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Por primera vez el Estado cedió su participación accionaria a una etnia reconociéndole su derecho ancestral

GOBIERNO ENTREGÓ EXPLOTACIÓN DE LA SAL DE MANAURE A LOS WAYÚU

  • Se crea Empresa Salinas Marítimas de Manaure.
  • Se convierte a las comunidades indígenas en accionistas mayoritarios de la sociedad.

Bogotá, 16 jul. (SNE). Por primera vez en la historia del país, el Estado cedió su participación accionaria en la explotación de sal de Manaure a una comunidad indígena, reconociéndole su derecho ancestral y de territorialidad.

El 21 de diciembre del año pasado, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, entregó a los representantes de las comunidades Sumain Ichi, Waya Wuayuú y Asocharma, los títulos de la participación accionaria que los hace dueños del 76 por ciento de la empresa Salinas Marítimas de Manaure (Sama).

Para ello, se constituyó la sociedad de economía mixta, para la explotación y procesamiento de la sal, conformada en un 51 por ciento por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 24 por ciento por la Alcaldía de Manaure y 25 por ciento por la comunidad Wuayuú de Manaure.

Posteriormente hizo la cesión de la participación accionaria del Estado a las tres comunidades indígenas, con lo cual Sumain Ichi quedó con el 36 por ciento, Waya Wuayuú con el 30 por ciento y Asocharma con el 10 por ciento.

De esta forma, el Gobierno hizo propietarias a las comunidades indígenas, las incorporó dentro de un proceso de autogestión y cumplió con un acuerdo que llevaba más de 13 años en espera.

CONDICIONES

Con el fin de garantizar el verdadero beneficio para las comunidades, el acuerdo contempla varias condiciones que deberán cumplir los nuevos accionistas de la empresa creada.

Una de ellas es contratar a un operador privado experto en el desarrollo de la explotación de sal para hacer más productivo y eficiente el proyecto.

De igual forma se estipula que no se podrá vender la participación cedida por el estado sin autorización escrita de los Ministerios de Minas y Energía y Comercio, Industria y Turismo.

También habrá un comité de vigilancia para el desarrollo de la operación del cual forma parte el Gobierno y el Estado conserva la facultad de vigilancia que le dan los contratos de concesión de tal forma que se podrá reversar el contrato si llegara a funcionar mal.

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