En
el Gobierno Uribe se han desmovilizado 12.836 terroristas
274 DESMOVILIZADOS EN JUNIO
Bogotá, 1 jul. (SNE).- El Programa de Atención
Humanitaria al Desmovilizado (Pahd) reportó este
viernes que durante el mes de junio se desmovilizaron
individualmente 274 miembros de los grupos armados al
margen de la ley.
En este mes se destaca la entrega voluntaria en Antioquia
de 29 guerrilleros del ELN que integraban el frente Héroes
de Anorí. Dentro de este grupo se encontraba el
comandante del grupo alias ‘Edward’, quien
decidió dejar las armas junto con los hombres
que tenía bajo su mando al encontrar que la militancia
subversión no tenía sentido.
De las personas que se entregaron a las autoridades
en junio, 112 pertenecían a las AUC, 97 a las
FARC, 60 al ELN y cinco a grupos disidentes. Dentro de
este grupo se encuentran 62 menores de edad y 38 mujeres.
Estas personas decidieron entregarse de la siguiente
manera: 257 a unidades de las Fuerzas Militares y de
Policía, ocho al Icbf, cuatro a la Defensoría
del Pueblo, al DAS y a la Fiscalía dos a cada
una, y una a la Personería.
El departamento en el que mayor número de deserciones
se presentaron fue Antioquia con 59 casos, seguido de
Santander con 35, Caquetá con 23, Casanare con
21, y Boyacá y Meta con 17 cada uno. Las demás
entregas se registran en cifras menores en otras regiones
del país.
En total, durante el Gobierno del Presidente Uribe se
han desmovilizado individualmente 7.551 personas entre
guerrilleros y paramilitares. En lo que respecta a desmovilizaciones
colectivas la cifra llega a 5.285.
BENEFICIOS
El Gobierno Nacional a través del decreto 128
de 2002 estableció apoyo en materia de salud para
los desmovilizados y sus familias, al igual que protección
y solución jurídica a través del
Ministerio del Interior. Este decreto también
contempla apoyo económico para la creación
de microempresas y la posibilidad de validar el bachillerato
y acceder a capacitación impartida por el Sena.
Además de estos beneficios, el Gobierno anunció a
través del decreto 2767 de 2004, que quienes se
acojan a dicho proceso y colaboren, de manera voluntaria,
con la justicia o la Fuerza Pública entregando
información que permita evitar o esclarecer delitos,
podrán recibir una bonificación económica,
acorde con el resultado de dicha colaboración.
Los desmovilizados que entreguen material de guerra,
intendencia, comunicaciones, sustancias o drogas estupefacientes,
insumos y maquinaria para la producción de drogas
ilícitas, “o cualquier otro elemento que
facilite a los grupos armados al margen de la ley el
desarrollo de actividades ilícitas”, también
recibirán una bonificación económica.
También se entregará una bonificación
económica a quienes, de manera voluntaria, deseen “desarrollar
actividades de cooperación para la Fuerza Pública”.
El decreto aclara que los beneficios los podrán
recibir todos aquellos nacionales que “individualmente
y por decisión voluntaria”, abandonen los
grupos armados al margen de la ley. Estos deberán
demostrar además, –a criterio del Gobernó Nacional-
su voluntad de reincorporarse a la vida civil. Los menores
de edad, quedan excluidos “de cualquier forma de
colaboración con la Fuerza Pública”.