TEXTO DE LA CARTA DEL EMBAJADOR MORENO
AL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS
Washington, 15 jul. (SNE).-El siguiente es el texto
de la carta que envió el embajador de Colombia
en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno al Congreso
de Estados Unidos con la explicación de la Ley
de Justicia y Paz.
8 de julio de 2005
Querido Senador:
Quería aprovechar esta oportunidad para brindarle
información acerca de la Ley de Justicia y Paz
recientemente aprobada por el Congreso de Colombia, la
cual provee un marco legal para el Gobierno Nacional
en la continuación de sus esfuerzos por desmovilizar
a miembros de las organizaciones terroristas. Debido
a su interés y apoyo a las relaciones colombo-estadounidenses
durante los últimos años, me gustaría
asegurar que tiene un conocimiento de las provisiones
de la ley y del ambiente en el que fue debatida y cómo
será implementada.
Como sabe, los colombianos han vivido con violencia de
organizaciones guerrilleras y paramilitares por más
de 40 años. Esfuerzos previos por administraciones
anteriores en Colombia para negociar un fin a la violencia
con las tres guerrillas y los paramilitares que operan
en nuestro país, han fracasado. Como resultado,
los colombianos viven bajo una amenaza constante del
terrorismo, algo no visto en ninguna parte del mundo,
y piden paz a gritos.
Durante los últimos tres años, el gobierno
Uribe ha reforzado la habilidad del estado para ir tras
los terroristas. Como resultado, los homicidios han reducido
en 40%, los secuestros por 70% y los ataques terroristas
también han reducido sustancialmente. Más
de 12 mil miembros individuales de estas organizaciones
terroristas se han desmovilizado y entregado sus armas.
El apoyo al Plan Colombia por parte del Congreso de EEUU
ha contribuido significativamente a estos resultados.
Nosotros hemos consultado regularmente con miembros del
Congreso de EEUU sobre estos esfuerzos y muchos miembros
han tenido la oportunidad de visitar a Colombia para
ver de primera mano los progresos que hemos logrado.
Pero a medida que el Gobierno Uribe ha buscado mejorar
la seguridad para los colombianos, también ha
extendido la mano para desarmar y desmovilizar a los
grupos terroristas. Los colombianos han reconocido
por mucho tiempo que la paz puede ser alcanzada por
medio de soluciones políticas. Gobiernos anteriores
han desmovilizado organizaciones guerrilleras negociando
indultos y amnistías a cambio de que los combatientes
dejen sus armas y se reincorporen a la vida civil.
Sin embargo, debido a que la desmovilización de
las AUC, FARC y ELN ocurrirá en una escala nunca
antes vista en Colombia, y porque este proceso de paz
es tan crucial para el futuro y bienestar de la Nación,
el gobierno Uribe buscó un marco legal para los
diálogos de paz. Por casi dos años, el
Congreso de Colombia ha debatido intensamente los procedimientos
y condiciones de este proceso de paz. Cada sector de
la sociedad colombiana y muchos de la Comunidad Internacional,
incluyendo a Estados Unidos, han participado activamente
en este proceso democrático. El proceso fue abierto,
pluralista y transparente. El 22 de junio el Congreso
aprobó la ley.
En el corazón de la desmovilización están
los esfuerzos del Gobierno Uribe y del Congreso colombiano
para encontrar un balance entre paz y justicia. Esto
quiere decir, una ley que desmantele a organizaciones
que han plagado al país por 40 años, por
ende asegurando la seguridad para los ciudadanos colombianos,
y a la vez garantizando un nivel de castigo y reparación
para compensar los crímenes y las violaciones
a los derechos humanos que hayan cometido.
Las siguientes son las provisiones claves de la ley:
-
Los combatientes se
acercarán, como individuos
o en grupo, se identificarán y confesarán
sus crímenes pasados.
-
Cualquier crimen que
el individuo intencionalmente no confiese podrá ser investigado y procesado por
las cortes ordinarias, sin beneficio alguno de la ley
y sentencias de privación de libertad más
severas si es encontrado culpable.
-
Los combatientes deben entregar sus armas, dejar en
libertad a sus secuestrados e identificar y entregar
bienes adquiridos ilegalmente.
-
Si cumplen con todas
estas condiciones, son entonces elegibles para la reducción de sentencias de 5
a 8 años por los crímenes cometidos, sin
posibilidad de adquirir más reducciones
en las condenas.
-
La ley no ofrece amnistía para crímenes
graves, no provee un estatuto de limitaciones o cualquier
otro beneficio legal por crímenes no confesados.
-
Ningún narcotraficante podrá acceder a
los beneficios legales de esta ley. El gobierno seguirá investigando
y procesando actividades relacionadas con el narcotráfico.
