Madrid, España, 12 jul. (SNE).-Los integrantes
de los grupos armados al margen de la ley que se acojan
a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, pero
que no confiesen todos sus delitos u oculten alguno de
los
bienes adquiridos ilícitamente, perderán inmediatamente
las concesiones descritas en esa legislación.
Así lo explicó este martes el presidente Álvaro
Uribe Vélez en Madrid, al reiterar que la ley
no permite la prescriptibilidad de los delitos atroces
o de lesa humanidad.
La Ley, presentada por el Gobierno Nacional, fue aprobada
en el pasado período legislativo por el Congreso
de la República que la modificó y debatió de
manera amplia en todas sus etapas.
Así mismo, Uribe recordó que la Constitución
Política de Colombia “advierte que: ‘quien
haya sido condenado por un delito diferente al delito
político o al homicidio culposo, no puede ir al
Congreso’. Esta ley, en la jerarquía normativa,
está en la escala inferior de la Constitución
y respeta plenamente la Constitución”.
La Ley permite facilitar la desmovilización de
los grupos armados ilegales (guerrilla y paramilitares)
para lo cual quien se someta a ella deberá confesar
los crímenes cometidos durante la militancia en
la organización armada y además entregar
los bienes adquiridos de manera ilícita.
Pero, advirtió Uribe “si omitió algún
delito y aparece posteriormente, no existe una tal prescripción
en esos dos meses –como lo decía ayer un
representante de una Ong aquí en Madrid-, en cualquier
momento posterior, si aparece ese delito, se le puede
juzgar por él. Si lo ocultó intencionalmente,
pierde los beneficios. Si coopera con la justicia, mantiene
los beneficios pero se le puede imponer una pena adicional
del 20 por ciento”.
La Ley establece que los responsables de delitos de lesa
humanidad tendrán una pena privativa de la libertad
en una cárcel por un período que oscila
entre los cinco y los ocho años, lo cual garantiza
que no haya impunidad por estos actos, elemento sin
precedentes en los procesos de paz de Colombia y de
muchas partes del mundo.
“
Dice la crítica, que esta es una ley de impunidad. ¡De
ninguna manera! Prohíbe esta ley el indulto, prohíbe
la amnistía para delitos atroces, tiene sentencias
reducidas de pena privativa de la libertad, sí.
Es el costo de la paz. Porque es una ley de justicia
pero no de sometimiento, como también es una ley
de paz pero no de impunidad”, explicó el
Presidente.
Uribe, durante la imposición de la Medalla de
Oro en la Fundación Universitaria Juan Pablo CEU,
defendió la universalidad de la Ley y manifestó que
sirve tanto para guerrilleros y autodefensas ilegales.
Si bien las críticas internacionales se han dirigido
a señalar que se trata de una legislación
benévola con los paramilitares y severa con la
guerrilla, Uribe manifestó que “los dirigentes
guerrilleros dicen que ellos no la aceptan, porque piden
indulto y amnistía para delitos atroces, se niegan
a un solo día de cárcel por delitos atroces
y piden que se cambie la Constitución Colombiana
para que puedan ser elegidos al Congreso, no obstante
ser responsables de delitos atroces”.
La Ley de Justicia y Paz busca que los actuales grupos
armados tengan alternativas para su desmovilización
y desmantelamiento, sin embargo “no hay ley que
garantice, per sé, que las organizaciones terroristas
no se reproduzcan. Lo único que garantiza que
no reproduzcan las organizaciones terroristas, es una
política continuada de seguridad”.
En ese sentido el compromiso del Gobierno Nacional es
firme en perseguir a los grupos armados ilegales que
no acepten el cese de hostilidades y de enfrentar a
quienes cometan actos terroristas.
Al mismo tiempo, la ley tampoco debilita la extradición
que es un tema que no es objeto de negociación
de ninguna clase y cuya aplicación se mantendrá como
hasta ahora ha sucedido.
“
Cuando el Gobierno que presido empezó, Colombia
había extraditado 60 personas, este Gobierno ha
ordenado la extradición de 330”, recordó Uribe.
El Mandatario también señaló que
los bienes ilícitos que entreguen quienes se acojan
a la Ley serán confiscados y sometidos al proceso
de extinción de dominio para la constitución
de un fondo de reparación de víctimas,
otro de los nuevos elementos incluidos en esta legislación.
