Bogotá, 28 feb. (SNE).- Los recursos destinados por el
Gobierno Nacional para la atención del desplazamiento
en 2004 y 2005 alcanzan los 575.200 millones de pesos. Esta cifra
es superior en 100 mil millones a la asignada entre 2000 y 2003.
Así lo señaló la Alta Consejería
Presidencial para la Acción Social, al anunciar la entrada
en vigencia, a través del decreto 250 de 2005, del nuevo
Plan Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada.
El Plan busca establecer la política general del Gobierno
y las acciones para la prevención y la atención
del desplazamiento forzado interno en Colombia.
Las fases establecidas para su desarrollo contemplan prevención,
protección, atención humanitaria de emergencia
y estabilización socioeconómica.
El Plan será ejecutado con los recursos asignados en
el presupuesto general de la Nación a cada entidad del
Sistema Nacional de Atención y sus montos serán
establecidos durante los dos primeros meses de cada año.
Como hecho novedoso, el Plan incluye la caracterización
de la población que requiere de atención, en términos
de género, edad, etnia y costumbres socioculturales. Esto
permitirá reconocer y promover ofertas institucionales
acorde con los intereses de los afectados.
Igualmente se busca que los hogares puedan volver a disfrutar
de la situación en que se encontraban antes del desplazamiento
y se definen líneas estratégicas de atención,
como apoyo a administraciones locales y regionales en cuanto
a aplicación de la política de derechos humanos
y derecho internacional humanitario.
La protección de la población en zonas de frontera
para minimizar el riesgo de desplazamiento hacia los países
fronterizos, también es otro de los puntos importantes,
lo mismo que las acciones educativas para prevenir el riesgo
de accidentes por minas antipersonal.
Las acciones especiales de protección a comunidades en
riesgo será responsabilidad del Ministerio de Defensa,
el Ministerio del Interior y de Justicia, la Vicepresidencia
de la República y la Red de Solidaridad Social, con la
participación de los Comités de Atención
a Población Desplazada.
Otro aspecto fundamental es la consolidación del Sistema
de Alertas Tempranas y el mejoramiento, por parte del Ministerio
de Comunicaciones, de los procesos e infraestructura de las comunicaciones
y la conectividad rural.
En el tema de bienes patrimoniales de los desplazados, los que
hayan sido abandonados por sus propietarios a causa de la violencia,
serán inscritos en el Registro Único de Predios,
con el objeto de que las autoridades competentes procedan a impedir
cualquier acción de enajenación o transferencia
de títulos de propiedad.
Otra línea de acción es el afianzamiento de la
atención social en salud, educación y bienestar
de la familia.
Se fomentará la realización de programas de seguridad
alimentaria para propiciar el arraigo y prevenir el desplazamiento,
teniendo en cuenta que los proyectos deben responder a realidades,
usos, costumbres y condiciones sociales y agro-ecológicas
de las comunidades.
La Red de Solidaridad Social, como coordinadora del Sistema
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada,
asume el diseño del Plan, con la concertación de
acciones, el aporte y la asignación presupuestal de las
diferentes entidades que lo conforman, impulsan y promueven.
Estas entidades son los Ministerios de Protección Social,
Defensa, Educación, Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Agricultura e Interior y Justicia, así como
el Inurbe, Incora, Dian, Banco Agrario, Sena, ICBF, Fondo
Nacional de
Calamidades,
Comisión
Nacional de Televisión, Defensoría del Pueblo,
Fondo de Inversión para la Paz y Red de Solidaridad
Social.
La veeduría social del Plan será responsabilidad
de las organizaciones de población desplazada, a través
de su participación activa en las diferentes instancias
de concertación, coordinación y planificación.
La Consejería informó que esta noche, a las 10:00
PM, por la Señal Colombia Institucional, el programa “País
Posible” entregará el balance de logros en atención
al desplazamiento, después de la tutela de la Corte Constitucional
que ordenó replantear la política oficial en la
materia.
