En carta enviada al Legislativo norteamericano
EMBAJADOR MORENO EXPLICÓ A CONGRESO DE EU ALCANCE
DE LEY DE JUSTICIA Y PAZ
Washington, 15 jul. (SNE).-El embajador de Colombia
en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno, envió una
carta a los congresistas de ese país en donde
explicó los principales puntos de la ley de
Justicia y Paz propuesta por el Gobierno, discutida,
modificada y aprobada recientemente por el Congreso
Nacional.
En la carta el diplomático colombiano recuerda
que la legislación es un “marco legal para
el Gobierno Nacional en la continuación de sus
esfuerzos por desmovilizar a miembros de las organizaciones
terroristas”.
“
Por casi dos años, el Congreso de Colombia ha
debatido intensamente los procedimientos y condiciones
de este proceso de paz. Cada sector de la sociedad colombiana
y muchos de la Comunidad Internacional, incluyendo a
Estados Unidos, han participado activamente en este proceso
democrático. El proceso fue abierto, pluralista
y transparente. El 22 de junio el Congreso aprobó la
ley”, expresa la misiva.
De acuerdo con el Embajador, este marco es fundamental
si se quiere aumentar la seguridad de los colombianos
a través de la desmovilización de los
grupos armados “y a la vez garantizando un nivel
de castigo y reparación para compensar los crímenes
y las violaciones a los derechos humanos que hayan
cometido”.
Los principales elementos de la ley de Justicia y Paz
fueron resumidos por el Embajador en la carta, de la
siguiente manera:
-
Los combatientes se
acercarán, como individuos
o en grupo, se identificarán y confesarán
sus crímenes pasados.
-
Cualquier crimen que
el individuo intencionalmente no confiese podrá ser investigado y procesado por
las cortes ordinarias, sin beneficio alguno de la ley
y sentencias de privación de libertad más
severas si es encontrado culpable.
-
Los combatientes deben entregar sus armas, dejar en
libertad a sus secuestrados e identificar y entregar
bienes adquiridos ilegalmente.
-
Si cumplen con todas
estas condiciones, son entonces elegibles para la reducción de sentencias de 5
a 8 años por los crímenes cometidos, sin
posibilidad de adquirir más reducciones
en las condenas.
-
La ley no ofrece amnistía para crímenes
graves, no provee un estatuto de limitaciones o cualquier
otro beneficio legal por crímenes no confesados.
-
Ningún narcotraficante podrá acceder a
los beneficios legales de esta ley. El gobierno seguirá investigando
y procesando actividades relacionadas con el narcotráfico.
-
El tema de la extradición no es tratado en la
ley, preservando la autoridad discrecional del gobierno
colombiano de cumplir con las solicitudes de extradición
de otros países. El Gobierno Uribe ha usado la
extradición como una poderosa herramienta contra
el narcotráfico, enviando a 270 sospechosos a
los Estados Unidos durante los últimos tres años – más
que cualquier otro país en el mundo. La política
de extradición en Colombia nunca ha sido sujeto
de negociación con los grupos armados ilegales
y seguirá inalterable.
-
Los derechos de las
víctimas están completamente
garantizados. La ley establece nuevas instituciones para
implementar aspectos claves del proceso de paz, tales
como la Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación, la cual será dirigida
por el Vicepresidente e incluirá a representantes
de las víctimas. Adicionalmente crea un Fondo
para la Reparación de las Víctimas y comisiones
regionales para la restitución de la propiedad.
-
La ley no afecta la
aplicación de la legislación
de la extinción de dominio,
la cual a la fecha le ha permitido
al Estado recobrar 5.042 bienes ilegales.
El Embajador recordó a los legisladores norteamericanos
que los colombianos llevan 40 años viviendo bajo
la amenaza de los terroristas, a pesar de los esfuerzos
de anteriores administraciones para ponerles fin.
Para enfrentar dicha amenaza “el gobierno Uribe
ha reforzado la habilidad del estado para ir tras los
terroristas. Como resultado, los homicidios han reducido
en 40%, los secuestros 70% y los ataques terroristas
también han disminuido sustancialmente”.
Como consecuencia de la implementación de la política
de Seguridad Democrática se ha enfrentado militarmente
a las guerrillas y autodefensa ilegales, al tiempo que
se han desmovilizado más de 12 mil integrantes
de estas organizaciones al margen de la ley.
“
A medida que el Gobierno Uribe ha buscado mejorar la
seguridad para los colombianos, también ha extendido
la mano para desarmar y desmovilizar a los grupos terroristas.
Los colombianos han reconocido por mucho tiempo que la
paz puede ser alcanzada por medio de soluciones políticas.
Gobiernos anteriores han desmovilizado organizaciones
guerrilleras negociando indultos y amnistías a
cambio de que los combatientes dejen sus armas y se reincorporen
a la vida civil”, dice la carta.
Así las cosas, se espera que el proceso de desmovilización
de los integrantes de las FARC, el ELN y las AUC aumente
de manera considerable, por lo que se hizo necesario
plantear el marco legal que quedó definido en
el proyecto de Justicia y Paz que será sancionado
por el Gobierno nacional.
Finalmente, el embajador Moreno destacó que por
primera vez en una generación “un gobierno
colombiano está hoy negociando desde una posición
de fuerza… Ahora se le debe dar la oportunidad
al Presidente Uribe de producir resultados para los colombianos.
La ley de Justicia y Paz no es perfecta, y como sucede
con frecuencia en los cuerpos legislativos, es un producto
de compromiso político. Pero es más fuerte – proveerá más
justicia – que cualquier otro esfuerzo de desmovilización
en la historia de nuestro país”.
