia, en el periodo de transición dije: ‘estoy
de acuerdo con ella’. Empezó este Gobierno, seguimos
trabajando con la Iglesia. ¿En qué momento dialoga
el Comisionado con los paramilitares? En el momento en que ellos
ofrecen el cese de hostilidades, para cumplir la regla.
La ley de alternatividad. Nosotros hemos dicho
que esa ley debe reunir varios requisitos: creíble, universal,
equilibrada.
Creíble: la credibilidad la da la oportunidad.
Me parece que es más creíble esa ley con 6 mil desmovilizados,
con posterioridad a 6 mil movilizados, que una ley anterior a hechos
importantes de desmovilización. Pienso que la política
de reinserción con 11.600 reinsertados (6 mil desmovilizados
de las autodefensas ilegales) y algunas cifras de tendencias de
seguridad en Colombia, le da credibilidad a una ley de esta materia,
en el momento.
Segundo, tiene que ser universal, para todos.
Hay que darle el mismo tratamiento a guerrilleros y a paramilitares.
No creo que les podamos dar diferente tratamiento. Todavía
hay algunos que albergan la ilusión de que algunos de estos
grupos vayan a la guillotina y los otros al cielo. Eso es imposible
hoy a la luz de la Constitución colombiana. Es imposible
a la luz de los tratados internacionales.
Se decía antes –y todavía
se dice por algunos-: ‘es que el guerrillero por estar en
contra del orden económico establecido, es un insurgente,
es un luchador político, y el paramilitar, por defenderse él
o por defender el statu quo, es un delincuente común’.
Esa diferencia es insostenible por varias razones. Uno no puede
distinguir el delito atroz cometido por el uno, del delito atroz
cometido por el otro. La distinción es imposible a la luz
de las normas jurídicas nacionales e internacionales y a
la luz del daño que se produce a las víctimas. Es
imposible la distinción.
Y finalmente en ese punto: todos están
violando el ordenamiento jurídico. Los unos violan el ordenamiento
jurídico para enfrentar el orden establecido y los otros
violan el ordenamiento jurídico supuestamente para defender
el orden establecido. Por eso hoy no vemos manera de darles un
tratamiento diferente.
Entonces creo que hay que aterrizar mucho en
esta ley el principio de que tiene que ser universal, porque no
creo que esta ley pueda ser un lacito muy corto para los paramilitares
y muy largo para la guerrilla. El derecho nacional e internacional
lo impiden. Por eso hay que saber poner esta ley en el punto justo
que sirva para todos.
Me preocupa mucho entonces que ahora aprobemos
una ley, que no puede permitir impunidad, que tiene que buscar
unos años de cárcel para responsables de delitos
atroces, y que mañana, cuando se desmovilice la jerarquía
del Eln, se tenga que definir lo contrario porque ellos son de
mejor familia frente a delitos atroces. Por eso es muy importante
que esta ley sea universal.
Segundo: que sea equilibrada. Kofi Annan ha dicho
que estos procesos tienen que ser una buena ecuación entre
paz y justicia. Nosotros hemos desarrollado ese concepto. Por eso
hemos dicho: estas leyes son marcos jurídicos para procesos
de paz individuales o colectivos.
He insistido mucho en que es proceso de paz y
que puede ser individual o colectivo. Porque si negáramos
la posibilidad de aplicar esta ley a desmovilizaciones individuales, ¿qué hacemos
con 5.600 desmovilizados de la guerrilla, que no se han desmovilizado
colectivamente ni por acuerdos –y que esperamos que sean
muchos más en el año y medio que le falta a este
Gobierno–?
Segundo, como proceso de paz, no puede ser una
ley de sometimiento, pero para poder respetar la justicia hay que
evitar que sea una ley de impunidad.
En nombre de la paz no podemos llegar a la impunidad
y en nombre de la justicia no podemos llegar al sometimiento. Estamos
haciendo un gran esfuerzo con el Congreso de la República,
dirigido por el señor Ministro del Interior (Sabas Pretelt
de la Vega) a ver cómo podemos entregar un texto legal con
estas características: creíble, que produzca el efecto
de desmovilizar estos grupos.
Algo bien importante es que la aplicación
de este proceso, de los hechos que se han venido produciendo y
del marco jurídico que se está estudiando con el
Congreso, nos permita el desmantelamiento definitivo de estos grupos.
Ustedes van a tener la oportunidad hoy, con expertos,
militares, de finanzas públicas, de mirar estos temas.