-
El tema de la extradición no es tratado en la
ley, preservando la autoridad discrecional del gobierno
colombiano de cumplir con las solicitudes de extradición
de otros países. El Gobierno Uribe ha usado la
extradición como una poderosa herramienta contra
el narcotráfico, enviando a 270 sospechosos a
los Estados Unidos durante los últimos tres años – más
que cualquier otro país en el mundo. La política
de extradición en Colombia nunca ha sido sujeto
de negociación con los grupos armados ilegales
y seguirá inalterable.
-
Los derechos de las
víctimas están completamente
garantizados. La ley establece nuevas instituciones para
implementar aspectos claves del proceso de paz, tales
como la Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación, la cual será dirigida
por el Vicepresidente e incluirá a representantes
de las víctimas. Adicionalmente crea un Fondo
para la Reparación de las Víctimas y comisiones
regionales para la restitución de la propiedad.
-
La ley no afecta la
aplicación de la legislación
de la extinción de dominio,
la cual a la fecha le ha permitido
al estado recobrar 5.042 bienes ilegales.
La Ley establece una estructura legal que busca alcanzar
varias metas simultáneamente. Identificará a
miles de combatientes individuales, la mayoría
de los cuales son hoy en día desconocidos para
las autoridades y llevarlos ante la justicia. El gobierno
podrá, por primera vez, monitorear sus acciones
para asegurarse que no vuelvan a una vida de violencia.
También establece una estructura para identificar
y distribuir bienes ilegales de ex terroristas a sus
víctimas, el cual será un componente importante
de la reconciliación nacional de nuestra sociedad.
Existen preocupaciones de que la ley no castigue a los
combatientes con sentencias de prisión suficientemente
largas. Este fue el tema fundamental que los legisladores
tuvieron que abordar – cómo lograr un
balance entre la protección de la gente a violencia
futura y terror, con el deseo de castigar a las personas
que hayan cometido crímenes, en una sociedad
donde cada quien usa un diferente metro para medir
ese balance. En la ley, los ex combatientes que confiesen
plenamente y cumplan con cabalidad los otros requerimientos,
obtienen una detención de 5 a 8 años
(lo cual es casi lo mismo que los 5 a 10 años
presentado por el borrador de la oposición).
No hay reducción de condenas o cualquier otro
beneficio por crímenes intencionalmente ocultados,
por lo cual podrían recibir hasta 40 años
por cualquier crimen que no confiesen.
El Congreso de Colombia determinó que si se ponen
términos muy fuertes en cuanto a castigos y otros
prerrequisitos para que los combatientes entren en el
proceso de paz, no se entregarían. Simplemente
seguirían librando su guerra contra nuestra sociedad.
Esta es la única vida que conocen. Por medio de
esta ley, el gobierno le esta dando incentivos a miles
de miembros de las AUC para que se entreguen y participen
del proceso de paz. Aquellos que lo hagan deberán
cumplir con todas las condiciones de la ley y serán
monitoreados de cerca por autoridades para asegurar que
no vuelvan a la violencia. Aquellos que no acepten el
incentivo se enfrentarán con la amenaza de la
justicia, en términos mucho más fuertes.
La ley es lejos de ser perfecta y porque estamos buscando
paz y justicia simultáneamente, es inevitable
que ambas causas sean logradas con perfección.
La meta es la paz – es decir, asegurar que miles
de combatientes ilegales no puedan amenazar nuestra
sociedad con violencia – y lograr la mayor justicia
posible, con la menor cantidad de indulgencia necesaria.
En comparación con otros procesos de paz en
el mundo y con cada proceso de paz anterior en la historia
nuestro país, Colombia está aplicando
un estándar de justicia mucho más alto
al requerir confesiones completas de violaciones, y
proveyendo un nivel de castigo, antes de que cualquier
beneficio sea otorgado.
La labor crítica de la administración Uribe
ahora es la de adelantar en el proceso de paz. La nueva
ley establece un proceso de paz; ahora iniciamos la difícil
labor de hacer que el proceso funcione por la paz de
todos los colombianos. Esto requerirá de un significante
uso de recursos, personal y nuevas instituciones por
parte del gobierno, además de una determinación
nacional de todo el pueblo colombiano.
Pero por primera vez en una generación, un gobierno
colombiano está hoy negociando desde una posición
de fuerza. Sólo esto es un logro significante
en este largo conflicto. Ahora se le debe dar la oportunidad
al Presidente Uribe de producir resultados para los colombianos.
La ley de Justicia y Paz no es perfecta, y como sucede
con frecuencia en los cuerpos legislativos, es un producto
de compromiso político. Pero es más fuerte – proveerá más
justicia – que cualquier otro esfuerzo de desmovilización
en la historia de nuestro país.
Para avanzar hacia delante, miramos a Estados Unidos
y a la Comunidad Internacional para
un apoyo continuado a nuestro proceso de paz.
Sinceramente,
Luis Alberto Moreno
Embajador de Colombia en Estados Unidos
