BALANCE DE PLANEACIÓN NACIONAL EN III CONSEJO PÚBLICO DE MINISTROS

Bogotá, 16 jul. (SNE). - El Departamento Nacional de Planeación presentó un video sobre la gestión realizada en los tres primeros años de la Administración de Álvaro Uribe.

Su eje central son los resultados del Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP).

“ La gobernabilidad en Colombia, comenzó a registrar una tendencia positiva en 5 de los 6 indicadores utilizados por el Banco Mundial.

En los últimos 2 años el país mejoró 25 puestos en control a la corrupción y 14 en eficiencia del gobierno.

El Estado burocrático, ineficiente, gigante en politiquería y permisivo con la corrupción poco a poco tiene menos espacio en la realidad de la Nación.

El Gobierno Nacional le apostó a la consolidación de un “Estado Comunitario”; es decir un Estado gerencial, orientado hacia una gestión transparente, austera en el manejo de las finanzas públicas y al servicio de los colombianos.

Son estas las razones que le dan origen a El Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP), liderado por el Departamento Nacional de Planeación, entidad que elabora los planes de desarrollo de cada gobierno y programa la inversión publica.

Poner la casa en orden implicó emprender el proceso de renovación de la administración pública de mayor impacto en la historia colombiana, con tres objetivos fundamentales:

Primero: Reducir la burocracia.

Segundo: Construir un Estado transparente y confiable.

Tercero: Construir un Estado eficiente.

Algunas entidades del Estado, como Telecom, entidad que perdía 401 mil millones de pesos al año, Cajanal e Inravisión, eran “Elefantes Blancos”, grandes estructuras, con exceso en los gastos, ineficientes en sus funciones o inviables.

Ante esto, el Gobierno Nacional impulsó reformas administrativas que se reflejan en la reducción del gasto público, logrando resultados como:

- 152 entidades reestructuradas.

- Liquidación de 34 entidades ineficientes.

- Racionalización de plantas de personal y eliminación de nóminas paralelas, lo que genera ahorros anuales por 677 mil 472 millones de pesos.

En busca de la efectividad, se logró “hacer más con menos”, esto quiere decir que el Estado colombiano cuenta hoy con menos empleos burocráticos y más empleos productivos.

Los ahorros generados por la supresión de 24 mil 878 puestos de trabajo equivalen por ejemplo a:

- 72 mil 500 subsidios de vivienda de interés social.

- Al presupuesto de capacitación del SENA con el que en el 2004 se atendió a 2 millones 964 mil 799 alumnos en Formación Profesional Integral.

- Y al financiamiento de 400 mil Familias en Acción por tres años.

Las acciones, orientadas a la eficiencia en la prestación de servicios generaran un ahorro en los sectores de telecomunicaciones, protección social y eléctrico, en 5 años de 9,5 billones de pesos.

Como Estado Comunitario, consciente de brindar apoyo a los ex funcionarios, el Gobierno Nacional puso en marcha el Plan de Protección Social, integrado por:

- El Reten Social, programa que protege a madres y padres cabeza de familia, discapacitados y personas a punto de pensionarse. Catorce mil ciudadanos han recibido este beneficio.

- El Reconocimiento Económico, que benefició a mil ex funcionarios con recursos por 7 mil millones de pesos, quienes además recibieron capacitación en informática, idiomas y creación de empresas.

- Las indemnizaciones pagadas a 9 mil 569 personas, por 311 mil millones de pesos.

- Los programas de mejoramiento de competencias laborales prepararon a dos mil ex funcionarios para acceder a nuevas posibilidades de empleo.

La falta de transparencia, de información y de una cultura de seguimiento que permita al ciudadano participar y ejercer su derecho al control, creaba un ambiente propicio para el despilfarro.

Así que el Gobierno Nacional buscó generar mecanismos para hacer transparentes sus decisiones y posibilitar el acceso a la información, cuyos logros se han visto reflejados en:

- Creación de la Comisión de Políticas y Sistemas de Información (COINFO), para optimizar la inversión en tecnología y modernizar los sistemas de información del Estado. Por primera vez, se evaluó 101 proyectos, unificando y simplificando la información para el servicio de los ciudadanos.