Pregunta: En los principios
de los proyectos de ley para Alternatividad se habló de
la creación de una comisión de la verdad. Yo quisiera
preguntarle si la concepción de la Política de Seguridad
Democrática –en lo que tiene que ver con la negociación
con autodefensas ilegales- se cobija una comisión de la
verdad que sería media verdad, o un tercio de verdad. Porque
si estamos hablando de la verdad absoluta de la agresión
terrorista contra Colombia, tendría que hablarse de la verdad
de los delitos cometidos por guerrilla y autodefensas ilegales.
¿Qué opina usted de esa comisión
de la verdad?
Presidente de la República: La
verdad absoluta es un imperativo ideal, es un punto ideal, pero
es imposible en procesos de paz.
A los procesos de paz siempre les quedan deficiencias.
Incluso, cuando uno estudia el proceso de paz de Sudáfrica
encuentra que la verdad absoluta se exigió como contraprestación
al perdón total, sin cárcel, pero finalmente fueron
muy poquitos los beneficiarios.
Entonces ¿nosotros cómo tenemos
divido el proceso? Colombianos de la base de estos grupos que se
han desmovilizado, de guerrilla o paramilitares, frente a quienes
no hay sindicaciones por delitos atroces, hasta hoy los hemos desmovilizado
a la luz de la ley 782 y el Gobierno está convencido que
la nueva ley de alternatividad no debe derogar la ley 782, porque
la ley 782 facilita la desmovilización de estos ciudadanos.
Por supuesto hay que garantizar tres cosas: primero,
una declaración a la Fiscalía –que la vienen
dando-. Segundo, un seguimiento para que no reincidan. Y tercero,
que si, al momento de la desmovilización no se conocía
que hubieran cometidos delitos atroces y eso se conoce posteriormente,
se le sancione y la sanción –lo estamos discutiendo-
dependerá también del grado de cooperación
que ellos demuestren frente a la justicia.
Y está el otro tema, el de los delitos
atroces. Ese tema necesita ser juzgado por un tribunal especial.
Ahí venimos mirando las diferentes opciones, o diferentes
a las que tenemos hoy en la estructura de la justicia u opciones
dentro de la estructura de la justicia. Estamos trabajando el mayor
nivel de consenso con los ponentes en el Congreso de la República,
en esa materia.
Y el tercer punto en eso, es que, independientemente
de ese órgano de justicia haya un órgano de reconciliación –en
lo cual ha insistido mucho el señor Vicepresidente- que
será una comisión que no hará parte de la
estructura de la justicia, pero una comisión que irá trabajando
la verdad histórica, la génesis de estos grupos;
que irá haciendo un seguimiento a los desmovilizados, que
se irá constituyendo en una garantía de desmantelamiento
de estos grupos y de verdadera reconciliación. Ese es el
resumen frente a ese tema.
Pregunta: primero saludarte Álvaro,
muchas gracias por todo el trabajo que haces…
Presidente de la República: Me
gusta mucho, estos muchachos de ahora, en Antioquia, dicen que
no le dicen “Don” ni a un pueblo que hay allá que
se llama Don Matías.
Pregunta: enmarcando la situación
que la estrategia o la equivalencia que se hace de que los litros
de sangre son equivalentes al coeficiente de seguridad, es muy
bueno, pero quiero saber en qué va lo de la agencia nacional
de inteligencia. ¿Por qué pregunto esto? Porque considero
muy importante el hecho de que globalicemos la política,
la inteligencia como tal, para de esa forma poder conseguir el
objetivo que es aislar a estos terroristas que tanto daño
le han hecho al país.
¿Cuál va a ser el siguiente paso?
Porque, hemos logrado aumentar el pie de fuerza y conseguir excelentes
resultados, pero ya debemos entrar a –lo que yo llamaría-
la estocada final. Por ejemplo, ir a buscar los dólares
que matan a nuestros soldados y a nuestros niños, semana
tras semana, donde estén o saber el lugar donde se consiguen
los fusiles que le llegan a estos terroristas.
Presidente de la República: esta
política necesita perseverancia. Este país tiene,
del millón 200 mil kilómetros cuadrados, 578 mil
kilómetros –afortunadamente- todavía en selva
que a pesar de los embates de la droga, se ha logrado preservar,
con una geografía muy accidentada.
Me contaban hoy que un analista francés,
en uno de nuestros periódicos, dice que: ‘un grupo
con tanta gente no es terrorista. Y lo asombra es que son 10 mil’.
Aquí llegó a haber 50 mil. Sume 17 mil de la Farc,
más 12 mil milicianos urbanos, más 3.500 a 4.500
del Eln, más 12 ó 18 mil de las autodefensas ilegales:
casi 50 mil terroristas que no tienen control territorial pero
si tienen inmensas oportunidades de escondite territorial.
