Washington, 18 jul. (SNE).- El vicepresidente Francisco
Santos hizo este lunes un llamado a la comunidad internacional
para que “le den una oportunidad a la ley” de
Justicia y Paz y escuchen las bondades que ofrece la
legislación para ponerle fin a la violencia en
Colombia.
Así lo manifestó Santos al concluir el primer
día de una gira por Washington, en donde –acompañado
por la canciller Carolina Barco- explica y aclara todas
las dudas referentes a esa ley, aprobada recientemente
por el Congreso colombiano.
“Lo que queremos, como le hemos dicho a Colombia,
es que le den una oportunidad a la ley de mostrar sus bondades,
que no la desechen de una vez porque no les gustó o
porque plantean cosas equivocadas sobre ésta o porque
están librando una batalla política a nivel
local, nacional o internacional”, dijo Santos.
El Vicepresidente enfatizó que “la ley va
a mostrar sus bondades una vez sea aplicada y creo que
el compás de espera para ésta se ha ampliado
y en ese sentido estamos contentos”.
La jornada de este lunes en Washington incluyó una
reunión con Santiago Cantón, presidente de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
de la Organización de Estados Americanos (OEA);
el secretario de Estado para el Hemisferio Occidental,
Roger Noriega y con Nicholas Burns, subsecretario de Estado
para Asuntos Políticos, entre otros funcionarios
con quienes hablaron “clara y francamente”.
“Lo que quedamos fue en trabajar conjuntamente.
Una vez se explica, una vez se muestra, una vez sienten
inclusive el compromiso del Gobierno en aplicarlo bien
y que existe justicia y que exista paz y que exista verdad
y reparación y que la aplicación es lo importante,
inmediatamente el convencimiento, con aquellos que quieren
oír, porque el que no quiere oír eso si….”,
explicó Santos a los periodistas.
La agenda de este martes incluye reuniones con la subsecretaria
de Justicia, Mary Lee Warren; el director Ejecutivo de
Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, los congresistas
Dan Burton, Jim Kolbe y Russ Feingold, así como
con el Equipo Editorial del diario The Washington Post.
Santos sostuvo que en las reuniones con las organizaciones
no gubernamentales se explicará que la ley es “producto
de un debate democrático que debe tener su escenario
y su espacio para ser explicada”.
“Para nosotros lo que es importante es poner la
cara, contar los beneficios de la ley, mostrar la otra
cara de la moneda porque desafortunadamente a veces esa
otra cara de la moneda, o nunca la mayoría de las
veces, estas organizaciones no muestran las bondades de
la ley”, expresó el Vicepresidente.
La ministra de Relaciones Exteriores manifestó que
estas reuniones revisten importancia una vez aprobada la
ley, y no en medio del debate legislativo en el que no
se tenía certeza sobre los términos en que
sería redactado el texto final.
“Nos parecía que si veníamos sin que
la ley estuviera sancionada, lo que haríamos era
seguir en los debates. Nos parecía mucho más
importante venir ya con una ley aprobada, que el Presidente
sancionará en los próximos días y
sobre esa base, hablar sobre lo cierto”, dijo Barco.
La funcionaria recordó el viaje que realizó la
semana pasada el presidente Álvaro Uribe a Madrid
y Londres, en donde el Jefe del Estado tuvo la oportunidad
de explicar los alcances de la ley, eliminar prejuicios
y aclarar malas interpretaciones de la legislación.
“Había la percepción que es una ley
de impunidad cuando va a ser la primera ley de un proceso
de paz que prevé que haya juicios y penas. Entonces
las explicaciones que pudo dar el Presidente ayudaron a
aclarar la ley, lo vimos con, por ejemplo, una persona
tan reconocida, tan importante como fue Baltazar Garzón”,
señaló la Canciller.
¿CÓMO ES LA LEY?
El presidente Álvaro Uribe ha enfatizado que en
la Ley de Justicia y Paz no hay impunidad, es una ley de
paz que no es de sometimiento, es de justicia sin ser de
sometimiento.
“
En esa ley hay pena privativa de libertad para delitos
atroces. Por supuesto, como es una ley de paz, hay reducción
de sentencias.
En esa ley no hay amnistía ni indulto para delitos
atroces.
En esa ley no se reforma la prohibición constitucional
de que los responsables de los delitos diferentes a los
políticos puedan ir al Congreso.
Esa ley, para reparar a las víctimas, obliga a que
todos los beneficiarios de la ley entreguen totalmente
la riqueza ilícita que debe ir a un fondo de reparación
de víctimas.
Pero en Colombia, en materia de decomiso de riqueza ilícita
no solamente está esta ley, los beneficiarios de
esta ley tienen que someterse a otra: cuando en este Gobierno
inició, se dictó una ley que simplifica y
agiliza los procedimientos para extinción de dominio
de riqueza ilícita, que va produciendo muy buenos
resultados.
Me preguntaban, me decía un vocero de una Ong, que
esta ley crea una prescripción para los paramilitares
en cuanto a conductas que tipifican delitos de lesa humanidad.
Eso no es así. Eso no es así.
Se lo explico: primero, recuerdo, no es para paramilitares
exclusivamente. Es para todos los integrantes de estos
grupos sean paramilitares o guerrilleros.
Cuando una persona se desmoviliza va a tener un plazo para
rendir una declaración ante los fiscales y de
acuerdo con esta ley debe haber unos tribunales —que
elige de manera independiente la administración
de justicia, en ello no interviene el Gobierno-. Los
jueces y magistrados de esos tribunales serán
seleccionados por la administración de justicia
en concurso abierto y en base a méritos. Eso es
bien importante.
La persona que se someta a la ley debe contar los delitos
que ha cometido —en cualquier momento posterior,
no está ese periodo de prescripción sobre
el cual se ha desinformado, que no existe-. En cualquier
momento posterior, puede aparecerle un delito que cometió en
el pasado y sobre el cual no hizo confesión. ¿Qué ocurre?:
si lo ocultó intencionalmente, pierde los beneficios.
Si ayuda al esclarecimiento, si contribuye con la justicia,
mantiene los beneficios pero se le puede agravar la pena
en un 20 por ciento.
Dicen otros que esta ley no desmantela las organizaciones.
Lo único que desmantela a las organizaciones criminales
es el ejercicio permanente de autoridad.
La reproducción de organizaciones criminales no
se evita simplemente por una ley, no se ha inventado en
el mundo la ley que impida la reproducción de organizaciones
criminales. Lo único es el ejercicio permanente
de un concepto democrático, justo e imparcial de
seguridad.
Sin embargo, esta ley obliga al desmantelamiento de las
organizaciones que están bajo la dirección
criminal de quienes se sometan a la ley.
Un señor que se somete a la ley, tiene que desmantelar
la organización en la cual ha venido participando,
la organización que ha venido dirigiendo. Si interfieren,
los sometidos a esta ley, el transparente ejercicio de
la democracia, pierden los beneficios. Es muy importante
decir esto frente a guerrilla y paramilitares.