- Fortalecimiento de la capacidad de gestión, la transparencia y la participación ciudadana, a través de la puesta en marcha del Sistema de Metas Presidenciales (SIGOB), que facilita el seguimiento por parte los gerentes públicos y de los ciudadanos a los avances y metas de gobierno.

-Fortalecimiento de la política pública de Gobierno en Línea, que facilita la comunicación entre las entidades y los ciudadanos. Colombia ocupa el primer lugar entre 191 países en el número de consultas de ciudadanos.

- Creación de la Estrategia de Gestión Jurídica de la Nación, que permite hacer seguimiento y control a los procesos judiciales a favor y en contra del Estado. Por primera vez se logró identificar y sistematizar 76 mil 697 litigios valorados en 68 billones de pesos.

- Implementación del Sistema Único de Información de Personal (SUIP), para conocer el número de servidores públicos.

Siguiendo exclusivamente el principio de mérito, este Gobierno ha hecho nombramientos en más de 53 mil empleos. Antes de finalizar el año se convocará a concurso a 120 mil funcionarios más para dar inicio a una nueva etapa de la carrera administrativa.

Es decir a partir de la expedición de la Ley de Empleo Público, en Colombia 300 mil cargos tienen que ser provistos por concurso de mérito para quedar en carrera administrativa.

A través de la Reforma del Estado, Planeación Nacional, ha sido enérgico en la simplificación de trámites, la gestión de productiva de activos del gobierno y la optimización de la contratación pública.

Con la estrategia antitrámites se simplificaron 132 trámites y se eliminaron otros 18.

En Comercio Exterior, se simplificaron trámites a través de la ventanilla y el formulario único. De 35 formatos el ciudadano hoy sólo diligencia 1.

La inspección física en puertos colombianos se redujo en 7 horas, generando un ahorro de 100 a 140 dólares por contenedor.

Otro gran desafió asumió el Departamento Nacional de Planeación con el Proyecto de Gestión de Activos, que coordina los procesos de inventario, titulación, adquisición, asignación y uso eficiente de los bienes inmuebles del Estado.

Este proyecto ha registrado ingresos por 73 mil millones y ahorros por 5 mil millones de pesos.

Los 150 mil contratos, por valor de 25 billones de pesos al año, que realizan las entidades del Estado y su complejidad en el manejo, exigieron modernizar los sistemas de contratación pública.

Por ejemplo, a través de subastas electrónicas, Ecopetrol, El ISS, el Banco Agrario, la FEN y Ecogas lograron un ahorro superior a 43 mil millones de pesos en la compra de bienes y servicios.

En el pasado solo 20 entidades reportaban sus contratos a través del Internet. Hoy a través del Portal Único de Contratación, 134 entidades publican sus proyectos.

Y para conocer las causas por las que se condena al Estado y proponer medidas preventivas y de manejo se creó el Manual de Buenas Prácticas para Gestión Contractual.

Esta reforma es el instrumento para consolidar el Estado Comunitario.

La tarea apenas empieza, aún falta garantizar la estabilidad de las reformas institucionales De las 26 entidades que se esperaba terminar su liquidación a 2005, sólo 6 lo han logrado. Falta consolidar una estrategia integral de liquidaciones que agilice estos procesos y reduzca costos.

Para profundizar en la construcción de un Estado transparente y confiable, faltan, entre otras acciones: aumentar el monto evaluado del presupuesto de inversión de la Nación del 13 por ciento al 25 por ciento; avanzar en la consolidación de un presupuesto de inversión atado a los resultados; establecer mecanismos para identificar las razones por las que se demanda al Estado y hacer efectiva la implementación del pago electrónico y la firma digital.

Y aunque el proyecto de ley por el cual se reformaba la ley 80 de contratación no surtió el trámite en el Congreso de la República, el Gobierno insistirá en una reforma que plantee mecanismos que incrementen la eficiencia y transparencia en los procesos de contratación; como por ejemplo la utilización de subastas electrónicas y los instrumentos reales para no direccionar los contratos del Estado.

Estas tareas de reforma deben ser permanentes para consolidar un Estado al servicio de los colombianos, austero, gerencial, eficiente y transparente.