Eso nos lleva a otro punto: ¿ha habido
repliegue de ellos? Ellos no han tenido repliegue voluntario, cada
que pueden salen. Aquí lo que ha habido es una acción
contundente, ofensiva en crecimiento de la Fuerza Pública.
Ante esa circunstancia, nosotros no podemos pensar que el resultado
final va a ser rápido. Aquí lo importante no es tanto
la urgencia por el resultado final, sino la perseverancia en la
voluntad política, a nivel de la ciudadanía, a nivel
del Gobierno y de la institución armada. Yo reclamaría
perseverancia en esa voluntad política, porque el resultado
final no se consigue fácilmente.
Preguntas por el tema de inteligencia. Nosotros
necesitamos inteligencia humana, inteligencia técnica, inteligencia
coordinada e inteligencia operativa.
Para la parte de inteligencia humana ha sido
muy importante todo lo que es la acción de la cooperación
ciudadana. En la Colombia de hoy, nosotros necesitamos un ideal
y aproximarnos lo más cercanamente posible a ese ideal:
que cada ciudadano sea un cooperante con la Fuerza Pública.
Le he dicho a la ciudadanía de Norte de
Santander, le he dicho a la ciudadanía de Urabá,
a la ciudadanía de sectores donde se han desmovilizado los
paras: ¡por Dios! ustedes lo que tienen que hacer es, cada
uno ser un cooperante con la Fuerza Pública.
La Fuerza Pública sola, en este tamaño
de país, en esta accidentalidad geográfica del país,
no puede. El éxito de la Fuerza Pública va a depender
muchísimo del grado de cooperación de la ciudadanía
y el grado de cooperación de la ciudadanía ayuda
en ese componente de la inteligencia que es el componente humano,
que por supuesto tiene que tener un gran apoyo en el componente
técnico.
El Gobierno nunca tomó la decisión
de la agencia central de inteligencia, pero sí, todos los
días avanzamos más en la coordinación en materia
de inteligencia entre las diferentes instituciones.
Pregunta: Desde hace más
de un año el ex presidente Alfonso López viene escribiendo,
en su columna de El Tiempo del domingo, sobre la necesidad de adelantar
un proceso de acuerdo humanitario entre el Gobierno y la guerrilla
de la Farc y el Eln para conseguir la liberación de los
colombianos secuestrados desde hace bastante tiempo. El caso del
Huila, usted la conoce perfectamente bien, cuatro congresistas
fueron secuestrados.
¿En que lugar de su política de
Seguridad Democrática, que comparto plenamente, esta ese
pequeño capítulo para lograr la liberación
de nuestros compatriotas secuestrados por este grupo insurgente?
Presidente de la República: doctor
Julio cada vez que visto su departamento, que lo hago con mucha
devoción, cualquiera sea el motivo de la visita, siempre
tengo una reunión adicional con los familiares de los secuestrados.
Para mi ha sido un tema muy difícil porque
por una parte yo soy padre de familia, miembro de una familia de
ese 50 por ciento de las familias colombianas que ha sufrido en
carne propia este flagelo. Esas circunstancias me llenan de inmensa
angustia cuando estoy frente a los familiares de los secuestrados.
Por otra parte, tengo esta honrosa responsabilidad.
Yo prometí –en la campaña
y empecé a aplicarlo como Presidente electo, como Presidente
en ejercicio los primeros meses- que para un acuerdo humanitario
era necesario reiniciar un proceso de paz a partir de un cese de
hostilidades. Muchos me pidieron que sustituyéramos ese
requisito, que elimináramos la iniciación del proceso
de paz como requisito para el acuerdo humanitario: Koffy Anan,
el Ppresidente de Francia, los familiares de los secuestrados,
algunos facilitadotes. Aceptamos. Dijimos: ‘bueno, lo separamos,
pero que liberan a los secuestrados, que haya una facilitación
de Naciones Unidas y que los guerrilleros que salgan de la cárcel
no vuelvan a delinquir, se vayan al extranjero.
A ninguna persona que me ha pedido ser facilitadora
le hemos negado que sea facilitadota –le pediría,
me aceptara la excusa de no referirme a nombres propios, pero sí a
instituciones-, ha ayudado la Iglesia, han ayudado gobiernos extranjeros,
etcétera. A nadie le hemos entorpecido el derecho a que
facilite.
No se puede decir que se entorpece el derecho
a facilitar porque se captura a un delincuente, que puede ser el
facilitador de la liberación de Ingrid Betancur y al mismo
tiempo el urdidor del asesinato de la señora Cubas, en Paraguay.
