VAN DESTRUIDAS 18.922 MINAS ANTIPERSONAL

Bogotá, 16 jul (SNE). Bajo el liderazgo del vicepresidente Francisco Santos Calderón, el Gobierno de Colombia ha destruido en estos tres años 18.922 minas antipersonal que la Fuerza Pública tenía almacenadas, en cumplimiento con los compromisos de la Convención de Ottawa.

La presencia de las minas antipersonal y de las municiones abandonadas sin explotar, representa uno de los problemas más graves generado por la violencia.

Los datos del Gobierno indican que desde 1990 a febrero de 2003, se ha identificado 2.178 eventos, de los cuales 767 son accidentes, 1.411 incidentes, encontrándose afectados parte del territorio de 422 municipios de 1.100, ubicados en 30 de los 32 departamentos.

La Vicepresidencia ha registrado 1.758 víctimas y se sabe que el subregistro es importante. Del total registrado, el 22.50 por ciento ha muerto en el lugar del accidente. El 36.66 por ciento de las víctimas son civiles.

Durante 2002, el Observatorio de Minas Antipersonal de la Vicepresidencia registró un incremento de víctimas civiles del 159 por ciento en relación con lo registrado en el 2001.

El 36 por ciento de ellas son niños y niñas. El 48 por ciento de los niños y niñas víctimas, han sufrido el accidente al manipular estos artefactos explosivos abandonados, generalmente granadas.

El 8 por ciento de estos accidentes han ocurrido en zona urbana, indicando una tendencia del conflicto a afectar también las ciudades.

El Observatorio de Minas Antipersonal desarrolla una política pública de acción integral contra las minas, cuyos objetivos se relacionan con la realización de estudios sobre el tema en el contexto colombiano, educación, atención a las víctimas, desminado humanitario y cumplimiento de la Convención de Ottawa, entre otros.

Adicional a este proceso se han realizado talleres de planeación departamentales, los cuales ha arrojado como resultado planes de acción departamental contra minas en Bolívar, Sucre, Antioquia, Norte de Santander y Meta.

Otra actividad importante es la inclusión de la problemática de minas antipersonal en los planes departamentales de desarrollo de los territorios colombianos, en forma específica o como parte de las estrategias a seguir para la garantía y promoción de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.