Eso hay que mirarlo cuidadosamente.
¡A mi que no me vengan a decir, que por
capturar a uno de los asesinos intelectuales de la señora
Cubas en Paraguay, estábamos obstruyendo el acuerdo humanitario!
¡No se puede tener un posición internacional
de doble moral, totalmente firme, para no ceder a chantajes cuando
hay secuestros en Irak y totalmente condescendiente con los terroristas
guerrilleros, para proponer un acuerdo humanitario en Colombia.
Irak ha sufrido mucho, pero aquí hemos sufrido durante más
tiempo! Entonces, en eso, el Gobierno tiene que tener todo el cuidado.
Nosotros, ya lo dije, aceptamos: ‘bueno,
que no se vayan para el extranjero, que entren a un proceso de
reinserción’, yo le pregunto: ¿que pasaría
con la moral de la Fuerza Pública, después que el
año pasado hubo más de 600 víctimas en la
Fuerza Pública de minas antipersona de este grupo guerrillero
terrorista, si el Gobierno simplemente suelta de la cárcel
unos guerrilleros, va y los entrega en la selva para que sigan
delinquiendo? Si yo fuera soldado no vuelvo a pelear y hago operación
tortuga al Gobierno.
¡Es que hay que conocer la historia del
propio país para las decisiones que uno tiene que tomar!
Aquí no ha habido un ejército golpista, pero si ha
habido una institución armada que cuando, la voluntad política
del Gobierno la desmotiva, ella procede en consecuencia con su
desmotivación. Por eso nosotros no podemos aceptar la exigencia
de liberar estos individuos de la cárcel para que vuelvan
a delinquir.
El despeje. Nosotros hemos ofrecido alternativas,
ofrecimos la alternativa de una reunión en una embajada
y que los trajera a la embajada la Cruz Roja, en la Conferencia
Episcopal, en una Iglesia de cualquier lugar colombiano. Pero sin
despeje.
Es que, también hay que entender la psicología
colectiva. La psicología colectiva de los colombianos hoy,
comprende plenamente la improcedencia, la inconveniencia de un
despeje. Es que el Gobierno Pastrana procedió con toda la
buena fe ¿pero esos bandidos cómo respondieron?:
aplicaron muy bien lo que Marx copió de Maquiavelo: "cuando
sientas la generosidad de tu contrincante, no la tomes como generosidad,
sino como debilidad para que lo golpees". Esa fue la respuesta
de estos bandidos, a la buena fe del despeje. ¡El Gobierno
no puede aprobar despejes!
Y hay un punto: ¿por qué a los
que han pagado en el Huila –que son varios y usted y yo lo
sabemos-, no les han exigido despeje? y los han liberado y pertenecían
al mismo grupo. Entonces ¿por qué en unos casos,
cuando está de por medio el dinero, no se necesita despeje
y en el otro caso si se necesita el despeje?
Un gesto de enorme buena voluntad del Gobierno:
liberamos más de 20 guerrilleros. No es como dicen algunos,
que ya iban a salir de la cárcel, allí había
gente que le faltaban 6, 8 años de cárcel. Ofrecimos
ese gesto de manera unilateral ¿cuál fue la respuesta?
para no hablar de lo que el país conoció como oferta
gubernamental cuando se tramitaba la extradición de uno
de estos señores.
¡Qué difícil manejar la figura
de la extradición en Colombia! Yo le he tenido que decir
claramente al Congreso y hoy lo repito: esa es una figura que tiene
múltiples implicaciones, una de ellas la dignidad del país.
Por eso he dicho claramente que este Gobierno no está de
acuerdo con afectar la extradición en la ley de alternatividad
penal de ahora, porque no estamos dispuestos a crearle un debate
al país que ponga a Colombia en el banquillo de los acusados
como un país paria.
La dignidad del país hay que cuidarla
muchísimo y mire el riesgo que tomamos para hacer un gesto
de buena fe y buscar el acuerdo humanitario cuando el caso de la
extradición de Trinidad. Ve usted que hemos ofrecido muchas
opciones, también la Fuerza Pública está,
afanosamente, buscándolos.
Entonces ¿ve lo difícil que es
esto? Por un lado la angustia de estos compatriotas, que uno la
siente, y por otro lado la responsabilidad para que decisiones
que tomemos en materia de acuerdo humanitario no nos afecte en
la política de Seguridad.
Tenemos tres inamovibles que hemos repetido.
Respetando esos tres inamovibles, el Gobierno siempre ha estado
dispuesto y sigue abierto a examinar opciones.
